La corrupción de los empresarios hace que la de los insignificantes burócratas gubernamentales, quienes se roban algunos míseros miles (o incluso millones) de dólares parezca juego de niños. Los niveles de robo que alcanzaron quienes saquearon a Enron, Worldcom y otras corporaciones son de miles de millones de dólares, más que el PIB de muchos países.

Mi trabajo de investigación de los últimos treinta años se concentró en la economía de la información. Con una información perfecta (algo que la economía tradicional asume, pero que quienes defienden el libre mercado no comprenden totalmente) esos problemas nunca hubieran ocurrido. Los accionistas se habrían dado cuenta de inmediato de que los libros estaban alterados y habrían castigado sin miramientos los precios de las acciones de la compañía culpable.

Sin embargo, la información nunca es perfecta. Debido a incentivos fiscales y a prácticas contables inadecuadas, las empresas premiaban generosamente con acciones a los ejecutivos. Teniéndolas en el bolsillo, los directivos de las compañías podían asegurarse buena paga sin hacer nada en beneficio de las finanzas de la empresa. Todo lo que tenían que hacer era inflar el precio de las acciones y después venderlas. Era un sistema casi demasiado bueno para ser cierto: mientras los ejecutivos recibían millones de dólares, nadie parecía estar cargando con los costos.

Por supuesto, eso era un espejismo: al emitir esas acciones, el valor se diluía. Además, esto no sólo era deshonesto: esas acciones les daban a los ejecutivos fuertes incentivos para elevar su valor con rapidez. Lo que importaba no era el vigor a largo plazo de una compañía, sino su apariencia de corto plazo.

Los funcionarios corporativos responden a los incentivos y las oportunidades. Durante la última década y media, las compensaciones a los ejecutivos en Estados Unidos aumentaron enormemente. También lo hizo la fracción de esa compensación que va atada al precio de las acciones de la compañía, hasta tal punto, que la fracción que refleja el desempeño a largo plazo ya es muy pequeña. Era como si a los ejecutivos se les estuviera alentando deliberadamente a no poner atención en las cuestiones fundamentales.

Los defensores del mercado tienen razón en cuanto a que los incentivos son importantes, pero los incentivos inadecuados no crean riqueza real en la economía, sino una mala distribución de recursos como la que podemos ver actualmente en industrias como la de las telecomunicaciones. Los precios inflados provocan que las empresas inviertan de más.

Como lo demuestra la investigación de las tres últimas décadas, cuando la información es imperfecta (como lo es siempre), la mano invisible de Adam Smith, mediante la cual el sistema de precios supuestamente lleva a la economía a resultados eficientes, es invisible en parte porque está ausente. Con los incentivos equivocados, con el tipo de alicientes que existían en las corporaciones estadounidenses, se afianzó la búsqueda de la apariencia de riqueza, a costa de la riqueza real.

De la misma forma, las empresas auditoras que obtienen más ganancias por asesorías que por sus servicios de auditoría tienen un conflicto de intereses: tienen (por lo menos en el corto plazo) incentivos para no ser muy estrictas con sus clientes, o incluso, como asesores, para ayudar a sus clientes a encontrar formas («dentro de lo permitido», por supuesto) de mejorar la apariencia de ganancias.

Por otra parte, los analistas de los bancos de inversiones que ganan altos honorarios por ofrecer acciones, (como vimos no hace mucho) las promueven aunque tengan dudas sobre ellas. Si esos bancos también tienen una división comercial, pueden tener un aliciente para mantener líneas de crédito más allá de los niveles prudentes, porque cortarlas pondría en riesgo las potenciales ganancias a futuro derivadas de fusiones y adquisiciones y de la emisión de acciones y bonos.

Además, una distorsión de los incentivos privados afecta también a los públicos, y los dos se entreveran. Como en la política «poderoso caballero es Don Dinero», los incentivos privados distorsionan las políticas públicas y les impiden corregir las fallas del mercado, de tal forma que, a su vez, desvirtúan aún más los incentivos privados. El director de la Comisión de Valores de Estados Unidos reconoció los problemas que planteaban los conflictos de interés en las cuestiones contables, pero sus esfuerzos para establecer reglas que abordaran el problema encontraron una enorme resistencia por parte de la industria, hasta que los escándalos hicieron que ya no fuera posible evitar los cambios. En forma similar, la Junta de Estándares para la Contabilidad Financiera identificó los problemas contables de las acciones para los ejecutivos, pero también sus esfuerzos para hacer reformas se enfrentaron a la resistencia de las fuentes obvias. En esto, la Junta, supuestamente independiente, recibió presiones políticas, incluyendo las del Departamento del Tesoro de los EU, para no hacer los cambios. Estos problemas emergen tanto a nivel nacional como internacional.

Algunos países tratan de luchar en contra de este círculo vicioso. Por ejemplo, dado que los funcionarios gubernamentales que pasan con demasiada rapidez a ocupar cargos en el sector privado que tienen que ver con sus funciones públicas levantan sospechas fundadas, muchas democracias tienen reglas para evitar esas «puertas giratorias». Ciertamente, imponer ese tipo de restricciones conlleva costos (por ejemplo, pueden disuadir a gente capaz de aceptar empleos públicos) y rara vez esos límites consiguen eliminar del todo los conflictos de interés.

Pero esas restricciones (que afectan tanto al sector privado como al público) frecuentemente son necesarias, debido a la imperfección de la información: no podemos tener total certeza de qué es lo que motiva a un individuo, incluso si parece tener la mayor integridad. La pérdida de la confianza pública que puede resultar de la falta de acción puede ser aún mayor que los costos de la regulación gubernamental (de hecho, esa pérdida tuvo como consecuencia hace poco una reducción en el valor de las acciones de miles de millones de dólares).

Los conflictos de interés nunca se podrán eliminar, ni en el sector público ni en el privado. No obstante, al estar atentos a su presencia y tomar conciencia de los incentivos distorsionados a que dan lugar, así como imponer reglamentación que limite su alcance y aumentar el nivel de divulgación obligatoria, se pueden mitigar sus consecuencias, tanto en el sector público como en el privado.

Joseph E. Stiglitz es profesor de economía y finanzas en la Universidad de Columbia, fue ganador del Premio Nobel de Economía en 2001 y es autor de «Globalization and its Discontents».

Copyright: Project Syndicate, noviembre de 2002.
Traducido del inglés por Mario de Gortari Rangel

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