Capítulo XV

CAPITULO XV

 

AGITADOS DEBATES EN TORNO A LOS YACIMIENTOS PETROLIFEROS

 

 

 

Ø      Beltrán dobla el precio de los combustibles.

Ø      El Ejército declara la nulidad del Laudo.

Ø      Propaganda de la IPC.

Ø      Aviso de la IPC.

Ø      Proyecto de Ley del petróleo de Beltrán.

Ø      Obreros talareños en la Cámara de Diputados.

Ø      Censo de 1961.

Ø      Fijan límites entre distritos de Brea y Pariñas.

Ø      La Base Aérea El Pato.

Ø      El escudo de Talara.

 

 

 

Beltrán dobla precio de combustibles.

ARRIBA

El 28 de julio de 1956, el presidente Prado asumió el mando, por segunda vez. En la misma forma que Pedro Beltrán desde “La Prensa” atacó la política económica de Odría, así lo hizo con Prado. La principal acusación de Beltrán era que se estaba haciendo una emisión inorgánica de papel moneda, es decir se fabricaban billetes sin respaldo. “La Prensa” popularizó el nombre de la “maquinita” al acto de hacer funcionar a las impresoras para imprimir billetes. Esto, decía Beltrán producía inflación, en lo que tenía razón.

Prado resolvió tomar el toro por las astas y nombró a Beltrán ministro de Hacienda y presidente del Consejo de  Ministros.

Beltrán que había sido presidente del Banco de Reserva en 1949, aplicó fuertes medidas económicas, como la eliminación  del subsidio a los alimentos, frenó los gastos, decretó la libertad de comercio, dejó de hacer funcionar a la “maquinita”, mantuvo la estabilidad monetaria con un dólar a S/.26.80 y elevó el precio de la gasolina, con lo cual el transporte se encareció de inmediato.

Beltrán había asumido el Premierato el 20 de julio de 1959 y casi de inmediato, es decir, el 25 de julio, daba un decreto supremo disponiendo el alza de la gasolina. En el mismo decreto supremo en la cláusula 6ta, se permitía adaptarse a la Ley 11780, a las empresas que estuvieran en ese momento funcionando con otros sistemas, sobre los regímenes de propiedad y de explotación del petróleo. Es decir, que el mencionado D.S. era descaradamente un gran regalo para la  IPC. 

Desde 1954 no se había aumentado el precio de los combustibles, porque era una medida muy impopular, ya que era siempre la partida para un incremento en el transporte y en los artículos de primera necesidad.

La IPC a manera de protesta empezó a trabajar a ritmo lento, bajando la producción y paralizando a 1.043 trabajadores, pagándoles sus jornales para evitar el problema social. La escasez de combustible se llegó a sentir en el propio departamento de Piura. Ante la situación, el gobierno de Prado nombró en diciembre de 1958 una comisión, para que estudiara el problema en forma global.

Por ese tiempo, la IPC representaba el 90% de la producción petrolera del país, y el 20% restantes lo producía la Compañía Petrolera Lobitos, que estaba enfrentando una perdida diaria de S/. 141.000.00 por lo cual paralizó totalmente sus actividades, con el consiguiente despido de personal.

Los precios de los combustibles era en toda la república, los siguientes: gasolina extra S/ 2.30 el galón, kerosene doméstico S/ 0.95 y petróleo residual  S/. 0.80.

Los nuevos precios se doblaron y quedaron así:

 

 

Gasol. 76

Oct. Extra

Gasol. 66

Oct. Regular

kerosén Doméstico

Kerosén Industrial

Petróleo Residual

Lima

Callao

(Galón)

S/.5.24

S/.3.99

S/.1.21

S/.3.30

S/.2.21

Talara

S/.5.03

S/.3.95

S/.1.03

S/.3.12

S/.1.98

Piura

S/.5.31

S/.3.97

 

 

 

 

El desmesurado incremento de precios cayó como una bomba entre el público, dando origen a una alza general de precios en pasajes  y transporte de carga, en artículos de primera necesidad y en productos fabricados. Se produjeron en Lima y otros lugares del país mítines de protesta y disturbios. Toda la prensa nacional con excepción del diario “La Prensa”, de Beltrán, criticaron duramente el alza.

EL 27 de agosto de 1959, el premier Beltrán y el ministro de Fomento se presentaron ante el Senado para explicar la situación. La intervención opositora más importante corrió a cargo del senador por Arequipa del partido Acción Popular, Alfonso Montesinos. Su documentada y brillante intervención, encendió nuevamente el debate sobre la cuestión de la Brea y Pariñas.

El 2 de setiembre de 1959, la Cámara de Diputados aprobó un pliego interpelatorio contra el ministro de Relaciones Exteriores Raúl Porras Barrenechea. El diputado Javier Ortiz de Zevallos líder de la mayoría apro-pradista en  diputados, trató de impedir la interpelación, para lo cual invitó a una reunión en su residencia,  a líderes de diversos grupos políticos de la Cámara de Diputados. Allí hizo uso de la palabra, el diputado Alfonso Benavides Correa. En un momento dado, el Dr. Porras que estaba presente, lo interrumpió y le dijo que no habría interpelación, porque renunciaría esa misma tarde si es que no se derogaba el decreto supremo del 25 de julio. Pasaba la reunión,  Beltrán  habló con Porras, como  resultado de lo cual ni se derogó el decreto supremo, ni Porras renunció. El 7 de setiembre Raúl Porras fue interpelado y atacado duramente por Benavides Correa, pero  la mayoría apro- pradista le dio un voto de confianza.

 

El Ejército, declara la nulidad del Laudo.

ARRIBA

Al empezar el año 1960, ya se habían aquietado las protestas que habían originado el incremento de precios del petróleo y el público se había acomodado a la  nueva situación, pero subsistía aún el problema que  originaba  el artículo  6° del decreto supremo del 25 de julio de 1959, por el cual le era permitido a la IPC adaptarse al régimen de la nueva ley del petróleo 11780 y dejar el régimen del Laudo que ya por el año de 1960, no le resultaba conveniente. Pero para lograr esa adaptación se necesitaba de la aprobación de las dos Cámaras, y en ellas la minoría estaba dispuesta a dar una tremenda lucha para oponerse, lo que unido a la posición rebelde del diario “El Comercio” y de la mayoría de la prensa nacional, era un tremendo escollo.

 El 2 de febrero de 1960, una comisión del alto mando integrada por el general Jesús Briceño Pastor y los coroneles Juan Bossio Collas, y Enrique López Velasco, así como por los mayores Wilfredo Contreras Anderson y César Augusto Freitas Ramos, emiten un  comunicado interno, declarando:

“El llamado Laudo Arbitral de la Brea y Pariñas, firmado en París el 24 de abril de 1922, es nulo por lo siguiente:

1.- Rebasa los alcances de la Ley  2016 y viola el inciso 18) del artículo 83° de la Constitución del Estado  de 1920, al no ser aprobado el Acuerdo de Arreglo de 27 de Agosto de 1921; por el Congreso.

2.- Desnaturalizar la Ley 3016, que se dictó precisamente para impedir una transacción directa.

3.- Burlar la Ley 3016 que tenía por objeto impedir igualmente la transacción en esta controversia, mediante el Acuerdo Arbitraje de 27 de agosto de 1921.

4.- Carecer el representante peruano de facultad legal para:

Transar sobre el subsuelo del Estado, que es bien imprescriptible de éste.

Exonerar de impuestos, contra el artículo 7° de la Constitución vigente que disponía que sólo el Poder Legislativo, estaba facultado para ello.

Rebasar los alcances de la controversia, cuya materia es señalada claramente en el Artículo 1° del Acuerdo de Arreglo del 27 de agosto de 1921.

Sustituir al arbitro, quien debía de sentenciar, sobre la materia de la controversia.

Recomendaciones:

1.- Que se gestione la exclusión del Registro de Tratados Internacionales del Perú, del llamado Laudo Arbitral de la Brea y Pariñas, por no reunir los requisitos que corresponden a esta clase de instrumentos internacionales y estar viciado en su contenido.

2.- Que la Internacional Petroleum  y Company, pague el monto exacto de las contribuciones devengadas a partir del 1° de enero de 1915.

Lima, 2 de febrero de 1960.

 

Como se ha dicho, este era un documento interno destinado a circular entre la oficialidad, pero al día siguiente ya el premier Beltrán tenía conocimiento del mismo, solicitando de inmediato una entrevista con el comandante general del Ejército, general Alfredo Rodríguez Martínez, el cual se limitó a responder que el Ejército había tomando conocimiento del problema. No obstante eso, el canciller Raúl Porras hizo el día 5 de febrero una exposición en la Comandancia General, ante gran número de jefes y oficiales. Acompañaron al canciller, el diplomático paiteño Raúl Hooper, el Dr. Guillermo Hoyos Osores, el Sr. Juan Calle y el señor Enrique Gonzáles. Lo expresado por el Canciller fue grabado por un micrófono oculto.

El canciller Raúl Porras manifestó, que el Laudo era válido por tener la fuerza de un tratado internacional, lo cual lo hacía irreversible y que por otra parte el Perú era respetuoso de los tratados internacionales, pues de no ser así, se podría correr el riesgo de que se reclamase sobre la validez del protocolo de Río de Janeiro.

En el mismo día el general Rodríguez Martínez, remitía un oficio al general Alejandro Cuadra Ravinez, Ministro de Guerra, en él que le manifestaba que se había reunido con el Comando Conjunto de la Fuerza Armada en el Ministerio de Guerra, y se había acordado:

Condenar el Laudo Arbitral de la Brea y Pariñas, por ser lesivo a la soberanía nacional.

En observancia de la misión que le señala el artículo 213° de la Constitución del Estado y otras disposiciones vigentes, solicitar les sean solicitado oportunamente para su opinión; el estudio y las conclusiones a que lleguen los organismos a quienes se encomiendo la solución del problema de la Brea y Pariñas.

Hacían pocos días que el general Cuadra Ravínez  había asumido el Ministerio de Guerra y se le conocía como muy adicto a Beltrán. Había reemplazado al general Víctor Tenorio, que era sabido tenía  una  opinión  discrepante. No obstante el pronunciamiento del Comando Conjunto, pocos días más tarde el general Cuadra Ravinez, publicaba el día 11, una declaración del Ministerio de Guerra, completamente diferente a la del Comando Conjunto.

Eso reactivó las discusiones en el parlamento y en la prensa nacional.

 

Propaganda de la IPC.

ARRIBA

A principios de 1960, la IPC empezó una intensa campaña de concientización de los que decía eran sus derechos.

Circuló profundamente en Talara, Piura, Lima y otros lugares del Perú, un folleto titulado “La Cuestión de la Brea y Pariñas”, de 77 páginas, que contenía los discursos pronunciados por los Senadores Arturo Osores y Manuel Vicente Villarán, cuando se debatió por primera vez en el Senado en 1917 el problema petrolero.

Luego surgieron dos opúsculos más, uno de 78 páginas llamado “Informe Jurídico sobre el caso de la Brea y Pariñas” por el Dr. Luis Echecopar García. El tercer opúsculo se llamaba  “El Laudo Arbitral de la Brea y Pariñas”, de 61 páginas por el Dr. Haroldo Vallado  de la Universidad  de Río de Janeiro. También un documento de 8 páginas titulado “El laudo de la Brea y Pariñas y la posición de la Internacional Petroleum y ”.

El 22 de abril, la Sociedad de Empleados de Piura, por intermedio de su presidente Demetrio Castro Jarra y de su  secretario Pedro Pulache, se dirigían al Ing. Guillermo Gorbitz. Gerente Administrativo de la IPC, haciéndole conocer  que devolvían los folletos por que iban en menoscabo de los legítimos intereses del Perú. Otras personas instituciones hicieron lo mismo y el diario “El Norte” de Sullana editorializó.

 

Avisos de la   IPC.

ARRIBA

El 5 de marzo de 1960 aparecieron avisos de una página en los grandes diarios de Lima con excepción de “El Comercio”, donde la IPC aseguraba que desde hacía más de 10 años que se había considerado la sustitución del régimen del Laudo por otro régimen legal. Expresaba que ya el Laudo no respondía a las especificaciones de las fórmulas legales más modernas, para encausar las relaciones de las empresas petroleras con los gobiernos.

 Decía que en años recientes la IPC, había expresado oficialmente su deseo de salir del laudo por los cauces legales, para que sus actividades se desarrollen bajo un régimen jurídico distinto.

En la noche del 17 de mayo, se reunieron en Talara los Sindicatos 1 y 2 y tras de amplia deliberación, resolvieron rechazar el Laudo por nulo. Luego salieron por las calles en manifestación y avanzaron hasta la plaza Grau, donde varios oradores hicieron  uso de la palabra. Los funcionarios de la IPC no salían de su asombro, pero se abstuvieron de ejercer represalias, porque la situación estaba muy tensa.

 

Proyecto de Ley de Beltrán.

ARRIBA

En mayo de 1960 se reunió la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores para estudiar toda la documentación sobre el Laudo de París de 1922; sobre el cual debía emitir dictamen.

La comisión era presidida por el Dr. José Luis Bustamante Rivero, jurista de gran prestigio que había sido presidente de la República y que después sería presidente del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. Integraban la comisión el Dr. Víctor Andrés Belaúnde que años después sería presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el internacionalista Dr. Alberto  Ulloa, el Dr. Francisco Tudela y Varela; el Dr. Alfredo Solf y Muro; el Dr. Manuel Bustamante de la Fuente, el Dr. Luis Alayza y Paz Soldán, el Dr. Luis Alberto Sánchez y el Dr. Javier Correa Elías. Es decir todos, personajes muy eminentes, de fama nacional e internacional. El 10 de mayo la comisión emite su dictamen, manifestando que los convenios de 1922 estaban viciados en su esencia y que el Congreso, por sus atribuciones constitucionales era el llamado a dictar la ley, para establecer el camino a seguir. Recién el 9 de julio se hizo público el dictamen de la comisión consultiva, tardanza que tuvo por objeto dar tiempo a Beltrán para elaborar un proyecto de ley, destinado a resolver el problema del Laudo Arbitral de 1922.

Afirmaba Beltrán que su proyecto reivindicaba la propiedad del sub-suelo de la Brea y Pariñas. Disponía que de las 166.000 hectáreas que por entonces tenía la IPC, pasarían 100.000 hectáreas al régimen de concesión a favor de la IPC por un periodo de 30 años, prorrogables por 10 años más y las restantes 66.000 hectáreas se transferirían a la Empresa Petrolera Fiscal, que recibiría el suelo, los pozos y las instalaciones sin costo alguno. La IPC se comprometía a pagar por derecho inicial de explotación, por una sola vez 300 millones de soles y anualmente, por 30 o 40 años, la cantidad de 35 millones de soles, como “prima única”. Además las utilidades serían distribuidas por mitad entre el gobierno y la IPC y de lo que tocase a la IPC, debía de revertir el 50%. Por último, la IPC devolvería al Estado la franja de 50 metros de ancho, a partir de la marea alta.

Todo hace suponer que este proyecto había sido antes sometido a la consideración de la IPC y lo había aceptado, o habría colaborado en su redacción.

De primera intención, el anteproyecto era conveniente para el Perú y el diario La Prensa se encargó de hacerle una intensa propaganda como la solución definitiva del problema.

El 11 de julio “El Comercio” publicaba la opinión del jurista Hernando  de Lavalle, sobre el Laudo, en el sentido de que no cabía revisión del mismo, sino su nulidad.

El 17 de agosto, los altos miembros de las fuerzas armadas, se reunieron con el ministro Beltrán y le hicieron conocer que eran contrarios al proyecto que había preparado. De esa reunión no hubo información oficial.

El 31 de agosto, Beltrán concurre al Senado para responder a un pliego interpelatorio; pero pocas horas antes, Beltrán había enviado al Senado su proyecto que titulaba “Nacionalización progresiva del petróleo”.

En esa alta Cámara, le salió al frente el senador Montesinos, que a su vez presentó u proyecto de ley, que obligaba a la IPC a pagar todo el valor del petróleo extraído previa deducción de los gastos, con excepción de la zona de la mina del Cerro Prieto. La mayoría dominada por el partido aprista y el pradismo, que actuaban juntos en base al pacto de la Convivencia, no aceptó el proyecto de Montesinos. Al final se le dio un voto de confianza a Beltrán, pero su proyecto pasó a comisiones.

 

Obreros Talareños en Cámara de Diputados.

ARRIBA

Al iniciarse el mes de octubre, la Cámara de diputados había acordado interpelar al premier Beltrán. El 2 de setiembre ya había sido interpelado Beltrán en Diputados en cuya oportunidad lo enfrentó Héctor Cornejo Chávez de la Democracia Cristiana.

Por lo tanto, el 11 de octubre concurría a Diputados por segunda vez. En esa oportunidad, le salió al frente el diputado Alfonso Benavides Correa, en brillante y bien documentado discurso que duró cuatro horas, en el cual hizo todo el historial de los yacimientos de la Brea y Pariñas. Al final, dijo que no plantearía un  voto de censura porque la mayoría parlamentaria no lo permitiría, pero que si quería pedirle que renunciara el cargo por bien de la Patria y de no hacerlo, pedía al presidente de la República lo removiera. Luego dijo que había llegado la hora 25, después de la última  cuando decidían  los destinos de la nación. Esa hora 25 será catastrófica si Beltrán sigue, pero si Beltrán cae, esa estremecedora hora 25, será la hora de la alborada, la gran hora del Perú, la hora del Perú libre.

La IPC había enviado a Lima, con gastos pagados a 500 obreros de Talara y Negritos, para que desde las galerías del Congreso, apoyasen a Beltrán en la interpelación. Los obreros siguieron con gran atención el discurso de Benavides Correa, al igual que el resto de los concurrentes todos los cuales fueron poco a poco siendo ganados por el  fervor patriótico del orador. Fue entonces que más pudo el amor a la Patria y a la tierra, que los propios intereses personales, y fue así, como al terminar el orador Benavides Correa, se pusieron de pie como impulsados por un resorte y lo aplaudieron calurosamente. Luego empezaron a cantar el Himno Nacional y todos incluyendo a los ministros se tuvieron que poner de pie y entonar el Himno. Fue así como los obreros petroleros que habían estado antes en Talara, al margen de las discusiones y sucesos que se desarrollaban en Lima, llegaron a tener una participación directa.

También en las galerías estuvieron los miembros de la comisión tripartita que desde meses atrás se encontraba en Lima. Se trataba de un grupo de 6 personas, integrada por dos delegados de los obreros que eran Juan Aldana Gonzáles y Juan Taboada, hermano del obrero mártir. Integraban el grupo 2 representantes de la IPC y 2 del gobierno. En Lima debían discutir los problemas laborales de los obreros, pero por entonces la comisión había paralizado sus actividades.

 

Censo de 1961.

ARRIBA

En virtud de la Ley 13617 del 10 de marzo de 1961 en ese año, el 2 de julio, se llevó a cabo el VI Censo Nacional de Población.

El Censo efectuado en el Departamento arrojó los siguientes datos:

 

 

 

Provincias

Censo

1961

Censo

1940

Superficie

Km2

Ciudad

Capital

Altura

Piura

185.392

107.526

11.062.07

Piura   

29

Ayabaca

105.452

71.087

4.989.04

Ayabaca

2.715

Huancabamba

71.674

48.876

3.603.27

Huancambamba

1.961

Morropón

99.938

59.640

3.906.04

Chulucanas

126

Paita

43.515

68.733

2.207.36

Paita

2

Sullana

98.032

52.743

4.885.07

Sullana

59

Talara

64.938

-------

2.414.27

Talara

5

Depart. De Piura

698.941

400.605

33,607.12

Piura

29

 

 

            Población de la Provincia de Talara y sus distritos:

                       

Detalle

Total

Hombres

Mujeres

Urbana           

Rural

Provincia de Talara

64.938

32.638

32.300

62.277

2.661

Distrito Pariñas

28.271

14.247

14.024

27.957

314

Distrito El Alto

9.077

4.667

4.410

8.496

581

Distrito La Brea

15.847

7.848

7.999

14.810

1.037

Distrito Lobitos

3.113

1.564

1.549

3.071  

42

Distrito Máncora

8.630

4.312

4.312

7.943

687

                                                          

                                                                                 

 

Población por distritos y centros poblados:

Distritos y

Centros  poblados

Categoría

Población

Viviendas

Provincia Talara

 

64.938

9.152

 

Distrito Pariñas

 

28.271

3.732

Talara

Pueblo

27.957

3.686

Leticia

Caserío

314

 

 

Distrito El Alto

 

9.077

1.388

El Alto

Pueblo

8.496

1.301

Cabo Blanco

Caserío

518

 

El Cardo

Caserío

12

 

La Merino

Caserío

4

 

La Tuna

Caserío

10

 

Kilómetro 30

Caserío

33

 

Somatito

Caserío

4

 

 

Distrito La Brea

 

15.847

2.150

Negritos

Pueblo

8.054

1.199

Quebrada de Pariñas

Caserío

32

 

Batanes

Hacienda

16

 

Cartizales

Hacienda

3

 

Casa Negra

Hacienda

22

 

Corral Ahumado

Hacienda

7

 

 Chacritas

Hacienda

12

 

Alto Pariñas

Hacienda

16

 

El Cholao

Hacienda

5

 

El Fondo

Hacienda

4

 

El Salao

Hacienda

18

 

Evangelista

Hacienda

11

 

El Sabanillas

Hacienda

21

 

La Angostura

Hacienda

37

 

La Peñita

Hacienda

20

 

La Poza

Hacienda

15

 

Los Bacanes

Hacienda

7

 

Malacas

Hacienda

22

 

Milla Siete

Hacienda

9

 

Monte Grande

Hacienda

14

 

Monte Rojas

Hacienda

20

 

Pariñas

Hacienda

26

 

Petacas

Hacienda

9

 

Piedritas

Hacienda

32

 

Quebrada de Morro

Hacienda

3

 

Quebrada Honda

Hacienda

20

 

Quebrada Nuto

Hacienda

5

 

Q. Pan de Azúcar

Hacienda

14

 

Talara Alta

Pueblo

7.373

 

 

Distrito LOBITOS

 

3.113

422

Lobitos

Pueblo

3.071

416

Sicchez

Caserío

42

 

 

 

 

 

Distrito MANCORA

 

8.630

1.460

Máncora

Pueblo

4.015

 

El Ñuro

Caserío

205

 

EL Puente

Estancia

338

 

El Vichoyo

Estancia

145

 

Los Organos

Pueblo

3.927

 

 

En la Provincia de Talara en 1961 habían 64.317 personas que profesaban la religión católica y 1.805 eran protestantes. Entre estos últimos una gran cantidad de extranjeros.

 

Fijan Límites entre Brea y Distrito Pariñas.

ARRIBA

En diciembre de 1961, el Congreso aprobó la fijación de los límites entre los distritos de la Brea y Pariñas, que luego como Ley 14019 se promulgó en enero de 1962. La Ley decía:

Artículo 1°.- Fíjese los límites del distrito de Pariñas en la provincia de Talara, del departamento de Piura, en la forma siguiente: por el norte los actuales límites distritales de Lobitos y El Alto; por el este el límite de la provincia de Sullana hasta el cerro El Guineo; por el sur, del cerro El Guineo la línea se dirige al  cerro Cabuyo, continuando hacia el cerro Buenos Aires, hasta terminar en el cerro Prieto, de este punto el lindero sigue en dirección al mar, hasta punta Arenas y por el oeste, el litoral comprendido entre punta Arenas y punta Capullanas hasta la intersección del límite con el distrito, de Lobitos, lugar donde comenzó esta demarcación.

Artículo 2°.- Fíjese igualmente los límites del distrito de La Brea, en la provincia y departamento citado en el artículo anterior, en la forma siguiente: por el norte el límite del distrito de Pariñas, descrito en el artículo precedente: por el este el límite provincial de Sullana, hasta su intersección con el límite provincial de Paita; por el sur, el límite de la provincia de Paita y por el oeste, el litoral comprendido entre la intersección de los límites del distrito de Pariñas, lugar donde comenzó su demarcación.

La ley fue aprobada el 12 de diciembre de 1961 por el Congreso, habiendo firmado Enrique Martinelli Tizón como presidente del Senado. Armando de la Flor Valle como presidente de la Cámara de Diputados. Don Cesáreo Vidalón como senador secretario y doña Carlota Ramos de Santolaya, como diputada secretario. Esta última era diputada por Piura. 

La Ley 14019 fue promulgada por el presidente don Manuel Prado el 16 de febrero de 1962, con la firma del ministro Ricardo Elías Aparicio.

 

La Base Aérea El Pato.

ARRIBA

El 16 de abril de 1956 en ceremonia pública que revistió gran solemnidad se inauguró la base aérea de “El Pato” en Talara. Al acto concurrió el ministro de Aeronáutica mayor general Enrique Bernales, a quien se hizo entrega de la primera pista de aterrizaje de los que constituía un plan integral. El área pavimentada de concreto era de 33.000 m2 y la de asfalto de 232.000 m2 habiéndose registrado un movimiento de tierra y material afirmado de 127.000 m3 en un tiempo record de construcción de sólo 4 meses a un costo de S/. 12'000.000. La obra fue construida por los ingenieros Carlos Costa Elice y Jorge Montero Muelle, habiendo corrido a cargo del segundo el discurso de entrega de las obras.

 

El Escudo de Talara.

ARRIBA

Siendo en 1956 alcalde de Talara el Dr. Manuel Llanos Franco, convocó a un concurso para la confección del escudo de Talara.

Como presidente del jurado calificador fue designado el general de brigada José Víctor Tenorio Hurtado. Se presentaron varios trabajos habiendo resultado ganador don Pascual Jorge Zapata Ordinola.

El escudo está formado por un marco de color rojo fileteado en oro. En la parte superior en letras de oro se lee PROVINCIA DE TALARA. En la parte inferior del marco, también en letras de oro se lee:  LEY 12649 XVI III MCMLVL. En cada costado de la bordadura hay tres soles que representa a los seis distritos que tenía la Provincia en ese año. Dentro del marco, el campo es de color azul celeste y en la parte central y de gran tamaño hay una letra T que significa Talara. Flanqueando la letra hay dos torres de perforación de petróleo. Debajo de la T, hay un ancla que representa el carácter marítimo de la provincia. Al costado del ancla y bajo cada torre hay dos peces, un atún en el costado derecho y un merlín en el lado izquierdo que simbolizan la riqueza pesquera de su mar. Sobre la parte superior de la T, hay una corona cerrada de Rey.