Concebir y Actuar para
la Gobernabilidad Sexenal, como Prioridad absoluta del sexenio 2005-2011.
Una ponencia del Lic Oscar Luque Rodríguez. Presentada en
el Simposium: “Una Agenda Real de
Gobierno para Quintana Roo.-
Decisiones, respecto a la encrucijada del 2005-2011”. 27 y 28 de enero del 2005. Sala de Juntas de la DCSEA, UQROO en Chetumal,Quintana
Roo, México, como parte del Diplomado en
Desplazamiento Institucional del Poder Formal
Correo al Dr Xavier Gamboa Villafranca,
Coordinador General de la Red
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Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY)
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(IPN)
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Coyuntura, Previsión y Prospectiva AC (Cepros)
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Cada generación vive su tiempo
histórico como una etapa única e irrepetible. Del pasado rescata a veces
personajes o eventos para marcar ciertas continuidades históricas, pero en su
mirada hacia ese tiempo pretérito predomina casi siempre una actitud de ruptura
y diferenciación. Con ello, tal vez, pretende marcar una voluntad de progreso y
superación, colocando, de este modo, una bisagra entre dos tiempos que, a la
vez, une y separa.
Desde esta
óptica, todo cambio, toda reforma, se vive como novedad, como una oportunidad
de avance y como un desafío a la imaginación para vencer los retos que plantea
el futuro.
Hoy Quintana
Roo está inmerso en un proceso de renovación y cambio y dentro de algunos días,
los ciudadanos acudiremos a las urnas para elegir a los nuevos representantes
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Este proceso
pondrá a prueba la fortaleza de las instituciones gubernamentales; la capacidad
del Estado para resolver conflictos conforme a un sistema de reglas y de
procedimientos formales o informales; la
legitimidad y credibilidad de las instituciones electorales, que servirán como
garantes de este proceso mediante la imparcialidad, equidad e igualdad de
oportunidades entre los partidos políticos; la capacidad de organización de la
sociedad civil para sumarse en torno a un proyecto y dotarse de
un sistema de gobierno que empuje el carro de los objetivos del desarrollo
humano; la capacidad de liderazgo y
confiabilidad de la clase política con respecto a sus gobernados y sobre todo, se pondrá a prueba el avance
de la democracia quintanarroense.
En síntesis,
este cambio y renovación nos permitirá evaluar los avances de la gobernabilidad
democrática de Quintana Roo y sobre todo, nos permitirá fijarnos metas más
elevadas, para ser del Estado el espacio de convivencia que propicie mejores
estados de bienestar para todos los ciudadanos.
El desenvolvimiento de todas las sociedades y Quintana Roo no es una
excepción, se da sobre la base de la existencia de conflictos entre los
distintos actores y las demandas en competencia.
En este sentido, la democracia, el orden, el desarrollo y la justicia
no son elementos dados en la sociedad. Hay que saber crearlos, afianzarlos y
consolidarlos.
La construcción de instituciones, su funcionamiento y su mejoramiento
continuo, el diseño y aplicación de las políticas públicas, la capacidad del
sistema político para dar cauce a los problemas, las expectativas y los
resultados de la gestión pública, son tareas de cada día, a fin de asegurar que
los valores sociales y políticos tengan expresión organizada en la sociedad.
Es por ello,
que el tema de la gobernabilidad ocupa un lugar central en las agendas
académicas, gubernamentales y sociales,
toda vez que son temas que penetran las fibras mismas del sistema de vida, el
cual se condensa en instituciones, valores, costumbres, cultura y reglas de
convivencia y se relaciona con el presente y el futuro de la vida en
asociación.
La
gobernabilidad es la articulación compleja entre la vida privada, la vida
pública y la vida política, porque son estas organizaciones donde germina no
solo una concepción de vida, sino que definen las pautas que dan sustento a las
reglas de convivencia.
Por tanto, la gobernabilidad es la generación de condiciones para
reconocer y enfrentar colectivamente los retos y oportunidades de cada tiempo,
mediante la creación de visiones alternativas y metodologías innovadoras
respecto a la acción y al efecto de gobernar.
En este sentido, el grado de avance y
desarrollo de la gobernabilidad, determinan la capacidad de una sociedad para enfrentar positivamente los
desafíos y oportunidades que se le plantean en un tiempo determinado.
Por tanto, la gobernabilidad es condición para asegurar la
consistencia del Estado, el vigor de la sociedad y el desenvolvimiento pleno de
las capacidades públicas y privadas. Su grado de complejidad y avance deviene
de los múltiples factores que concurren en la organización, estructuración y
funcionamiento de la sociedad y el Estado.
Es por todo ello, que el tema que nos ocupa hoy, la gobernabilidad
como prioridad absoluta para el sexenio 2005-20011, significará para el nuevo
gobierno, cualquiera que sea su signo partidista, tener claridad de fines, certeza
de medios, instituciones aptas, diseñadores de políticas públicas competentes y
operadores de políticas igualmente eficaces; vigilar que las capacidades
institucionales permitan que la sociedad se desarrolle a pesar de los
conflictos y las carencias; implicará flexibilidad para gobernar a los
contrarios; desenvolvimiento productivo y justo en el ámbito de realidades
dadas y óptica estratégica para llevar a cabo las reformas institucionales. En
síntesis, hacer que el Estado sea capaz
de ordenar y armonizar el funcionamiento del régimen político, el económico, el
social y el administrativo.
En consecuencia, el reto que el Estado de Quintana Roo y sus
gobernantes tiene ante sí, es consolidar y ampliar los causes de la
gobernabilidad democrática, mediante la construcción de una agenda comprometida
de gobierno que deberá fundamentarse en cinco ejes estratégicos: En una Nueva Cultura Política; en una Nueva
Cultura de la Legalidad; en una Nueva Cultura de Mercado; En una Nueva Cultura Administrativa, y en una Nueva Cultura de la Solidaridad y de la Participación.
En una Nueva Cultura Política: Impulsar una nueva cultura política donde los signos distintivos sean
la pluralidad y participación para que transformen los mecanismos de decisión
“de arriba hacia abajo”, que incorpore y concilie las iniciativas sociales
“desde abajo”, como ingrediente básico de la gobernabilidad democrática.
En particular, se trata de evolucionar hacia formas de cultura
participativa y de fomentar la pluralidad, a través de los tres instrumentos
que propician formas directas de participación ciudadana: el plebiscito, la
iniciativa popular y el referéndum, los cuales estén sustentados dentro de una
tendencia de los intereses partidarios, de tal forma que el interés social
encuadre las políticas de gobierno que influyen en los fenómenos locales y en
la dimensión estatal.
La identificación realista de las
presiones y demandas en el entorno gubernamental, lo cual supone una
distribución de las responsabilidades, en términos de la relación Estado-sociedad.
La capacidad institucional para el
procesamiento del conflicto y la generación de consensos necesita un nuevo
diseño institucional que integre la evaluación de las políticas públicas por
parte de los actores involucrados, así como la rendición sistemática de
cuentas.
La condición para que la cooperación
entre los actores sea horizontal es la implementación de metodologías
participativas, que sean capaces de involucrar a los actores preocupados por la
solución de sus propios problemas, y que lleven a los ciudadanos a saber exigir
el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
Oto aspecto importante y que en los
últimos tiempos ha sido factor imprescindible para avanzar en la gobernabilidad
democrática, es la manera en que se dé la regulación para alcanzar acuerdos
entre los diferentes actores políticos, particularmente entre los partidos
políticos representados en el Congresos de Estado, con objeto de construir un
pacto social consensuado, en el que se definan nuevas maneras de negociación.
Además, es necesario avanzar en la construcción de acuerdos
neocorporativos, que implican nuevas definiciones de los ámbitos público y
privado, mediante políticas públicas que busquen una reestructuración
corporativa de la sociedad que garantice la capacidad de los actores
institucionales, para concretizar un pacto social incluyente y participativo
que supere el corporativismo tradicional, el cual representa un factor decisivo
para cubrir el "déficit democrático" en el proyecto de gobernabilidad,
y
Construir acuerdos basados sobre la autoregulación social, en los que no
necesariamente participe el gobierno, que impliquen promover compromisos
institucionales democráticos que confieran mayor peso relativo a los grupos de
masas políticamente relevantes (sindicatos, ONGs, partidos políticos...) por
encima de grupos elitistas (empresarios, militares, iglesia...), pero que
permitan la representación política efectiva de todos ellos, en un diseño
institucional favorable a los arreglos institucionales.
En este sentido, hay tres aspectos que influyen decisivamente en la
viabilidad de un pacto social consensuado: la cohesión de la clase política,
que se exprese un fuerte sistema de partidos; la confianza y la
autoconfianza en las políticas públicas
del gobierno. y la capacidad de actuación y de
generación de iniciativas por parte de la sociedad civil.
Democratizar los medios de comunicación, para la construcción de una
opinión pública informada y comprometida con el bien público. Esto incluye
actividades para crear conciencia y afianzar los derechos y responsabilidades
cívicos intrínsecos de una sociedad democrática.
Impulsar una real descentralización y avanzar hacia un federalismo
democrático que fortalezca las capacidades de las comunidades y de los
gobiernos locales.
Apoyar el fortalecimiento de las instancias de gestión municipal, ello
requiere entre otras cosas, acciones de capacitación, introducción de
tecnologías de gestión o promoción de proyectos productivos en el ámbito
regional o municipal.
Una Nueva Cultura de la Legalidad: Es indispensable aumentar la credibilidad y la
confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales, es por ello que se
necesita un cambio integral del modelo de procuración e impartición de
justicia, para lograr que Quintana Roo entre al mundo del Estado de derecho.
Esto puede lograrse mediante diferentes acciones:
Simplificar y perfeccionar los sistemas jurídicos de modo que los
tribunales, la policía, las cárceles y los ministerios públicos adquieran un
carácter profesional y sean más accesibles.
La simplificación de los procedimientos jurídicos y la capacitación del
personal del sector de la justicia para que trate de manera correcta a los
usuarios y con estricto respeto a los derechos humanos.
Fortalecer los sistemas de defensores públicos y mejorar la asistencia
jurídica a los más necesitados, otorgando un buen asesoramiento jurídico, de
buena calidad y costeable a disposición de grupos vulnerables, como a los
ancianos, mujeres, niños, grupos indígenas y las personas recluidas en
cárceles.
Aumentar la disponibilidad de información jurídica destinada al público,
a fin de mejorar la toma de conciencia de los ciudadanos con respecto a sus
derechos y fomentar la cultura de la denuncia.
Promover los instrumentos internacionales, nacionales y estatales de
derechos humanos, mediante la capacitación, el monitoreo y la presentación de
informes.
Una Nueva Cultura de Mercado: Es necesario
diseñar políticas económicas que tengan efectos distributivos justos y
colocarles objetivos sociales a esas políticas.
Formular políticas integradas que
alienten la actividad productiva del sector privado, particularmente las
actividades agro-industriales, la promoción de PYMES y de microemprendimientos,
o el desarrollo de mercados en el plano
local, estatal y nacional, que generen empleos y mejoren los salarios.
Cumplir un rol
catalítico, es decir, no depender sólo de sus propios recursos y actuar en
cambio como un factor facilitador, movilizador y autónomo en emprendimientos
con empresas privadas, ONGs y con otros estados, sin renunciar a su identidad
distintiva y sus objetivos específicos.
Es imprescindible abundar en el desarrollo de las regiones bajo un
sistema integrador, desarrollando encadenamientos productivos que aprovechen el
potencial económico de las diferentes regiones del Estado.
Una Nueva Cultura Administrativa: Es indispensable instituir normas y mecanismos que gradualmente sustituyan
los controles de procesos por evaluaciones de resultados. Ello implica
que la asignación de recursos debe guiarse por objetivos, productos y metas
acordadas y verificables, en lugar de hacerlo por la automaticidad de los
gastos comprometidos a través de la rutinaria reproducción presupuestaria. En
este sentido, El desafío es triple:
Adquirir la
capacidad para traducir objetivos institucionales a metas
cuantificables,
Contar con sistemas de información que
den soporte al diseño de indicadores de resultados y sobre todo,
Transformar una cultura administrativa que, en el
mejor de los casos, sólo acepta que se evalúe la gestión en función del
cumplimiento de los procedimientos establecidos.
Orientar las tareas gubernamentales por objetivos (y
no por reglas o reglamentos), con objeto de tener una visión consensuada sobre
el papel del estado; una clara delimitación de responsabilidades (competencias
y resultados) de cada institución gubernamental y una definición precisa de los
destinatarios y servicios a ofrecer.
Mejorar el
servicio al cliente, en su diversa condición de usuario, contribuyente,
beneficiario o sujeto de regulación, mediante acciones de reestructuración,
desburocratización, reingeniería de procesos, capacitación de funcionarios e
introducción de técnicas de calidad y sistemas de información soportados
computacionalmente, en suma, una verdadera revolución en la interacción entre
ciudadanía y gobierno.
Desarrollar y difundir sistemas de información que
alimenten los circuitos decisorios y aumenten la capacidad de anticipación del
gobierno a través de los procesos de planificación, seguimiento y control de
gestión. Ello exige un serio esfuerzo en materia de diseño, desarrollo e
implantación de sistemas de información en las diversas áreas de la actividad
estatal.
Nueva Cultura de la Solidaridad y
de la Participación:
La sociedad reclama participar en el debate
público sobre propuestas de programas sociales y apertura de espacios
institucionales, en este sentido debemos avanzar en el reconocimiento y
regulación a las actividades de las organizaciones civiles y sobre todo romper
las desconfianzas mutuas, los ideologismos y el aislacionismo tanto del
gobierno como de las organizaciones ciudadanas.
Crear fondos y mecanismos financieros que
apoyen las iniciativas de bienestar social y desarrollo de las organizaciones.
Diseñar mecanismos e instrumentos para la
participación de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño,
ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Diseñar políticas económicas, sociales y
políticas de Estado que contribuyan a la construcción de la ciudadanía y
reconstrucción del tejido comunitario y social.
Impulsar la vinculación entre las organizaciones civiles similares o
que realicen acciones complementarias, con objeto de reforzar el capital
social requerido para enfrentar los problemas del desarrollo.
Desarrollar una política social poderosa, integral y sustentable en el
coto y mediano plazo, que enfrente el enorme reto de la marginación y la
pobreza, con programas profundos de consolidación y ampliación del sistema de
seguridad social.
Impulsar una nueva relación entre la política económica y la política
social y lograr que tengan coherencia
es indispensable para alcanzar una mejor distribución del ingreso y combatir la
pobreza.
Establecer objetivos de trabajo y desarrollo productivo, crear empleos,
mejorar salarios, impulsar la microeconomía social (microempresas, empresas
sociales, apoyos de la banca social, acceso al financiamiento crediticio,
acceso al capital de riesgo, entre otros elementos) y lograr una gran
movilización social y de recursos para enfrentar con éxito la pobreza en
Quintana Roo.
El orden político democrático, es una veta que exige
sapiencia y pragmatismo para estructurarlo, es decir, para diseñarlo,
organizarlo e implementarlo. Es un orden que da cause al movimiento
contradictorio de la sociedad, pero es la base para asegurar la gobernabilidad
en términos de que convivan las diversas fuerzas, grupos y organizaciones.
Es un hecho, que la renovación de los poderes por sí mismos no garantiza
las transformaciones política, económica y sociales que Quintana Roo está desde
hace tiempo demandando, lo cual nos obliga a todos a sumarnos al esfuerzo de
gobernabilidad que tenemos como propósito en un sentido positivo, y acaso como
acechanza en un sentido negativo.
La circunstancia
actual es un gran reto para la cultura política de los quintanarroenses.
Enfrentamos un enorme desafío cuyo resultado dependerá en buena parte de lo que
hayamos podido acumular hasta ahora en materia de esa cultura política, de
prácticas cívicas, de participación ciudadana.
Porque la
gobernabilidad no tiene que ver solamente con el ejercicio unilateral del poder
público por parte del ejecutivo. Tiene que ver con la participación de todo el
gobierno, incluyendo significativamente al Poder Legislativo y al Judicial,
pero tiene que ver también con la actitud que adopten los partidos políticos
(el que está en el poder y las oposiciones), las organizaciones de la sociedad
civil, y los ciudadanos como tales. Por tanto, son todos estos actores políticos
quienes tienen que participar en esta gran tarea de gobernabilidad que tenemos
como objetivo. Ni la sociedad ni el gobierno por sí solos van a lograr que la
renovación de poderes se convierta en el cambio social esperado.
La agenda propuesta de gobernabilidad, son en
realidad propuestas sencillas, que pueden resumirse en la necesidad de
recuperar el sentido común en la acción de gobierno. Sin embargo, debe
insistirse en el punto de que la simple aceptación de principios y valores no
define automáticamente ni el papel que el Estado debe cumplir en cada coyuntura
histórica, ni los instrumentos de que el mismo puede valerse para cumplir con
el rol asumido.
Definitivamente, el rediseño del estado
no es sólo, ni principalmente, una cuestión técnica. La investigación y la
consultoría ya han generado los modelos, los marcos normativos y contractuales,
los diseños organizacionales, la tecnología informática, la ingeniería de
procesos de gestión y los incentivos que permitirían construir organizaciones
estatales impecables. Más que técnico, el problema a resolver es político. La
gran tarea del próximo gobierno es preservar el necesario equilibrio entre las
tres grandes cuestiones que conforman su agenda y se encuentran en tensión
permanente: gobernabilidad, desarrollo y equidad.
Se
requiere una fuerte coalición política para mantener esta tensión bajo control
y revertir los hechos consumados de los que hoy estamos insatisfechos. También
hacen falta actitudes sostenidas y coherentes, que expresen la voluntad de preservar
una presencia estatal, pero que otorgue autonomía, es decir, ensanchar la esfera
pública incorporando nuevos actores movilizados a través de genuinos mecanismos
participativos, evitar las transferencias indeseables de ingreso y riqueza que
ahondan la brecha social, alentar el desempeño ético, abrir el funcionamiento
de las instituciones al escrutinio público, someterse a la rendición de cuentas
y sancionar el incumplimiento de las reglas de juego instituidas. La corrupción
generalizada, el poder económico concentrado, la exclusión social, el
desmembramiento y la atomización de la sociedad civil, debilitan al estado y
dificultan su misión. Por lo tanto, no se trata únicamente de redefinir el
perfil del estado; lo que está en juego es, también, la reconstrucción del
tejido social y de la escena pública.
Ninguna bola
de cristal permite anticipar el desenlace de este proceso. Pero una cosa es
segura: el nuevo gobierno, en su permanente metamorfosis, continuará siendo una
tarea que exige la combinación razonable y racional entre la ética y el poder,
entre la política y la ética; entre el mundo del ser y el deber ser.
Muchas Gracias.
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