AMNISTÍA INTERNACIONAL  
 COMUNICADO DE PRENSA    


27 abril 2001
Índice de AI :  AMR 46/009/2001
Público
Numero del Servicio de Noticias : 76

Perú: Se concluye visita de Amnistía Internacional

Lima.-  Al  finalizar  una  visita  de  siete  días  al  país,  Amnistía Internacional  reconoció los pasos positivos en materia de derechos humanos que ha tomado el gobierno de transición. La organización espera que que los candidatos  presidenciales  establezcan a la mayor brevedad posible un plan coherente y concreto para mejorar los derechos humanos.

La   organización   valoró  los  propósitos  de  carácter  general  de personeros del partido político de Alejandro Toledo, Perú Posible, sobre la necesaria protección de los derechos humanos en Perú, pero considera que lo que  se  requiere  urgentemente es un verdadero plan nacional en materia de derechos  humanos  elaborado  en consulta con la sociedad civil, tal y como prometió  Perú  en  la  Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993.  Por  otra  parte,  AmnistÍa  Internacional  lamentó  que  el partido político  de Alan García, Apra, no haya respondido al pedido de una reunión con la delegación.

En  relación  con  el establecimiento de una Comisión de la Verdad, la organización  insistió  en  que  ésta debe ser instalada por el gobierno de transición  lo  más  pronto  posible  y  que  deben  tomarse  disposiciones concretas  para  asegurar  que  dicha  Comisión  cumpla eficazmente con sus tareas.  Amnistía  Internacional  reiteró que la Comisión de la Verdad debe tener  rango  de  ley  para  otorgarle  un  amplio  mandato y facultades de investigación  que  incluyan  la  faculatad  de hacer comparecer a personas presuntamente  involucradas  y a testigos, de visitar lugares de detención, incluidas instalaciones militares, para el cumplimiento de sus cometidos, y de  requerir  de  las dependencias estatales la información y documentación necesarias.

En  este  contexto,  la organización enfatizó que se debe erradicar la impunidad.  "La  justicia  es  un  valor  esencial  e inherente al estado de derecho  y  no  puede  haber  justicia  si  aquellos  que violaron derechos fundamentales  son  inmunes  a  las  acciones  de  los  tribunales," señaló Amnistía  Internacional.  "Por  lo  tanto es urgente que se acate el último fallo de la Corte Interamericana de Derechos humanos y se dejen sin efectos júridicos las Leyes de Amnistía de 1995."

En  sus conversaciones con autoridades del Estado, que incluyeron a la Ministra  de  la Mujer, a los Ministros de Justicia, Defensa e Interior, al Presidente  del Instituto Nacional Penitenciario, al Presidente de la Corte Suprema  de  Justicia  y  al  Defensor  del  Pueblo, Amnistía Internacional reiteró  que  el  regreso a la normalidad institucional y al respeto de los tratados  internacionales  suscritos por Perú, implica la revisión judicial de los procesos instruidos por la justicia militar u ordinaria por "delitos de  terrorismo  y  traición  a  la  patria"  por  no haberse ajustado a los principios más elementales del debido proceso.

La  organización  recalcó  que  es urgente que se limite la excesiva e inconveniente  jurisdicción  de  los tribunales militares a los efectos que ellos tengan exclusivamente competencia en casos de delitos específicamente militares, que fueran cometidos por personal militar.

Amnistía  Internacional  acogió  con satisfacción las medidas tomadas para  humanizar  la  situación carcelaria en el país. Sin embargo considera que no existe ninguna razón de peso para no cerrar inmediatamente el penal de  Challapalca  ya  que el aislamiento y la altitud (a más de 4,500 metros del  nivel  del  mar) de este penal, constituyen un trato cruel, inhumano y degradante  de  los  detenidos.  La  organización insistió en que todos los penales  deberían  estar  administrados por personal civil y bajo la tutela del Instituto Nacional Penitenciario.

Aunque decenas de "presos inocentes" han sido liberados en los últimos meses,  la  organización considera como inaceptable que todavía haya por lo menos  150  presos injustamente encarcelados por delitos de terrorismo. "Es urgente  liberarlos,  y  es  urgente  dar  una solución justa y conforme al derecho  internacional  a  las  por  lo  menos  5,000  personas  que aún se encuentran   requisitoriadas   por  'delitos  de  terrorismo',"  indicó  la organización.

Por  último,  Amnistía  Internacional  expresó  su esperanza de que el estado  y  la  sociedad  civil  peruanos  aprovechen  la  presente apertura democrática  para  instaurar  un  estado  de derecho que ponga término a la impunidad y asegure el respeto cabal de los derechos humanos en el Perú.

(Las negritas y cursivas son nuestras)

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