«Empresas fantasma al servicio del nacionalismo.Algunos testaferros han hecho buenos negocios gracias a estas sociedades, según el libro «Arzalluz. La dictadura del miedo»
Los autores del libro «Arzalluz. La dictadura del miedo», José Díaz e Isabel Durán, revelan cómo el Partido Nacionalista Vacso utiliza «más de veinte entidades, casi todas sin empleados y sin actividad real conocida, por medio de las cuales el PNV lleva a cabo sus actividades poco conocidas en el País Vasco». Los dos periodistas describen «los negocios de muchos de los testaferros de estas sociedades» y subrayan que en el País Vasco no hay nada que se mueva en el ámbito comercial sin la presencia del PNV. Por su interés, publicamos un amplio extracto de los apartados del libro referidos a este aspecto de la actividad del Partido Nacionalista Vasco y de sus ex altos cargos y empresarios afines.
«En 1989, junto con Félix Illarramendi, Eneko Caballero e Iñaki Ereño, Kepa Amantegui (uno de los hombres relacionados con las finanzas del PNV en la provincia de Vizcaya) funda Garapen, SA, una sociedad opaca propiedad del Bizkai Buru Batzar, que lo único que declara al Tribunal de Cuentas, en 1996, es una inversión de 120 millones de pesetas en su patrimonio. Oficialmente se desconoce el objeto social y el estado patrimonial de la entidad por no haber sido comunicada la totalidad de los balances al Registro Mercantil.
Es el caso de otra compañía, Errekalde. Constituida, como casi todas las sociedades instrumentales del PNV por un representante de cada herrialde (un vizcaíno, un navarro, un alavés y un guipuzcoano), Errekalde se inscribe en Vitoria el 4 de setiembre de 1981. Cuatro años más tarde, en 1985, traslada su domicilio social a Bilbao y entre sus apoderados figura el miembro del Euzkadi Buru Batzar y tesorero del partido Félix Illarramendi, quien, en 1993, cede todos los poderes al ex presidente del PNV Jesús Intxausti Urkirizar.
Dedicada a la «realización de estudios de mercado», al «asesoramiento técnico», a la «promoción de empresas industriales» y a «la representación como agente», de su objeto social parece deducirse que se trata de una entidad creada para intermediar en las actividades de muchas entidades del gobierno vasco y cobrar comisiones para el partido.
Garapen, Errekalde, Mixats, Campbell, Fibro-Cementos Aurrerá, Ibarsusi, Astarloa 91 y otras forman parte del entramado de más de veinte entidades, casi todas sin empleados y sin actividad real conocida, por medio de las cuales el PNV lleva a cabo sus actividades poco conocidas en el País Vasco.
Los negocios de muchos de los testaferros de estas sociedades han crecido como la espuma. Es el caso, por ejemplo, de Kepa Amantegui. Dueño de la cantera de Mugarra, la única en el mundo que se explota en un Parque Natural como el del Urkiola, aparece además como propietario de empresas como Morteros y Revocos Bikain, Hormigones Eusko, Promocamp o Eusko Promociones. Militante del PNV y accionista del diario Deia, al margen de estas actividades se le considera uno de los hombres que con mayor facilidad «abre las puertas» tradicionalmente inaccesibles en el País Vasco.
«En Euskadi no se adjudica ni una sola obra pública, se recalifica un terreno o se concede una licencia de construcción sin pasar previamente por caja a satisfacer el correspondiente peaje a los supuestos intermediarios del PNV», reconoce un empresario de la construcción de Madrid. Su empresa y la de otros industriales españoles se ven obligadas a operar en Guipúzcoa, Álava y Vizcaya a través de segundas marcas. La «construcción nacional» tiene sus inconvenientes, como el que no esté bien visto adjudicar las obras de infraestructura a compañías foráneas.
Otro de los empresarios a quien su vinculación con el partido de Sabino Arana no le ha venido mal es Lorenzo Mendieta Pascual, un empresario bilbaíno, de sesenta años. Militante del PNV y miembro del consejo de administración del diario Deia, Mendieta se ha hecho en los últimos años con un patrimonio inmobiliario que supera los quince mil millones de pesetas. Una de las empresas en las que aparece como administrador único es, por ejemplo, Palacio de Sota, edificio de servicios.
La entidad, con 1 100 millones de capital, figura en los registros públicos como la propietaria del Palacio de Sota, un edificio de 11000 metros cuadrados, catalogado por el gobierno vasco. Situado en la Gran Vía, junto a la plaza de Moyúa, en pleno corazón de Bilbao, el inmueble fue mandado construir a finales del siglo pasado por Ramón de la Sota Aburto, el iniciador de una saga familiar de industriales ligados al nacionalismo, fundador de los astilleros Euskalduna, propietario de bancos, altos hornos, ferrocarriles y empresas navieras.
Mendieta y sus socios son «dueños» de otros emblemáticos inmuebles de Bilbao, como el edificio Axa (antes Edificio Aurora), emplazado enfrente de la plaza de Moyúa, donde hasta el año 2000 se encuentra la sede central del PP. No puede demostrarse documentalmente, sin embargo, que ambos inmuebles, el Palacio de Sota y el Edificio Axa, y algún otro más de Bilbao, por cuyo alquiler para la instalación de oficinas se pagan precios astronómicos, formen parte de la estructura financiera del PNV como figura en un informe confidencial del Cesid.
Pese a todo, el enriquecimiento fácil y la política del «pelotazo» parece estar a la orden del día en Euskadi más que en cualquier otra región española. Los nombres de altos cargos del gobierno vasco o del PNV como el ex consejero Javier García Egotxeaga, el ex concejal Iñaki Ereño, el ex secretario del Bizkai Buru Batzar, Javier Chalbaud, el ex presidente de la Federación del Metal de Vizcaya, Juan Antonio Arcelay, el senador Mikel Unzueta, han aparecido relacionados con supuestos casos de corrupción.
A la lista habria que añadir los nombres del ex presidente del Athletic, Pedro Aurtenetxe; el ex concejal de Baracaldo, Juan Maria Mendizabal, el ex diputado general de Vizcaya, José Alberto Pradera o el presidente de la constructora Uribitarte, Antonio Uresti, y de, al menos, un centenar de personas más.
El listado de los escándalos es, igualmente, para echarse a temblar. En operaciones como la ampliación de la Feria de Muestras de Bilbao, financiada con dinero de la diputación, o en el llamado «caso Uribitarte» se han movido sumas de dinero por encima de los treinta mil millones de pesetas. Uno de los «negocios» derivados de la Feria de Muestras, la compra por la diputación de un edificio de 19 579 metros cuadrados y cien plazas de garaje para establecer allí sus servicios centrales, representó una inversión de 4 655 millones de pesetas. Una tasación posterior revela que el valor de los inmuebles es de 3 472 millones, por lo que, de ser cierta la última estimación, el gobierno foral de Vizcaya abonó un sobreprecio de 1 183 millones.» Sin embargo, las fuentes tradicionales de financiación del PNV eran otras.
A mediados de 1990, Javier Arzalluz sale a la palestra y declara: «Hay una inmensa campaña orquestada en Madrid y Euskadi para relacionarnos con casos de corrupción y hundir al partido».
La supuesta campaña, en realidad, había salido de la Ertzaintza. El 17 de marzo de 1990, el asesor jurídico de uno de los sindicatos de la policía autónoma vasca presenta denuncia en el juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao. Los presuntos delincuentes eran el director general del juego del gobierno vasco, José Joaquín Portuondo, y su segundo, Alfredo Peña.
Responsables de la Dirección General del juego, organismo vinculado a la Consejería de Interior que dirige Luis María Retolaza, uno de los hombres de confianza del presidente del PNV, Portuondo y Peña están acusados por el sindicato policial de un delito de estafa y otro de prevaricación en la concesión de las licencias de máquinas tragaperras en Vizcaya y Guipúzcoa.
Las investigaciones policiales se remontan a cinco años atrás. El 2 de julio de 1985, ante la anarquía que reina en el sector del juego, con máquinas ilegales en bares que otorgan premios de hasta un millón de pesetas, el gobierno vasco hace público un decreto reordenando el juego y reduciendo el excesivo parque de máquinas de juego en establecimientos públicos.
La Consejería de Interior se salta a la torera su propia normativa y aunque oficialmente no se conceden nuevas licencias para instalar máquinas, entre 1984 y 1989 las tragaperras se duplican en la provincia de Vizcaya, pasando de seis mil a más de doce mil. La Ertzaintza abre expedientes pero, en lugar de ser tenidos en cuenta, los autores son represaliados.
La «guerra» entre la Consejería de Interior y la policía autónoma experimenta un cambio radical al descubrirse un mercado negro de licencias en Guipúzcoa tras el que, aparentemente, se ocultan el propio director general del juego, José Joaquín Portuondo, y su segundo, Alfredo Peña. El «negocio» es redondo. Por cada autorización para instalar una máquina en una cafetería, los compradores han de abonar un millón de pesetas, dinero que aparentemente va a las arcas del PNV.
Con estos datos, el juez instructor, Ricardo Prada, abre un sumario y llama a declarar a Portuondo. El responsable del juego reconoce estar al corriente de la existencia de los mercados negros. Reconoce también haberse entrevistado en Vizcaya con dos empresarias del sector: Araceli García y Olga López.
En las diversas deposiciones ante el juez, Portuondo y los empresarios se acusan mutuamente de presuntos intentos de soborno por la compra de 700 licencias que la Dirección General del Juego tenía bloqueadas en aplicación del decreto antes citado. Los «donativos» exigidos, según Olga López, ascendían a 150 millones de pesetas, «la mitad era para el PNV y el otro 50 por ciento para los intermediarios, entre los que se encuentra el director de Hacienda de la Diputación de Vizcaya, Ignacio Goiri».
El «negocio» de las tragaperras destapa otros chanchullos como la existencia de la empresa Iru-Alfa, fundada por Félix Illarramendi (uno de los supuestos «testaferros» del PNV), implicada aparentemente en la venta de licencias ilegales o la concesión, sin concurso, de la lotería instantánea Raspe y Gane a la empresa Industrias Alfanuméricas». A la presunta corrupción hay que añadir, además, el «amiguismo» y el «enchufismo» en el nombramiento de los funcionarios de la administración vasca».