CAPÍTULO X

CAPITULO X

 

EL PROTOCOLO DE 1921

 

 

 

Ø      La ley 3016 de 1918.

Ø      Sucesos importantes en 1919 y 1920.

Ø      La construcción de Talara antiguo.

Ø      El poblamiento de El Alto.

Ø      Primer pedido para Talara Provincia.

Ø      El Protocolo del 27 de agosto de 1921

Ø      El acuerdo de arreglo.

Ø      La Gran Bretaña.

Ø      Sinforoso Benites.

 

 

La Ley 3016 de 1918.

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En noviembre de 1917, la Cámara de Senadores había aprobado con  sólo 15 votos en contra, un proyecto que resolvía el problema que se había planteado con la London primero y más tarde con la IPC por la existencia de 41.614 pertenencias en los yacimientos de la Brea y Pariñas.

Al proyecto que el Ejecutivo había preparado de acuerdo con la empresa, en el Senado  se  le  introdujeron  algunas  modificaciones o  enmiendas.

El  proyecto del Senado, no contentó ni a tirios ni a troyanos. Por un lado la empresa no estaba de acuerdo con las modificaciones y de la otra parte, no se aceptaba que se hiciera borrón y cuenta nueva por los impuestos dejados de pagar.

Además, la dura represión que se había hecho contra los trabajadores huelguistas de Talara y anexos,  había  puesto a la opinión pública en contra de la IPC, temperamento  que  también  prevalecía  en  la  Cámara  de  Diputados.

En 1918 se produjeron largas discusiones entre los diputados; habiéndose llegado a presentar hasta 5 dictámenes, en todos los cuales se dejaba de lado el ante proyecto del Senado.

La  IPC decidió entonces usar de medidas de fuerza para presionar. Mientras tanto en lo que en la Cámara de Diputados  todos estaban de acuerdo, era no tener en cuenta el proyecto del Senado, con lo cual el asunto quedaba a fojas cero. En octubre  de  1918, se  iniciaba en la Cámara Baja un nuevo debate.

Mientras tanto la IPC había dispuesto la semi-paralización de sus actividades, para lo cual despidió a una gran cantidad de obreros y empleados peruanos  y a los técnicos extranjeros los envió a los yacimientos que la IPC tenía en el Ecuador.

Los envíos de kerosene, petróleo y gasolina a Lima y demás lugares del Perú fueron disminuyendo  y  se  produjo una  notable  escasez.

Las amas de casa no tenían kerosene para las lámparas, y las fábricas limeñas casi no podían moverse. La Peruvian Corporation que controlaba todos los ferrocarriles subió las tarifas de pasajeros y carga, mientras que los tranvías de Lima disminuían  sus  horas  de  labor.

La IPC hacía sentir su impacto y desde esa época quería poner al país de rodilla y que accediera a todas sus demandas. Fue así como paralizó la producción de 30 pozos, en  el área de Negritos.

Había por todas estas dificultades  un  malestar general en el país, pero desde entonces principió a incubarse en la opinión nacional, un sentimiento de rechazo  hacia  la  empresa extranjera.

La Cámara de Diputados estaba empantanada, con 5 propuestas, que posiblemente tampoco iban a satisfacer a ninguna de las partes. En esos momentos ofrece su amigable intervención el embajador de los Estados Unidos. Aun cuando se trataba de una actitud cordial, a muchos alarmó ese hecho porque podía ser el comienzo a una creciente intervención extranjera en los asuntos internos del Perú.

Entonces los diversos grupos políticos de la Cámara de Diputados, se pusieron de acuerdo el 4 de diciembre de 1918 y retiraron los 5 dictámenes. En su lugar se consideró conveniente para salir del paso, recurrir a un arbitro internacional, para cuya elección debían de ponerse de acuerdo el gobierno Peruano  y el gobierno Inglés. Esta era la  propuesta que  presentó la Comisión de Hacienda.

El mismo  día 4 de diciembre  se puso en debate y fue aprobada por 52 votos  contra  32  la  nueva  propuesta  que decía:

Artículo Unico.- Autorízase al Poder Ejecutivo para  pactar con el gobierno de su Majestad Británica, el sometimiento de la controversia pendiente  entre el Estado y la empresa minera “Brea y Pariñas”, el fallo definitivo de  un arbitraje  internacional”.

Entre los 32 diputados que votaron en contra, estuvo el representante por Huancabamba Dr. Benjamín Huamán de los Heros. Los otros Diputados piuranos eran el Dr. Augusto Arrese Vegas, Francisco García, Humberto Artadi, José García y Miguel Cerro, que  votaron  a  favor  y los otros  no  asistieron.

Tan luego se aprobó el proyecto que autorizaba el arbitraje, el diputado Teobaldo Pinzás presentó un proyecto por el cual se autorizaba al Poder Ejecutivo a expropiar los yacimientos de la Brea y Pariñas. El proyecto se aprobó  por  amplia  mayoría.

El proyecto del arbitraje, pasó para su discusión ante la Cámara de Senadores, la cual tenía dos caminos a seguir: o insistía con su proyecto primitivo que esa Cámara había aprobado en noviembre; o bien no insistía y aceptaba  el  proyecto  de  la  otra  Cámara.

El  Senado resolvió no insistir para así de una vez por todas superar el problema y tras cortos debates se puso  el ante-proyecto en votación. Se aprobó el 5 de diciembre por 25 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones.

Entonces el proyecto fue aprobado por el Congreso el 24 de diciembre de 1918 siendo presidente del Senado don Antonio Miró Quesada, presidente de la Cámara de Diputados don Juan Pardo; prosecretario del Senado don Andrés Vivanco  y prosecretario  de  la  Cámara de Diputados  N. Pérez Velásquez.

El 26 de diciembre fue promulgada como Ley 3016, por  el presidente don José Pardo  y  por  su ministro  Arturo  García.

Estos sucesos llevan a reflexionar y meditar. EL Perú renunciaba  de esa forma a resolver un asunto de carácter interno y cedía ante una empresa transnacional, que lo llevaba al plano internacional, frente a una de las potencias más poderosas del mundo que acababa de ganar a Alemania y a las potencias  centrales,  la  Primera  Guerra  Mundial.

Como para salvar el honor de su Cámara, en diputados se aprobó, una autorización al Poder Ejecutivo, para expropiar los yacimientos de la Brea y Pariñas, pero tuvieron que pasar muchos años, para que recién en 1968 sucediera tal cosa durante el gobierno de Belaúnde.

En el Senado, también se consideró necesario, decir una última palabra y fue así como se aprobó recomendar al Ejecutivo, a proponer como arbitro al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Después veremos que la cosa no pasó así.

Cuando se dan leyes, y sobre todo tan delicadas como la 3016, hay que ser muy cuidadoso con la redacción. Fue materia de crítica de muchos políticos de la  época  que se hablase en el texto de la ley de “empresa minera Brea y Pariñas”, la que legalmente no existía, pues de lo que se trataba era de los yacimientos petrolíferos de la Brea y Pariñas, por que  las empresas que entraban  en  juego  eran  la  London  y  la  IPC.

El gobierno del Dr. Pardo estaba llegando a su fin y en 1919 se celebraron elecciones y ganó el señor Augusto Leguía, para iniciar un segundo periodo de Gobierno. Pero Leguía no esperó  hasta el 28 de julio para que se hiciera en forma normal la transmisión del Poder, sino que temiendo un golpe contra él desconociendo  su triunfo, dio  el 4 de  julio  un  golpe  y  se  hizo  del Gobierno.

Por ese tiempo estaban de moda los arbitrajes. Todos los problemas de Límites que tenía el Perú con sus países vecinos se sometieron al arbitraje y en todos los casos no se llegaron a solucionar los problemas. Fue por eso que Leguía no  se encontraba muy dispuesto a obedecer la Ley 3016 y prefería un trato directo.

Entre enero y julio de 1919, el presidente Prado había comisionado al canciller Meliton Porras para que entrara en tratos con el Embajador de Gran Bretaña en Lima a fin de dar cumplimientos a la Ley 3016; pero al producirse el cambio de gobierno el 4 de julio, fue nombrado canciller el Dr. Alberto Salomón, con  lo  cual  se  paralizaron  las  conversaciones.

Con el tiempo, Salomón se convertiría en un funesto personaje, por haber ajustado con Colombia un tratado  de límites, mediante el cual regaló  a  ese país extensos territorios ( Leticia), que nunca antes Colombia había pretendido.

 

Sucesos importantes en 1919 y 1920.

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El Profesor Leandro Ramírez que acababa de llegar a Talara para dirigir la primera escuela que funcionaría en esa población, era  un hombre muy entusiasta. Lo que se llama un institucionalista. Fue así como en 1919 fundó el Club de Tiro.

El año 1920 el funcionario de la IPC Alberto Tobbiason sucedió en la alcaldía distrital a don Enrique Coloma. El nuevo alcalde fue el creador de la Compañía de Bomberos Voluntarios 5. Demás está decir que la IPC dio amplio apoyo a esta iniciativa y contribuyó a dotarla de los implementos necesarios, pues un elemental sentido de prudencia aconsejaba contar con los medios para combatir el riesgo de un incendio.

Estando en el poder Leguía desde el 4 de agosto de 1919 por golpe de Estado, resolvió regularizar su situación y convocó para nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. Los comicios fueron el 24 de agosto y en ellos Leguía volvió a ganar. Como senadores por Piura resultaron elegidos Alberto Franco Echandía y Ricardo César Espinosa. Como diputados: Miguel Checa Eguiguren, Miguel Angel Pallete, Eloy Castro, Benjamín Huamán de los Heros, Jorge Eduardo Leigh y el Dr. Juan Velasco. Todos eran amigos personales de Leguía y por reelecciones sucesivas, la mayoría seguiría en el poder hasta 1930 cuando la revolución de Sánchez Cerro, derribó al régimen.

El 20 de setiembre de 1920, partía de Lima en un pequeño avión Curtiss, el primer piloto de aviación brevetado en el Perú. Se trataba de Hebert Tweddle Valdevellanos hijo del que fuera en 1889 propietario de la Brea y Pariñas, que se había radicado en el Perú. El joven Tweddle hizo un exitoso viaje al norte aterrizando en Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Piura, Sullana, Talara y Puerto Pizarro.

Construcción de Talara antiguo.

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En 1901, Talara era una pequeña caleta de pescadores, cuyas viviendas estaban  ubicadas en la zona que se conocía como Acapulco, y en las proximidades  donde  después  se  construiría  el  hotel  Royal.

Fue la llegada de la Compañía Lobitos Oilfield Limited, la que dio vida al modesto poblado, pues la empresa edificó un pequeño campamento, que con la llegada de la Internacional Petroleum creció.

El alumbrado se hacia con candiles a gas y el agua se suministraba a la población por medio de pilones.

Hasta 1919, la principal población de la zona petrolera era Negritos. Allí vivían  los  trabajadores  que laboraban tanto en la refinería de Talara como en los pozos.

Como era lógico suponer, los trabajadores por razones de cercanía a su centro de trabajo fueron construyendo casuchas en las proximidades de la refinería  lo  que  no  era  del  agrado  de  la  empresa.

Para resolver este problema, la IPC decidió construir en la parte alta de Talara,  en el tablazo, una población campamento. Se elaboró un plano sencillo y se alinearon las casa por calles. Las viviendas eran de madera y se levantaban del suelo un metro pues se construían sobre pilotes. Tenían  los  servicios básicos  de  agua, desagüe, energía eléctrica y gas por cañerías. El uso de ellas era gratuito  para  los trabajadores de la empresa y de sus familiares. El gas se usó a partir de 1930.

Si comparamos a los canchones de madera con  las viviendas de los campesinos del agro piurano, significaban sin duda un gran avance. La IPC no permitió que los trabajadores siguieran ubicándose en la parte baja de Talara y los que estaban allí fueron reubicados en  el Tablazo o Talara Alta. En la parte baja, en  Punta  Arenas  solo  vivían  los  funcionarios  extranjeros.

Se produjo por lo tanto un despoblamiento de Negritos, que afectó a su desarrollo.

La vida de los moradores de Talara Alta, no cambió, pues siguió  siendo  un simple campamento  con todos los controles que antes regían en Negritos, lo cual quitaba  privacidad  a  los hogares.

Poblamiento de El  Alto

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En 1920 cuando aún operaba la “The Lobitos Oilfields Ltda.”, la empresa abrió pozos al norte de Lobitos en los sitios denominados Restín y Peña Negra. Un poco más tarde, construyó el campamento de El Alto en la parte alta del tablazo. En Lobitos existía una oficina administrativa y las casas de los trabajadores que utilizando una vía carrozable se desplazaban diariamente hasta El Alto. Para evitar ese viaje, se construyeron en El Alto ocho canchones de madera y en 1925 se construyó entre ese lugar y Lobitos un F.C. de trocha angosta.

El lugar donde se asentaba El Alto era desabrigado y azotado por los vientos, pero poco a poco se fue poblando y al cabo de pocos años, varias decenas de familias se habían establecido de modo permanente, se abrieron negocios y fue necesario el funcionamiento de escuelas que al principio fueron particulares, pero más tarde se convirtieron en las fiscalizadas 17 para varones  y 18  para  mujeres.

Milne, estableció en Restín una central eléctrica de 1.725 K.W. que no sólo daba luz y fuerza al campamento, sino también hacía accionar los pozos próximos.

Hasta 1933 se  habían perforado  en  el área de Lobitos 430 pozos, en El Alto 500 y en Restín 271 pozos. También en Lobitos se instaló una central con 750 K.W.

Toda la producción petrolera de esta zona era bombeaba a Talara, mediante una cañería de 20 kms de largo,  pues en Lobitos no había refinería. Entre Milne y  la London  primero  y más tarde con  la IPC, habían muy buenas  relaciones.

En 1930 se estimaba la población de Lobitos en 5.000 habitantes con 25 extranjeros  y El Alto,  6.000  habitantes  con 45 extranjeros.

Primer  pedido  de  Talara  Provincia.

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En 1920 el crucero “Almirante Grau” hizo una visita de cortesía a los puertos del litoral piurano. Lo comandaba el contralmirante Tomás Pizarro, el que creyó conveniente invitar a los miembros de la representación parlamentaria piurana recientemente elegidos. Aceptaron los senadores Alberto Franco Echandía y los diputados Miguel Ángel Pallete y Miguel Checa Eguiguren. También se sumaron al grupo de invitados otros senadores como Miguel Grau Cabero, hijo del héroe y Juan Antonio Portella.

Al llegar a Talara, los funcionarios extranjeros y peruanos dieron una buena bienvenida a los visitantes colmándolos de agasajos. Como sucesos de esta clase eran raros y por primera vez Talara era visitada por un grupo de parlamentarios, se realizó entre las diversas actividades un mitin popular. Fue allí frente a la muchedumbre que el alcalde Enrique Coloma al dar el saludo en nombre de Talara, pidió  en forma reiterada a los parlamentarios que se declarase  provincia  a  Talara.

Eso  no gustó a los funcionarios de la IPC, y así lo hicieron conocer en forma reservada a los parlamentarios, por lo que el pedido no tuvo mayor trascendencia.

Poco tiempo después, la IPC logró que el alcalde Coloma fuera reemplazado  por  e l funcionario  de  la  IPC  Alberto  Tobiasson.

Coloma tuvo que emigrar a La Huaca y Talara tuvo que esperar 25 largos años para que el pedido  de Enrique Coloma se hiciera realidad. Pero la semilla había sido echada.

El  Protocolo  del  27  de  agosto  de  1921.

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El gobierno del señor Leguía simuló cumplir con la ley autorizativa 3016 pero  más bien se valió de ella para llegar a un acuerdo directo con el gobierno inglés y  poder más  tarde presentar a quien fuera nombrado arbitro, un trabajo ya hecho, es decir un acuerdo entre las partes, para que él mencionado arbitro se limitase a darle su bendición y confirmarlo.

El canciller Alberto Salomón y el embajador de la Gran Bretaña Mr. A.C. Grant Duff se reunieron, discutieron el asunto y llegaron a un acuerdo firmándose un convenio al cual posteriormente se le dio el carácter de protocolo o tratado internacional.

Las dos partes contratantes celebraron el convenio de 11 puntos o artículos con  un  preámbulo.

Los  principales artículos son el 1°, el 10° y el 11° que reproducimos. El Art. 2° se  refiere a la constitución del Tribunal Arbitral. Los  del 3° al 9° tratan de las reglas y procedimientos a seguir en la presentación de documentos y plazos.

El preámbulo del protocolo, dice lo siguiente:

“ Por cuanto entre el gobierno de la República Peruana y el de su Majestad Británica se ha producido desinteligencias sobre algunas resoluciones supremas o decretos del primero de dichos gobiernos, relativos a la propiedad minera “La Brea y Pariñas” situada en la provincia de Paita, República del Perú, perteneciente a los herederos del finado William Keswick, súbdito británico, y arrendada a la “London & Pacific Petroleum Company (Limited), compañía registrada bajo las leyes de la Gran Bretaña, y por cuanto el gobierno de su Majestad Británica ha pedido al gobierno de la República Peruana, someter dicha desinteligencia a arbitraje  internacional y el Congreso por Ley 3016, promulgada por el presidente de la República el 10 de enero de 1919, autorizó al Poder Ejecutivo para someter a la resolución definitiva de un tribunal internacional la controversia pendiente entre los dos gobiernos, en el asunto antes  mencionado.

Por tanto, la República Peruana, representada por el Doctor Alberto Salomón, ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, y su Majestad Británica, por medio de su representante Mr. A.C. Grant Duff, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, que se exhibieron recíprocamente  sus  plenos  poderes,  han  concluido  el   siguiente  Convenio:

“Artículo 1°.- Queda convenido que se someterá para la resolución definitiva a un tribunal de arbitraje, constituido en la forma que más adelante se indicará, la cuestión siguiente:

“El Gobierno de la República Peruana sostiene que las resoluciones supremas o decretos del 31 de marzo de 1911, 15 de marzo y  22 de mayo de 1915, relativos a la propiedad minera  La Brea y Pariñas”, son válidos y legales  y deben ejecutarse y que dicha propiedad minera esta sometida al cuerpo general de leyes de minas, que ahora o mas tarde, estén en vigor en el Perú.”

“EL gobierno de su Majestad Británica por su parte sostiene que la referida propiedad minera goza de una condición legal distinta de la propiedad minera adquirida y poseída de la manera usual, bajo las ordenanzas de Minería o Código  de Minas del Perú, que dicha propiedad  no está sujeta al cuerpo general de leyes mineras ni a las leyes que sean incompatibles con aquellas condiciones distintas; y que las resoluciones supremas antes mencionadas no tienen  valor  ni  pueden  ejecutarse  legalmente.”

“ El tribunal de arbitraje  incluirá en su laudo la decisión de todas y cada una de las cuestiones respectivamente promovidas por las partes interesadas en la expresada controversia, la cual como se indica más arriba, se refiere a medidas adoptadas el 22 de mayo de 1915 o antes. El laudo se considerará como definitivo solamente respecto de cuestiones entre la República Peruana y los dueños de la propiedad “La Brea y Pariñas” y no de cuestiones entre dichos propietarios y otros individuos particulares.

“Artículo 10°.- Las altas partes contratantes convienen en considerar el laudo expedido  en virtud  de  este convenio, como  solución completa, perfecta  y  definitiva  de  la  controversia  a  que  este convenio se  refiere.

“ En el caso de que el Tribunal antes de dictar su laudo, surgiera condiciones de arreglo que ambos gobiernos aceptan como satisfactorias, o que los mismos Gobiernos se pongan de acuerdo sobre los términos del arreglo, el Tribunal incorporará ese arreglo en un laudo, que considerará como  laudo  del Tribunal.

“Cualquier diferencia entre los dos gobiernos sobre la interpretación o ejecución del laudo, será sometida al Tribunal.”

“Artículo 11°.-  ....... que estando pendiente el laudo del tribunal o la resolución de cualquier diferencia proveniente de su interpretación o ejecución, no se alterará el statu  respecto de la propiedad  minera “La Brea y Pariñas” y especialmente que no se ejecutará en todo ni en parte, el antes mencionado decreto del 15 de marzo de 1915.”

Este acuerdo de arbitraje fue aprobado entre las partes el 27 de agosto de 1921 y el mismo día lo aprueba el gobierno peruano con resolución suprema que dice:

Lima, 27 de agosto de 1921.

Apruébese el protocolo suscrito en la fecha por el ministerio de Relaciones Exteriores y el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la Gran Bretaña, por el cual se acuerda someter a arbitraje la desinteligencia surgida  con  relación  a  la  propiedad  minera  La  Brea y Pariñas”.

Regístrese y comuníquese. Rubrica del presidente de la República.

Salomón.

De esta forma, el Gobierno Peruano reconocía al Convenio del 27 de agosto  como  Protocolo,  es  decir  como  un  tratado  entre  dos  países.

Hubo una inusitada rapidez en dar la resolución suprema, que no fue sometida a consideración del Congreso, lo cual disgustó a muchos parlamentarios y fue motivo de una campaña periodística en contra. Se decía que no se había cumplido con el Artículo 83°, inciso 18 de la entonces Constitución vigente que decía, son atribuciones del Congreso:

“Aprobar o desaprobar los tratados de paz, concordatos y demás convenciones  celebradas  con  los  gobiernos   extranjeros”.

Pero los partidarios del gobierno, afirmaban que ya no era necesario hacerlo  por que el Congreso había autorizado tal gestión con la Ley 3016. A esto replicaba el bando contrario que el gobierno se había extralimitado en cuanto a lo que la mencionada  Ley  le  había facultado. La polémica se prolongó  por  muchos  años, embargando  la  atención  pública.

Acuerdo de Arreglo.

ARRIBA

Aprobado el protocolo, el gobierno de Leguía consideró que ya se podía dar el paso siguiente consistente en ir a un trato directo con el gobierno inglés, con el fin de llegar previamente a un acuerdo, en forma que el arbitro casi nada tuviera  que  hacer, sino  ratificar  lo  acordado  como  realidad sucedió después.

EL  2 de marzo de 1922 el gobierno peruano y el gobierno de la Gran Bretaña, llegaron a un acuerdo para solucionar el problema de “La Brea y Pariñas”, al cual se le llama Acuerdo de Arreglo.

Este Acuerdo decía:

1°.- Que la propiedad de “La Brea y Pariñas” abarcaba el suelo y subsuelo o zona mineralizada, comprendiendo una extensión de 41.614 pertenencias de 40.000 m2 cada una.

2°.- Que los herederos de don William Keswick y la “London Pacific” propietarios y arrendatarios respectivamente, abonarían durante un periodo  fijo de 50 años, a contar del 1° de enero de 1922, por razón de canon de superficie, canon de producción, regalías y cualquier otra contribución o impuestos, lo siguiente:

LP. 3.0.0 al año por cada pertenencia de 40.000 m2 que al tiempo de verificarse el pago se hallasen en actual trabajo de extracción o perforación.

LP. 0.1.00 por cada pertenencia de las dimensiones indicada, que no se hallasen en trabajo al momento del pago.

3°.- Las  pertenencias que dejaran de ser explotadas pagarían LP. 0.1.00 (un sol) y las que fueran abandonadas a juicio de los propietarios y concesionarios,  no  pagarían  nada  y  pasarían  a  poder  del  Gobierno.

4°.- Como único otro impuesto, los propietarios y arrendatarios pagarían al Gobierno del Perú, el impuesto de exportación a los productos de la industria petrolera, según las leyes existentes, el que no podría ser aumentados  durante  veinte  años.

5°.- Por concepto de contribuciones devengadas hasta el 31 de diciembre de 1921 y por todo otro cargo que pudiera existir en relación con “La Brea y Pariñas” los propietarios pagarían un millón de dólares, oro americano; la mitad al firmarse este arreglo y la otra mitad cuando este arreglo fuera  incorporado  en  el  Laudo  Arbitral.

6°.- El gobierno del Perú, deja sin efecto  las resoluciones supremas de 31 de mayo de 1911, de 15 de marzo de 1915 y 22 de mayo de 1915 y cualquier otra posterior, dada  en relación  con  este  asunto.

Como era costumbre en estos casos, el Acuerdo tenía un Preámbulo que decía:

“EL Gobierno de la República Peruana y el de Su Majestad Británica, han convenido en que la desinteligencia surgida sobre  la propiedad minera  La Brea y Pariñas” que está sometida al Tribunal de Arbitraje constituido de conformidad con el protocolo firmado por ambos gobiernos, en esta capital, el 27 de agosto de 1921, puede ser arreglada equitativamente en los términos que siguen ...”

De igual modo, tras la enumeración de los seis puntos del Acuerdo, se cerraba o  terminaba con las siguientes expresiones:

“De acuerdo con el Artículo 10° del protocolo del  27 de agosto de 1921, los representantes de ambos gobiernos presentarán  inmediatamente  este  arreglo al tribunal arbitral para que lo incorpore  en el laudo, que se considerará como el laudo del mismo tribunal, cuyo arreglo, en concepto de ambos gobiernos, contiene la solución equitativa y justa de la desinteligencia producida alrededor de la propiedad “La Brea y Pariñas”.

La Gran Bretaña.

ARRIBA

Terminada la Guerra Mundial del año 14 con la derrota de Alemania, del Imperio Austro- Húngaro y del Imperio Turco u Otomano, se celebró en 1919 el Tratado de Versalles que cambió totalmente el mapa de Europa por que surgieron gran cantidad de estados independientes.

Sobre la derrota alemana, se alzaron  con más poder que nunca, los Estados Unidos y la Gran Bretaña.  Esta se encontraba constituida, por Inglaterra, País de Gales, Escocia e Irlanda. Dos años más tarde, Irlanda lograría una semi  independencia en la condición de dominio.

Gran Bretaña tenía mandato directo o indirecto sobre una gran cantidad de naciones de todos los continentes. Fue así como se formó el poderosísimo Imperio Británico con Colonias, Mandatos y Dominios.

Era con ese Estado que tenía que vérselas el Perú.

Sinforoso Benites.

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Nacido en la hacienda Serrán Alto Piura a fines del siglo pasado. Huérfano a los 6 años, fue recogido por doña Altemira León Molero, que le dio protección y amparo. A  los 16 años  viaja a Chiclayo y se emplea como barredor municipal. Luego trabaja en Pomalca, es movilizable en 1910, luego peón ferroviario, portero de escuela y peón en la hacienda  Chuquitanta, donde su administrador el mayor en retiro Agustín Núñez le enseñó a leer y escribir. Se convirtió entonces en ávido lector, sobre todo de la doctrina socialista. El año 1921 era concejal en el distrito de Bernal, pero acusó al alcalde de haberse apropiado de tierras de la comunidad. Emigró entonces a Verdún (Talara), donde trabajó como obrero pocero de la IPC, pero al año siguiente promovió una huelga  que duró 18 días. Lo  secundó  José  Mercedes  Ruiz.

Sinforoso Benites, en todos los trabajos que había tenido, había siempre enfrentado los abusos, lo que había constituido el motivo permanente de sus despidos.

En 1922, la IPC había desalojado de los canchones a las viudas de los obreros petroleros. Como siempre, llegó de Piura una fuerza de represión policial que tuvo enfrentamientos con los huelguistas, siendo apresado Benites y confinado en el barquito llamado “Chilalite” de la IPC. Ese pequeño buque tenía una fama siniestra pues en la huelga de 1916 en que se produjeron numerosos muertos, transportaba los cadáveres de los obreros y los fondeaba en alta  mar.

Por esa época era prefecto de Piura el coronel Daniel Zapatel, hombre en exceso enérgico, que ordenó que Benites y otros 10 obreros fueran transbordados  a otro barco y llevados al Callao para ser juzgados como rebeldes. Allí el diputado por  Puno, el elocuente Antonio Encinas se interesó por ellos y logró su libertad. Era Encinas un político  de ideas  liberales. Pero Benites era un empecinado y tan pronto se vio libre  y se embarcó rumbo a Paita. En el puerto lo esperaban enviados del gobierno que lo transbordaron a una nave que iba a Panamá. Pero al llegar el barco a Guayaquil escapó y en una balsa de pescadores arribó a Máncora, siguiendo hasta Vichayal donde nuevamente fue capturado. Como el crucero “Bolognesi” estaba anclado en Paita, se confina en ese barco a Benites que nuevamente es llevado al Callao. Después de cierto tiempo, logra su libertad y se establece  en Sechura. En 1930 a la caída de Leguía se afilia al Partido Socialista del Perú, fundado por Luciano Castillo. Lo que sigue después, es decir su lucha política y como le robaron una senaduría electa,  es  materia de  otro capítulo.