Si los arquitectos del sistema financiero internacional hubieran construido un edificio de viviendas o un rascacielos, hubiesen sido conducidos ante los tribunales por negligencia y fraude graves. Paredes enteras de su edificio se derrumban y, como sucede en casos parecidos, la caída de los muros de ladrillo aplasta a inocentes cuyo único error consistió en hallarse debajo.

Después del crash del invierno de 1994-1995, la mitad de la población mexicana se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. En Indonesia, la malnutrición y el hambre regresan al galope. En Rusia, diez años de liberalismo económico han hecho más por ensuciar la reputación del capitalismo que sesenta años de propaganda del "socialismo real"; la esperanza de vida de la gente ha descendido en siete años, hecho sin precedentes en el siglo veinte. En Corea y Tailandia se extiende el fenómeno de los "suicidas FMI": trabajadores despedidos y sin recursos arrastran a la muerte a mujeres y niños, al no poder mantenerlos.

En el campo de las finanzas internacionales, la justicia no sólo no existe sino que se premian los crímenes colectivos: los grandes especuladores o los mafiosos son los primeros en ser atendidos en los planes de "salvamento" del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las compañías transnacionales y las élites locales encuentran en las economías siniestradas ocasiones inesperadas de hacerse con negocios interesantes por cuatro duros. Las riquezas de esos diversos "mercados emergentes" se "distribuyen" hacia arriba y al extranjero. Los que trabajaron largos años para crearlas son expoliados. Pero el contagio y la desestabilización podrían alcanzar también a los países ricos que se creen a salvo de estas contingencias.

Las crisis financieras y bursátiles sucesivas, así como la derrota del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) en la Organización de Cooperación Económica (OCDE) (1) perturban no obstante las certidumbres liberales y permiten imponer por fin una discusión seria sobre las soluciones de recambio.

Se libera un espacio político que conviene ocupar mediante el desarrollo de la capacidad ciudadana para formular y dirigir propuestas. Eso es lo que hace precisamente la Asociación para una Tasa Tobin sobre las transacciones financieras y de ayuda a los ciudadanos (ATTAC) (2) y el colectivo (francés e internacional) contra el AMI (3).

Alphonse Allais recomendaba a los que corrían en pos del dinero "Id a buscarlo donde está, es decir entre los pobres". Es el precepto que han seguido desde hace veinte años los operadores de la mundialización al proceder a una transformación masiva de las riquezas de abajo arriba y del trabajo al capital, lo que ha hecho elevarse las desigualdades (4). Hay que volver a capturar esos flujos y coger el dinero de donde está realmente, o sea entre los ricos, para repartirlo de otra manera. Howard M. Wachtel propuso el pasado mes de octubre en esta revista tres formas de gravar al capital transnacional: tasa Tobin, tasa sobre las inversiones directas en el extranjero y tasa unitaria sobre los beneficios mundiales consolidados, gravados a prorrateo sobre la cifra de facturación realizada en cada país.

Cabría imaginar también una tasa universal sobre todas las transacciones financieras internacionales, y no sólo sobre las monedas, las únicas contempladas por la tasa Tobin. El coste actual de las compras y ventas de acciones, obligaciones, de opciones y productos financieros derivados es ridícula, sobre todo en Estados Unidos, y los corredores tienen interés en multiplicarlas, ya que cobran de paso una comisión por cada una de esas operaciones. Keynes llegó a proponer que la compra de un título financiero fuese "permanente e indisoluble, como el matrimonio", recomendación claramente superada hoy tanto para los títulos como para el matrimonio, pero que iba bien orientada. Una tasa significativa sobre las transacciones, sobre todo a corto plazo, sería un buen negocio para los Estados y contribuiría igualmente a reducir el volumen y la rapidez de operaciones que no crean ninguna riqueza real (5).

Caprichos de los inversores institucionales
Las empresas transnacionales (ETN) se han convertido en maestras del arte de la evasión fiscal. En Washington, la Oficina de contabilidad del gobierno federal (GAO) calcula que las tres cuartas partes de las empresas extranjeras implantadas en Estados Unidos no pagan impuestos. Por lo que se refiere a las ETN norteamericanas, el Departamento del Tesoro sitúa en una horquilla de 12 a 50.000 millones de dólares las pérdidas de ingresos debidas a los precios de transferencia, artificio contable que permite declarar los beneficios en los países donde los impuestos son bajos y las pérdidas donde son elevados (6). Los gobiernos deberían gravar a las ETN y a los inversores institucionales. Para ello, no debieran estar al servicio de intereses para los que cualquier impuesto es malo, excepto el que pagan los consumidores o los ahorradores, y para quienes el Estado-providencia es un derrochador, salvo cuando reflota a las grandes empresas que han obtenido resultados desastrosos: Crédit Lyonnais, Chrysler, etc. (o les regala escandalosamente billones para que no "sufran" con la competencia, como a las eléctricas en España. N. del E.).

Los fondos de pensiones, con las compañías de seguros y los demás inversores institucionales (agencias de corretaje, etc.) controlan la suma de 21 billones de dólares, es decir, más del producto nacional bruto (PNB) de todos los países industrializados reunidos, o alrededor de 450.000 pesetas para cada uno de los seis mil millones de habitantes del planeta (7). Por sí solos, los norteamericanos controlan la mitad de esta cantidad. La reorientación de solamente el 1% de sus carteras representa más de la cuarta parte de la capitalización de todas las Bolsas de todos los países "emergentes" de Asia, y los dos tercios de la capitalización de todas las Bolsas de América Latina.

Los países industrializados -al dejar que tales volúmenes de fondos privados vaguen de un lado para otro, a la medida del humor de los agentes y especuladores- preparan desestabilizaciones financieras en cadena. Unicamente una institución reguladora internacional -que podría ser el Banco de Regulaciones Internacionales (BRI), si estuviese dotado de verdaderos poderes- estaría en condiciones de disciplinar a esos inversores institucionales.

El gurú financiero Henry Kauffman predica desde hace mucho tiempo la prudencia en el desierto de Wall Street (8). Propone la creación de un consejo de vigilancia que pueda imponer a los inversores institucionales un código de conducta, exigirles normas uniformes de transparencia, vigilar sus actividades y limitar el grado de asunción de riesgos. No hay aquí nada de revolucionario, ya que ese consejo no controlaría los flujos de capitales propiamente dichos. Los gobiernos deben decidir si quieren jugar a la ruleta rusa o no, exponiéndose a los caprichos de esos inversores institucionales; si desean que sus compañías "nacionales", cotizadas en Bolsa, queden sometidas en realidad a la dependencia de instituciones financieras privadas, sobre todo norteamericanas.

Es el momento también de volver sobre la noción de cambios, que hoy día se ha vuelto un asunto cuasi-tabú. Sin embargo, esta política le permitió a Japón, a Corea -y a Estados Unidos- desarrollarse. Los exportadores, pagados en divisas, son obligados a vender éstas al Banco central a un tipo determinado. De la misma manera, las divisas se venden a un mismo tipo para pagar las facturas internacionales, esencialmente las importaciones y el servicio de la deuda. Probablemente, Malasia volverá a poner a la orden del día esos controles, y el respetado economista norteamericano Paul Krugman preconiza esta solución, que considera "radical", para Asia, al menos con carácter temporal (9). Con menos radicalidad, cabe -como en Chile- dejar entrar libremente a los capitales, pero exigir que éstos permanezcan durante un período determinado, o gravarlos fuertemente a la salida.

Si bien los gobiernos no animan de forma explícita la circulación del "dinero negro", producto del tráfico de divisas, en cambio se han cuidado hasta ahora de adoptar las medidas que permitan luchar contra la inversión de fondos de origen criminal en las empresas legítimas situadas en sus territorios. Los medios de lucha existen, y los Estados tienen el deber de utilizarlos, empezando por la inmediata puesta en práctica de las recomendaciones de los magistrados europeos autores del Llamamiento de Ginebra; "Abolir los proteccionismos superados en materia policial y judicial instaurar un verdadero espacio judicial europeo en cuyo seno los magistrados podrán (...) investigar e intercambiar las informaciones útiles para las investigaciones en marcha" y "establecer las convenciones que garanticen el levantamiento del secreto cuando lo exija la cooperación internacional" (10).

Se piensa en otros frenos a la circulación del dinero procedente de la droga, de la prostitución, del terrorismo, de las sectas y de la corrupción; uno de los primeros sería un ataque en toda regla contra los paraísos fiscales. Si los bancos centrales del G-7 decretasen que los bancos comerciales de sus países ya no están autorizados para aceptar transferencias de origen offshore (Bermudas, Islas Caimán, Islas Vírgenes, etc.), harían mucho más difícil el reciclaje y el blanqueo. Quedarían los casos, que incumben directamente a los europeos, de Luxemburgo, Suiza, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino, Jersey, etc. Simultáneamente, habría que suprimir las zonas francas dentro de los países que, de hecho, ya no son más que microparaísos fiscales, y observar escrupulosamente los Basle Core Principles for Effective Banking Supervision (Principios de Basilea para la vigilancia eficaz de los bancos) establecidos por el BRI. Los bancos que no se sometieran a estos principios verían retirado su permiso de establecimiento.

El 20% de los nuevos ricos de la humanidad acapara el 86% de las riquezas, mientras que el 20% de los más pobres sólo recibe el 1,3%; esto es sabido, y repetido hasta la saciedad, y cada año el foso se ahonda más, al tiempo que se restringe la ayuda pública al desarrollo. La deuda es el factor primordial en el agravamiento del futuro del Sur, sobre todo el de los países menos avanzados (PMA) a punto casi de desaparecer de la faz del planeta a causa de una deuda que no pueden reembolsar y que no reembolsarán nunca. Los PMA dedican por término medio más del 20% de sus ingresos de exportación al servicio de la deuda. Si ese coeficiente se redujera al 1 o al 2% -como ocurrió con Alemania después de la guerra-, esos países podrían invertir los ahorros conseguidos en la sanidad, la educación, el medio ambiente, generando un "círculo virtuoso"; cuanto más privilegie un país su capital humano y el desarrollo duradero, más aligerará su deuda, hasta hacerla desaparecer del todo.

Este informe ha sido asumido para la Campaña Jubileo 2000 en diversos países del G-7, con una fuerte participación de las Iglesias respectivas. Seguro es que ninguna fórmula FMI-Banco Mundial llevará adelante el asunto: la última de una larga serie de medidas, denominada Iniciativa HIPC, exige seis años suplementarios de ajuste estructural antes de que la petición de suavizar la deuda pueda ser tomada en consideración (11). ¡No es serio! O se renuncia para siempre a la participación de cuarenta países por lo menos en la economía, condenando a sus habitantes a una muerte lenta, o resolvemos por fin su problema.

La "desregulación" es una palabra-trampa, puesta de moda para enmascarar el intento de imponer un orden mundial regulado por y para las transnacionales, con la complicidad activa del FMI, del Banco Mundial y de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estas instituciones han sido refractarias hasta ahora a la democracia, y su incompetencia para proporcionar soluciones a las crisis recientes no es menor que su incapacidad para prevenirlas.

El FMI se ha especializado en la socialización de las pérdidas, a cargo de los contribuyentes del Norte, y en la privatización de los beneficios, distribuidos a los especuladores que quedan libres para retirarlos de los países en crisis y de constituirse así fortunas colosales. De todas maneras, en el caso probable de nuevas crisis, y después del crédito de 42.000 millones de dólares concedido a Brasil, el Fondo Monetario difícilmente podrá movilizar más de 25 a 30.000 millones de dólares. Habrá que reemplazarlo por una institución capaz, en una lógica keynesiana, de inyectar liquidez en el sistema para evitar la contracción económica brutal, el famoso credit crunch (contracción del crédito) y las quiebras en cadena provocadas por sus políticas actuales.

El Banco Mundial, cuyos profesionales son competentes en general, podría desempeñar un papel útil mediante la vigilancia de las remesas de deudas y ayudando a sus países clientes a reforzar sus sistemas de educación, de sanidad y de protección al medio ambiente. Debiera especializarse en los campos de los seguros para PME/PMI creadores de empleo, del capital-riesgo y de las instituciones de microcrédito. Añadamos que si los presupuestos de esas instituciones y las muy sustanciosas remuneraciones de sus personales respectivos dependiesen de impuestos deducidos del capital transnacional, les veríamos actuar rápidamente en este sentido...

Los dirigentes de Naciones Unidas, de sus agencias especializadas y de las instituciones internacionales (FMI, Banco Mundial, OMC, etc.) se prestan cada vez con mayor facilidad a los objetivos del capital transnacional privado. Esta nueva Santa Alianza se forja a través de múltiples reuniones con las que se autoconfieren legitimidad y que, en realidad, no son más que maniobras de lobbies y de propaganda; Fórum económico mundial de Davos, Transatlantic-Business Dialogue o TABD (12), Geneva Business Dialogue, que ha recibido la bendición oficial del secretario general de la ONU, a quien gentes malévolas llaman ahora NesKofi Annan (13)...

La deslegitimación política de esas operaciones y de las empresas transnacionales es una medida de higiene pública. Nadie ha elegido a los ejecutivos, a los promotores del Geneva Business Dialogue, a los economistas del FMI, a los árbitros de la OMC, a los gestores de los fondos de inversión y a todos sus semejantes. ¿Durante cuánto tiempo todavía harán la ley los nuevos usurpadores?

Susan George es Directora adjunta del Trasnational Institute (Amsterdam) y presidenta del Observatorio de la Mundialización. La autora se expresa a título personal.

(1) Léase Christian de Brie, "Cómo se hizo añicos el AMI", Le Monde diplomatique, edición española, diciembre de 1998.
(2) ATTAC, véanse diversos artículos en Le Monde diplomatique, edición española.
(3) Documento provisional para discusión: El acuerdo de los ciudadanos y de los pueblos sobre la inversión y las riquezas (ACPIR) disponible en Europa@ magic. fr
(4) Sobre las desigualdades Norte-Sur, léase Informe mundial sobre el desarrollo humano, (PNUD) anual; sobre el aumento de las desigualdades en el seno de los países, léase CNUCED, Informe sobre el comercio y el desarrollo, Ginebra, 1997.
(5) Esta idea aparece desarrollada en Doug Henwood, Wall Street, Verso, Londres y Nueva York, 1998.
(6) Janice Shields, Institute for Business Research and Tax Watch, "Taxing Overseas Investment", Foreign Policy en Focus, vol. 3, nº 3, Washington DC, enero de 1998.
(7) Banco de Regulaciones Internacionales, 68º Informe anual, Basilea, 8 de junio de 1998.
(8) Henry Kaufman, "Reform now to prevent the next global financial crisis", International Herald Tribune, 29 de enero de 1998.
(9) Paul Krugman, "Saving Asia: It's time to get radical", Fortune, 7 de septiembre de 1998.
(10) Este llamamiento fue firmado por más de mil magistrados en Europa aquel día.
(11) Highly Indebted Poor Countries (Países Pobres Fuertemente Endeudados)
(12) El TABD celebró su cuarto congreso en Charlotte, Carolina del Norte, a principios de noviembre de 1998. La lista de invitados, verdadero Quién es quien de altos ejecutivos y empresarios de ambas orillas del Atlántico, incluyó también a Renato Ruggiero, director general del OMC, y al vicepresidente norteamericano, Al Gore.
(13) Este diálogo lo organizó Helmut Maucher, el Presidente Director General de la empresa Nestlé.

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