Por ejemplo, la ley permite el desahucio de una pareja de ancianos por no poder pagar las letras de un televisor comprado a plazos. Es decir, se puede poner de patitas en la calle a dos personas sin recursos, lanzarles a la mendicidad por una deuda de veinte mil pesetas (120 euros, redondeando). Desgraciadamente no es un ejemplo retórico, sino un caso real. Sin embargo, los grandes estafadores (todos podemos recordar los nombres de algún político, banquero o financiero) apenas permanecen en prisión unos pocos años mientras la mayor parte de su fortuna les espera fuera, generando intereses, ya sea a través de sociedades interpuestas o a salvo en paraísos fiscales.

Se puede alegar que no es culpa de los jueces, que se limitan a aplicar la leyes. ¿No deberían ser ellos los primeros en pedir al legislador los cambios que estimen oportunos para evitar que ley y justicia sean antónimos? ¿Pueden dormir tranquilos dictando sentencias contrarias al sentido común, por muy ajustadas a derecho que sean? Y si duermen tranquilamente, ¿con qué método mantienen amordazada su conciencia? O es que no tienen... Me gustaría saberlo.

Como siempre, los poderosos tienen todos los ases en la manga. Y si nos los tienen, los compran.

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