Después de los hechos del 11 de septiembre, si Estados Unidos tiene motivos para pedir una posición colectiva a la comunidad internacional, debe buscar también un enfoque común para enfrentar el problema del cambio climático", dijo el ministro de Ambiente de Holanda, Jan Pronk.

Pronk realizó su declaración en respuesta a la actitud prescindente de Estados Unidos ante las conversaciones sobre el Protocolo de Kyoto mantenidas del 29 de octubre y al 9 de noviembre en Marrakesh, Marruecos.

El protocolo internacional de 1997, que lleva el nombre de la ciudad japonesa donde fue aprobado, obliga a los países industrializados signatarios a reducir antes de 2012 la emisión de gases de efecto invernadero cinco por ciento por debajo de los volúmenes de 1990.

La mayoría de los científicos creen que el dióxido de carbono y otros gases producidos por la actividad humana causan el recalentamiento del planeta que, a su vez, produce profundas alteraciones climáticas.

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, dijo que la economía de su país se perjudicaría con la reducción del uso de combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón, fuentes de gases invernadero.

También objetó la circunstancia de que el Protocolo de Kyoto no obliga a grandes países en desarrollo como China e India a asumir metas de reducción de sus propias emisiones.

La participación de Estados Unidos en el protocolo es considerada clave ya que, aunque sólo tiene 4,6 por ciento de la población mundial, emite casi 25 por ciento de los gases causantes del efecto invernadero.

Tras dar la espalda al protocolo y concitar la desaprobación de la comunidad internacional, el gobierno de Bush prometió presentar una alternativa al Protocolo de Kyoto. Pero desde el 11 de septiembre, fecha de los atentados contra Nueva York y Washington, no volvió a hablar de su plan.

No es posible que la admuinistración de Bush ignore problemas que preocupan al resto del mundo, como el recalentamiento del planeta, y aguarde a la vez un amplio resplado para asuntos como la guerra contra el terrorismo, señaló Phillip Clapp, presidente de la organización National Environmental Trust, de Washington.

A pesar del boicot de Estados Unidos al Protocolo, unos 180 países decidieron apoyarlo. Para convertirse en ley internacional, el Protocolo debe ser ratificado por 55 países que en conjunto sean responsables de 55 por ciento del dióxido de carbono emitido.

Si la Unión Europea, Rusia y Japón cumplen su palabra, el acuerdo de Kyoto será ley el año próximo.

Organizaciones civiles advirtieron que las autoridades estadounidenses continúan su campaña por desmantelar las disposiciones nacionales para la protección del ambiente, entre ellas algunas normas sobre la minería y la tala de bosques.

Bush afirmó que la extracción de petróleo en la Reserva Nacional de Vida Silvestre del Artico, en Alaska, es importante para la seguridad nacional, pues reducirá la dependencia de Estados Unidos del crudo de Medio Oriente.

Pero quienes se oponen a la perforación en esa reserva de Alaska destacaron que, según estimaciones del propio gobierno, no podrá disponerse del petróleo de ese lugar hasta dentro de siete años, y la producción sólo cubrirá las necesidades de Estados Unidos durante 140 días.

Los activistas también temen que los esfuerzos de la industria petrolera por lograr apoyo federal para aumentar las medidas de seguridad en varias de sus instalaciones causen el abandono de disposiciones esenciales para la protección ambiental.

A fines de octubre, Bracewell y Patterson, una empresa de Washington que representa a varias compañías de energía, presentó un informe sobre centrales de energía y oleoductos a la Oficina de Seguridad Interna de la Casa Blanca.

Además de recomendar rebajas impositivas y otras medidas financieras para mejorar la seguridad de la industria, el informe sugirió la creación de "disposiciones de impacto sobre la seguridad" que pasarían por encima de regulaciones sobre impacto ambiental.

Las normas de impacto ambiental suelen imponer controles sobre diversos tipos de contaminación y otras medidas para mitigar daños a la naturaleza.

Debbie Boger, de la organización Sierra Club, calificó de "escandalosa" la recomendación de Bracewell y Patterson. "La industria petrolera saca ventaja de esta tragedia (los atentados de septiembre) para atacar leyes ambientales a las que siempre se opuso", agregó.

Los ambientalistas proponen pasar de los combustibles fósiles y la energía nuclear a una economía basada en diversas formas de energía renovable, como la eólica, la solar y la biomasa.

Además de reducir la dependencia de Estados Unidos del petróleo importado, las plantas de energía renovable no entrañan los riesgos de un oleoducto o una central nuclear en caso de ataque terrorista, destacó Boger.

Los activistas esperan que la ecología vuelva a ser centro de atención con la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable, que se realizará el año próximo en Sudáfrica.

La cumbre, también llamada "Río +10", pues se celebrará una década después de la Cumbre de la Tierra, de Río de Janeiro, reunirá a 135 jefes de estado, organizaciones civiles, agencias de la Organización de las Naciones Unidas e instituciones financieras multilaterales.

Pero muchos activistas advierten que las conferencias mundiales no han aportado soluciones, debido a la falta de voluntad política para dar prioridad al ambiente.

Gary Gardener, director de investigaciones del Worldwatch Institute, de Washington, afirmó que no hubo mejoras sustantivas tras la Cumbre de la Tierra de 1992, formalmente llamada Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo.

Los bosques del mundo continúan desapareciendo, los suelos están más erosionados, las fuentes de agua siguen en disminución, y arrecifes de coral y numerosas especies desaparecieron en los últimos 10 años a una velocidad sin precedentes, señaló el Worldwatch Institute.

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