En la Cumbre, 142 países votarán la inclusión de China dentro de la OMC. No sorprende: no es el primer "socio" que viola de manera sistemática los Derechos Humanos. Es más, para la OMC ni siquiera es relevante. Lo importante es que se trata de un mercado de 1.300 millones de consumidores. En la lógica de la organización, los beneficios comerciales están por encima del derecho a la vida. No existen personas, habitantes, ciudadanos; sino consumidores.

Y bienes de consumo. Cualquier derecho esencial puede ser comercializado. Incluso aquellos de los que depende la vida. Así ocurre con el Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios. Es decir, la liberalización de la sanidad y la educación, su consideración como bienes de mercado. No es la primera vez que ocurre algo así. En 1994, gracias a la presión de "Investigación y Manufacturas Farmacéuticas de América" y otros lobyys industriales se consiguió la firma del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). En él se recoge la duración de las patentes sobre productos farmacéuticos: 20 años. Suficiente para que el "dueño" de la patente se asegure el monopolio. Suficiente para que imponga precios abusivos, inalcanzables para la mayor parte de los afectados. Peor aún: en el Acuerdo se recoge la posibilidad de patentar seres vivos. Es decir, de arrebatar a las comunidades tradicionales la propiedad de los recursos que han preservado durante siglos. Atroz paradoja: en nombre del libre comercio se garantiza el monopolio de una elite empresarial sobre los recursos comunes. Interrogantes: ¿a favor de quién? Una respuesta, como ejemplo: el gigante farmacéutico Pfizer obtuvo, en 2000, unos beneficios de 13.000 millones de dólares. Su director general es al tiempo presidente del grupo de presión que actuó a favor de la firma del ADPIC.

Hoy, la situación es de extrema gravedad: 37.000 personas mueren, cada día, a causa de enfermedades infecciosas, malaria, tuberculosis, enfermedad del sueño y SIDA; la mayor parte en los países pobres. Ante situaciones de emergencia nacional el Acuerdo sobre el ADPIC menciona (que no regula) la posibilidad de utilizar medicamentos genéricos (exentos de patente y por lo tanto mucho más baratos). Brasil, Kenia y Sudáfrica los utilizaron. Y se enfrentaron a la demanda de 39 empresas farmacéuticas. Después de su derrota judicial, la industria ha intensificado sus presiones. En el marco de las negociaciones de la OMC es mucho más fácil. El sistema es opaco y antidemocrático. Sin control. La Unión Europea, Japón y los Estados Unidos han iniciado conversaciones bilaterales previas a la cumbre. De esta manera minan la capacidad de acción de los países pobres y de la sociedad civil.

Peor aún: Estados Unidos (con la colaboración de Canadá, Suiza, Japón y Australia) ha conseguido bloquear la demanda de 120 ONG y 50 países pobres para modificar el ADPIC. Además, en la Cumbre de Doha se presionará a los países para que cumplan, antes del 1 de enero de 2006, los requisitos del Acuerdo sobre la propiedad intelectual. Para evitar complicaciones la organización de la Cumbre ha invitado a representantes de más de 600 ONG. Uno por cada organización. Es decir, como espectadores sin ninguna capacidad de trabajo. Es tan sólo un acto de propaganda de una organización en plena crisis de legitimidad.

Sin embargo, y a pesar de la envergadura del problema de la propiedad intelectual, estas conversaciones se integran dentro de un contexto más amplio: el del lanzamiento de una nueva ronda de liberalización del comercio. A pesar de la oposición de los 'países menos avanzados' (pobres), los países ricos pretenden intensificar la desregulación de los flujos comerciales. Los primeros consideran que no están preparados y que, además, es necesario profundizar en otros muchos aspectos y reducir las diferencias abismales entre unos y otros. No son los únicos: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó el pasado 6 de noviembre un documento de trabajo en el que afirma que la apertura de mercados puede imponer "fuertes costes de ajuste" en forma, por ejemplo, de un alto desempleo (algo que se ha hecho patente en los estudios sobre Brasil y México en los que se basa la investigación).

Sin embargo, los países ricos, ajenos a estas demandas, prefieren aprovechar las actuales condiciones. En este contexto se desarrolla la "guerra comercial" entre Estados Unidos y la Unión Europea. Radicales defensores de la libre competencia y el libre comercio, que pretenden imponer a todo el mundo, se enfrentan a demandas mutuas por prácticas monopolísticas y subvenciones más o menos ilegales. El aumento de las ayudas directas de Estados Unidos a su agricultura ha sido espectacular. De 1996 a 2001 a pasado de 4.600 millones de dólares a más de 32.000. Además, las empresas norteamericanas reciben importantes reducciones fiscales a través de las corporaciones de ventas en el extranjero (Microsoft y Boeing, por ejemplo, ahorran entre un 15 y un 30 por ciento). La Unión Europea se encuentra en circunstancias parecidas. A pesar de que se ha comprometido a la apertura total (excepto armas) de sus mercados para 2009, las condiciones para una competencia justa no existen. Así, el abismo crece. ¿Dónde se encuentran, entonces, las ventajas para los países pobres de la apertura de los mercados? No se puede llamar competencia a un comercio tan injusto, asimétrico y desequilibrado. El proteccionismo no es la solución, cierto. Pero no parece que las rondas liberalizadoras ayuden en gran medida: desde 1947 se han lanzado ocho procesos de liberalización del comercio mundial. Hoy, las ventas exteriores de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea representan el 70 por ciento de las transacciones comerciales mundiales. ¿Libre comercio?

Existen otros temas que van a quedar, con toda seguridad, fuera de agenda. Y por supuesto fuera de los acuerdos y de la declaración final: desarrollo sostenible, derechos de los trabajadores, explotación y seguridad laboral, derechos sociales, apertura y democratización de los organismos internacionales, supresión de la deuda externa de los países pobres, el derecho de las poblaciones sobre sus recursos... etc. No interesan. No aumentan los beneficios. En todo caso los reducen. No entran, pues, dentro de la lógica de la OMC. No tienen cabida dentro del mundo ideado, que no ideal, en el que no existe más libertad que la de consumir. No sirven. No, al menos, en este mundo-mercancía que pretenden crear desde la OMC.

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