Competitividad, productividad, rentabilidad, librecambio. Son los componentes ideológicos que sirven de justificación a la llamada globalización de los mercados. En ese proceso de internacionalización a escala mundial de la economía, las fronteras nacionales se ven desbordadas por los avances tecnológicos en el sector de la comunicación, y por la dinámica de las estructuras financieras y empresariales. ¿Qué pasa entonces con los trabajadores, cómo reaccionan los sindicatos ante este fenómeno?

Las posibilidades de comunicación a nivel planetario hacen posible enlazar de forma ininterrumpida el funcionamiento de los mercados financieros en los diferentes continentes. La rapidez y el volumen de las transacciones superan en mucho las posibilidades de los bancos y reservas nacionales. Miles de millones circulan de bolsa a bolsa, de ordenador a ordenador, sin que haya posibilidad de controlar su flujo.

Por otra parte, las oportunidades que ofrece el mercado libre mundial, hacen que las empresas multinacionales puedan invertir o retirar las inversiones en cualquier país del mundo, según las ventajas o desventajas que les ofrezcan las estructuras económicas y sociales en el país en cuestión.

Uno de los criterios para esas decisiones de las empresas es el de la situación de las relaciones laborales en un país determinado: nivel de salarios, disponibilidad de mano de obra, legislación laboral.

Pero hay otros criterios, como el régimen fiscal, las leyes relativas a derechos humanos o la normativa sobre cuestiones medioambientales. También se examinan las posibilidades de los mercados en la zona. En cualquier caso, el razonamiento de las multinacionales es bastante sencillo: se invierte allí donde la situación ofrezca más ventajas y mayores beneficios. Esto se considera indispensable en vista de la feroz competencia que se ha desencadenado entre las empresas multinacionales por dominar mercados y adquirir poder económico. Y esta lucha se ha intensificado debido a varios factores: en primer lugar, la institucionalización del libremercado con organismos como la Organización Mundial de Comercio, que puede incluso penalizar a estados que pongan trabas a las actividades de las empresas multinacionales.

En segundo lugar, los gobiernos se muestran cada vez más dispuestos a apoyar las actividades de esas empresas, aunque sea a costa de desajustes sociales o abandonos en el terreno de los derechos humanos o de la ecología. En tercer lugar, el desarrollo tecnológico ha facilitado enormemente el flujo de capitales.

Son factores que favorecen en primer lugar la actividad del empresario. Hay actualmente comentaristas que aseguran que esas facilidades para la globalización de los mercados tienen también, de manera indirecta, una influencia positiva en las economías, sobre todo de países en vías de desarrollo. Se refieren posiblemente a las inversiones que las multinacionales realizan en esos países, en buena parte para evitar trabas legales, sociales y políticas en los países industrializados.

Se suele olvidar entonces cuáles son las condiciones en que se efectúan las inversiones en países no industrializados, y cuáles son las consecuencias para la población, la cultura o el medio ambiente de esas naciones. Por otra parte, las inversiones en otras zonas del planeta disminuyen necesariamente el empleo en el país en que tiene su sede la empresa multinacional que las efectúa.

Veamos, por ejemplo, el caso de la Unión Europea. ¿Cuáles son las consecuencias de la globalización económica para los trabajadores europeos? Las organizaciones sindicales tienen una historia difícil, en la que una lucha constante ha logrado arrancar mejoras y concesiones a los empresarios. Para ello se ha apoyado siempre en movimientos y gobiernos progresistas. Pero ¿qué pasa cuando los gobiernos y los movimientos políticos pierden poder ante la preponderancia de las empresas y los mercados?

La estrategia del movimiento sindical es clara. Se trata de participar en los organismos internacionales que forman el marco jurídico de la globalización, como la Organización Mundial de Comercio, para introducir en la normativa de los mismos aspectos relativos a los derechos de los trabajadores y al control de las actividades de las empresas multinacionales o de los mercados de capitales.

Pero ¿se trata de una estrategia eficaz en la práctica? ¿Es de esperar que los mecanismos de los mercados y las empresas multinacionales se atengan desde una posición de poder a esa clase de acuerdos? ¿Quién es capaz de controlar eficazmente su cumplimiento, y desde qué perspectiva se efectuaría ese control? ¿No habrá que complementar lo formulado en el papel de los acuerdos con programas de acción y de presión? ¿Qué pueden hacer los sindicatos en ese sentido?

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