La última asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), celebrada el pasado mes de septiembre en Praga, no será recordada por las decisiones que se adoptaron, sino por haber finalizado un día antes de lo previsto a causa de las movilizaciones que tuvieron lugar en la capital checa en contra de la política de estos organismos. ¿Por qué el FMI y el BM suscitan un rechazo que une en una sola voz a los movimientos sociales más diversos y tiene eco en los puntos geográficos más distantes?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD) tienen su origen en la conferencia internacional de Bretton Woods, celebrada en 1944, aunque fueron fundados oficialmente el 24 de diciembre de 1945. En 1960 se creó la Asociación Internacional de Desarrollo (AID), destinada a otorgar créditos blandos a los países que no podían acceder a los préstamos del BIRD. El Banco Mundial (BM) está formado por el BIRD y la AID. Además, cuenta con dos filiales: la Corporación Financiera Internacional, que presta dinero a empresas privadas de los países que reciben créditos del BM, y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversión (AMGI), que fomenta la inversión extranjera en los países del Sur.

En un principio, el BM tuvo como objetivo conceder créditos a las naciones europeas para su reconstrucción en la posguerra, pero en 1948 comenzó a prestar dinero a países del Sur -muchos de ellos, colonias por aquel entonces de las potencias europeas- para "contribuir a su desarrollo". Por su parte, el FMI se encargaría de velar por la estabilidad del sistema financiero internacional, evitando las políticas de devaluaciones competitivas y de barreras arancelarias que habían sido muy perjudiciales para la economía internacional entre los años 1929 y 1939.

El BM es propiedad de todos sus países miembros, que deben serlo también del FMI. Cuando se incorporan, garantizan una suscripción de capital que depende de la riqueza de cada uno. Ello determina el número de votos de cada Estado. Así, por ejemplo, Estados Unidos controla más del 17% de los votos, mientras que, juntos, 45 países africanos sólo controlan el 4%. La distribución de votos en el FMI sigue la misma dinámica: el G-7 (grupo que engloba a los siete países más industrializados del mundo) y los países de la Unión Europea disponen del 56% de los votos en la junta ejecutiva, cuando sólo representan al 14% de la población mundial. Las decisiones de ambas instituciones están de esta forma determinadas por los intereses de las grandes potencias.

Desigualdad social...
Por su parte, el FMI ha venido centrando sus esfuerzos desde agosto de 1982 (cuando estalló la crisis de la deuda), en propiciar que los países endeudados paguen sus deudas a los grandes bancos comerciales –que comenzaron a participar en la financiación de los países empobrecidos en la década de los 70– a través de pequeños préstamos destinados a hacer frente a los intereses de la deuda. Pero, al igual que el BM, el FMI exige a los países receptores de los préstamos estrictas reformas estructurales, derivadas de uno de los principales ejes en los que se basa su política: la consecución del equilibrio de las balanzas de pagos, es decir, de los flujos financieros entrantes y salientes.

... y destrucción ambiental
Pero el FMI y el BM no sólo obvian la salud del tejido social de los países del Sur. Los efectos de sus políticas son, en demasiadas ocasiones, devastadores para el medio ambiente de éstos. El ejemplo de Indonesia es, en este sentido, muy significativo. En la década de los 90, el FMI promovió las exportaciones de aceite de palma, obligando al país a levantar las restricciones a la inversión extranjera en el sector, dentro de su estrategia para reflotar la economía indonesia. Efectivamente, las exportaciones de este producto se duplicaron entre 1991 y 1997, pero, como contrapartida, los biológicamente ricos bosques tropicales de Indonesia registraron un serio proceso de destrucción: los graves incendios que han sufrido en los últimos años no han sido accidentales, sino que en muchos casos han sido provocados con el propósito de despejar terrenos forestales para dedicarlos al cultivo de la palma. Otro de los efectos de las políticas de las instituciones de Bretton Woods ha sido la reducción de las partidas destinadas por los Gobiernos a la protección del medio ambiente. Así, en los últimos años Brasil ha recortado en dos tercios su presupuesto en esta materia, uno de cuyos principales programas estaba dirigido a proteger el bosque amazónico, afectado gravemente por la deforestación como consecuencia de la acción de los ganaderos, madereros, agricultores y mineros.

¿Reducción de la deuda?
Uno de los últimos programas del FMI y el BM es la llamada Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, de acuerdo con sus siglas en inglés), cuyo objetivo oficial es reducir la deuda de estos países a un nivel sostenible, así como proporcionar recursos que contribuyan a su desarrollo económico y social. Sobre el papel, la HIPC constituía, por primera vez en muchos años, una esperanza para los países empobrecidos, ya que proponía un marco de trabajo integrador y un acuerdo que implicaría a acreedores multilaterales.

Pero esta esperanza se ha visto frustrada, una vez más, por su puesta en práctica, a causa de las duras condiciones económicas fijadas por estas instituciones para empezar a negociar y por lo mucho que se dilatan los plazos entre la negociación de la deuda y su condonación efectiva. Otro de los problemas que plantea la HIPC es que mide la capacidad de pago de cada país en función de la tasa deuda-exportación, cuando esta variable debería depender del peso que la deuda tiene en los presupuestos de cada Estado y, más concretamente, en el dinero que se aparta de las iniciativas públicas dirigidas a reducir la pobreza. Más de la mitad de la población de los países altamente endeudados sobrevive con menos de un dólar diario; uno de cada seis niños y niñas muere antes de cumplir los cinco años por enfermedades relacionadas con la pobreza, y los niveles de escolarización son mínimos. Pretender que sus gobiernos empleen más dinero en pagar la deuda que en atender a las necesidades básicas de educación y salud es intolerable y contradice los objetivos de la HIPC.

Zambia es uno de los países incluidos en la iniciativa. En los tres años posteriores al alivio de la deuda propiciado por la HIPC, empleará el 40% de los ingresos del Estado en pagar la deuda. Más de la mitad de su población vive por debajo del umbral de la pobreza, la proporción de niños y niñas afectados por malnutrición crónica ha aumentado en los 90 del 39% al 53% y tiene uno de los niveles de SIDA más altos del mundo. En Senegal, también incluido en la HIPC, el Gobierno tendrá que destinar al pago de la deuda una cantidad que equivale al doble de la partida destinada a educación primaria y sanidad, lo cual pondrá en peligro su propósito de aplicar ambiciosas reformas en estos dos campos para beneficio de su población. Vemos pues que el compromiso del FMI y del BM con la reducción real de la pobreza sigue siendo una falacia.