Los grandes paquetes de salvamento permitieron a los países mantener tasas de cambio sobrevaluadas durante un corto período, lo que a su vez le permitió a los ricos de esos países sacar su dinero con términos más favorables de lo que lo habrían hecho de otra manera. Esos paquetes también permitieron que los bancos occidentales involucrados en prestaciones imprudentes obtuvieran compensación. Entre tanto, conforme las tasas de cambio sobrevaluadas hundían más la economía -incluso si se mantenían sólo por un corto período-, el país se quedaba con la carga de pagar miles de millones de dólares de los préstamos del FMI.

En ningún momento fue más evidente el problema que cuando se brindó el paquete de salvamento a Rusia en 1998, cuando sólo después del «error» -después de la devaluación del rublo- volvió el crecimiento. Los miles de millones prestados a Rusia terminaron rápidamente en las cuentas bancarias de los oligarcas rusos en Suiza y Chipre. Todo esto fue claro en el tiempo en el que se prestó el dinero, julio de 1998, pero ahora es el pueblo de Rusia el que debe pagar por los errores del FMI.

Argentina proporcionó el coup de grace a la estrategia de grandes salvamentos del FMI. Yo, y otros, argumentamos por años que se favorecieran los acuerdos de salvaguarda, las reestructuraciones y la bancarrota. Finalmente, el FMI ha aceptado. Pero debería haber estado claro desde el inicio que el FMI, como acreedor de gran escala, no podía ser el juez de insolvencia en sí mismo. Los conflictos de intereses eran evidentes.

El FMI ya escuchó. Lo importante no es si uno está de acuerdo con las recientes propuestas de Ann Krueger, directora administrativa asistente del FMI, o no: el hecho es que el FMI ahora reconoce el conflicto potencial de intereses y ha propuesto procedimientos alternos que podrían solucionar el problema.

Por desgracia, el Tesoro de Estados Unidos enfrió inmediatamente las propuestas. John Taylor, subsecretario del tesoro para asuntos internacionales y excolega mío de la Universidad de Stanford (como lo fue Ann Krueger), sugirió que la situación debería dejarse en manos del mercado. Todo lo que hace falta, él sugiere, son cláusulas de «acción colectiva» que permitan que la mayoría (o supermayoría) de un grupo de tenedores de bonos imponga su voluntad a la minoría, para así evitar a los carroñeros, quienes en el pasado compraron pequeñas porciones de una emisión de bonos y utilizaron su posición para obtener grandes concesiones para sí mismos.

Taylor es un macroeconomista distinguido, pero ha puesto poca atención tanto a los avances recientes de la teoría económica como a las experiencias de política económica vividas en el terreno de la bancarrota. Las cláusulas de acción colectiva son importantes, pero no son suficientes. El FMI ha abogado durante mucho tiempo por el esquema «fuera manos, de orientación al mercado» para la resolución de la insolvencia, y en su mayor parte ha sido un desastre.

Corea y Malasia ignoraron los consejos del FMI y, en cambio, sus gobiernos asumieron un papel activo. Entonces siguió una reestructuración intensiva y esas economías se recuperaron rápido. Los países que confiaron en los consejos del FMI la pasaron mucho peor.

La teoría económica dice que hay incentivos para que algunos participantes del mercado retracen una resolución y tales incentivos son particularmente costosos en situaciones como la del Lejano Oriente y Argentina, en donde los apuros corporativos prevalecen y la economía enfrenta una caída mayúscula. La existencia de tales incentivos negativos es la razón por la que la ley de insolvencia de Estados Unidos (EU) permite que los jueces de bancarrota actúen a discreción para forzar a acreedores recalcitrantes a aceptar una resolución dirigida a satisfacer los intereses de la mayoría. ¿Por qué los principios que tienen sentido al interior de los países -como EU- no han de ser aplicados en la arena internacional?

Como ahora reconoce el FMI, es necesario que haya algún tipo de árbitro internacional. La cuestión es: ¿qué guía debe seguir ese árbitro internacional para la bancarrota? El tema está lejos de ser académico. EU vivió un feroz debate acerca de la reforma en el renglón de la bancarrota, demostrando que no hay una respuesta simple en cuanto al diseño apropiado de las leyes y la regulación de la insolvencia.

La bancarrota no es un asunto que pueda delegarse simplemente a los tecnócratas, aunque el FMI quisiera dar la impresión de que ése es el caso. Hay asuntos relacionados con la eficiencia; pero también cuestiones de distribución. Lo más probable es que el FMI, ligado como está a los mercados financieros, presione por la aceptación de unas reglas que favorezcan esos intereses. Hace falta un mayor balance. Los principios del Capítulo XI de la ley de insolvencia de EU, la disposición que permite la rápida reorganización de las empresas de acuerdo a esquemas que mantengan su actividad económica, deberían ser base de cualesquiera reglas que sean adoptadas.

El hecho de que EU pueda vetar incluso esas modestas propuestas del FMI ilustra una debilidad fundamental de los actuales arreglos económicos internacionales. En la ONU hay cinco países que tienen poder de veto, lo que en su mayor parte es un anacronismo histórico. India, alguna vez colonia británica, no cuenta con veto; Francia sí. Sea cual sea la actitud de uno ante tales arreglos, la noción de que un país por sí solo pueda ejercer un efectivo poder de veto parece no coincidir con los principios democráticos básicos.

Si EU estuviera menos inclinado a perseguir políticas unilaterales, a presionar en contra del gobierno internacional de la ley, no habría mucha diferencia. Pero la Administración Bush no sólo ignora los principios económicos básicos, sino también los principios básicos que sustentan la cooperación internacional.

Es necesario encontrar una nueva forma de lidear con las crisis. Las estrategias de grandes paquetes de salvación asociadas con el FMI de la era de Clinton, el de Michel Camdessus, Stanley Fischer, Larry Summers y Robert Rubin, fallaron abismalmente. Hace falta una alternativa. La propuesta estadounidense de confiar en las modificaciones menores a los arreglos actuales, al mismo tiempo que se confía en el mercado, no será suficiente aunque sea una postura por la que han abogado los mercados financieros durante mucho tiempo. El FMI ha estado intentando crear una alternativa. El mundo no puede permitir que Estados Unidos vete tales esfuerzos.

Joseph Stiglitz, Profesor de Economía de la Universidad de Columbia, fue presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de Estados Unidos, William J. Clinton, así como Economista en Jefe y Vicepresidente Senior del Banco Mundial.

Copyright: Project Syndicate, 2002

Opina sobre este artículo                         Arriba