Gestoras presiona a ciudadanos vascos con el fin de conseguir dinero para los asesinos etarras

Dice que son necesarios 4.000 millones y solicita casa por casa los datos personales y bancarios

La organización proetarra «Gestoras pro Amnistía», ha puesto en marcha una campaña de recogida de fondos que en aras de una «solidaridad» con los presos vascos, se traduce en una fuerte presión a numerosos ciudadanos vascos que reciben en su domicilio la visita de un integrante de este colectivo que les exige, entre otras cosas, sus datos personales y bancarios para poder domiciliar los recibos. Según la organización, la situación de penuria en que viven los presos vascos necesita más de 4.000 millones para cubrir asistencia jurídica y médica y para los viajes de los familiares.

Aunque la mayor presión de los integrantes de Gestoras se realiza «casa por casa», tal como han denunciado a LA RAZÓN varios ciudadanos vascos, esta organización afín a las tesis proetarras también utiliza Internet para conseguir dinero. Numerosos vascos han recibido en su correo electrónico un mensaje de Gestoras en el que les solicitan sus datos personales y bancarios para poder domiciliar los recibos.

Como norma general esta organización que dice luchar en favor de los «represaliados políticos», es decir los presos etarras, solicita una «ayuda» de tres o seis mil pesetas al trimestre, pero deja una puerta abierta a que cada persona pueda «aportar» la cantidad que considere oportuna en vista de las «grandes necesidades» de los presos.

Según señalan en el documento que los integrantes de Gestora entregan en cada visita que realizan o que envían por correo electrónico a través de Internet, que se reproduce en es esta página, «la asistencia a la totalidad de los represaliados vascos es posible gracias a la solidaridad que muestra la sociedad vasca». Y añaden que «remitiéndonos a las consecuencias económicas que acarrea el hacer frente a la dispersión de los presos, podemos afirmar que si las asistencias concretas suponen un desembolso de varios cientos de millones, la organización y gestión de los viajes eleva el gasto a cantidades superiores a los cuatro mil millones de pesetas».

Para esta organización proetarra la ayuda y solidaridad con los «represaliados vascos» es fundamental para que el pueblo vasco «se dote de diversos instrumentos para garantizar su propia identidad y la supervivencia como nación diferenciada». Gestoras lleva más de veinte años «trabajando» a favor de los presos etarras, y a lo largo de su existencia se ha caracterizado por participar en numeroso actos y movilizaciones exigiendo tanto el traslado de los presos a cárceles próximas al País Vasco como su libertad al considerar a los etarras como «presos políticos».

La campaña de Gestoras pro Amnistía no sólo va dirigida a conseguir dinero, sino que también están solicitando la colaboración de manera «voluntaria» de distintos profesionales como juristas y médicos para asistencia a los presos en las propias cárceles.

El objetivo de Gestoras es que los presos etarras cuenten con su propia asistencia sanitaria, es decir que médicos «elegidos» por la organización puedan entrar en las cárceles para hacer un seguimiento de las patologías que sufren los presos, según ellos derivadas en la mayor parte de los «maltratos, opresión y tortura que sufren en las cárceles francesas y españolas por las Fuerzas de Seguridad de estos dos Estados».

Algunos ciudadanos vascos que ya han recibido la visita de miembros de Gestoras han mostrado, en declaraciones a este periódico, su preocupación por la situación, ya que sienten miedo ante las posibles medidas que puedan tomar los proetarras tanto si no acceden a dar dinero como si ceden y les tienen que facilitar sus datos personales, «ya que no sabemos dónde pueden llegar esos datos».

Además hay que tener en cuenta que esta presión ya hecho efecto en años anteriores, ya que según los propios datos que facilita Gestoras pro Amnistía la «ayuda voluntaria» económica que se ha conseguido en anteriores campañas se ha llegado a triplicar en los últimos años, lo que ha permitido, a su juicio, «mantener dentro de lo posible un mínimo grado de dignidad en las prisiones».


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