«Los derribos son el fracaso de las administraciones públicas», sostiene el portavoz de los afectados, que reclama soluciones urgentes y concretas
04.05.2009 -
SONSOLES ZUBELDIA
| CASTRO
«El Gobierno cántabro nos trata como si los condenados fuéramos nosotros». / P. U.
42 apartamentos de la urbanización El Encinar de Arnuero ya son historia. Con ellos se ha abierto la lista de derribos de viviendas condenadas por sentencia judicial en Cantabria. Ahora, Antonio Vilela y el resto de miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) sólo piden «justicia para que no se vuelva a demoler nada hasta que haya una salida para todos los afectados». El presidente del colectivo reclama al Gobierno regional que concrete el plan de soluciones presentado hace meses y advierte de que las víctimas no piensan tirar la toalla. Como muestra de «fe» en encontrar una salida positiva a un problema que ya dura más de 15 años, Vilela recuerda el viaje de más de 30 horas en autobús hasta Bruselas en el que se embarcaron un centenar personas en busca de soluciones. Y no volvieron con las manos vacías. La UE les respalda.
-Tras tantos años de batalla judicial, ¿cómo interpreta el derribo de los primeros bloques de El Encinar?
-Como el fracaso de las administraciones públicas, que no han sido capaces de dar una solución antes del derribo cuando ellas son las condenadas por la Justicia.
-¿Cómo vivió la jornada?
-Con angustia, pena, desolación.
-No se opusieron a la demolición porque la constructora les prometió que no tirará los bloques habitados. ¿Sigue convencido de ello?
-No nos hemos opuesto porque nuestra asociación, al contrario que la Administración de Cantabria, siempre ha respetado la ley. La constructora es quien ha dicho que su único interés es derribar las viviendas inacabadas para cobrar las indemnizaciones, ya que el 90% eran suyas.
-¿Teme que lo ocurrido sea una puerta abierta a más derribos?
-Si las cosas se desarrollaran normalmente, los acontecimientos deberían seguir el curso que han marcado el Parlamento cántabro y el europeo: impedir que los errores y faltas de la Administración los sufran los ciudadanos.
-Los afectados han pasado en unos días del respaldo de la UE a la demolición efectiva de varias viviendas, ¿qué ánimo impera ahora en la asociación?
-La frustración, por no haber sido capaces de impedir una injusticia, y pedimos perdón por ello.
-¿Cuándo concretará el Gobierno cántabro su plan de soluciones?
-Para el Gobierno cántabro somos un problema menor y si ha presentado un plan de actuaciones ha sido, primero, por requerimiento del Parlamento regional y, después, de la Justicia, que llegó a suspender las sentencias pensando que el plan daría soluciones. Ahora esperamos que el impulso de la Cámara de la UE sea determinante para que haga realidad lo que hoy sólo es una declaración de intenciones.
-¿Por qué soluciones cree que se decantará finalmente?
-Creo que el Gobierno intentará regularizar o legalizar el mayor número posible de viviendas, primero porque para ellos el coste es cero, y segundo porque el 90% están en suelo urbano donde seguro se volvería a construir. Creemos que son salvables todas, ya que en las ejecuciones de las sentencias se pueden realizar las modificaciones pertinentes para que cumplan con todas las normas urbanísticas. Los aprovechamientos e indemnizaciones quedarían para casos puntuales.
-Se quejan del trato que les dispensa el Ejecutivo regional. ¿Por qué cree que aún no ha buscado soluciones concretas a su situación?
-No tengo la respuesta, pero sí hechos. Tras venir de Bruselas, llamamos a todas las instituciones para informales de las resoluciones del Parlamento Europeo, y la que menos interés ha mostrado por conocerlas ha sido el Gobierno de Cantabria. Nos trata como si los condenados fuéramos nosotros y no ellos.
Revilla «no recibe»
-¿Le queda confianza en las administraciones?
-El presidente del Gobierno cántabro nos recibió hace tres años y nos dijo que se ponía a trabajar para buscar soluciones. Que nos comprendía, que no somos culpables de nada. Ahora, desgraciadamente, ni nos recibe. Aunque somos muy pesados y no perdemos las esperanza. Él tiene la llave para solucionar esta situación.
-¿Se sienten respaldados por los ayuntamientos donde se ubican las urbanizaciones condenadas?
-Los ayuntamiento son unos de los mayores culpables de esta situación, pero es verdad que ahora sentimos las corporaciones de Argoños y Arnuero más cerca de nuestras familias. Tienen que actuar de impulsores de las soluciones y tienen la herramienta adecuada para atajar estos problemas, que son los planes generales.
-¿Los jueces son insensibles a su situación?
-Creo en las personas y espero que tengan la sensibilidad suficiente para hacer justicia además de aplicar leyes. Tienen que darse cuenta de la desprotección que hemos tenido no pudiendo ser parte de los procesos hasta que ya existía la sentencia de derribo. Nuestro colectivo no ha tenido el apoyo de la Justicia que se merecía.
-Se quejan de la actitud de los ecologistas. ¿Qué opina de su insistencia en que se ejecuten las sentencias?
-Están en su derecho, pero han usado la acción popular para conseguir fines espúreos, dicho por ellos, para poder hacer un Plan de Ordenación del Litoral a su medida. Si nos hubieran dedicado algo de tiempo, nuestras familias habrían sufrido mucho menos.
-¿Cuál será su siguiente paso?
-La prioridad es conseguir del Gobierno un plan de actuación real y con soluciones. Y de los jueces, una moratoria.
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-Algunos afectados se han dejado la salud en estos años... ¿hasta qué punto ha afectado esta situación a las familias?.
-Si me permite, quiero tener un recuerdo para todos los amigos que nos han dejado, que ya nunca podrán ver su vivienda legal. Amigos que echamos de menos terriblemente. Por otra parte, tenemos personas que lo están pasando muy mal, con enfermedades psíquicas y físicas. Leer los informes periciales que han dado lugar a las condenas por daños morales a las administraciones es bajar al mundo de la depresión, del estrés, del abandono, del abatimiento. En definitiva, un infierno que, como no se ve, no existe para los demás.
- ¿Ha pensado alguna vez en tirar la toalla?
-Todos tenemos momentos de debilidad. En mi caso. la salud me ha jugado también alguna mala pasada, pero el apoyo de Mari Luz, mi mujer, y la solidaridad y afecto de los amigos de AMA han sido determinantes. Lo mejor de esta situación ha sido la calidad humana de la gente. Es lo que hace que puedas seguir trabajando para que nos den la justa solución que nos corresponde.
Las demoliciones, ayer, de dos bloques de viviendas en estructura en la playa de La Arena de Arnuero y del denominado 'Chiringuito de Mingo', en Ajo, marcan un hito en el largo y tortuoso proceso judicial contra las construcciones ilegales en Cantabria. Aunque estas acciones son de menor calado -las viviendas, lógicamente, no estaban habitadas y el otro derribo afecta a un bar de playa- fijan una línea de actuación que siembra la alarma en los cientos de familias que tienen sentencias pendientes y ven cómo la ejecución de las mismas puede estar más cercana.
La acción de las máquinas excavadoras se convierte en el símbolo del fracaso del urbanismo en nuestra comunidad autónoma y cuestiona la eficacia de las medidas que recomendó adoptar el Parlamento al Gobierno regional, tendentes a legalizar aquellas construcciones afectadas por meras irregularidades formales o con nulo impacto ambiental y paisajístico. Aunque el caso concreto de la urbanización El Encinar quedó fuera de las legalizables, nada se ha hecho respecto de aquellas que, en principio, podrían salvarse de la demolición. Falta impulso político.
Pero, tras los sucesos de ayer, se abre un segundo e importantísimo capítulo: las reclamaciones que los afectados interpondrán contra los ayuntamientos y contra el Gobierno regional, que fueron quienes autorizaron las edificaciones y concedieron las oportunas licencias urbanísticas. Sin duda, el litigio terminará con indemnizaciones millonarias a los damnificados, un dinero que no saldrá de los bolsillos de quienes han sido los causantes directos del problema -políticos y técnicos- sino que tendremos que abonarlo todos los cántabros a través de los impuestos.
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Ahora le corresponde jugar sus cartas a los ayuntamientos y al Gobierno. Deberían evitar un largo proceso judicial y llegar a acuerdos para resarcir lo antes posible los daños causados y evitar así más perjuicios a los propietarios, quienes ya fueron amparados por la Justicia en su reclamación por daños morales en este dilatado pleito, por lo que el Ejecutivo cántabro ha sido condenado a desembolsar cantidades compensatorias. Al mismo tiempo, urge activar las medidas normativas que pueden salvar de la piqueta a muchos edificios que, si bien han sido considerados ilegales por los tribunales, pueden quedar legalizados por posteriores decisiones administrativas.
La inoperancia y la dejadez siempre constituyen un grave error, pero más aún en este caso, y el Gobierno de Cantabria deberá responder por su desidia ante un asunto de gran calado económico y de profunda repercusión para familias y empresas que viven un verdadero drama personal. No hay que olvidar que además de las urbanizaciones en la costa existen sentencias de demolición contra otros edificios de cascos urbanos en lugares como Santander, Escalante o Suances. El problema creado es de una enorme envergadura.
La responsabilidad institucional no ofrece dudas. Ya en el año 1990 tanto el Ayuntamiento de Arnuero como la Comisión Regional de Urbanismo cumplimentaron los trámites necesarios para permitir la construcción de la urbanización de la playa de La Arena; por tanto, se han hecho responsables de su legalidad.
Las sentencias posteriores de los tribunales han invalidado aquellas decisiones, pero quienes construyeron las viviendas -o el propietario del chiringuito de Ajo- lo hicieron de acuerdo a la legalidad vigente y, por ello, tienen todo el derecho a reclamar por los graves perjuicios sufridos.
Tras los derribos de ayer se impone acelerar el proceso de regularización de aquellas viviendas susceptibles de acogerse a una nueva normativa que tenga pleno encaje en las leyes y de afrontar con decisión y coraje los daños que más o menos tarde se producirán cuando llegue la demolición efectiva de otras viviendas.
Mantener una postura inmovilista y prolongar la angustia de los propietarios no sería una manera responsable de actuar.
La asociación acudirá a las demoliciones previstas el miércoles en Arnuero y Bareyo
Miembros de AMA, el 16 de abril, en el Parlamento Europeo. / DM
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) anunció ayer que remitirá una petición moratoria para los derribos programados el miércoles, día 29, en Arnuero y Bareyo, hasta que no se satisfagan los daños ocasionados a las víctimas de estas situaciones.
La Junta Directiva de AMA, reunida ayer en Argoños, también acordó que sendas comisiones de la asociación estén presentes el miércoles en Arnuero y Bareyo «para asesorar y ayudar en lo que permita la ley a las personas afectadas por los derribos».
La asociación transmitió su «preocupación» por los derribos programados el 29 de abril de las primeras fase de El Encinar (Arnuero), y el 'Chiringuito de Mingo', en Ajo (Bareyo).
AMA no entiende que mientras instituciones como el Defensor del Pueblo, Parlamento de Cantabria y Parlamento Europeo solicitan una solución para los afectados antes del derribo, sin embargo «se haga caso omiso de todas las recomendaciones y se siga con el proceso de derribo sin dar una solución a los que son víctimas de los errores o ilícitos de las administraciones públicas».
Solución a las víctimas
Por ello, la asociación remitirá una petición moratoria en los derribos hasta que se hayan satisfecho los daños ocasionados a las víctimas de estas situaciones «sea mediante la regularización o legalización de las viviendas, mediante la permuta facilitando una vivienda legal antes del derribo o mediante la indemnización del valor de mercado de la vivienda antes del derribo», concretó.
La petición se fundamentará en la situación de «injusticia» que viven las familias víctimas de las sentencias de derribo, y en los acuerdos de las diferentes instituciones que piden una solución, y se remitirá a los tribunales o juzgados con competencias en los procesos de derribo así como a los ayuntamientos afectados por las sentencias de derribo, al Gobierno de Cantabria y a la Delegación del Gobierno.
Sendas comisiones de AMA estarán presentes el miércoles tanto en Arnuero, encabezada por el vicepresidente de AMA, Paco Lain, como en Bareyo, con el secretario de AMA, Juan Luis Urrutia, al frente.
Por otra parte, la Junta Directiva valoró «positivamente» las recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que resumió en la frase de su presidente, Marcín Libicki, de que «los errores de las administraciones no tienen que afectar ni condicionar la vida de los ciudadanos».
AMA acordó solicitar entrevistas a todas las instituciones para informar de los acuerdos de la Comisión de Peticiones. La próxima semana se mantendrán reuniones con la Administración de Justicia y con todos los grupos políticos del Parlamento de Cantabria.
Una vez concluida la reunión, un grupo de 30 personas se dirigió al 'Chiringuito de Mingo' para manifestarle su afecto y apoyo.
El Parlamento canario cambia la ley para evitar derribos en núcleos costeros
Santa Cruz de Tenerife.- El pleno del Parlamento de Canarias aprobó hoy una modificación legal que persigue evitar el derribo de viviendas en núcleos costeros tradicionales que podrían verse afectados por la Ley de Costas, de manera que clasificados como suelo rural pasen a suelo urbano.
El diputado socialista Manuel Fajardo durante una de sus intervenciones en el debate de la ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y de ordenación del turismo.
Esta proposición de ley fue promovida por los grupos de CC y PP, mientras que el PSOE, que votó en contra al considerar que vulnera la Constitución, defendió que en casos de conflicto por la aplicación de la Ley de Costas debe estudiarse caso por caso para no perjudicar el interés general en el uso del espacio público.
El diputado socialista Manuel Fajardo vaticinó que esta nueva ley canaria quedará paralizada en cuanto el Gobierno central presente el correspondiente recurso de inconstitucionalidad, al igual que ha ocurrido con una norma similar aprobada en Galicia.
La ley aprobada, que supone una modificación de las leyes canarias de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos, establece como áreas urbanas todas las que tengan acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
También se establecen como urbanas las áreas que comprendan terrenos consolidados por la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie si el planeamiento municipal estuviera en vigor, o la mitad de su superficie si no fuera así.
Se determina que "la administración urbanística" fijará el límite interior de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y establecerá la ordenación de los terrenos.
Además, el Gobierno de Canarias realizará un censo de edificaciones ubicadas en el dominio marítimo-terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y de protección que tengan "valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco" para que puedan ser consideradas en concesiones y autorizaciones.
La diputada del PP Cristina Tavío dijo que esta modificación legal supone "una defensa de los intereses del pueblo canario", ya que muchas familias "no pueden dormir" desde que hace cinco años el Gobierno central empezó a aplicar de forma "tortuosa, arbitraria y sectaria" la Ley de Costas.
Antes de la llegada del PSOE al Gobierno de la nación se reconocían los núcleos urbanos consolidados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, dijo, pero después los socialistas decidieron demoler esas viviendas.
También acusó al PSOE de aplicar distintas varas de medir en la aplicación de la Ley de Costas según si la propiedad de las edificaciones afectadas es de personas con el carné del partido o no.
José Miguel González, de Coalición Canaria, también denunció el "trato injusto" de la Dirección General de Costas "a una serie de localidades y construcciones históricas".
Aseguró que esta nueva normativa es constitucional y "defiende los intereses de los canarios" frente a la inflexibilidad de la Dirección General de Costas, "excepto cuando afecta a personas vinculadas al PSOE".
Manuel Fajardo, del grupo Socialista, dijo que no se puede hacer una ley que trata por igual todos los casos, porque hay edificaciones que tienen cincuenta años y otras muy recientes.
Por eso es preciso "hacer un mapa" para conocer "los puntos conflictivos" y tratar caso por caso.
Recordó que los representantes políticos tienen la obligación de "defender lo público" y por eso no se puede tratar de la misma manera a personas que hacen obras en dominio público y que en todo caso tienen la vía judicial para defenderse.
"Estamos de acuerdo en negociar y hablar con las familias, que se den concesiones a los que tienen derecho, caso por caso, núcleo a núcleo", afirmó
Ya estamos de vuelta, después de las 30 horas de autobús y los casi 3.000 Km recorridos, podemos decir que los objetivos con que partíamos el miércoles para Bruselas se han logrado al 100%, y en mucho menos tiempo del que nosotros esperábamos.
Estamos cansados, pero con el sentimiento de que nuestro colectivos es especial, tenemos un equipo humano que puede ser la envidia de cualquier organización, que lo mismos realizamos el Tren de los Inocentes, andamos 40 Km, pidiendo justicia en nuestra Marcha a Santander, o nos vamos a Bruselas y le enseñamos al Presidente de la Comisión de Peticiones la injusticia que con nosotros están haciendo las instituciones.
Decir que nos sentimos tremendamente orgulloso del nuestro trabajo de nuestra Asociación, de nuestra gente, del esfuerzo de todos los que han colaborado a llevarla a buen puerto, con un mención especial para los medios de comunicación por su seguimiento, y también de los resultados que traemos de Bruselas.
Que todo esto sirve para cargarnos para tener más legitimidad, si cabe, de poder decir a todo el mundo, que nos tienen que dar una solución porque así lo han acordado primero el Defensor del Pueblo, después el Parlamento de Cantabria y ahora el Parlamento Europeo.
Bruselas ha sido para nosotros, y aunque todavía estamos tremendamente cansado y hartos de tanta injusticia, una caricia a nuestras ilusiones, una sonrisa para nuestro futuro.
Con la fuerza de la razón, con el esfuerzo de tantos amigos, seguiremos trabajando hasta que todas nuestras familias tengamos la solución que las Administraciones nos deben.
Por ello, solicitaremos reuniones al Presidente del Gobierno de Cantabria, al Presidente del Parlamento, a todos los Grupos Parlamentarios, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, a todos los Alcalde de los Ayuntamientos implicados, a nuestros asesores legales, a todos el que pueda aportar algo para acabar con esta situación.
Gracias amigo, a los que han ido a Bruselas, ejemplo para todos, a los que han aportado para que este viaje se pudiera realizar, a todos los que nos han ayudado, a todos, gracias con el corazón sin tu ayuda nunca hubiéramos sido capaces andar este duro camino.
Con tu esfuerzo hemos conseguido del Parlamento Europeo dos requerimientos de información sobre nuestra situación al Gobierno de España y al Gobierno de Cantabria la petición de soluciones para los afectados a los Gobiernos, y la posibilidad de abrir la vía judicial a través del Tribunal Europeo de Derecho Humanos (también denominado Tribunal de Estrasburgo y Corte Europea de Derechos Humanos) es la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa.
Incluso la posibilidad de que nuestro tema se vuelva a abrir en la Comisión de Peticiones si no se nos da una solución.
Por todo ello, nos merecemos mirar al futuro con una sonrisa.
Un abrazo,
Adjunto artículo de Iñigo Fernández que junto con Leticia Garcia Vilamea han sido los períodistas que nos han acompañado y describen muy bien lo allí acontecido:
A la izquierda, el eurodiputado Carlos Iturgaiz habla con los representantes de AMA que a la derecha esperan sentados el momento de comparecer. / I. F.
A la izquierda, el eurodiputado Carlos Iturgaiz habla con los representantes de AMA que a la derecha esperan sentados el momento de comparecer. / I. F.
«Este colectivo es víctima de las instituciones y de la justicia»
«El problema es que hay un surfimiento brutal de toda esta gente»
«¿Qué es lo que está pasando en España? No podemos seguir así»
Los afectados por la ejecución de sentencias de derribo en Cantabria expusieron su caso ante la Comisón de Peticiones
El Parlamento acordó dirigirse al Gobierno de Cantabria y a la Oficina de España demandando una pronta resolución
El Parlamento Europeo dio ayer un espaldarazo importante a las demandas de los afectados por la ejecución de sentencias de derribo en Cantabria, que se concretará en el envío de sendas comunicaciones al presidente del Gobierno de Cantabria y a la Oficina Permanente de España ante la Unión Europea, recomendando una solución.
Ese fue el balance de la intervención de los afectados ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, cuyo presidente, el eurodiputado polaco Marcin Libicki, despidió a la delegación española con frases de aliento: «Estamos de su parte, estamos de su lado, señores peticionarios».
No es usual que este órgano del Parlamento Europeo se implique de esta manera en los asuntos que llegan a sus manos. En cada una de sus sesiones se tramitan docenas de denuncias, del más variado contenido, y al cabo de los cinco años de legislatura recibe en torno a dos mil peticiones. Sin embargo, ayer se pronunció con una contundecia poco habitual, acaso por la magnitud y el dramatismo humano de un problema -el de las sentencias de derribo- que afecta en Cantabria a más de un millar de familias. Al fin y al cabo, que un ciudadano se vea expuesto a que lo desalojen de su casa para que ésta sea derribada no es un problema cualquiera, aunque en Cantabria más de mil personas se encuentren sometidas a esta tensión y a esta angustia.
Una pesadilla
Eso fue precisamente lo que ayer quiso transmitir en su intervención ante los diputados Antonio Vilela, el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que es la asociación que agrupa a todo el colectivo de afectados y que el pasado 2 de diciembre trasladó el problema a Bruselas. Vilela habló de «una pesadilla que dura más de quince años» y recalcó que «nosotros, los afectados, no somos culpables de nada».
«En su momento compramos nuestras viviendas con todos los permisos legales oportunos, pero después nos enteramos de que sobre nuestros hogares caían sentencias de derribo. No hemos sido parte en el proceso y no hemos podido defender nuestrso derechos», significó Vilela en su intervención, como también que «en 23 sentencias, los culpables han sido siempre los mismos: las administraciones locales y regional».
También el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, intervino ante la Comisión, para significar que «la mayor parte de las sentencias se refieren a suelo urbano, lo que lleva a la paradoja de que, si se derriban, luego se podrá volver a edificar sobre esas parcelas». «No hablamos de viviendas a la orilla del mar ni de suelos con un alto valor ecológico, sino de viviendas integradas en la trama urbana que recibieron informe negativo de impacto paisajístico». Barruetabeña denunció que «la justicia no expone cuál puede ser la solución» y afirmó también que «los alcaldes no estamos recibiendo ningún apoyo».
Apoyo de los grupos
Vilela y Barruetabeña expusieron brevemente la situación porque, en realidad, toda la documentación obraba en poder de los diputados desde el pasado 2 de diciembre. Entonces, una delegación de AMA se trasladó a Bruselas y, gracias a las gestiones del eurodiputado Carlos Iturgaiz (PP), se reunió con el propio Libicki. Ayer, los parlamentarios conocían el tema en profundidad, antes incluso de las intervenciones.
Atendiendo al procedimiento habitual, a la intervención de los peticionarios siguió la de los diputados que así lo solicitaron.
El primero en hablar fue Carlos Iturgaiz, quien denunció que «este colectivo es víctima de las instituciones y de la justicia». «Estamos hablando de personas, de buena gente, que compró sus casas con buenas voluntades», afirmó el eurodiputado vasco.
Él mismo propuso que, por parte de la presidencia, se tomara algún tipo de iniciativa hacia las instituciones españolas, y respaldó además la necesidad de crear registros públicos de viviendas con sentencias de derribo o problemas judiciales en curso, tal y como proponía AMA en su petición.
Otro europarlamentario, David Hammestein (socialista), pidió «responsabilidades a las autoridades que hayan visado las obras», al tiempo que exigió «una compensación justa a las personas perjudicadas».
Cristina Gutiérrez Cortines, diputada española del PP vinculada familiarmente a Cantabria, también intervino en el turno de los parlamentarios. «El problema es que hay un sufrimiento humano brutal de toda esta gente», advirtió. También insistió en la «dejación de responsabilidades» que se ha producido en relación con este tema, dejación que afectaría tanto a cargos políticos como a funcionarios.
Incluso un diputado británico, Sir Roberts, elegido en las listas del Partido Conservador, tomó la palabra para preguntarse: «¿Qué es lo que está pasando en España?». «Dederíamos ponernos en contacto con la Oficina Permanente de España ante la Unión Europea. Tienen que ser conscientes del flujo de peticiones de este tipo que nos llegan. No podemos seguir así», añadió Sir Roberts.
Caso no cerrado
Haciéndose eco de estas opiniones, el presidente de la Comisión, Marcin Libicki, anunció medidas, puesto que «todos los diputados dicen que hay que intervenir en nombre de los ciudadanos».
Por ello acordó el envío de sendas comunicaciones a los Gobiernos de Cantabria y a la Oficina Permanente de España, instándoles a tomar medidas y solicitando más información. Libicki no descartó que, en caso de no producirse novedades positivas, el asunto vuelva a tratarse en una próxima sesión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, tras las elecciones.
Les invita, además, a llevar sus casosante el Tribunal de Estrasburgo
SONSOLES ZUBELDIA
Los europarlamentarios escuchan a la delegación cántabra. / IÑIGO FERNÁNDEZ
La Comisión de Peticiones remitirá a los Gobiernos central y cántabro su dictamen
El centenar de afectados por sentencias de derribo que expusieron ayer su delicada situación ante el Parlamento europeo salieron de la cita más que satisfechos. Por un lado, consiguieron que la Comisión de Peticiones de la Cámara se comprometa a enviar sendos escritos a los gobiernos central y cántabro para pedir «soluciones» para las familias cuyas viviendas están condenadas a la piqueta. De hecho, el portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, asegura que esta iniciativa partió del propio presidente de la Comisión, Marcin Libicki, y fue defendida también por el europarlamentario popular Carlos Iturgaiz.
Por otro, el organismo comunitario les invitó a llevar sus casos al Tribunal de Estrasburgo. Y es que, según explicó Vilela, un informe jurídico emitido por la propia Comisión «ve indicios de que no se ha respetado el derecho de la propiedad» de los afectados. En concreto, el escrito incide en que «los propietarios no hemos podido ser parte en los procesos judiciales que han derivado en fallos condenatorios, lo que nos ha dejado en una total indefensión», remarcó el presidente de AMA. Respecto a la opción de recurrir a Estrasburgo, los afectados han decidido poner la propuesta en manos de sus abogados. «Tenemos que estudiar el coste económico que supondría tomar una medida de esas características y el tiempo que absorbería», indicó Vilela.
La comparecencia del presidente de AMA, que finalmente compartió los escasos diez minutos que tenía para hablar con el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, estaba prevista para las diez de la mañana, pero finalmente se retrasó una hora y media. La Comisión tenía otros 66 asuntos sobre la mesa.
Legalizables
Vilela reclamó, entre otras cosas, una «mayor seguridad jurídica» en la compra de viviendas, regularizar la situación de los inmuebles abocados a la piqueta «cuando el ordenamiento jurídico lo permita» y la creación de un registro público de demandas. Mientras, Barruetabeña defendió que «algunas urbanizaciones son legalizables» y abogó por salvaguardar el bienestar de los afectados.
«Tremendamente satisfechos y felices», observaron cómo una «explosión de aplausos» cerraba ambas ponencias. Al salir, los 40 miembros de AMA que pudieron acceder a la Cámara se reunieron con el resto de afectados para concentrarse ante la puerta del Parlamento. Portaban una gran pancarta que reclamaba «Justicia, protección y seguridad jurídica». Ahora sólo les queda esperar que su iniciativa «sirva para desbloquear» en su favor la tortuosa realidad en la que permanecen estancados desde hace tantos años.
En Europa deben de flipar con lo que pasa en España en torno al ladrillo
Y no es para menos: corrupción generalizada, blanqueo de dinero en el ladrillo de forma incontrolada, incumplimiento de las leyes por los propios organismos públicos, derribo de casas de compradores que realizaron todos los trámites legales correctamente,...
Un centenar de miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), se han trasladado a la capital belga para protestar por su situación
16.04.09 - 15:05 -
EFE |
Bruselas
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) ha acordado hoy escribir una carta a las autoridades regionales de Cantabria para reclamar que asuman responsabilidades por las sentencias que ordenan el derribo de un millar de viviendas en la comunidad autónoma.
La decisión de los eurodiputados se ha producido tras escuchar los argumentos del portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, que se ha desplazado a Bruselas junto a un centenar de afectados.
El Parlamento Europeo, además de reclamar acciones al Gobierno regional, escribirá a la representación permanente de España ante la Unión Europea para alertar sobre el alto número de protestas ciudadanas por problemas vinculados con la propiedad que llegan a la Eurocámara procedentes de distintas autonomías.
En el caso concreto de Cantabria, donde miles de familias han visto cómo sus viviendas se declaraban ilegales en sentencias en contra de la Administración, los eurodiputados han mostrado total comprensión con los propietarios y se han comprometido a apoyarlos.
"Estas personas han cumplido con la legislación. La Administración ha cometido errores, pero eso no tiene por qué afectar directamente a los ciudadanos", ha resumido el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki.
En esa línea se han pronunciado la mayor parte de los eurodiputados que han intervenido en el debate, como el popular Carlos Iturgaiz, quien ha calificado de "tragedia" la situación de las familias afectadas y ha considerado que el Ejecutivo cántabro debe "asumir sus responsabilidades".
Iturgaiz ha recordado que los propietarios compraron sus casas con "buena voluntad" y con "permisos" y ahora se encuentran con "sentencias que dicen que hay que derribar" los edificios, por lo que ha dicho que son "víctimas de las instituciones y la Justicia".
Su compañera del Partido Popular (PP) Cristina Gutiérrez-Cortines ha denunciado la "irresponsabilidad de inspección de la comunidad autónoma durante varias décadas".
Ha pedido que se exijan responsabilidades a los funcionarios que dieron luz verde a las construcciones que luego los tribunales consideraron ilegales tras las denuncias de la asociación ecologista ARCA.
Junto a los afectados ha comparecido en nombre de las autoridades municipales el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, que ha explicado que los ayuntamientos no han podido llevar a cabo ningún derribo por falta de recursos y que la presión judicial para ejecutar las sentencias afecta al normal desarrollo de la actividad local.
Barruetabeña ha subrayado la "incertidumbre" en la que viven los propietarios y ha aseverado que la mayor parte de las sentencias se refieren a suelos urbanos, lo que, según ha apuntado, llevaría a la "paradoja" de que si se ejecutan los derribos las parcelas podrían volver a ser edificadas.
Los afectados desplazados a Bruselas, que han recordado a los eurodiputados que su "único pecado" fue "confiar en las administraciones públicas" a la hora de adquirir sus viviendas, se han mostrado satisfechos con la decisión de la Eurocámara.
"Creo que se ha comprendido, por parte de toda la Comisión, que nosotros somos simplemente unas víctima y que se nos tiene que dar una solución", ha explicado al término de la sesión su portavoz.
Vilela ha incidido en que todas las sentencias condenan a las administraciones y ha considerado positivo que el Parlamento Europeo vaya a requerir soluciones a la comunidad de Cantabria.
Además, ha explicado que los propietarios estudiarán acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al considerar que se ha atentado contra su derecho a la propiedad.
La apelación ante la corte con sede en Estrasburgo (Francia) fue propuesta por el representante en la sesión de la Comisión Europea, que ha explicado que aunque comprende la "difícil situación" de los afectados, el Ejecutivo comunitario no tiene competencia para actuar.
Lamentan que la Justicia no esté "en la misma línea" de solucionar el problema que el Gobierno regional o el Parlamento Afectados por sentencias de derribo piden justicia para todos y lamentan tener menos derechos que una depuradora Unos 300 afectados por sentencias de derribo en municipios costeros de Cantabria reclamaron hoy a los tribunales "justicia para todos" y lamentaron que los propietarios de viviendas afectadas por estos fallos judiciales tengan "menos derechos que una depuradora", en alusión a la estación de Vuelta Ostrera en Suances, que no se derribará hasta tener una infraestructura que la sustituya.
Los afectados por las sentencias respaldaron hoy en manifestación al alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, tras los autos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en el que se daba un plazo para iniciar la demolición de cinco y doce viviendas en la zona de Las Llamas y el Camino del Portillo en Argoños, con sentencias firmes.
La Asociación de Maltratados por la Administración organizó hoy una manifestación, bajo el lema 'A su familia no se lo harían', que partió precisamente de la zona afectada por los autos y concluyó con una concentración ante el Ayuntamiento. En declaraciones a Europa Press, el presidente de AMA, Antonio Vilela, defendió que el regidor de Argoños "está buscando soluciones al problema" mientras que su predecesor, "con 16 sentencias", no recibió ningún requerimiento del TSJC. "No entendemos que le quiera encausar cuando es el que está buscando soluciones", afirmó.
En la asociación, los últimos autos del TSJC, hechos públicos a mediados del mes de marzo y que daban un plazo de dos semanas para iniciar los derribos, han "dolido mucho" y han causado "sorpresa". Vilela aseguró que no los "comprenden", toda vez que el Parlamento de Cantabria emitió una resolución y el Gobierno de Cantabria está trabajando en plan para los derribos. "Esperábamos que la Justicia estuviera en la misma línea de solución", dijo.
Frente a esto, se remitieron a que los tribunales han permitido que la depuradora de Vuelta Ostrera, con sentencia firme de derribo, funcione otros seis años hasta que se construya su sustituta. "No entendemos que tengamos menos derechos que una depuradora", aseveró.
También le pidieron a la asociación ecologista Arca, promotora de la mayoría de las denuncias que han desembocado en estas sentencias, que tengan "la misma comprensión" con los afectados que la que han tenido con la Administración en el caso de Vuelta Ostrera.
"Pedimos justicia para todos y que no se nos machaque", aseveró Vilela, quien apuntó que les "gustaría" que Arca intentara hablar "una vez" con los perjudicados por las sentencias de derribo. "Estamos seguros de que actuarían de otra manera", sostuvo el presidente de AMA.
En la manifestación también se informará del viaje a Bruselas que la asociación realizará el próximo día 16, en el que Vilela, probablemente acompañado del regidor de Argoños, exponga ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo su situación. Al viaje asistirán un centenar de miembros de AMA, 60 en autobús y otros 40 por sus propios medios, en una cita que se produce después de que la Cámara europea admitiera a trámite la petición de esta asociación de medidas para lograr más seguridad jurídica en los compradores de viviendas que luego puedan ser objeto de sentencia de derribo.
Lamentan que la Justicia no esté "en la misma línea" de solucionar el problema que el Gobierno regional o el Parlamento Afectados por sentencias de derribo piden justicia para todos y lamentan tener menos derechos que una depuradora Unos 300 afectados por sentencias de derribo en municipios costeros de Cantabria reclamaron hoy a los tribunales "justicia para todos" y lamentaron que los propietarios de viviendas afectadas por estos fallos judiciales tengan "menos derechos que una depuradora", en alusión a la estación de Vuelta Ostrera en Suances, que no se derribará hasta tener una infraestructura que la sustituya.
Los afectados por las sentencias respaldaron hoy en manifestación al alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, tras los autos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en el que se daba un plazo para iniciar la demolición de cinco y doce viviendas en la zona de Las Llamas y el Camino del Portillo en Argoños, con sentencias firmes.
La Asociación de Maltratados por la Administración organizó hoy una manifestación, bajo el lema 'A su familia no se lo harían', que partió precisamente de la zona afectada por los autos y concluyó con una concentración ante el Ayuntamiento. En declaraciones a Europa Press, el presidente de AMA, Antonio Vilela, defendió que el regidor de Argoños "está buscando soluciones al problema" mientras que su predecesor, "con 16 sentencias", no recibió ningún requerimiento del TSJC. "No entendemos que le quiera encausar cuando es el que está buscando soluciones", afirmó.
En la asociación, los últimos autos del TSJC, hechos públicos a mediados del mes de marzo y que daban un plazo de dos semanas para iniciar los derribos, han "dolido mucho" y han causado "sorpresa". Vilela aseguró que no los "comprenden", toda vez que el Parlamento de Cantabria emitió una resolución y el Gobierno de Cantabria está trabajando en plan para los derribos. "Esperábamos que la Justicia estuviera en la misma línea de solución", dijo.
Frente a esto, se remitieron a que los tribunales han permitido que la depuradora de Vuelta Ostrera, con sentencia firme de derribo, funcione otros seis años hasta que se construya su sustituta. "No entendemos que tengamos menos derechos que una depuradora", aseveró.
También le pidieron a la asociación ecologista Arca, promotora de la mayoría de las denuncias que han desembocado en estas sentencias, que tengan "la misma comprensión" con los afectados que la que han tenido con la Administración en el caso de Vuelta Ostrera.
"Pedimos justicia para todos y que no se nos machaque", aseveró Vilela, quien apuntó que les "gustaría" que Arca intentara hablar "una vez" con los perjudicados por las sentencias de derribo. "Estamos seguros de que actuarían de otra manera", sostuvo el presidente de AMA.
En la manifestación también se informará del viaje a Bruselas que la asociación realizará el próximo día 16, en el que Vilela, probablemente acompañado del regidor de Argoños, exponga ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo su situación. Al viaje asistirán un centenar de miembros de AMA, 60 en autobús y otros 40 por sus propios medios, en una cita que se produce después de que la Cámara europea admitiera a trámite la petición de esta asociación de medidas para lograr más seguridad jurídica en los compradores de viviendas que luego puedan ser objeto de sentencia de derribo.
Escrito por: Antonio <==> AMA (Asociación Maltratados por la Administración) 1 comentario 04 May 2009 URL Permanente
30 Abr 2009
PRIMERAS DEMOLICIONES
EDITORIAL DIARIO MONTAÑÉS 30.04.2009
Primeras demoliciones en Cantabria
Las demoliciones, ayer, de dos bloques de viviendas en estructura en la playa de La Arena de Arnuero y del denominado 'Chiringuito de Mingo', en Ajo, marcan un hito en el largo y tortuoso proceso judicial contra las construcciones ilegales en Cantabria. Aunque estas acciones son de menor calado -las viviendas, lógicamente, no estaban habitadas y el otro derribo afecta a un bar de playa- fijan una línea de actuación que siembra la alarma en los cientos de familias que tienen sentencias pendientes y ven cómo la ejecución de las mismas puede estar más cercana.
La acción de las máquinas excavadoras se convierte en el símbolo del fracaso del urbanismo en nuestra comunidad autónoma y cuestiona la eficacia de las medidas que recomendó adoptar el Parlamento al Gobierno regional, tendentes a legalizar aquellas construcciones afectadas por meras irregularidades formales o con nulo impacto ambiental y paisajístico. Aunque el caso concreto de la urbanización El Encinar quedó fuera de las legalizables, nada se ha hecho respecto de aquellas que, en principio, podrían salvarse de la demolición. Falta impulso político.
Pero, tras los sucesos de ayer, se abre un segundo e importantísimo capítulo: las reclamaciones que los afectados interpondrán contra los ayuntamientos y contra el Gobierno regional, que fueron quienes autorizaron las edificaciones y concedieron las oportunas licencias urbanísticas. Sin duda, el litigio terminará con indemnizaciones millonarias a los damnificados, un dinero que no saldrá de los bolsillos de quienes han sido los causantes directos del problema -políticos y técnicos- sino que tendremos que abonarlo todos los cántabros a través de los impuestos.
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Ahora le corresponde jugar sus cartas a los ayuntamientos y al Gobierno. Deberían evitar un largo proceso judicial y llegar a acuerdos para resarcir lo antes posible los daños causados y evitar así más perjuicios a los propietarios, quienes ya fueron amparados por la Justicia en su reclamación por daños morales en este dilatado pleito, por lo que el Ejecutivo cántabro ha sido condenado a desembolsar cantidades compensatorias. Al mismo tiempo, urge activar las medidas normativas que pueden salvar de la piqueta a muchos edificios que, si bien han sido considerados ilegales por los tribunales, pueden quedar legalizados por posteriores decisiones administrativas.
La inoperancia y la dejadez siempre constituyen un grave error, pero más aún en este caso, y el Gobierno de Cantabria deberá responder por su desidia ante un asunto de gran calado económico y de profunda repercusión para familias y empresas que viven un verdadero drama personal. No hay que olvidar que además de las urbanizaciones en la costa existen sentencias de demolición contra otros edificios de cascos urbanos en lugares como Santander, Escalante o Suances. El problema creado es de una enorme envergadura.
La responsabilidad institucional no ofrece dudas. Ya en el año 1990 tanto el Ayuntamiento de Arnuero como la Comisión Regional de Urbanismo cumplimentaron los trámites necesarios para permitir la construcción de la urbanización de la playa de La Arena; por tanto, se han hecho responsables de su legalidad.
Las sentencias posteriores de los tribunales han invalidado aquellas decisiones, pero quienes construyeron las viviendas -o el propietario del chiringuito de Ajo- lo hicieron de acuerdo a la legalidad vigente y, por ello, tienen todo el derecho a reclamar por los graves perjuicios sufridos.
Tras los derribos de ayer se impone acelerar el proceso de regularización de aquellas viviendas susceptibles de acogerse a una nueva normativa que tenga pleno encaje en las leyes y de afrontar con decisión y coraje los daños que más o menos tarde se producirán cuando llegue la demolición efectiva de otras viviendas.
Mantener una postura inmovilista y prolongar la angustia de los propietarios no sería una manera responsable de actuar.
Escrito por: Antonio <==> AMA (Asociación Maltratados por la Administración) 11 comentarios 30 Abr 2009 URL Permanente
29 Abr 2009
PERDÓN
PERDÓN
Sentimientos de angustia, pena, desolación, se ha consumado la injusticia de derribar viviendas antes de dar una solución a los afectados, a las víctimas, a los que no son condenados por la justicia.
Sentimiento de frustración de ver al amigo, maltratado, sufriendo porque los responsables no son capaces de dar una solución y los amigos tampoco lo hemos conseguido.
El principio romano “donde no llegue la ley que llegue la caridad”, aquí ni la ley, ni quien lo aplica, ni quienes en sus funciones tienen atender las necesidad primarias de los ciudadanos todos han fracasado, pero fracasado por no haber actuado, por indeferencia, incluso por falta de caridad.
Es sangrante, la situación del Sr. Domingo Herrera, que tiene una concesión administrativa para disponer y desarrollar la actividad de un Chiringuito de Playa firmado, ni más ni menos, que por el Presidente de la Comunidad de Cantabria Miguel Ángel Revilla, y hoy ha visto como derribaban lo que era su vivienda, su medio de vida y que quedaba en la calle con más de 70 años, con una pensión de 450€.
Esto es la fotografía del fracaso total de las administraciones de nuestra Comunidad. ¿Cómo es posible que nadie haya actuado ninguna administración, ni Ayuntamiento, ni Gobierno , ni siquiera departamentos Bienestar Social,?.
Por si fuera poco el dolor por la situación de Mingo, en el mismo día, tenemos otro hecho simplemente increíble, ver como la misma empresa que arrancó las encinas, la que vendió las viviendas que después fueron declaradas ilegales, es la que hoy ha consumado el derribo de las viviendas, para cobrar las indemnizaciones y aunque la ley esté de su parte, la imagen, la ética de toda esta situación es deplorable.
Pocos casos como éstos podemos encontrar en el urbanismo nacional o internacional donde una empresa cobre por construir y por derribar una urbanización, hay que reconocer que, en temas de urbanismo, Cantabria es diferente para desgracia de todos los ciudadanos.
El Gobierno de Cantabria y su Presidente tienen un responsabilidad con estas familias, la de darles una solución como le han requerido el propio Parlamento de Cantabria y ahora el Parlamento Europeo. Háganlo Sres. No nos hagan sufrir más. Recuerden que son Uds. los condenados, incluso por daños morales a los ciudadanos.
Queremos pedir disculpas a todos los que no hemos sido capaces de defender sus derechos. Tenemos la sensación de fracaso. Pero desde nuestra Asociación seguiremos trabajando con todas nuestras fuerzas para que se haga justicia. Para que no hay ningún derribo sin solución previa.
Pero hoy sólo podemos llorar por la injusticia sufrida, y pedir perdón desde la humildad. Perdón por no haber sido capaz convencer a las instituciones de que no cometieran esa injusticia con vosotros.
Simplemente amigo Mingo perdón. No me salen otras palabras.
Escrito por: Antonio <==> AMA (Asociación Maltratados por la Administración) 17 comentarios 29 Abr 2009 URL Permanente
27 Abr 2009
AMA PIDE UNA MORATORIA
CANTABRIA
AMA pide una moratoria de los derribos hasta que se compense a los propietarios
La asociación acudirá a las demoliciones previstas el miércoles en Arnuero y Bareyo
E. P.
Miembros de AMA, el 16 de abril, en el Parlamento Europeo. / DM
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) anunció ayer que remitirá una petición moratoria para los derribos programados el miércoles, día 29, en Arnuero y Bareyo, hasta que no se satisfagan los daños ocasionados a las víctimas de estas situaciones.
La Junta Directiva de AMA, reunida ayer en Argoños, también acordó que sendas comisiones de la asociación estén presentes el miércoles en Arnuero y Bareyo «para asesorar y ayudar en lo que permita la ley a las personas afectadas por los derribos».
La asociación transmitió su «preocupación» por los derribos programados el 29 de abril de las primeras fase de El Encinar (Arnuero), y el 'Chiringuito de Mingo', en Ajo (Bareyo).
AMA no entiende que mientras instituciones como el Defensor del Pueblo, Parlamento de Cantabria y Parlamento Europeo solicitan una solución para los afectados antes del derribo, sin embargo «se haga caso omiso de todas las recomendaciones y se siga con el proceso de derribo sin dar una solución a los que son víctimas de los errores o ilícitos de las administraciones públicas».
Solución a las víctimas
Por ello, la asociación remitirá una petición moratoria en los derribos hasta que se hayan satisfecho los daños ocasionados a las víctimas de estas situaciones «sea mediante la regularización o legalización de las viviendas, mediante la permuta facilitando una vivienda legal antes del derribo o mediante la indemnización del valor de mercado de la vivienda antes del derribo», concretó.
La petición se fundamentará en la situación de «injusticia» que viven las familias víctimas de las sentencias de derribo, y en los acuerdos de las diferentes instituciones que piden una solución, y se remitirá a los tribunales o juzgados con competencias en los procesos de derribo así como a los ayuntamientos afectados por las sentencias de derribo, al Gobierno de Cantabria y a la Delegación del Gobierno.
Sendas comisiones de AMA estarán presentes el miércoles tanto en Arnuero, encabezada por el vicepresidente de AMA, Paco Lain, como en Bareyo, con el secretario de AMA, Juan Luis Urrutia, al frente.
Por otra parte, la Junta Directiva valoró «positivamente» las recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que resumió en la frase de su presidente, Marcín Libicki, de que «los errores de las administraciones no tienen que afectar ni condicionar la vida de los ciudadanos».
AMA acordó solicitar entrevistas a todas las instituciones para informar de los acuerdos de la Comisión de Peticiones. La próxima semana se mantendrán reuniones con la Administración de Justicia y con todos los grupos políticos del Parlamento de Cantabria.
Una vez concluida la reunión, un grupo de 30 personas se dirigió al 'Chiringuito de Mingo' para manifestarle su afecto y apoyo.
Escrito por: Antonio <==> AMA (Asociación Maltratados por la Administración) 1 comentario 27 Abr 2009 URL Permanente
24 Abr 2009
GOBIERNO DE CANTABRIA ¿CUANDO UNA SOLUCIÓN?
Después de una semana de volver de Bruselas, de intervenir ante el Parlamento Europeo, de hacer más cerca de 3.000 Km., nadie del Gobierno de Cantabria, se ha interesado por nuestra situación.
Que diferencia con el trato recibo de nuestro Parlamento, incluso de TSJC. En fin, parece que hay poco interés por saber que soluciones y propuestas nos da el Parlamento Europeo.
Seguimos poniendo la otra mejilla, esperando que los culpables de nuestra situación, la Administración, se dignen a darnos una entrevista, a hablar con nosotros, sobre todo a darnos a darnos la solución que nos deben.
¿Realmente les importa algo nuestra situación?. ¿Si Ud. fuera el Consejero del Ramo tendría alguna curiosidad por las soluciones o recomendaciones que les proponen desde el Parlamento Europeo?.
Últimamente nos comentaban que el Sr. Mazón estaba trabajando muy duro para dar soluciones. Esperamos que esas soluciones que piden y reclaman instituciones de tanto prestigio como El Defensor del Pueblo, El Parlamento de Cantabria y desde el Parlamento Europeo se hagan realidad, nuestras desesperación después de tantos años es total y la falta de sensibilidad de este Gobierno agrava el sufrimiento de nuestras familias.
En otras comunidades parece trabajan y se ven los frutos, en Cantabria después de 15 años ahora día de hoy ní una solución real.
El Parlamento canario cambia la ley para evitar derribos en núcleos costeros
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política, autonomías, medio ambiente, conservacion, economía, canarias
EFE
Actualizado 23-04-2009 18:20 CET
Santa Cruz de Tenerife.- El pleno del Parlamento de Canarias aprobó hoy una modificación legal que persigue evitar el derribo de viviendas en núcleos costeros tradicionales que podrían verse afectados por la Ley de Costas, de manera que clasificados como suelo rural pasen a suelo urbano.
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(EFE)
El diputado socialista Manuel Fajardo durante una de sus intervenciones en el debate de la ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y de ordenación del turismo.
Esta proposición de ley fue promovida por los grupos de CC y PP, mientras que el PSOE, que votó en contra al considerar que vulnera la Constitución, defendió que en casos de conflicto por la aplicación de la Ley de Costas debe estudiarse caso por caso para no perjudicar el interés general en el uso del espacio público.
El diputado socialista Manuel Fajardo vaticinó que esta nueva ley canaria quedará paralizada en cuanto el Gobierno central presente el correspondiente recurso de inconstitucionalidad, al igual que ha ocurrido con una norma similar aprobada en Galicia.
La ley aprobada, que supone una modificación de las leyes canarias de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos, establece como áreas urbanas todas las que tengan acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
También se establecen como urbanas las áreas que comprendan terrenos consolidados por la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie si el planeamiento municipal estuviera en vigor, o la mitad de su superficie si no fuera así.
Se determina que "la administración urbanística" fijará el límite interior de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y establecerá la ordenación de los terrenos.
Además, el Gobierno de Canarias realizará un censo de edificaciones ubicadas en el dominio marítimo-terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y de protección que tengan "valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco" para que puedan ser consideradas en concesiones y autorizaciones.
La diputada del PP Cristina Tavío dijo que esta modificación legal supone "una defensa de los intereses del pueblo canario", ya que muchas familias "no pueden dormir" desde que hace cinco años el Gobierno central empezó a aplicar de forma "tortuosa, arbitraria y sectaria" la Ley de Costas.
Antes de la llegada del PSOE al Gobierno de la nación se reconocían los núcleos urbanos consolidados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, dijo, pero después los socialistas decidieron demoler esas viviendas.
También acusó al PSOE de aplicar distintas varas de medir en la aplicación de la Ley de Costas según si la propiedad de las edificaciones afectadas es de personas con el carné del partido o no.
José Miguel González, de Coalición Canaria, también denunció el "trato injusto" de la Dirección General de Costas "a una serie de localidades y construcciones históricas".
Aseguró que esta nueva normativa es constitucional y "defiende los intereses de los canarios" frente a la inflexibilidad de la Dirección General de Costas, "excepto cuando afecta a personas vinculadas al PSOE".
Manuel Fajardo, del grupo Socialista, dijo que no se puede hacer una ley que trata por igual todos los casos, porque hay edificaciones que tienen cincuenta años y otras muy recientes.
Por eso es preciso "hacer un mapa" para conocer "los puntos conflictivos" y tratar caso por caso.
Recordó que los representantes políticos tienen la obligación de "defender lo público" y por eso no se puede tratar de la misma manera a personas que hacen obras en dominio público y que en todo caso tienen la vía judicial para defenderse.
"Estamos de acuerdo en negociar y hablar con las familias, que se den concesiones a los que tienen derecho, caso por caso, núcleo a núcleo", afirmó
FUENTE DIARIO MONTAÑÉS 2 DE ABRIL DE 2007
DIARIO MONTAÑÉS 29.09.07
ARGOÑOS
Desierto el concurso para el derribo de 19 viviendas
Las casas unifamiliares afectadas por sentencia de demolición se encuentran en la urbanización Las Llamas I
R. ALONSO
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) confirmó ayer que ha quedado desierto el concurso para el derribo de las viviendas de 19 familias de Las Llamas I en Argoños. El alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña (PP), ratificó ayer esta noticia al declarar que el plazo para presentar las ofertas concluyó el pasado lunes y no se ha presentado ninguna empresa y «ni si quiera la navarra Herri-Berri que había pedido información sobre esta demolición», indicó.
Desde la Asociación mostraron ayer su agradecimiento a «todos los que han valorado la gran injusticia que es derribar viviendas de familias totalmente inocentes», indicaron.
Por su parte, el alcalde considera que ha existido sensibilidad por parte de las constructoras y que este retraso puede llevar a que se siga buscando una solución.
La Asociación de Maltratados por la Administración ha convocado una reunión para mañana domingo, a las 11 horas en Argoños, con el fin de tratar la situación actual y fijar el calendario de nuevas movilizaciones, así como las iniciativas ante las instituciones.
AMA reclama a los representantes públicos que no les den la espalda a la realidad, ni a estas familias y que se tomen medidas para que los afectados no continúen sufriendo el miedo al derribo de sus viviendas y se busque una solución lo antes posible.
Juzgado
Además, piden al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander que sus resoluciones no sean alejadas de la realidad social. Desde AMA recuerdan que «los afectados no son culpables de nada, no pueden seguir soportando esta situación y el daño que se produce es bidireccional, el que soportan las familias con una sentencia a todas luces injusta porque no ha protegido los derechos de terceros totalmente inocentes, así como el descrédito que sufre la institución de la justicia», señalan.
A su juicio, el Parlamento legislando y los jueces juzgando «tienen que tomar medidas para que los ciudadanos no estén totalmente indefensos, nadie se merece soportar la pena que corresponde a otro, ni sufrir este desamparo».
VIZCAYA
Ninguna empresa opta al concurso para derribar 19 chalés ilegales en Argoños
El Ayuntamiento devolverá el caso al Juzgado número 1 de Santander «para que decida qué hacer»
29.09.07 -
S. ZUBELDIA
Ninguna empresa se ha presentado al concurso que el Ayuntamiento de Argoños convocó a principios de septiembre para ejecutar el derribo de las primeras 19 viviendas ilegales de la urbanización Las Llamas I. Así lo anunció ayer Antonio Vilela, portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), después de que el alcalde de la localidad cántabra, Juan José Barruetabeña, le confirmara la falta de ofertas. Ya han pasado 13 años desde que los propietarios supieran que sus casas estaban condenadas a la piqueta, pero la situación, lejos de resolverse, se encuentra cada día más enquistada. Ahora, el Consistorio notificará los hechos al Juzgado de lo Contencioso número 1 de Santander para que decida qué hacer.
Los afectados, por su parte, ven en la falta de aspirantes a ejecutar los derribos un gesto de empatía hacia su «dolor». «Queremos agradecer la sensibilidad de todos los que han valorado la gran injusticia que es derribar viviendas de familias totalmente inocentes», expresaron. AMA, que ha convocado una reunión mañana para fijar un nuevo calendario de movilizaciones, ve en lo sucedido una oportunidad para «reconsiderar posturas y tomar opciones alternativas».
Antes de fin de año
Estas otras vías pasan por que el Gobierno de Cantabria ponga a disposición de cada afectado «otra vivienda antes del derribo», que el Ayuntamiento de Argoños y el Ejecutivo regional les «indemnicen por los daños ocasionados» antes también de que la piqueta entre en escena y, «sobre todo, si es posible, que se regularice la situación de los chalés».
El Consistorio de Argoños sacó a concurso el derribo de estos primeros 19 chalés ilegales para acatar los múltiples requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que le instaban a demoler la primera fase de la urbanización antes de fin de año.
Estas trece viviendas adosadas y seis unifamiliares serán los primeros pisos habitados en España derruidos por fallo judicial en suelo urbano. Hay otras 243 viviendas condenadas en el municipio
21.09.07
¿CUMPLIRÁ EL GOBIERNO SU PALABRA?
GOBIERNO DE CANTABRIA MANIFIESTA SU VOLUNTAD DE DAR SOLUCIONES ANTES DEL DERRIBO
Una comisión de AMA se ha entrevistado con el Director General de Urbanismo y con el Director de Ordenación del Territorio, ante la situación de extrema preocupación, por los inminentes derribos de viviendas de familias totalmente inocentes.
En la entrevista iniciada hoy a las 12.30 en la cual han participado el Director General de Urbanismo Pedro Ángel Gómez Portilla y el Director General de Ordenación del Territorio Luís Ángel Collado Lara, el Abogado de los Ayuntamientos de los Argoños y Arnuero José María del Real y los portavoces de AMA Fernando García Latorre, Paco Laín y Teo Arnal.
En esta reunión los miembros del Gobierno han manifestado su voluntad que antes del derribo se ofrecerá soluciones a los afectados por tres vías;
.a) Regularización de las viviendas que sean posibles.
.b) Aplicación de los Aprovechamientos Urbanísticos.
.c) Acuerdo sobre la indemnización por el derribo de la vivienda.
Las Asociación AMA ha exigido al Gobierno de Cantabria que cumpla su compromiso de buscar soluciones para los afectados por sentencias de derribo y que estas no se queden en palabras, que haya partidas presupuestarias y hechos reales, por los cual aun valorando positivamente este reunión estamos expectantes a que lo manifestado se hagan realidad.
Hemos recordado el compromiso del Presidente de Gobierno de Cantabria el cual manifestó su voluntad de poner a trabajar a su Gobierno para dar soluciones, sin embargo han pasado casi dos años de estas declaraciones no se ha solucionado ni uno sólo caso, todo lo contrario el número de afectados sigue creciendo con nuevas sentencias.
Por ellos esperamos que el Presidente cumpla su palabra. En los últimos tres años el número de viviendas regularizadas en España, es superior 10.000 y en actualidad numero proceso expedientes para legalizar más de 25.000 viviendas, desde esta Asociación nos preguntamos ¿cómo es posible que en Cantabria no se haya podido resolver ni un sólo caso en casi 10 años?.
Las consecuencias de las sentencias que condenan al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos la pagan ciudadanos que nada tienen que ver, ni son los demandados, ni son los condenados, ni son parte en el juicio, ni siquiera tenían conocimiento de ese proceso judicial.
Apelamos a la responsabilidad del Gobierno, de los Ayuntamientos y de los Jueces para que no se tome medidas irreparables tanto para los afectos como para todos los ciudadanos de Cantabria. AMA ha pedido al Parlamento de Cantabria una declaración expresa que reconozca la situación de víctimas de este colectivo, y el derecho de todo Cántabro por culpa de la Administración le derriba jurídicamente su vivienda tenga derecho a otra.
17.09.07 CUANDO LA JUSTICIA NO ES JUSTA
El deterioro de la Justicia se produce cuando su funcionamiento no es el acorde al servicio que tiene prestar a los ciudadanos y para los cuales estos le han dado el monopolio de su aplicación.
Pocas cosas hacen más daños a esta institución que sentencias totalmente injustas o comportamientos como el del juez Estevill que fue miembro del Consejo General del Poder Judicial y condenado a nueve años de prisión por cohecho y prevaricación.
¿Quiere decir esto que los jueces son corruptos?, pues no, que tampoco quiero ser injusto, pero si que son humanos y pueden tener comportamientos no lícitos como los demás, cometer errores y dictar resoluciones que incluso cumpliendo la ley pueden ser tremendamente injustas.
En nuestra comunidad se han producido 25 sentencias ( la mayor parte dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria) que condenan a Ayuntamientos y/o al Gobierno de Cantabria.
Hay un demandante que ejerce la Acción Pública y la justicia aplicando nuestra legislación condena a estas instituciones, hasta aquí todo normal. Ahora lo que ya no parece tan normal es que la condena la paguen ciudadanos que nada tienen que ver, ni son los demandados, ni son los condenados, ni son parte en el juicio, ni siquiera tenían conocimiento de ese proceso judicial.
Pero vaya Ud. a saber el porqué estos ciudadanos pagan con el derribo de sus viviendas los ilícitos que han cometido las administraciones públicas. Que alguien nos explique: ¿dónde esta la justicia?, ¿cómo es posible que tu estés tranquilamente en tu vivienda, y te enteres por la prensa que se va derribar tu casa? ¿por qué? si estos ciudadanos compraron una vivienda legal, al igual que Ud. amigo lector.
Cuando las importantes personalidades de la justicia, en nuestra comunidad, piden medidas cautelares para que no se produzcan estas situaciones, están reconociendo de facto, que el mismo se ha producido y la necesidad de buscar medidas para que nadie sufra la injusticia que está sufriendo actualmente este colectivo, lo cual por cierto, tienen todo nuestro apoyo en este tipo de iniciativas, los que soportamos esta situación algo que queremos es contribuir a que nadie más pase por la misma.
Por ello siempre pedimos un registro de demandas donde todo ciudadano pueda saber si existe una demanda contra su vivienda o posible vivienda. AENA ofrecerá a mil vecinos de Coslada cambiar de barrio para huir del ruido.
Las 1.050 familias que viven en el barrio de La Estación, en Coslada, Madrid. Esta cifra es aproximadamente las familias que soportan sentencias de derribo en Cantabria, no se puede garantizar por el Parlamento que cuando un ciudadano le derriben su vivienda por culpa de la Administración esta le facilite otra.
Bueno pues a toda persona de buena fe, sin ser juez, le parece que lo más justo que, si un Ayuntamiento y/o Gobierno te cobra indebidamente un recibo te devuelva esa cuantía, si te derriban tu casa sin tener tu ninguna culpa, pues te den otra vivienda antes del derribo, que te indemnicen por los daños que te han producido.
En el derecho anglosajón, seguro que hablábamos de grandes sumas por las lesiones psíquicas, físicas, morales y personales e incluso de los daños producidos a los animales de compañía.
En nuestro derecho, que presume de ser el más garantista, seguro que tampoco cuadra a la lógica de los hechos, que uno cometa el ilícito y otro pague con el derribo de su vivienda, más si quien comete este ilícito es a quien la Constitución le reserva la defensa de los derechos de los ciudadanos. Dicen que no se preocupe el ciudadano que lo que tiene que hacer es presentar una demanda por los daños patrimoniales y los jueces le aplicarán la justa indemnización.
Pero ¿cuándo?, los jueces dicen que el daño no se ha producido hasta que el derribo no se ha consumado.
Sergio tiene 60 años una familia y unos animales de compañía, y comenta que sus animales tienen más derechos que él, al final las asociaciones de defensa de los animales seguro que les ayudan, incluso no dudamos que ARCA, los demandantes, estarían dispuestos a acoger de buena gana a estos amigos de Sergio.
Pero a él y a su mujer les derriban su vivienda en suelo urbano, donde otros pueden volver a construir , incluso hablan de que hay proyectos de construir más viviendas que las que se derriban, pero ¿quién les va a devolver la ilusión de cuando compraron su vivienda?, ¿quién le va a quitar esos malos ratos pensando que ha perdido todo por lo que ha trabajado?, ¿quién puede comprender lo que sufre su mujer cuando se tiene que marchar de la vivienda porque no puede soportar seguir viviendo con esa presión, con esa incertidumbre?, para rematarles tienen que soportar el ver como derriban su casa.
Decir que el daño no se produce hasta que no se derriba tu vivienda es como decir, que no se puede poner una vacuna porque el mal todavía no se ha producido. Que si pasa una autopista por tu casa hasta que la tiren no puedes pedir el justiprecio. En fin una locura procesal y un atentado contra personas inocentes, atentan contra su salud, contra su forma de vida, contra su familia.
Cuando la justicia actúa contra toda lógica, cuando el resultado de aplicar la misma es un absurdo, un disparate, una de dos o los jueces están prevaricando o la legislación de la que nos hemos dotado tiene vacíos tan grandes que hace que los jueces no puedan hacer justicia.
En cualquiera de los dos casos el descrédito de la institución es total, el daño es bidireccional, el que soportan las familias con una sentencia a todas luces injusta porque no ha protegido los derechos de terceros totalmente inocentes y el sufre la institución, porque cuando los ciudadanos no creen en la justicia intentan buscarla fuera de los ámbitos de su competencia y eso es peligroso para estos ciudadanos y para el sistema democrático.
Todo esto sin hablar de la corrupción urbanística que está en los origenes de todas esta situación. Por ello, el Parlamento legislando y/o los jueces juzgando tienen que tomar medidas para que los ciudadanos no estén totalmente indefensos, nadie se merece soportar la pena que corresponde a otro, ni sufrir este desamparo.
10.09.07
LA MAYOR MANIFESTACION EN ARGOÑOS
LA MAYOR MANIFESTACION EN LAS HISTORIA DE ARGOÑOS
Más de 1000 personas se han manifestado en Argoños desde la Urbanización de Las Llamas I hasta el Ayuntamiento de Argoños, bajo el lema: No al derribo de viviendas de inocentes.
Una muchedumbre, una marea amarilla con pancartas y banderas nunca antes vista en este municipio se ha desplazó por todo el pueblo pidiendo justicia, y se podían oír los gritos de Gobierno culpable, Gobierno responsable, Revilla escucha no derribos, no derribos, Alcalde da la cara por tu pueblo.
La gente salida de los comercios y bares para aplaudir el paso de la manifestación y muchos de unían a la misma. Se han desplazado afectados de Arnuero, Liendres así como muchas personas del pueblo de Argoños se han unido a esta manifestación que ha arropado y mostrado su solidaridad con los vecinos de las Llamas I, urbanización que ha visto como el Ayuntamiento ha licitado el derribo de sus vivienda, sin ser ellos culpables de nada.
Al terminó de la manifestación se ha informado que la Asociación AMA va a tener el Martes reuniones con El Presidente del Tribunal Superior de Justicia Cesar Tolosa a las 11 horas, y posteriormente representantes de AMA se desplazaran al Parlamento de Cantabria para tener reuniones con los Portavoces de todos los Grupos Políticos,a las 12 con Francisco Javier Rodríguez del PP, a las 12:30 con Rafael de la Sierra PRC y por ultimo sobre la 13 con Martín Berriolope del PSC-PSOE.
Un portavoz de la Urbanización Las Llamas I ha leído una comunicación de esta urbanización donde se pone de manifiesto el sufrimiento y la injusticia que con ellos se esta cometiendo.
Por último, el presidente de AMA ha manifestado que seguirán las manifestaciones hasta que se haga justicia y que están dispuestos a llegar hasta las ultimas consecuencias para defender las viviendas de gente inocente, así se informó que se organizará una nueva movilización que se denominará el Tren de la Injusticia en octubre y que no descartan huelgas de hambre, y todas la medidas posibles para que se haga justicia con este colectivo.
Así mismo ha pedido al Ayuntamiento de Argoños, al Gobierno de Cantabria y a la actual responsable del juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Santander cuya responsable es Mª Dolores de los Rios que tomen medidas para que no se consume los que es un disparate, un despropósito, y una gran injusticia, el derribo de viviendas de inocentes.
05.09.07
MIRIAM GARCIA
Decía un viejo amigo que “la política es el arte de estar y que no te vean demasiado”, para así poder durar en los puestos de responsabilidad.
En un Gobierno donde la noticia es el cambio de alguno de sus miembros, sorprende la marcha de Miriam García. Quizás sea por lo que decía el viejo amigo, ya que a Miriam se la veía y mucho, tenía opinión y no la ocultaba detrás de farragosos discursos, sino que era clara y la entendíamos todos. Me parece un lujo perder gestores de la categoría de Miriam García, ya ex-Directora General de Urbanismo, sobre todo en una Comunidad donde no estamos sobrados de buenos administradores públicos.
Comentan que incomodaba a ciertos sectores del poder, que están acostumbrados a la mansedumbre y al halago fácil o, vaya usted a saber, igual simplemente es víctima de una carambola de competencias entre las Consejerías de Presidencia y Vivienda, que la dejó descansar después de cuatro duros años al frente del urbanismo en nuestra Comunidad. Para AMA (Asociación de Maltratados por la Administración), a pesar de que seguimos con los mismo problemas con nuestras viviendas, no dudamos en valorar su gestión en la Dirección General de Urbanismo como positiva, destacando su capacidad de trabajo, pero valorando sobre todo que siempre ha sido accesible.
Además, hay propuestas suyas como los aprovechamiento urbanísticos, que son uno de los activos para solucionar el grave problema de las sentencias de derribo que condenan a la Administración. Con Miriam hemos discutido y mucho, nos hemos llevado decepciones, pero hay que reconocer que siempre dio la cara y que siempre estaba y no se escondía detrás del “está reunida”, “deje su teléfono que ya le llamaremos".
¿Que tenemos la espina clavada de no haber solucionado el sufrimiento de tantas familias?, pues claro que si, pero también estamos convencidos de que si en el Gobierno y en el Parlamento de Cantabria se trabaja con su entusiasmo seguro que entre todos encontraremos soluciones. Miriam nos ha demostrado, a los que con ella hemos compartido horas de su trabajo, que es una buena gestora, pero sobre todo una gran persona.
Ha pasado mucho tiempo y el problema de cientos de familias cuya vivienda puede ser derribada sigue ahí.
Por ello los pequeños gestos, la amabilidad, incluso la comprensión hacia nosotros la valoramos, aunque más que comprensión necesitamos soluciones reales. Nuestro Presidente ya nos dijo en su día que “se ponía en nuestro lugar y que era un situación muy difícil, que nosotros no tenemos culpa de nada, ni estamos condenados por nada y que ponía su Gobierno a trabajar para dar una solución”.
Esperamos que el nuevo equipo siga con el entusiasmo que Miriam ha demostrado para solucionar los problemas, como este del derribo de viviendas de inocentes, y se cumpla la palabra del Presidente Miguel Ángel Revilla.
Compartimos la valoración positiva que realiza ARCA sobre el trabajo de Miriam y que habla por si misma de su capacidad de entendimiento con los diferente grupos de nuestra comunidad. Desde esa capacidad de entendimiento con todos demostrada por Miriam pedimos a ARCA que trabajemos conjuntamente todos, con el objetivo de buscar soluciones para nuestra Comunidad y para estas más de 1.000 familias que están pagando una pena que no les corresponde.
Los vecinos de Las Llamas I cuentas las horas para el derribo de sus hogares ¿quién hace justicia? pedimos ayuda, por ello hoy más que nunca nos acordamos de los que han intentado buscar soluciones.
Gracias por las horas que nos has dedicado y suerte, Miriam
01.08.2007
Palacio aboga por «no dejar desamparados»
a los afectados por sentencias de derribo
Los representantes de AMA se reunieron ayer con Gorostiaga y Mazón
R. ALONSO/ AGENCIAS/SANTANDER
El presidente del Parlamento de Cantabria, Miguel Ángel Palacio, comprometió su ayuda a los miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) sobre cuyas casas pesan sentencias de derribo y afirmó que «lo que hace falta es hacer lo posible por no dejar desamparados a unas familias que resultaron gravemente perjudicados en aquellos años de desconcierto urbanístico».
Palacio, que mantuvo ayer una reunión con una delegación de AMA, consideró que el Gobierno autónomo y cada uno de los Ayuntamientos con este problema tienen en sus manos los únicos resortes que caben para tratar de solucionar un problema «a todas luces, muy difícil y que no admite planteamientos simplistas».
La Asociación de Maltratados por la Administración, que ayer finalizó en Santander su tercera marcha en protesta por la corrupción urbanística, mostró su apoyo a la petición de la fiscal jefe de Cantabria, Pilar Martín Nájera, formulada al Fiscal General del Estado, para que se puedan paralizar las obras de aquellas construcciones que puedan ser ilegales.
El presidente de este colectivo, Antonio Vilela, añadió que esta iniciativa se debió tomar hace quince años cuando surgió el conflicto por la urbanización El Encinar, en Arnuero, y de esta manera «se hubiese evitado el sufrimiento de las familias y los otros casos de ilegalidad que luego se han producido».
Una delegación de este colectivo se reunió ayer con el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio, quien se comprometió a reunirse con su homónimo en el Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, para intentar crear un grupo de trabajo y buscar una solución a su situación.
Reunión con Gorostiaga
La vicepresidenta regional, Dolores Gorostiaga, también recibió a los representantes de AMA. «Ha sido costoso, pero muy grato, y se ha comprometido a iniciar una vía de comunicación con el portavoz del PSOE en el Parlamento, Martín Berriolope, para estudiar una solución al problema», indicó Vilela.
La jornada de ayer también sirvió para celebrar la primera entrevista con el nuevo consejero de Urbanismo, José María Mazón.
con quien los representantes de los afectados por sentencias de derribo se volverán a reunir en septiembre, «dado que todavía no ha nombrado a su equipo de trabajo y todavía se está poniendo al día». En su entrevista con Mazón, Antonio Vilela le recordó que existen dos vías para legalizar las viviendas: la primera, por medio de la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana y la segunda, a través de la figura de los aprovechamientos urbanísticos.
Gran respaldo
Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), destacó ayer la «ilusión» de la entidad por el «gran respaldo» recibido en la marcha de este fin de semana en protesta por la corrupción urbanística, aunque se han obtenido «muchas promesas» que todavía se tienen «que reflejar en soluciones reales», indicó.
Vilela señaló que en estos años AMA «ya ha escuchado muchas promesas», por lo que la asociación no espera que la solución a las viviendas con sentencias de derribo llegue «a concretarse» en un futuro próximo. «Lo de confiar (en ello) ya no; llevamos muchos años, hemos visto muchas cosas y muchas promesas», apostilló.
No obstante, destacó que sí se percibe «una sensibilidad» por parte de diversas instituciones (ayuntamientos, Parlamento, Gobierno regional y sectores de la Administración de Justicia), que «genera ilusión» sobre la posibilidad «de que esta injusticia se pueda acabar».
La marcha, que según Vilela ha contado con un «gran apoyo», partió el domingo de Argoños y, tras hacer noche en Ribamontán al Mar, llegó a Santander en la mañana de ayer.
Como conclusión, el presidente de la AMA declaró que la respuesta a esta marcha ha sido muy importante, incluso han participado personas con 86 años y algunos se han desplazado desde Valladolid en el día para estar presentes y añadió que «espero que el esfuerzo tenga la recompensa que se merece».
Fuente: El Correo
Los afectados por los derribos en Cantabria exigen «menos gestos y más medidas institucionales»
Homenajearon a 3 fallecidos «que ya no verán que será de sus casas» en una marcha hasta Santander para exigir una solución «definitiva»
JOSÉ DOMÍNGUEZ
Están cansados de palabras y palmaditas en la espalda. Quieren que las instituciones se dejen de promesas y den los pasos para garantizar que sus viviendas no sean derribadas.
Más de 300 miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) finalizaron ayer en la capital de Cantabria una marcha de dos días para exigir la solución definitiva a un problema que, desde hace más de una década, afecta a 4.000 personas.
Entre ellos los tres propietarios fallecidos en el último año de litigio, que fueron homenajeados en el recorrido porque «ellos ya no verán que será de sus casas».
Los 40 kilómetros a pie entre Argoños y Santander han supuesto una dura prueba física para los participantes en la marcha.
«Muchos tienen ya una edad avanzada e incluso nos ha acompañado una persona en silla de ruedas», reconocía el presidente de la agrupación, Antonio Vilela. Pero, por encima del agotamiento, los afectados por los derribos se confesaban «tocados moralmente» con la «eternización» del proceso.
Tras años de esfuerzos, han removido los cimientos de las administraciones.
Pero la realidad es que, a pesar de todo, cada día está más cerca la amenaza de la piqueta. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ya ha ordenado que 22 casas en Arnuero y 20 en Argoños sean reducidas a escombros. Casi otro medio millar espera sentencias similares.
Ayer representantes de AMA se reunieron con el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio. Le propusieron crear una comisión mixta entre los ayuntamientos afectados, el Gobierno de Cantabria y la propia cámara regional.
«Aunque no debe ser posible, se ha comprometido a reunirse con Miguel Ángel Revilla para buscar alternativas», explicó Vilela.
Contactos en septiembre
La asociación estuvo con la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Dolores Gorostiaga, y con el consejero de Vivienda, José María Mazón. Ambos emplazaron a los vecinos a retomar los contactos en septiembre.
Entonces analizarán juntos las vías de solución.
Entre ellas, el dirigente de Urbanismo retomó la idea de estudiar los aprovechamientos urbanísticos de los planeamientos de los pueblos afectados.
«Eso está muy bien, pero necesita el respaldo financiero suficiente», matizaron desde AMA
Están cansados de palabras y palmaditas en la espalda.
Quieren que las instituciones se dejen de promesas y den los pasos para garantizar que sus viviendas no sean derribadas. Más de 300 miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) finalizaron ayer en la capital de Cantabria una marcha de dos días para exigir la solución definitiva a un problema que, desde hace más de una década, afecta a 4.000 personas.
Entre ellos los tres propietarios fallecidos en el último año de litigio, que fueron homenajeados en el recorrido porque «ellos ya no verán que será de sus casas».
Los 40 kilómetros a pie entre Argoños y Santander han supuesto una dura prueba física para los participantes en la marcha.
«Muchos tienen ya una edad avanzada e incluso nos ha acompañado una persona en silla de ruedas», reconocía el presidente de la agrupación, Antonio Vilela. Pero, por encima del agotamiento, los afectados por los derribos se confesaban «tocados moralmente» con la «eternización» del proceso.
Tras años de esfuerzos, han removido los cimientos de las administraciones. Pero la realidad es que, a pesar de todo, cada día está más cerca la amenaza de la piqueta. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ya ha ordenado que 22 casas en Arnuero y 20 en Argoños sean reducidas a escombros. Casi otro medio millar espera sentencias similares.
Ayer representantes de AMA se reunieron con el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio.
Le propusieron crear una comisión mixta entre los ayuntamientos afectados, el Gobierno de Cantabria y la propia cámara regional.
«Aunque no debe ser posible, se ha comprometido a reunirse con Miguel Ángel Revilla para buscar alternativas», explicó Vilela.
Contactos en septiembre
La asociación estuvo con la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Dolores Gorostiaga, y con el consejero de Vivienda, José María Mazón. Ambos emplazaron a los vecinos a retomar los contactos en septiembre.
Entonces analizarán juntos las vías de solución. Entre ellas, el dirigente de Urbanismo retomó la idea de estudiar los aprovechamientos urbanísticos de los planeamientos de los pueblos afectados.
«Eso está muy bien, pero necesita el respaldo financiero suficiente», matizaron desde AMA
FUENTE DIARIO MONTAÑÉS 2 DE ABRIL DE 2007
400 VIVIENDAS
El TSJC anula el plan parcial del Alto del Cuco
Estima así el recurso interpuesto por la asociación ecologista ARCA
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha estimado el recurso planteado por la asociación ecologista Arca y ha anulado el Plan Parcial del Alto del Cuco, aprobado por el Ayuntamiento de Piélagos, por estimar que vulnera la Ley del Suelo. La empresa Fadesa está construyendo 400 viviendas en el lugar, perteneciente al pueblo de Boo. Decenas de vecinos han protestado esta tarde ante la oficina de la constructora, en la obra, protegida por la Guardia Civil.
EP/SANTANDER
Así lo recoge una sentencia hecha pública hoy por el TSJC, que estima el recurso de Arca contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Piélagos de fecha 23 de marzo de 2004, por el que se aprobó definitivamente el Plan Parcial del Sector 2, Alto del Cuco, el cual anula el Tribunal.
En la sentencia, el TSJC señala que dicho Plan "vulnera" la Ley de Suelo de Cantabria de 2001, conclusión a la que el Tribunal llega partiendo de "pruebas objetivas, periciales y documentales", y "huyendo de peligrosos subjetivismos y consideraciones estéticas opinables".
Destaca al respecto que la "agresiva" modificación de la topografía del Monte Picota, que forma parte del entorno paisajístico de los Montes de Liencres, y las "exageradas y forzadas" soluciones arquitectónicas previstas para poder implantar en áquel trescientas noventa y cinco viviendas, "no hacen sino quebrar una vez más" el paisaje rural existente antes de la aprobación del Plan Parcial, convirtiendo el Sector 2 en un suelo "netamente urbano", al que se llega tras una actuación "traumática" sobre la parcela donde áquel se ubica, lo que, a juicio del TSJC, "produce un importante e incontrovertido impacto paisajístico" que obliga al Tribunal a rechazar la actuación urbanística en las condiciones y con las características previstas por el Plan Parcial.
Entre las alegaciones planteadas por el Ayuntamiento al recurso de Arca, la referida a su falta de legitimación activa, y a que su acción se haya acotado al sector dos, mientras la actividad urbanística desarrollada en la linde Sur del mismo, afectada por el Plan Parcial del sector Tres no haya merecido el reproche de la recurrente, el TSJC destaca que resulta "cuando menos sorprendente" que el propio Ayuntamiento de Piélagos "pueda plantearse la ilegalidad del Plan Parcial del sector tres, y la falta de impugnación del mismo, cuando es dicha Corporación municipal la que ha procedido a su aprobación".
Ello --agrega-- supondría "cuestionar la legalidad de sus propios instrumentos de planeamiento urbanístico, y que aquéllos no hayan sido impugnados" y destaca que "nada obliga a la recurrente a interponer recursos contenciosos-administrativos contra la totalidad de las normas de planeamiento urbanístico sobre las que pudieran recaer sospechas de ilegalidad".
IRREVERSIBLE
Abundando en esta cuestión, y en la negativa del Ayuntamiento y de la empresa Fadesa a considerar la zona en litigio como un lugar de "paisaje abierto y natural", ante la consolidada urbanización del entorno, especialmente en lo que al vecino municipio de Bezana se refiere, el TSJC indica que aunque las precedentes actuaciones urbanísticas hayan generado un impacto paisajístico "ya irreversible", no es razón "de peso" para "santificar" el Plan impugnado, porque ello supondría "consentir" que, producidas una o varias actuaciones urbanísticas que degraden progresivamente el paisaje en los terrenos colindantes, las restantes "se verían justificadas, pues ello supondría una imparable degradación medioambiental".
Así, la Sala concluye que la existencia de paisaje abierto deviene de la contemplación del macizo de La Picota "en su totalidad", con anterioridad a las actuaciones urbanísticas en su ladera Sur, e indica que, partiendo de la consideración de la zona como un "paisaje rural y abierto", se debe plantear si dicho entorno posee valores ambientales y paisajísticos "dignos de protección", a lo que también da una respuesta positiva, no solo por el informe de la CROTU, sino por la propia promotora que hace una cumplida referencia a dichos valores en su informe de impacto, así como a las medidas correctoras para amortiguar los mismos.
IMPORTANTE IMPACTO VISUAL
La sentencia, que también analiza cuáles son los impactos paisajísticos que la actuación urbanística proyectada puede producir, destaca que la misma es perceptible visualmente hasta desde cinco kilómetros de distancia, "por lo que en ningún momento puede afirmarse que pasará desapercibida" sino que produce un impacto visual "importante desde relevantes zonas de observación".
Igualmente, subraya que produciría una alteración topográfica de la ladera que "en ningún caso puede ser calificada de moderada", y añade que las soluciones arquitectónicas diseñadas "resultan ser más graves al no ubicarse exclusivamente sobre la falda de la ladera, sino que ascienden a cotas bastante altas del monte", dando como resultado "una alteración del relieve natural importante y un impacto notable sobre la percepción del paisaje, que perderá toda armonía con las demás parcelas de la ladera sur, ajando la composición y el orden de la misma y por ende, la armonía del conjunto montañoso".
En conclusión, el TSJC explica que es "la ruptura de la armonía del paisaje, en un entorno natural rural precisado de proteccion sobre el que las actuaciones urbanísticas precedentes no han hecho sino contribuir a su progresiva degradación", la que en definitiva sustenta la anulación del Plan Parcial del Sector 2 de Piélagos, por su "clara vulneración" del artículo 34 de la Ley del Suelo de Cantabria . Contra la sentencia, las partes podrán plantear recurso.
La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha estimado el recurso planteado por la asociación ecologista Arca y ha anulado el Plan Parcial del Alto del Cuco, aprobado por el Ayuntamiento de Piélagos. Dicho recurso se dirigió además de contra el Consistorio, contra Fadesa Inmobiliaria y contra el Gobierno de Cantabria, como partes codemandadas.
EL DIARIO MONTAÑÉS 31-01-07
PIÉLAGOS
En la sala de espera de los derribos
Los 400 propietarios de la urbanización Costa Verde, en Boo, aguardan una decisión del juzgado a las peticiones de demolición presentadas por ARCA y Gobierno regional La Consejería de Medio Ambiente dio el visto bueno al proyecto, mientras que la de Urbanismo lo denunció
GONZALO SELLERS/BOO
Batallas políticas, perjuicios medioambientales, destrucción de restos arqueológicos... Son muchas las razones que se han esgrimido para explicar la coyuntura que vive la urbanización Residencial Costa Verde, en Boo, pero lo cierto es que sus propietarios, 400 vecinos en total, se han visto salpicados por un proceso judicial que no entienden. Y es que el mismo Gobierno regional que dio el visto bueno a su construcción es parte demandante en el litigio para su derribo.
El plan parcial El Cuco 1, donde se ubica la urbanización todavía en construcción, fue aprobado en pleno por el Ayuntamiento de Piélagos justo antes de que el Gobierno de Cantabria pudiese sacar adelante el Plan de Ordenación del Litoral (POL), donde esos terrenos se consideraban área de interés paisajístico.
Ya calificados los terrenos como urbanizables, la Consejería de Medio Ambiente dio el visto bueno para construir en la zona, por lo que el Ayuntamiento entregó las licencias de obra para dos urbanizaciones: El Cuco 1 (Fadesa) y El Cuco 2 (Ascán).
La primera de ellas fue denunciada en un primer momento por la Consejería de Urbanismo del Gobierno regional, que alegó un «elevado impacto paisajístico». El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) lo desestimó por entender que fue el propio Ejecutivo autonómico -en concreto su Consejería de Medio Ambiente- el que aprobó las obras en la zona. Este proceso sigue abierto por el recurso presentado ante el Tribunal Supremo (TS).
Por otro lado, la asociación ecologista ARCA ha denunciado el Plan Parcial ante el TSJC, basándose en el temor a que destruya los restos arqueológicos situados en el Alto del Cuco: una red de trincheras y búnkeres de la Guerra Civil española que la Consejería de Cultura estudia catalogar como Bien de Interés Cultural. Además, las licencias que se van concediendo en cada sector son respondidas por los conservacionistas con una nueva denuncia.
El pasado domingo, una representación de estos 400 afectados se reunió para crear una asociación y así poder defender sus intereses de forma conjunta. Muchos han recibido de Fadesa la misma respuesta («los permisos están en regla y sólo es un tema político») y casi todos han recibido la carta del Ayuntamiento para personarse en el juicio si lo desean.
Una de ellos, María Jesús Escobar, de 41 años, también opina que todo se debe a una «batalla política en la que los vecinos somos los daños colaterales. Esto no ocurriría 100 metros más allá, en Bezana, porque en ese municipio gobiernan otros». María Jesús es publicista, vive actualmente en Reocín y ha comprado en esta urbanización un chalet pareado por 300.000 euros, donde tiene previsto irse a vivir con su marido y sus dos hijos.
Esta vecina pretende cambiar de residencia para buscar más calidad de vida «después de muchos años trabajando y ahorrando este dinero». Por esa razón, se siente «engañada por una Administración corrupta, una Justicia injusta y unos sinvergüenzas que dicen defender la naturaleza».
Como muchos de los que están en su misma situación, María Jesús tiene previsto unirse al resto de afectados para defenderse. «Pagamos una millonada por cuatro ladrillos, y se dedican a convertir nuestros sueños en pesadillas y las ilusiones en preocupaciones», denuncia.
Blanca del Piñal no pudo asistir a la reunión porque vive en Canarias. Ahora, después de muchos años recorriendo España por el trabajo de su marido, banquero, quieren volver a la «tierruca», como dice. Por eso decidió invertir casi 300.000 euros en un adosado de la Residencial Costa Verde. «Además, en verano, Navidad y Semana Santa vendrán nuestras dos hijas, los nietos...», explica. Pero la ilusión ha dejado paso a la «impotencia», por eso Blanca aboga por la unión de los afectados y así «tener más fuerza».
Engañados
Luis Lobeto, de 63 años, es celador en un hospital, mientras que su esposa, Ángela Díaz, de 60 años, es ama de casa. Actualmente residen en Santander, pero han adquirido, por 230.000 euros, una vivienda en esta zona. «Mi marido se jubila y queremos irnos cerca de mi hija, que vive en Maoño», señala Ángela. Esta situación les pilló por sorpresa cuando recibieron en su casa la carta del Ayuntamiento.
Acto seguido fueron a informarse a las oficinas que Fadesa tiene en la zona de construcción. «Nos dijo que no era importante y que en dos meses estaría todo solucionado», recuerda Ángela.
Esta pareja se siente «agobiada, engañada, desprotegida y mal informada». «Si este problema no está solucionado cuando llegue el momento de firmar las escrituras no sé qué vamos a hacer, necesitamos vender nuestro piso para poder irnos», denuncia.
Más espacio
Nelida Vega, 24 años, y Rodrigo Portilla, 28 años, viven en un piso de 65 metros cuadrados que compraron hace dos años. Sin embargo, decidieron adquirir por 300.000 euros un adosado en Costa Verde para «tener en un futuro espacio para nuestros hijos». En Fadesa les dijeron que todo era una «tema político para que el actual alcalde, Jesús Ángel Pacheco (PP), no salga reelegido en las próximas elecciones».
Ellos reconocen que la urbanización rompe con el entorno, pero «cuando esté finalizada quedará muy bonita y se rellenarán todos los espacios verdes». «Lo único que pedimos es que no nos mareen, nos cuesta mucho ganar el dinero necesario para comprar esa casa», apuntaron.
En el caso de que el juzgado dictase un fallo favorable a la demolición, esta urbanización concentraría a casi la mitad (el 43 por ciento) de los afectados por sentencias firmes de derribo en toda Cantabria, que en este momento suman 536.
EL DIARIO MONTAÑÉS 22.01.2007
ARGOÑOS
Manifestación de la AMA contra la corrupción urbanística en Cantabria
Los afectados estudian interponer una querella criminal contra los culpables
ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS
Alrededor de 150 personas participaron en la manifestación convocada por la AMA en Argoños. / R. A.
Alrededor de 150 personas participaron ayer en la manifestación que tuvo lugar en Argoños contra la corrupción urbanística en Cantabria, convocada por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que integra a los afectados por las sentencias de derribo de sus viviendas.
El presidente del colectivo, Antonio Vilela, avanzó que sus abogados estudiarán interponer una querella criminal contra los posibles culpables; el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, y los alcaldes involucrados.
Así, durante la marcha que recorrió las principales calles de Argoños y concluyó en la Casa Consistorial, se pudieron escuchar gritos por parte de los participantes como 'Revilla y Gorostiaga, dimisión', 'Gorostiaga el que la hace la paga', 'Cantabria, la segunda Marbella' y 'Somos víctimas de la corrupción'.
Los afectados tampoco se olvidaron de incidir en que no se debe derribar y es posible una solución.
De hecho, respecto a la situación que viven los vecinos de El Encinar y la posible anulación de la adjudicación de la demolición a la empresa Erri-Berri, el presidente señaló tan solo que "nos oponemos a cualquier derribo".
Bosque de la AMA
Otra de las iniciativas que pretenden llevar a cabo es la creación del Bosque de AMA. El proyecto está coordinado por el doctor en Biología, Pablo Bahillo, y el objetivo es plantar veinte encinas en un terreno limítrofe entre Argoños, Noja y Arnuero. "Será nuestro homenaje a la naturaleza y al mismo tiempo se convertirá en un símbolo del sufrimiento de las víctimas", comentó Bahillo.
'Contra la corrupción urbanística' fue el nuevo lema que para esta reivindicación escogió la AMA, aunque también se pudieron ver pancartas con los rótulos 'Legalización es la solución' y 'Legalización y justicia. Somos víctimas', así como banderas amarillas y monigotes de inocentes, de color negro.
536 viviendas
El presidente de la AMA explicó que en Cantabria existen 2.500 personas, de 536 viviendas, entre Arnuero, Argoños, Escalante, Piélagos y Miengo, con sentencia firme de derribo, otras 2.000 involucrados en problemas urbanísticos en municipios como Castro Urdiales o Piélagos.
En cuanto a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Argoños, Vilela comentó que no soluciona los problemas de los afectados, a pesar de que el consejero de Urbanismo, José Vicente Mediavilla, y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, anunciaron que podía ser una solución.
"No se buscan soluciones ni se juzgan a los verdaderos culpables", recalcó Antonio Vilela, afectado por una sentencia de derribo en Argoños.
EL CORREO 22.01.07
VIZCAYA
La empresa adjudicataria rechaza derribar los pisos ilegales de Arnuero sin el consenso de los vecinos
JOSÉ DOMÍNGUEZ/BARAKALDO
PROTESTA realizada ayer por los afectados. / DIARIO MONTAÑÉS
A pesar de que lo exige el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el derribo de los pisos ilegales de Arnuero parece estar todavía lejos.
Cuatro meses después de que el Ayuntamiento adjudicara a Erri Berri la demolición de la primera fase, 22 pisos a medio construir en la promoción de El Encinar, la empresa todavía no ha cogido la piqueta. "Se niega a empezar si no hay un acuerdo previo entre las instituciones y los afectados", reconoció ayer el presidente de AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración, Antonio Vilela.
300 personas se manifestaron ayer en la localidad cántabra para denunciar la corrupción urbanística "generalizada en España".
Erri Berri siempre se ha mostrado partidaria de que se llegue a un acuerdo antes de derribar las primeras de los 144 viviendas declaradas ilegales en Arnuero. Sus responsables han reconocido la conveniencia de que se produzca una reunión entre ambas partes, "para normalizar el ambiente antes de decidir".
"A nosotros nos ha reconocido haberse sentido un tanto engañada porque desconocía la problemática social que giraba en torno a estos pisos antes de presentarse al concurso público para su demolición", explicó Vilela. Los afectados agradecieron a la firma el "tratamiento" que ha dado a la situación.
Esperanza de solución
AMA siempre ha defendido que el Parlamento de Cantabria establezca las medidas correctoras que permitan regularizar la situación de cerca de 2.000 afectados por la misma problemática en la comunidad autónoma. Otra vía posible es la modificación de los planeamientos urbanísticos de los municipios afectados. Y una tercera sería que, "con compromisos escritos y partidas presupuestarias aprobadas", se proceda a los realojos de los vecinos en nuevas casas levantadas en terrenos adecuados.
Ninguna de las tres opciones, sin embargo, ha sido aprobada por las instituciones. Al contrario, el Ayuntamiento de Arnuero ha anunciado que esta semana se abrirá el expediente para buscar una solución definitiva al derribo de los 22 pisos ilegales. El procedimiento administrativo puede concluir con sanciones a Erri Berri por no haber ejecutado los trabajos. Antes la institución local escuchará sus alegaciones. Incluso cabría la posibilidad de reiniciar el proceso de adjudicación desde el principio.
En la manifestación de ayer, AMA contó con el apoyo de vecinos no afectados por los derribos. "El pueblo se ha solidarizado con nuestro dolor", le agradeció Vilela. Según datos recabados por la propia asociación, un 1 millón de personas podrían estar afectadas por la corrupción urbanística en España. "Incluso la Unión Europea ha llamado la atención al Gobierno central por estas irregularidades", denunciaron
Diario Montañés 12-01-07
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La AMA dice que actúo dentro de la legalidad con Erri-Berri
R. ALONSO/SANTANDER
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que integra a los afectados por las sentencias de derribo de sus viviendas, asegura que ha actuado dentro de la legalidad vigente a la hora de dirigirse a los responsables de la empresa Erri-Berri, adjudicataria del concurso de derribo.
Desde este colectivo no comprenden «cómo se puede abrir una investigación por supuestas amenazas cuando ni siquiera la empresa implicada lo ha pedido y, sin embargo, no se procede contra quienes han actuado al margen de las normas».
El presidente de la asociación, Antonio Vilela, pide a la Fiscalía que «no convierta a las víctimas en responsables de la actuación errónea de otros organismos como el Ayuntamiento de Arnuero, que no informó a la empresa Erri-Berri del problema de injusticia social que existe con los vecinos del Encinar».
La AMA no entiende cómo la Fiscalía, en diez años, no ha abierto ninguna investigación contra la corrupción urbanística en Cantabria.
Por último, los afectados exigen a la Fiscalía que investigue el urbanismo en Cantabria y que protejan a los ciudadanos inocentes.
«Esperamos que, a la mayor brevedad posible, se esclarezca el asunto de Erri-Berri ya que la misma produce daño en la imagen de los ciudadanos», declaró a EL DIARIO MONTAÑÉS Antonio Vilela.
VIZCAYA EL CORREO 12.01.07
Vecinos de Arnuero critican que se investiguen las amenazas a la adjudicataria de los derribos
S. ZUBELDIA/CASTRO
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) calificó ayer de «increíble» que la Fiscalía haya decidido investigar las supuestas amenazas vertidas contra la empresa Erri Berri por parte de los afectados de los derribos de Arnuero. No comprenden que el Ministerio Público haya abierto diligencias «cuando ni siquiera la entidad implicada lo ha pedido y, sin embargo, no procede contra quienes han actuado al margen de las normas establecidas», razonaron en un comunicado emitido ayer.
Cabe recordar que la Fiscalía inició sus pesquisas en base a la denuncia que presentó hace unas semanas la asociación ecologista Arca, responsable de las demandas que propiciaron el fallo de demolición contra los apartamentos de Arnuero.
Un portavoz de Erri Berri reconoció hace dos meses que la entidad había recibido «treinta o cuarenta anónimos» en tono amenazante por parte de los afectados, en los que se les instaba a no llevar a cabo la demolición. No obstante, los vecinos siempre han desmentido haber presionado a la constructora.
«Es increíble que además de sufrir durante tantos años la injusticia por las actuaciones de los poderes públicos, la primera actuación que conozcamos de la Fiscalía sea una investigación a las víctimas», se duele la AMA.
En opinión del colectivo, el Ayuntamiento de Arnuero tendría una mayor responsabilidad sobre el problema porque «no informó a la empresa del conflicto de injusticia social que sufren los vecinos de El Encinar», aducen.
La Asociación, que ha convocado una manifestación contra la corrupción urbanística el próximo 21 de enero a las 12.00 horas en Argoños, no comprende «cómo es posible que con 21 sentencias de derribo, cuatro resoluciones que condenan al Gobierno regional y a varios Consistorios por daños morales a los ciudadanos y más de 2.500 afectados, el ministerio público no haya abierto ninguna investigación contra la corrupción urbanística en Cantabria».
ARNUERO 28-12-08
Erri-Berri no se pronunció sobre el derribo de El Encinar
Según el alcalde, el plazo para que la empresa se decidiese concluyó ayer El secretario municipal abrirá un expediente para seguir el proceso
ROBERTO ALONSO/ARNUERO
La empresa navarra Erri-Berri, adjudicataria del concurso del derribo de los 24 primeros apartamentos de la urbanización El Encinar, en Isla, no se pronunció ayer sobre la demolición.
Asi lo aseguró el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual (PP), quien señaló hace unos días que el plazo para decidirse sobre esta actuación finalizaba ayer, miércoles, día 27 de diciembre.
El máximo responsable municipal indicó que el secretario municipal deberá abrir ahora un expediente para seguir con el proceso. La empresa perderá la fianza inicial presentada, que ascendió a 3.000 euros, y se deberá determinar sí se convoca un nuevo concurso público o la segunda oferta más ventajosa es la beneficiaría del derribo.
Sin embargo, el secretario también estudiará la posible incompatibilidad de esta segunda oferta a la hora de ejecutar la demolición, ya que Cenavi fue quien construyó esta urbanización y también presentó la segunda oferta más ventajosa en la UTE formada con Excavaciones Bedia.
El presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración, Antonio Vilela, que incluye a los afectados por los derribos, aseguró que «no sabemos nada sobre la decisión de Erri-Berri».
Vilela explicó que la semana pasada envió un correo electrónico a los responsables de la empresa para reconocer su sensibilidad y su reflexión sobre la situación de los afectados, y al mismo tiempo les pidió que renunciasen al derribo.
Agencia Europapress 22-11-06
SENTENCIAS DE DERRIBO
El Ayuntamiento de Argoños y el Gobierno regional deberán indemanizar a los propietarios de otra urbanización por daños morales
Los vecinos percibirán 12.000 euros si se trata de la primera vivienda y 9.000 si es la segunda residencia
El Ayuntamiento de Argoños y el Gobierno de Cantabria deberán de indemnizar conjuntamente a los propietarios de la urbanización 'Pueblo del Mar I', en Argoños, sobre los que pesa una sentencia firme de derribo sin ejecutar, con 12.000 euros en concepto de daños morales si se trata de la primera vivienda y de 9.000 euros si es la segunda residencia, eso sí, en cualquiera de los casos si la propiedad se adquirió antes del 23 de mayo de 2000, fecha en que se anuló la licencia de la urbanización.
EP / SANTANDER
Así lo ordena la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en una sentencia hecha pública hoy, que recoge jurisprudencia en la línea de otro fallo judicial de marzo de 2005, que también condenaba al Ayuntamiento de Arnuero y al Gobierno regional a idénticas indemnizaciones por daños morales a los propietarios de la urbanización 'El Encinar' de Arnuero.
La sentencia, remitida íntegramente por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), explica que de las 78 familias que reclaman indemnizaciones, tienen derecho a recibir contraprestaciones por daños morales unas 70, dejando a otros ocho fuera porque adquirieron la vivienda "asumiendo el riesgo de que se trataba de inmuebles litigiosos", es decir, después del 23 de mayo de 2000.
Así, el TSJC estima que los propietarios de la urbanización 'Pueblo del Mar I', promovida por la empresa 'Satec SL', vienen padeciendo a cuenta de la sentencia de derribo "zozobra, inquietud, inseguridad y amenaza cierta de la pérdida de sus viviendas", reconociendo su derecho a un "resarcimiento económico" por daños morales.
INDEMNIZACIÓN POR LA PÉRDIDA DE LA VIVIENDA
En cuanto a las indemnizaciones por la pérdida propiamente de las viviendas, la Sala, presida por María Teresa Marijuán, concluye que dado que las demoliciones no se han producido todavía, "será en el momento en que se lleve a cabo la orden de demolición cuando podrán determinarse en su integridad los perjuicios causados".
El Ayuntamiento de Argoños otorgó la licencia de construcción a dicha urbanización el 4 de noviembre de 1997, siendo revocada "en primera instancia" el 23 de mayo de 2000, si bien la Sala también condena al Gobierno de Cantabria a pagar solidariamente las indemnizaciones porque dicha nulidad de licencia se basaba también en la "aprobación de un estudio de detalle que territorialmente afecta a tres municipios diferentes y de lo cual es responsable también la Administración regional".
INDEMNIZACIONES "TREMENDAMENTE BAJAS"
Ante esta nueva sentencia dictada por el TSJC sobre urbanizaciones con sentencia de derribo firmes, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha remitido un comunicado en el que valora "positivamente" tanto la condena al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Argoños, como la concesión de indemnizaciones morales, aunque "sean tremendamente bajas".
Además, critican que las indemnizaciones morales se limiten hasta la fecha del 23 de mayo de 2000, "ya que los compradores lo hicieron de buena fe después de esa fecha".
Desde AMA se lamenta también que se considere que el daño material no es efectivo hasta el derribo de las viviendas, "cuando no podemos disponer de nuestro patrimonio y las viviendas hipotecariamente no tienen valor".
"No entendemos cómo puede haber una situación de irregular tan clara y que no haya ningún responsable de la misma por ninguna parte", afirma AMA, pues "se condena al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Argoños, y nadie es responsable de esas actuaciones no ajustadas a derecho".
Es por ello que la asociación, constituida mayoritariamente por ciudadanos vascos, pide al Gobierno de Cantabria que "con esta nueva sentencia en su contra tiene que tomar decisiones rápidas para solucionar este grave problema, y la más adecuada es invertir en las diferentes urbanizaciones para que cumplan la legalidad vigente y hacer posible su legalización".
EL CORREO 7-11-06
Investigan por construirse chalés en suelo rústico a ecologistas que piden derribos en Cantabria
Afectados por las sentencias de demolición llevan a los tribunales a miembros de Arca al construirse tres casas cerca de Noja sin respetar en su opinión las normas urbanísticas
HELENA RODRÍGUEZ/CASTRO
BAJO SOSPECHA. La vivienda del responsable del grupo ecologista se encuentra en Ribamontán al Monte. / D. M.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander investiga la construcción de tres casas en un terreno rústico de la localidad cántabra de Ribamontán al Monte, cerca de Noja. El proceso no dejaría de ser uno más de los muchos abiertos en la comunidad vecina de no ser porque los dueños de las viviendas son la esposa del presidente de la asociación ecologista Arca, Gonzalo Canales, una de las procuradoras que trabaja habitualmente para el grupo y un familiar de ésta.
La denuncia fue interpuesta por varios afectados por las sentencias de derribo que pesan sobre 16 urbanizaciones de la costa cántabra. Da la casualidad de que fue precisamente Arca el colectivo que promovió las decisiones de demoler las viviendas por haber sido construidas bajo graves irregularidades urbanísticas. El pasado septiembre, los demandantes pusieron en conocimiento del juez la existencia de tres edificios edificados «con dudosa legalidad» en terreno rústico.
Marcos Campos, promotor de la demanda, relató que los tres implicados «adquirieron hace años una finca rústica de 21.469 metros cuadrados en una zona conocida como Riocueva y en pleno monte». El anterior dueño del terreno había intentado segregarlo en distintas parcelas. Esta operación permitiría eludir el apartado 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística de 1978, vigente hasta finales de los 90 y que rige la operación del miembro de Arca, por el cual se permite edificar una vivienda en una parcela rural siempre y cuando no haya más en la misma finca.
La reparcelación de la zona, sin embargo, nunca fue aprobada por el Ayuntamiento de Ribamontán. «Aun así, Canales y los otros dos implicados solicitaron en un breve plazo de tiempo y de forma consecutiva permisos para construir tres casas en otras tantas parcelas de entre 5.000 y 6.800 metros cuando legalmete sólo existía una finca», detalló Campos.
Actuación «fraudulenta»
«Primero pidió la autorización el presidente de Arca, y se la dieron. Luego, los otros dos consiguieron el visto bueno, dado que no había pasado el tiempo suficiente para que la primera casa estuviese levantada. De esa forma burlaron el artículo 44.2», advirtió el demandante, afectado por una sentencia de derribo en Liencres. Según el despacho de abogados que tramita la querella, «los propietarios actuaron fraudulentamente afirmando en el proyecto que no había vivienda alguna, cuando sabían que se estaban gestionando las tres suyas».
La denuncia también refleja otras irregularidades, como «la diferencia entre el proyecto presentado en el Ayuntamiento y el resultado final». Los demandantes llevan «dos años investigando este asunto», que reconocen no habrían «movido de no estar implicada la asociación que exige que se derriben nuestras casas». En ese tiempo, «el Consistorio se ha negado a facilitarnos documentación, por lo que el juez se la acaba de exigir de forma oficial», desveló Campos.
Un portavoz de Arca tachó ayer de «sarta de mentiras» todas estas acusaciones. «Esta denuncia es consecuencia de estar al frente de la lucha contra la corrupción urbanística en Cantabria. Llevamos tiempo sufriendo amenazas y ésta es una más. No tenemos que dar explicaciones sobre cómo se han comprado nuestras casas. ¿Faltaría más!», exclamaron los dirigentes del grupo ecologista.
EL CORREO 7-11-06
La adjudicataria de las demoliciones de Arnuero estudia rechazar la obra
H. RODRÍGUEZ/CASTRO
A LA ESPERA. Vista panorámica de la urbanización El Encinar de Arnuero. / F. GÓMEZ
La empresa Erri Berri, que resultó adjudicataria del derribo de los dos primeros bloques de viviendas condenadas a la piqueta en la urbanización El Encinar de Arnuero, estudia abandonar el proyecto. Según reconoció ayer un portavoz de la firma navarra, «cuando nos presentamos al concurso nadie nos informó de la historia que hay tras las demoliciones».
«Nadie nos dijo que había vecinos afectados, ni que existía una plataforma que se oponía, ni nada de eso», aseguraron. Así, ante «las presiones recibidas» la empresa «estudia» qué hacer. Erri Berri se hizo con los trabajos de demolición el pasado mes de septiembre por 111.000 euros. Entonces, la constructora compitió con otras dos firmas, una de ellas Cenavi, la misma que edificó la urbanización El Encinar. Precisamente, esa oferta fue la segunda más económica, por lo que, de abandonar Erri Berri, sería Cenavi la encargada de ejecutar el derribo.
'Ley de punto final'
Los afectados, por su parte, desmintieron haber presionado a la constructora. «Sólo nos hemos puesto en contacto con ellos para comunicarles lo que nos pasaba. Jamás les hemos amenazado», aseguraron los vecinos. Desde la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) se mostraron esperanzados ante la posibilidad de que Erri Berri anulase su compromiso.
«A ver si es verdad. Lo hemos dicho miles de veces. Lo que hay que hacer es legalizar, no echar abajo», reclamó el presidente, Antonio Vilela. El Gobierno de Cantabria llevaría a cabo esta alternativa mediante una normativa, actualmente en fase de estudio, que se ha dado en llamar 'Ley de punto final'. No obstante, ARCA, responsable de las denuncias que propiciaron las sentencias de demolición, se han mostrado en contra y ha anunciado que hará lo posible para que los dictámenes se ejecuten. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, por su parte, ya ha instado a los ayuntamientos afectados a acelerar la ejecución de los derribos.
DIARIO MONTAÑES 06-11-2006
El presidente de ARCA, implicado en un posible delito urbanístico
Canales y otras dos personas vinculadas a la organización construyeron en un terrero rústico y en pleno monte unas viviendas de segunda ocupación
DIEGO RUIZ/SANTANDER
La vivienda de Canales se encuentra en Riocueva, un lugar de Villaverde de Pontones. / DM
María Antonia Sainz Quintana -esposa de Gonzalo Canales, presidente de ARCA-; Belén de la Lastra, una de las procuradoras que habitualmente trabaja para el grupo ecologista, y José Antonio Losada Armada, cuñado de la anterior, podrían estar implicados en un asunto que 'huele' igual de mal que muchos de los llevados adelante por ARCA, relacionados precisamente con la construcción ilegal en Cantabria. Propietarios de tres viviendas unifamiliares construidas en suelo rústico -extrañamente recalificado- en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte) podrían ser autores de una infracción urbanística, tal y como ha denunciado un grupo de cántabros afectados por una orden de derribo contra sus viviendas, promovida por ARCA, y que están representados por el despacho de abogados madrileño Estudio Legal Castelló 95. La denuncia, presentada el 7 de septiembre de este año, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santander, está admitida a trámite.
Sainz Quintana -en régimen de bienes gananciales con Canales-, De la Lastra y Losada adquirieron hace algunos años tres parcelas en una finca de 21.469 metros cuadrados en el lugar conocido como Riocueva o Llanceras, en Villaverde de Pontones, en pleno monte, calificada como suelo rústico, y sin ningún tipo de servicios. Allí, los tres propietarios que se conocían perfectamente construyeron irregularmente, según la denuncia presentada, tres casas unifamiliares en parcelas de superficies de 5.191 metros cuadrados, 5.884 y 6.816, respectivamente. Se trata de viviendas de segunda ocupación, que habitan en periodos de vacaciones y los fines de semana.
La infracción
El anterior titular de la finca, según la documentación que consta en el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, había solicitado una licencia de segregación que no le fue concedida por el Ayuntamiento. A la vista de esto, los tres propietarios actuales tramitaron de forma separada pero prácticamente simultánea sendas autorizaciones para construir en suelo rústico, conforme al artículo 44.2 apartado 2 del Reglamento de Gestión Urbanística del 78, vigente en esa época. Los hechos se remontan a finales del 97 o comienzos del 98, cuando las comunidades autónomas gestionaban las nuevas normas urbanísticas.
Para el despacho de abogados madrileño que tramita el caso, "estos propietarios actuaron fraudulentamente afirmando en el proyecto que en la finca no había vivienda alguna cuando estaban gestionando las tres suyas y existía otra ya construida legalmente años antes. Si hubieran realizado la tramitación conjuntamente, la Comisión Regional de Urbanismo no les hubiera permitido construir y es que en el citado artículo 44.2 se insiste en el peligro de la formación de nuevos núcleos de población. Para ello, y sabiendo lo que hacían, falsearon además la realidad con mediciones inexactas". Con la nueva ley, tampoco podrían haber construido en este lugar y este dato lo conocían.
Durante el inicio de toda la tramitación, el proyecto tuvo siempre el informe negativo del arquitecto municipal, pero al ser cesado en su cargo y sustituido por otro técnico, al poco tiempo, se les concedió el permiso municipal, no sin cierta sorpresa.
El momento
El caso, actualmente, se encuentra sub iúdice en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander. En un principio, se puso de manifiesto en el Ayuntamiento la presunta infracción urbanística y al considerar éste que todo era legal, se interpuso una demanda por vía judicial admitida a trámite.
"Se trata de una gran incongruencia -dicen los abogados madrileños- por parte de los autores del presunto delito. De estas infracciones hay muchas en España e incluso en Cantabria, pero muchas veces no son imputables a los propietarios de las viviendas. Sin embargo, estas tres personas incurren en la infracción al ser los promotores de las obras. Además, se trata de gente que ha perseguido y denunciado actuaciones similares a la suya".
Sanciones
La sanción para esta infracción urbanística es, para los abogados de Marcos Campos y el resto de los denunciantes, la demolición de lo construido, ya que se parte de unos datos totalmente falsos.
Diario Montañés 03-11-2006
Los vecinos de El Encinar niegan las amenazas a la empresa Erri-Berri
Responsables de la promotora adjudicataria del derribo de la urbanización han asegurado que sufren presiones por medio de cartas y llamadas telefónicas
ROBERTO ALONSO/ARNUERO
Los vecinos de El Encinar, urbanización de 144 apartamentos ubicada en Isla y afectada por una sentencia firme de derribo, negaron ayer que hayan amenazado a la empresa navarra Erri-Berri, promotora que ha ganado el concurso de adjudicación de la demolición de estas viviendas. Por su parte, responsables de la promotora han asegurado públicamente que «sufren presiones y amenazas, por medio de cartas y llamadas telefónicas».
Esteban Alday, vecino de la comunidad El Encinar, incidió en que «como colectivo no se ha amenazado a nadie y sólo se ha enviado documentación y artículos periodísticos para informarles de nuestra situación». También Alday dijo que «se ha remitido, de forma masiva y como recordatorio del problema que sufrimos, un cartel con el rótulo 'Ojo, vecinos cabreados', cuya interpretación de amenaza es muy subjetiva».
El portavoz de los vecinos de El Encinar recordó que el estudio psicológico, realizado hace unos años por la Universidad de Deusto, determinó que «los afectados lo están pasando muy mal».
El presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, que incluye a los afectados de Arnuero, indicó que «se ha enviado información a la promotora sobre nuestra situación social y problemática». Vilela señaló que no se han producido amenazas y que siempre actúan, en sus movilizaciones, dentro de la legalidad.
El alcalde de Arnuero, José Manuel Igual (PP), declaró que al Ayuntamiento llegan, desde hace seis meses, escritos anónimos con mensajes como 'Sólo nos sacarán con los pies por delante', 'El mayor atraco inmobiliario de Cantabria. El ejército de Pancho Revilla', 'Cantabria, la Marbella del Norte' y 'Esperamos el pistoletazo de salida de la legalización', pero no lo considera una amenaza.
La demolición de los 24 primeros apartamentos de El Encinar estaba previsto para octubre o noviembre, según Igual.
Responsables de Erri-Berri han visitado la urbanización y aunque han recibido, por parte del Ayuntamiento de Arnuero la notificación de la adjudicación del concurso, todavía no se han pronunciado sobre su ejecución. «Han presentado una fianza provisional de cerca de 3.000 euros, pero no han comunicado sí acometerán el derribo», comentó Igual.
El siguiente paso en la adjudicación del derribo de El Encinar pasa por la firma del contrato entre el Ayuntamiento y la promotora y la presentación de la fianza definitiva. «En el plazo de ocho o diez días les volveremos a notificar que han ganado el concurso para esperar su respuesta», explicó el alcalde.
Informe jurídico
En el caso de que Erri-Berri opte por no ejecutar el derribo, José Manuel Igual avanzó que desconoce sí se deberá convocar el concurso de nuevo o será la segunda oferta más ventajosa, la UTE formada por Excavaciones Bedia y Construcciones Eugenio Nava Viar (Cenavi).
Por este motivo, el alcalde adelantó que han encargado la redacción de un informe por parte de los servicios jurídicos municipales. Además, el informe deberá determinar si existe alguna incompatibilidad, ya que Cenavi fue la constructora de estos apartamentos.
Esta promotora cuenta con varios pisos de su propiedad y hasta que no se acometa el derribo no podrá acceder a las indemnizaciones, según la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, al argumentar que hasta que no produzca el daño no se puede cobrar.
Alerta 22/10/2006
Argoños El 15% del suelo urbano del municipio tiene edificaciones con sentencia de demolición Casi un centenar de afectados por sentencia de derribo protesta por el caso Las Llamas 1
R. BEDIA.
Algo menos de un centenar de personas asistieron ayer a la concentración convocada en Argoños porla Asociación de Maltratadospor la Administración (AMA)
para protestar por la última sentencia de derribo que afecta a 19 viviendas unifamiliares situadas en la Urbanización Las Llamas 1, de Argoños, UD número peqneño de entre las
El presidente de AMA, Antonio Vilela, se dirigió a los afectados pór megafonía para explicar que el apoyo de la asociación a afectados de pequeñas urbanizaciones se justifica en su desamparo y su debilidad, "para que sientan que cuentan con el apoyo del resto de víctimas de la Administración y que no están solos".
Las cuatro 'sentencias de derribo que pesan sobre Las Llamas 1, a ejecutar antes de 2007,
"condenan al Ayuntamiento de Argoños y al Gobierno de Cantabria, y por esto el Gobierno debe poñer medios a los sufrimientos de los propietarios" mediante la inclusión de las partidas presupuestarias precisas para las indemnizaciones.
En opinión de Vilela, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria es la que "mira hacia otra parte ordenando los derribos" y no tiene en cuenta los acuerdos tácitos suscritos entre los demandantes, la Asociación Ecologista Arca, y los afec
256 viviendas con sentencia de derribo qne tiene este Ayuntamiento, lo que supone más del 15% de sn suelo urbano.
Los afectados de la Urbaniiación Las Llamas 1 serán los primeros en ver demolidas sus viviendas de entre las 21 urbanizaciones con sentencia de derribo que existen en Cantabria emitidas por la Sala de lo Contencioso del 1iibunal Superior de Justicia y que afectan a unas 2.500 personas.
tados,
Puso como ejemplo las propuestas de derribo realizadas por el Ayuntamiento de Argoños con el beneplácito de Arca,
Según Vilela, en ninguna sentencia se ha señalado responsables polfticos de la situación, como lo pueden ser a su juicio el actual presidente ?el Gobierno cántabro, Miguel Angel Revilla, que ocupaba el cargo de consejero de Obras y Urbanismo en la anterior legislatura, o la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, que era concejal en el Ayuntamiento
de Piélagos cuando se construyeron las 88 viviendas en ese municipio ahora afectadas por sentencia de derribo.
También tienen en su opinión culpa los tribunales de Justicia de la región, "porque en ninguna de las sentencias se cita como culpables a los constructores que han desaparecido con quiebras fraudulentas".
"Sólo estamos pagando las vfctimas, los que hemos comprado una vivienda sin saber nada",
y por eso Vilela reclamó ayer una legislación que obligue a conocer la situación legal de una propiedad antes de su adquisición.
Una de las soluciones propuestas por AMA es la legalización de las construcciones demandadas, "tal y como se ha hecho en otros supuestos", señaló Antonio Vilela, quien explicó que en los años que llevan abiertos los procesos, se han producido dos casos de suicidio entre los afectados y muchos han debido acudir a tratamiento psicológico, "aunque es muy dificil demostrar que hayan sido por la tensión y la ansiedad que nos produce esta situación de indefensión e injusticia",
El próximo 25 de octubre, la Comisión Regional de Ordenación Territorial y Urbanismo (CROTU) celebrará una reunión para analizar el Plan General de Ordenación Urbana de Argoños, que se encuentra en la cuarta exposición pública y que muestra, a juicio de Vilela, "una situación ridícula al utilizarse planos de 2003 en los que no aparecen hasta diez urbanizaciones ya construidas",
Diario Montañes 22/10/06
Argoños
Nueva concentración de los afectados por sentencias de derribo
Está previsto que la primera urbanización sea demolida en 2007
G. SELLERS/ARGOÑOS
Los afectados se concentraron junto a sus casas. / SANE
Los vecinos de la urbanización Las Llamas I de Argoños, con 19 viviendas afectadas por una sentencia de derribo, volvieron ayer a concentrarse junto a sus casas ante la inminente llegada del plazo de demolición de las mismas, que según el auto judicial deberá realizarse a lo largo de 2007.
En esta protesta estuvieron acompañados por miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), formada por más afectados con sentencias de demolición en los barrios de Pueblo del Mar I (78 viviendas), Las Llamas II (22), Las Llamas III (16), Camino del Portillo (14), Cuetos (8), La Llana I (91) y La Llana II (8), todas ellas situadas en Argoños, uno municipios más pequeños de Cantabria y con un 15% de sus 5,5 kilómetros cuadrados envuelto en fallos judiciales.
Los portavoces de AMA denunciaron la "poca sensibilidad" de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). "ARCA, promotora de la denuncia, llegó a un acuerdo con los ayuntamientos para demorar un poco el derribo, pero la jueza instó a que se hiciera en el menor plazo posible", apuntaron.
Para ellos, el Gobierno "debe dejarse de buenas palabras y actuar. Es hora de poner dinero y hacer uso de los aprovechamientos urbanísticos", que permitirían ofrecer a los afectados una alternativa a su vivienda ilegal.
Además, los vecinos denunciaron que las constructoras de las viviendas "han desaparecido con quiebras fraudulentas" y los responsables aún no han pagado. Entre ellos, los portavoces de AMA señalan al actual portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta del Ejecutivo, Dolores Gorostiaga. Esta última, dicen, "se niega incluso a recibirnos".
"Tiene que haber una modificación legislativa para que lo que ha ocurrido aquí no vuelva a pasar, ni en Cantabria ni en España", reclamaron.
Correo 22/10/06
VIZCAYA
Un juez ordena adelantar a 2007 el derribo de19 viviendas ilegales en Argoños
La medida afecta por primera vez a apartamentos habitados
JOSÉ DOMÍNGUEZ/BARAKALDO
Las 19 viviendas de la promoción Las Llamas I de Argoños deberán ser derribadas antes de que acabe 2007. El juez confirma así la postura del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que hace un mes instó al Ayuntamiento de la localidad a acelerar los trámites para derruir 74 apartamentos que, en un primer fallo, podían seguir en pie como máximo hasta 2017. De cumplirse la orden que el juzgado de instrucción ha remitido a sus dueños ya en tres ocasiones, serán los primeros pisos habitados en España demolidos por resolución judicial en suelo urbano.
Alrededor de 250 miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) se concentraron ayer junto a estas viviendas para exigir soluciones. "Estamos machacados por el Gobierno, los Ayuntamientos y los jueces", protestó su presidente, Antonio Vilela. Según reiteró, las sentencias que declaran ilegales más de 530 inmuebles en Cantabria "responden a irregularidades cometidas por el Gobierno regional y las instituciones locales, no por las víctimas que destinamos a estas casas nuestros ahorros".
Impacto paisajístico
El representante vecinal exigió al presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, "que cumpla la promesa de reunirnos para buscar soluciones que nos hizo hace dos meses". "Nos dijo que pondría a trabajar a su Gobierno para solucionar esta situación", lamentó.
AMA insiste en que la legalización de estos inmuebles puede llegar con la modificación de los planes urbanísticos municipales. En Argoños podría regularizarse el 95% de las 262 casas afectadas. "Pero el juez insiste en un derribo que, para colmo, en este caso responde a viviendas condenadas por su impacto paisajístico, cuando con posterioridad se han construido otras dos urbanizaciones delante de ellas", recriminó.
El Correo 26-09-2006
El Ayuntamiento de Arnuero adjudica los primeros derribos de viviendas ilegales
La resolución afecta a 22 apartamentos a medio construir que empezarán a desmantelarse antes de que finalice el año
JOSÉ DOMÍNGUEZ/BARAKALDO
NUEVO PASO. Al fondo, las casas condenadas a la piqueta. / I. PÉREZ
El Ayuntamiento de Arnuero adjudicó ayer en una comisión de gobierno el derribo de los primeros 22 pisos del municipio declarados ilegales por estar demasiado cerca de la costa. Los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de dos meses, deben comenzar antes de final de año. Tras conocer la resolución, los afectados volvieron a exigir al Consistorio que paralice las demoliciones exigidas por el Tribunal Superior de Cantabria hasta que el Gobierno regional «adquiera un compromiso claro con nuestras viviendas, que las legalice como se hace en otras partes de España o que nos compense adecuadamente».
La promoción de El Encinar incluye 144 viviendas condenadas a la piqueta. Esta adjudicación a la empresa navarra Erri-Berri por 111.000 euros se limita a una primera promoción de 22 inmuebles a medio construir. El proyecto de derribo exige también que se regenere el suelo.
Críticas de los afectados
«La idea del Ayuntamiento es demoler el año que viene otro bloque en similares condiciones», explicó el portavoz vecinal, Esteban Alday. El representante de los afectados recordó que, «aunque sean apartamentos deshabitados, algunos ya fueron comprados, pero sus dueños no han sido indemnizados».
«Se han preocupado por eliminar las estructuras que sirven de icono a nuestra movilización», protestó Alday en referencia a los esqueletos de los apartamentos. El miembro de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que reúne a 2.000 afectados, en su mayoría vizcaínos, advirtió del precedente que sentará esta decisión, ya que «si los derribos se extienden a las casas ya habitadas hablaríamos de una situación desconocida en toda España».
A la subasta convocada por el Ayuntamiento se presentaron tres compañías. Una de ellas era la propia firma que había construido los edificios, Cenavi, que ya había manifestado tener el mismo derecho que cualquier otra constructora tras identificarse como «un afectado más». Su oferta económica se situó a medio camino entre los 120.000 euros de la más cara y los 111.000 de la más barata.
El diario Montañés 26-09-2006
ARNUERO
La empresa navarra Erri-Berri demolerá las primeras 24 viviendas de El Encinar
El Ayuntamiento rechazó el recurso de los vecinos contra el concurso al considerar que el adjudicatario puede realizar la regeneración de la zona
ROBERTO ALONSO/ARNUERO
.La empresa navarra Erri-Berri demolerá los primeros 24 apartamentos de la urbanización El Encinar, ubicada en Isla, en la zona de La Arena. La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Arnuero, presidida por el alcalde, José Manuel Igual (PP), y formada por los concejales Ignacio Ortiz y María del Carmen Pérez, decidió por el procedimiento de subasta adjudicar los trabajos a la empresa más ventajosa, por un importe de 11.852 euros. El primer teniente de alcalde, Enrique San Emeterio, no asistió por encontrarse de vacaciones.
La UTE formada por Excavaciones Bedia y Construcciones Eugenio Nava Viar (Cenavi), cuya propuesta económica es de 119.669 euros, y Fernández Rosillo, con 120.271, el mismo precio que el de licitación, fueron las otras dos ofertas que se presentaron.
La ejecución, que se podría llevar a efecto en el plazo de dos o tres meses, según indicó José Manuel Igual, contempla el derribo de 24 apartamentos de los bloques que no llegaron a construirse en su totalidad y cuya estructura continúa junto a las viviendas habitadas. También se procederá a la regeneración de la zona.
Los siguientes pasos consistirán en notificar a la empresa la adjudicación, así como a los responsables que se encargarán de la dirección de la obra, que serán los mismos que redactarán el proyecto de demolición. Después se deberá firmar el contrato, realizar el replanteo de la obra y si es necesario un plan de seguridad y salud.
El Ayuntamiento, basándose en el informe elaborado por los técnicos municipales, desestimó el recurso interpuesto por los vecinos afectados contra las bases del concurso redactado por el Consistorio. La Corporación municipal considera que la empresa Erri-Berri dispone de la cualificación K, de jardinería, lo que le permite realizar las labores de regeneración de la zona.
Una docena de vecinos de El Encinar acudieron a la Casa Consistorial para informarse de la adjudicación
DIARIO MONTAÑES 18-09-2006
La Asociación de Maltratados por la Administración pide soluciones a Revilla
Este colectivo considera urgente establecer medidas que impidan el derribo de las viviendas afectadas por las sentencias ya confirmadas
ROBERTO ALONSO/SANTANDER
Una delegación de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), compuesta por el presidente, Antonio Vilela; Mercedes Diez de Arnuero; Juan Luís Urrutia, de Argoños, y Fernando Villadangos de Piélagos, se reunió con el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, con el fin de buscar soluciones a la situación que están soportando las víctimas de las sentencias de derribo.
La AMA ha pedido al presidente del Gobierno que urgentemente se pongan medios legales que puedan parar el derribo de viviendas.
Así, reclaman que se arbitren, por vía parlamentaria, modificaciones legislativas «que hagan posible la legalidad de nuestras viviendas por medio de un cambio de la Ley del Suelo que resuelva esta situación como se ha realizado en otras comunidades». Además, se pide que ningún ciudadano pueda comprar una vivienda sin saber que sobre la misma pesa una demanda en los tribunales.
La AMA han solicitado a Revilla crear una partida presupuestaria para realizar las modificaciones urbanísticas necesarias para la adaptación de las viviendas a la legalidad vigente, así como para indemnizar a las víctimas por los daños morales y ofrecer medios a los tribunales para que puedan adoptar las resoluciones pertinentes para que las viviendas cumplan la legalidad vigente
No a los recursos
Asimismo, han reclamando que el Gobierno de Cantabria no recurra los daños morales que los tribunales conceden a las victimas, y que se aplique el derecho comparado, «actualmente la Junta de Andalucía está legalizando más de 35.000 viviendas, otras comunidades como la de Canarias más de 20.000, Murcia cerca de 12.000, y crear un organismo que ayude a los afectados, tanto en la situación legal de sus viviendas, problemas administrativos, como en los problemas de salud que este colectivo está sufriendo».
Por último, se le ha comentado al presidente «que no queda casi tiempo, y que por favor que actúe de forma rápida. Esperamos que su responsabilidad y gestión pare los derribos injustos y se encuentren soluciones rápidas y justas para todos, que nadie en nuestra comunidad pueda sufrir una situación tan triste e injusta», señaló José Vilela.
Según los representantes de dicho colectivo, el presidente del Gobierno manifestó en la reunión su preocupación por los afectados y su disposición para resolver esa situación, asegurando que su Gobierno está buscando medios dentro de la legalidad vigente para resolver el problema. También recalcó la existencia de la propuesta de su Gobierno de intercambio de aprovechamientos urbanísticos para Arnuero y el desarrollo de los PGOU en Argoños y Piélagos, así como otras medidas legales complementarias
En el plazo de una semana, Revilla convocará una reunión con los máximos responsables del urbanismo en Cantabria
EL CORREO 6-9-2006
La constructora de los pisos de Arnuero compite ahora por ejecutar su derribo
Puja con otras dos firmas por demoler la primera urbanización condenada a la piqueta en Cantabria
HELENA RODRÍGUEZ/CASTRO
TENSIÓN. Afectados muestran su indignación en el Ayuntamiento de Arnuero. / BORJA AGUDO
El pleno del Ayuntamiento de Arnuero, en Cantabria, hizo públicos ayer los nombres de las empresas que se han presentado al concurso para adjudicar los primeros derribos de casas en la urbanización El Encinar, condenada a la piqueta por el Tribunal Supremo. En el salón de plenos, abarrotado por más de medio centenar de afectados, la sorpresa no pudo ser mayor. La indignación se apoderó de los congregados cuando el secretario municipal desveló que Cenavi era una de las tres que presentó oferta. La firma, puntera en la región, es la misma que edificó la promoción, a principios de los 90.
«No tienen escrúpulos», «Sinvergüenzas», «Hay que ser rastreros, y todo por un puñado de míseros euros» fueron sólo algunas de las frases que gritaron los presentes, entre los que se encontraba una representación de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba a las más de 2.000 personas afectadas por las sentencias de demolición en toda la costa cántabra.
Los vecinos mantenían la esperanza de que ninguna firma se presentase. «La que resulte adjudicataria será nuestro verdugo y esa no es buena publicidad», argumentaban hace quince días. No fue así. En total, tres ofertas. La más barata: poco más de 111.000 euros, la más cara: algo más de 120.000. En medio, la de Cenavi. El Consistorio tiene ahora 20 días para decidirse por una. Según el alcalde, José Manuel Igual, los derribos se harán efectivos «a final de año».
«Es nuestro derecho»
El propio primer edil reconoció que la posibilidad de que la constructora resulte adjudicataria es «difícil», pero eso no calmó a los afectados. La firma, por su parte, argumentó que está en su «perfecto derecho» de presentarse a la subasta. «Hacemos muchos trabajos de este tipo. Es uno más», apuntó un portavoz, que, no obstante, dijo comprender la situación de los residentes. Aún así, la misma fuente recordó que «nosotros también somos afectados como reconoce la sentencia, que dice claramente que los culpables son el Ayuntamiento y el Gobierno regional».
Sea cual sea la oferta elegida, le empresa adjudicataria deberá echar abajo los dos primeros bloques de El Encinar. Ambas edificaciones se encuentran deshabitadas y a medio construir, aunque algunos de los pisos se llegaron a vender. «Si los dueños no son indemnizados antes de tirarlos, se sentará un precedente. Nosotros somos los siguientes y luego vendrá el resto de Cantabria», argumentó Mercedes Díez, portavoz de los vecinos.
El diario Montañés 06-09-06
ARNUERO
La empresa que construyó El Encinar concursa para derribar las viviendas
Cien vecinos afectados por la demolición acudieron a la apertura de las plicas del concurso y acusaron a la promotora de deberles dinero y de «carroñeros»
ROBERTO ALONSO/ARNUERO
Cenavi, la empresa constructora que edificó los 144 apartamentos de El Encinar, junto a la Playa de La Arena, en Isla, se ha presentado al concurso adjudicatario para derribar y regenerar la primera y la segunda fase, que comprende 24 pisos de los bloques que no llegaron a finalizarse.
El salón de plenos de la Casa Consistorial de Arnuero acogió ayer la apertura de plicas del concurso y entre las tres ofertas presentadas se encuentra la UTE formada por Excavaciones Bedia y Construcciones Eugenio Nava Viar (Cenavi), cuya propuesta económica es de 119.669 euros. Junto a ella acceden la navarra Erri Berri, con un precio de 111.852 euros, y Fernández Rosillo, con 120.271, el mismo precio que el de licitación.
Cerca de cien vecinos afectados por la sentencia de derribo del Tribunal Supremo acudieron a este acto público y no sólo mostraron su indignación con el hecho de que Cenavi se presente al concurso, sino que pidieron a los concejales, que formaban la mesa de contratación, que no firmasen el acta de la apertura de las ofertas.
«Cenavi, que nos engaño con la venta de los apartamentos, quiere derribar para cobrar la indemnización que ha reclamado al Ayuntamiento y al Gobierno de Cantabria. Son unos carroñeros, quieren una compensación y llevarse el dinero del derribo, cuando encina deben a nuestra comunidad 120.000 euros (20 millones de pesetas) por no pagar la comunidad de los pisos que son de su propiedad», declaró Esteban Alday, vecino de El Encinar.
Los concejales firmaron el acta, alegando que les obliga la ley, pero los vecinos mostraron su malestar, les descalificaron con fuertes insultos y les dijeron que «les están jodiendo sus vidas, matándoles y sufriendo un crimen psicológico que dura doce años». Además, les pidieron que sea un juez quien les obligue a firmar el acta y que paguen las indemnizaciones antes de ejecutarse el derribo.
Indemnización
El concejal del PSOE, Ángel María Abad, comentó que «yo no tengo nada que ver con esta situación, ya que cuando se originó, yo no era concejal». Abad recordó que ha sido el único que ha pedido que se les compense antes de la demolición y ha reclamado la intervención de la Fiscalía para que determine sí existe un delito penal. El concejal socialista señaló que «algunos de los ediles del equipo de gobierno estaban también presentes como gobernantes en el momento en que se permitió esta edificación».
El portavoz del PSOE declaró que «es muy triste lo que está sucediendo, la gente es inocente y no se han buscado todas las soluciones. Sí hay que derribar, debe haber dinero y que las compensaciones económicas se ajusten a los precios actuales del mercado».
El alcalde, José Manuel Igual (PP), pidió disculpas por la situación y aseguró que ha sido sensible con el problema, «intentando legalizar los apartamentos con la redacción del Plan General de Ordenación Urbana, pero el Plan de Ordenación del Litoral no lo ha permitido». Al mismo tiempo, indicó que es partidario de indemnizar antes del derribo, «sin embargo existe una sentencia que dice lo contrario».
Pancartas reclamando la legalización, culpando al Ayuntamiento y al Gobierno de Cantabria y avisando «a quien se atreva de tocar un ladrillo» se vieron ayer en el Ayuntamiento, mientras se gritaba 'No al derribo'.
Tras la fuerte discusión que tuvo lugar entre varios vecinos, el concejal socialista y el alcalde, se informó que las tres ofertas serán estudiadas por los servicios técnicos municipales y en el plazo de un máximo de veinte días se deberá debatir en un pleno la adjudicación de este concurso.
El presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), José Vilela, explicó que la licitación se podía paralizar, ya que el Gobierno de Cantabria ha presentado al Consistorio un propuesta de aprovechamiento urbanístico, para trasladar los apartamentos a otra zona del municipio, tal y como recoge el informe del Defensor del Pueblo».
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, recibirá el martes, día 12, a las 10 de la mañana, a los miembros de la AMA.
El correo 10-09-06
El Tribunal Superior insta a acelerar el derribo de 72 viviendas en Argoños
H. RODRÍGUEZ/CASTRO
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha instado al Ayuntamiento de Argoños a acelerar el derribo de los 74 apartamentos con sentencia de demolición que se encuentran repartidos en varias urbanizaciones de la localidad cántabra. Según el primer fallo, el Consistorio tenía hasta 2017 para llevar a cabo los trámites para reducir a escombros las casas.
Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que reúne a más de 2.000 afectados, criticó ayer esta decisión judicial. «Ni siquiera los ecologistas, que fueron los que denunciaron las construcciones, han pedido que se acelere el proceso. No entendemos por qué el tribunal actúa de esta forma», lamentó el portavoz de las familias.
«Es un palo incomprensible ya que la Sala no es ajena a los pasos que todos los implicados estamos dando para buscar soluciones», agregó Vilela. Precisamente, el martes, AMA se reunirá por segunda vez este año con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. «Esperamos algo más que promesas», adelantó el portavoz. El auto sale a la luz pocos días después de que el Ayuntamiento de Arnuero, otra de las localidades con viviendas condenadas a la piqueta, realizase la subasta de los trabajos de derribo de los primeros dos bloques
El Correo 13-09-06
Afectados y técnicos buscan soluciones para los derribos en la costa cántabra
H. RODRÍGUEZ/CASTRO
El Gobierno de Cantabria apuesta por legalizar las viviendas condenadas al derribo en la costa cántabra. El presidente de la región vecina, Miguel Ángel Revilla, se reunió ayer con una delegación de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), para tratar el problema, que afecta a más de 2.000 personas, en su mayoría vizcaínas.
El mandatario anunció que la semana que viene se producirá un nuevo encuentro con los afectados y un grupo de expertos en urbanismo del Ejecutivo. Asimismo, Revilla insistió en que las soluciones pasan por el intercambio de aprovechamientos urbanísticos, en el caso de Arnuero, y en el desarrollo de nuevos planes generales que legalicen las viviendas de Argoños y Piélagos
EL CORREO 25-7-06
El Gobierno cántabro pretende legalizar las casas de la costa y evitar los derribos
El Ejecutivo apoyará a los ayuntamientos en la elaboración de nuevos planes urbanísticos que 'salven' las viviendas Los afectados acogen la medida con escepticismo
HELENA RODRÍGUEZ/CASTRO
Tras recorrer los más de 30 kilómetros que separan Argoños de Santander, medio millar de afectados por los derribos de viviendas en la costa de Cantabria dieron ayer un pequeño paso adelante en la lucha para evitar la demolición de sus casas. Varios portavoces de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) se reunieron con el consejero de Ordenación del Territorio, José Vicente Mediavilla, en la sede del Gobierno Regional. En el encuentro, el representante del Ejecutivo se comprometió a apoyar a los ayuntamientos de los municipios afectados «para que aprueben nuevos planes urbanísticos que eviten que echen abajo nuestros apartamentos», desveló el presidente de AMA, Antonio Vilela.
Varias sentencias del Tribunal Supremo condenan a la piqueta a más de medio millar de urbanizaciones ubicadas en Argoños, Arnuero, Liencres y Escalante. Los afectados, muchos de ellos vizcaínos, luchan -en algunos casos desde hace más de doce años- para evitar que las decisiones judiciales se materialicen. El caso más apremiante es el de Arnuero. El Ayuntamiento de esta localidad costera ya ha sacado a concurso el derribo de los dos primeros bloques. Si nada lo impide, las edificaciones enclavadas en la urbanización El Encinar desaparecerán tras el verano.
«En este caso, el consejero nos ha dicho que se intentará que todos los propietarios reciban el aprovechamiento urbanístico en otra zona del municipio. Es decir, que sus casas sean construidas en otro lugar», desveló Vilela tras la reunión. Esta opción no gusta demasiado a AMA, que insiste en que «hay herramientas para evitar los derribos». «Apostamos por la legalización de las viviendas y eso se puede conseguir modificando los planes urbanísticos de los municipios afectados», argumentó.
Edificabilidad
Precisamente, esa solución, recomendada por el Defensor del Pueblo en un informe reciente, es la que tratará de impulsar el Ejecutivo Regional «en Argoños, Escalante y Piélagos, Ayuntamiento al que pertenece Liencres». En el primer caso, «la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) permitiría legalizar el 95% de las 262 casas condenadas a la piqueta», detalló el portavoz de los afectados. El Consistorio de Argoños lleva varios años intentando modificar sin éxito su planeamiento urbano.
Los apartamentos de Escalante también se salvarían si se optase por cambiar el PGOU. «Allí el problema era la edificabilidad y eso quedaría solventado con una pequeña modificación», apuntó Antonio Vilela, quien reconoció que unos de los casos más preocupantes es el de las viviendas de Liencres. «No sabemos por qué el Ayuntamiento no cambia su Plan General. Parece que a alguien le interesa mantener el que tienen, que es ilegal», denunció.
Pese al compromiso adoptado por el consejero cántabro, los afectados no se fían. «En otro momento calificaríamos la reunión de positiva, pero después de tanto tiempo... Si en dos meses no se derriban los bloques de Arnuero, entonces podremos decir que el encuentro ha dado sus frutos», advirtió el presidente de AMA.
Una marcha por el hogar de los nietos
H. R./CASTRO
La segunda marcha realizada por los afectados por las sentencias de derribo en la costa cántabra concluyó ayer en Santander. La comitiva, que quedó reducida a 500 personas por los compromisos laborales de muchos, había salido de Argoños el domingo a las 9.00 horas.
Tras hacer noche en el polideportivo de Ribamontán al Mar, la caravana recorrió casi ocho kilómetros por las calles de la capital cántabra. Un tramo final que se hizo especialmente duro por las altas temperaturas.
El agotamiento físico y mental de los propietarios apareció «en algunos momentos», reconoció el presidente de AMA, Antonio Vilela. Sin embargo, al portavoz de los afectados le bastaba echar un vistazo a su alrededor para ver que, «pese al sufrimiento que padecemos desde hace tantos años, la gente sigue dispuesta a luchar».
Es el caso de un hombre de 81 años que concluyó la gesta ante la admiración de sus compañeros. «Cuando me ha dicho su edad me he sorprendido un montón. Me decía que no pide que se paren los derribos por él, sino porque quiere que su casa sea para sus nietos, a los que ha visto crecer en ella», relataba emocionado Vilela. Todos esperan no tener que afrontar el año que viene la tercera edición de la travesía. Será señal de que «la pesadilla ha acabado».
El diario montañés 25-06-07
El Gobierno recuerda que las alternativas a los derribos pasan por los PGOU
Centenares de damnificados por las sentencias de demolición llegaron ayer a Santander tras una marcha de 40 kilómetros
GONZALO SELLERS/SANTANDER
Centenares de vecinos de Argoños, Arnuero, Piélagos y Escalante culminaron ayer en Santander una marcha de 40 kilómetros para exigir soluciones a las sentencias de derribo que pesan sobre sus viviendas.
Congregados a través de la AMA (Asociación de Maltratados por la Administración), los manifestantes recorrieron las calles de la capital, con parada obligada frente al Parlamento de Cantabria, los Juzgados y el Gobierno de Cantabria, donde los portavoces de la agrupación mantuvieron una reunión con el consejero de Presidencia, Urbanismo y Ordenación del Territorio, José Vicente Mediavilla, y la directora general de la Crotu, Miriam García.
En ese encuentro quedaron marcadas las líneas de actuación de los próximos meses, que pasan, según García, por los modelos que se recojan en los nuevos Planes Generales de los municipios.
En concreto, la inminente aprobación del nuevo PGOU de Argoños abrirá una puerta, en términos formales, para evitar el derribo de alguna de las 263 viviendas, siempre que el juzgado lo dictamine posteriormente.
En cuanto a la urbanización El Encinar de Arnuero, la alternativa propuesta, según confirmo el portavoz de AMA, Antonio Vilela, consistiría en construir en otro lugar las viviendas. «No nos satisface la medida, el Ayuntamiento debe trabajar para impedir el derribo», apuntó.
El caso de Liencres es uno de los más complejos, ya que «el Ayuntamiento no quiere que se apruebe un nuevo PGOU y manda a la Crotu modificaciones que sabe que van a ser rechazadas», explicó Vilela, quien calificó la reunión de «moderadamente satisfactoria».
El correo 25-07-06
La marcha contra los derribos en la costa cántabra reúne a mil afectados
Los caminantes llegan hoy a Santander con más de 30 kilómetros a cuestas y tras dormir en un polideportivo Casi un centenar de coches completó la caravana
HELENA RODRÍGUEZ/CASTRO
«Muertos de sed y de calor». Así llegaron ayer a la localidad cántabra de Ribamontán al Mar los casi mil componentes de la marcha para protestar por los derribos de viviendas en la costa de la comunidad autónoma vecina. Convocada por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), la travesía, que hoy concluye en Santander, había comenzado a las 9.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Argoños, la localidad en la que se enclava el mayor número de urbanizaciones condenadas al derribo por el Tribunal Supremo.
«Luego nos hemos encaminado a la plaza del Consistorio de Arnuero, donde hemos pegado algunos carteles y nos hemos concentrado unos minutos», detalló el presidente de AMA, Antonio Vilela. Allí, al ya de por sí numeroso grupo inicial, se le han unido muchas de las 144 familias que habitan 'El Encinar', la primera urbanización, ubicada en La Arena, condenada a la piqueta. Tras el verano, dos bloques de esta promoción, deshabitados y a medio construir, serán los primeros en ser echados abajo. Lejos de sucumbir al desánimo, los residentes del enclave ya han anunciado que sólo saldrán de sus casas «con los pies por delante». Ayer, Vilela reconocía que los vecinos de 'El Encinar' son un ejemplo. «Todos los afectados han tenido una actitud impecable, pero ellos serán los primeros en ver cómo los edificios son demolidos y aún así mantienen el espíritu combativo», elogió.
Cansancio y lágrimas
Bajo un sol de justicia, los caminantes, entre los que destacaba la presencia de varias personas de más de 70 años, llegaron sobre la una de la tarde a Galizano. Tras comer y descansar durante poco más de dos horas, el grupo, que se completaba con casi un centenar de coches, reemprendió la marcha hacia Ribamontán al Mar. Como ya ocurriera el año pasado, el polideportivo de la localidad abrió sus puertas para acoger a los afectados. En sus pies y sus espaldas ayer pesaban algo más que los 15 kilómetros de caminata.
«Llevamos en una situación de incertidumbre total más de doce años. Nosotros somos los que pagamos las consecuencias, los errores cometidos por las administraciones. Compramos casas legales, pero vivimos en continua tensión y preocupación», lamentó Enrique Vilela poco antes de entrar en el recinto deportivo. Aún quedaba un trago amargo antes de terminar la jornada con un merecido descanso en sus sacos de dormir.
A las 20.00 horas los expedicionarios pudieron ver por primera vez de forma íntegra el documental 'Historia de una Injusticia', que relata los avatares que han sufrido los propietarios de casas condenadas en la costa cántabra. Las imágenes hicieron aflorar más de una lágrima. Hoy completarán los más de 30 kilómetros de su recorrido por las calles de Santander.
Otro encuentro frustrado con la vicepresidenta
H. RODRÍGUEZ/CASTRO
Tras una noche de poco descanso marcada por el intercambio de experiencias, los componentes de la marcha contra los derribos de viviendas en la costa de Cantabria llegarán hoy a la capital de la región. En ella tienen tres citas importantes: a las 11.30, horas visita al Parlamento; a las 12.30, paso por el Tribunal Superior de Justicia y a las 13.00, encuentro con el consejero de Presidencia y Ordenación del Territorio, José Vicente Mediavilla.
Muy a su pesar, los portavoces de AMA no podrán encontrarse con la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga. La cita se ha suspendido ya tantas veces que ya no albergan esperanzas de ser recibidos por la secretaria de los socialista cántabros. «Es una pena. Su partido nos ha tratado muy bien, pero ella, que era concejal de Piélagos cuando se aprobó el Plan General declarado luego ilegal por el Supremo, parece que no encuentra ni un momento para hablar con nosotros», lamentó el presidente de AMA, Antonio Vilela.
VIZCAYA 29 DE JUNIO DE 2006
Sacan a concurso el derribo de las primeras casas de Arnuero levantadas junto a la playa
Los 42 apartamentos afectados, que no están habitados, serán demolidos antes de fin de año
HELENA RODRÍGUEZ/BARAKALDO
El Ayuntamiento de la localidad cántabra de Arnuero sacará a concurso en las próximas semanas el derribo de 42 viviendas de la urbanización El Encinar, en Isla. La decisión, adoptada por el pleno, supone un paso más para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que condena a la piqueta a los 144 apartamentos de la promoción.
Los primeros pisos sacrificados forman parte de los dos bloques levantados más cerca de la playa. No están habitados, ya que nunca llegaron a terminar de construirse. Su destrucción está enmarcada en la primera de las ocho fases que llevarán a la desaparición de El Encinar. Si nada lo impide, las excavadoras derribarán los números 24 y 18 antes de que acabe el año. Una vez adjudicados los trabajos, el plazo de ejecución de las demoliciones, cuyo coste asciende a 120.000 euros, es de dos meses.
Los responsables municipales, que lamentan tener que tomar esta decisión, recordaron que "estamos obligados a cumplir la sentencia". Sin embargo, el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, cuestionó ayer la medida. "No entendemos que a estas alturas, tras los esfuerzos que hemos realizado y los contactos mantenidos con ayuntamientos y Gobierno cántabro, insistan en demoler las viviendas. Esa no es la solución", lamentó.
El Encinar no es la única urbanización de la costa cántabra condenada a la piqueta. Argoños, con diez promociones afectadas, y Liencres, también pasarán por este trámite en los próximos meses. "Arnuero ha sido el primero en actuar porque fue el primero en tener sentencia de derribo, pero los otros dos consistorios ya están dando pasos en la misma dirección", apuntó Vilela, quien recordó que hace pocas semanas el Defensor del Pueblo dio la razón a los afectados.
Compensaciones
"Las administraciones aseguraron a la oficina de Enrique Múgica que los propietarios serían compensados, con dinero o con aprovechamientos urbanísticos. Además, se comprometieron a que, en los casos que fuera posible, se legalizarían las viviendas", recordó el responsable de AMA, que anunció que los días 23 y 24 de julio se realizará una marcha a Santander en protesta por la situación de los afectados.
En el caso de Arnuero, ninguno de estos compromisos parece factible. Según el informe técnico encargado por el Ayuntamiento, las indemnizaciones -entre 9.000 y 12.000 euros- se abonarán cuando se realicen los derribos. "El Plan de Ordenación del Litoral hace inviable cualquier recalificación y las compensaciones urbanísticas son inconcebibles, dadas la cuantía y las protecciones ambientales".
El Correo 16.6.06
El Defensor del Pueblo culpa a las instituciones de los derribos de viviendas en la costa cántabra
La oficina dirigida por Enrique Múgica logra que el Gobierno y los ayuntamientos afectados estudien «legalizar» algunas urbanizaciones
HELENA RODRÍGUEZ/CASTRO
La oficina del Defensor del Pueblo ha dado la razón a los dueños de las viviendas condenadas al derribo en varias localidades de Cantabria, agrupados en la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA). La institución ha emitido un informe en el que lamenta «la grave situación que padecen los afectados» y, en la misma línea que las sentencias del Tribunal Supremo, advierte de que «la responsabilidad debe imputarse a los ayuntamientos, que formularon los planes urbanísticos, y al Gobierno de Cantabria, que los aprobó».
AMA, que agrupa a más de 2.000 personas propietarias de casas en Arnuero y Argoños, solicitó el año pasado al Defensor del Pueblo que interviniese en un conflicto que dura ya más de doce años y que supondrá el derribo de cientos de viviendas construidas de forma ilegal, según ha dictaminado el Supremo. Tras recabar información, la oficina que preside Enrique Múgica ha instado a las administraciones cántabras «a solucionar esta situación», que a su juicio «no es responsabilidad de los afectados».
Cierre del expediente
En su contestación al Defensor del Pueblo, el Gobierno de Cantabria se muestra dispuesto a compensar a las 144 familias afectadas por los derribos de Arnuero. Para ello, los propietarios recibirían «los aprovechamientos urbanísticos en otra parte del término municipal», anuncia el documento. Asimismo, «los ayuntamientos consultados, están revisando actualmente sus planeamientos urbanísticos a efectos de legalizar las urbanizaciones en aquellos casos que sea posible». Con estas garantías, el Defensor del Pueblo ha suspendido el expediente abierto en su momento, sobre las sentencias de derribo. Eso sí, no descarta reabrirlo «en caso de que no se cumplan» las promesas de las instituciones cántabras.
AMA agradeció ayer «el apoyo y comprensión» recibido desde la oficina de Enrique Múgica. No obstante, la agrupación espera «que las demás administraciones estén a la altura para resolver la injusticia que se está cometiendo con más de 2.000 personas». Pese a la buena respuesta y, ante la alarma social suscitada por este tipo de problemática, el grupo ha solicitado al Defensor del Pueblo que abra un nuevo expediente. «Debería contemplar las modificaciones legislativas necesarias para que ningún ciudadano de ningún sitio de España pase por nuestra experiencia», reclamaron en AMA.
El diario Montañes 16.6.06
El Defensor del Pueblo dice que se pueden legalizar varias viviendas
Los afectados por los derribos recibieron el informe
ROBERTO ALONSO/SANTANDER
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha admitido en su informe que algunas de las viviendas de Cantabria que tienen sentencia de derribo pueden ser legalizadas por medio de la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana. Así lo anunció ayer el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, colectivo que integra a 2.000 personas cuyas viviendas deben ser derribadas, ordenado por una sentencia judicial.
En caso contrario, Múgica señaló que se pueden realizar compensaciones urbanísticas con el mismo aprovechamiento, como en el caso de los 144 apartamentos de Arnuero, de tal forma que estas viviendas se pueden construir en otra zona del municipio, una probabilidad que también admite el Gobierno de Cantabria en la contestación que la remitido al Defensor del Pueblo.
Asimismo, en un último caso, Enrique Múgica considera oportuno que se indemnice a los propietarios de forma justa por la pérdida de su patrimonio.
La AMA solicitará a Múgica la creación de un registro nacional obligatorio de demandas para que los ciudadanos estén informados sobre la situación de una vivienda antes de adquirirla y evitar así que luego los interesados se encuentren con la existencia de una ilegalidad. Además, Antonio Vilela demanda modificaciones legislativas para que «no se vuelvan a producir más casos de indefensión, al igual que el sufrido por la AMA».
En España han detectado 121.900 viviendas con problemas de legalidad y 548.550 afectados.
14-06-06 --NOTA DE PRENSA DE AMA El Defensor del Pueblo
da la razón a AMA.
CONSIDERACIONES REALIZADAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO en su informe enviado a AMA (Asociación de Maltratados por la Administración).
SOBRE LAS VIVIENDAS CON SENTENCIAS DE DERRIBO QUE AFECTAN A MÁS DE 2000 PERSONAS >
Ø LAMENTA Y COMPRENDE LA GRAVE SITUACIÓN QUE PADECEN TODOS LOS ASOCIADOS DE AMA >
Ø LOS AFECTADOS NO TIENEN RESPONSABILIDAD ALGUNA EN LA SITUACIÓN QUE SUFREN.
Ø LA RESPONSABILIDAD DEBE IMPUTARSE A LOS AYUNTAMIENTOS QUE FORMULARON LOS PLANES Y AL GOBIERNO DE CANTABRIA QUE LOS APROBÓ DEFINITIVAMENTE.
Ø CREE DECISIVA Y NECESARIA LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DE CANTABRIA Y LOS AYUNTAMIENTOS PARA SOLUCIONAR ESTA SITUACIÓN.
Ø EL GOBIERNO DE CANTABRIA, EN CONTESTACIÓN AL DEFENSOR DEL PUEBLO, VE POSIBLE COMPENSAR A LOS AFECTADOS DE ARNUERO MEDIANTE EL RECONOCIMIENTO DE SU APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO, A MATERIALIZAR EN OTRA PARTE DE SU TERMINO MUNICIPAL.
Ø LOS AYUNTAMIENTOS CONSULTADOS ESTÁN REVISANDO ACTUALMENTE SUS RESPECTIVOS PLANEAMIENTOS A LOS EFECTOS DE LEGALIZAR LAS URBANIZACIONES EN AQUELLOS CASOS QUE SEA POSIBLE.
Todas estas conclusiones quedan reflejadas en el Informe del Defensor del Pueblo, donde repasa la situación de las diferentes urbanizaciones con los informes remitidos por los Ayuntamientos y del Gobierno de Cantabria, y con sus propias aportaciones.
El Defensor del Pueblo, después de haber obtenido garantías de las distintas Administraciones de que se hará justicia con los afectados de las sentencias de derribo, suspende el expediente sobre las sentencias de derribo. Las garantías consisten en:
a) Legalización de la viviendas que sea posible.
b) Compensaciones por sustitución de sus viviendas.
c) Indemnizaciones justas por la pérdida de su patrimonio.
Caso de que no se cumplieran estas garantías se podrá volver a abrir el expediente.
Por otra parte AMA, ante al alarma social creada, (AMA en su informe sobre la situación en España ha detectado más 121.900 viviendas con problemas de legalidad y 548.550 afectados) pedirá la apertura de un nuevo expediente para que el Defensor del Pueblo pueda proponer las modificaciones legislativas necesarias para que ningún ciudadano pueda pasar la pesadilla que hemos pasado las víctimas de las sentencias de derribo, ya que según el Asesor Jurídico del Defensor del Pueblo D. Carlos Luna con el tipo de expediente actual no pueden actuar sobre este tema.
Por cual AMA SOLICITARÁ:
1.- Creación de un Registro Nacional Obligatorio de Demandas para que todo ciudadano cuando compre su vivienda sepa si la misma afectada por una demanda.
2.- Modificaciones legislativas para que no se puedan producir casos de indefensión como el sufrido por el colectivo que representa AMA.
AMA HACE UNA VALORACIÓN POSITIVA DEL INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, AGRADECE SU APOYO Y COMPRENSIÓN Y ESPERA QUE LAS DEMÁS INSTITUCIONES ESTÉN A LA ALTURA PARA RESOLVER ESTE GRAVE PROBLEMA Y LA INJUSTICIA QUE SE ESTA COMETIENDO CON MAS DE 2.000 PERSONAS.
Santander 6 de Mayo de 2006
AMA pide soluciones al Parlamentarios de Cantabría
A través de los portavoces de los grupos parlamentarios, con lo que se ha reunido este viernes, así mismo les ha trasladado sus iniciativas para solucionar el grave problema que vive este colectivo de más de 2000 personas afectadas por las sentencias de derribo.
Entre las que destacan:
• Petición de soluciones consensuadas al parlamento que se complementen iniciativas legislativas.
• Petición de un registro de las demandas, para que ningún ciudadano de Cantabria pueda pueda sufrir una indefensión como la este colectivo.
• Solicitud de una Oficina de Atención a los Afectados, que pueda atender los graves problemas que tiene las victimas de las sentencias de derribos.
Los Portavoces de los grupos parlamentarios han trasmitido AMA:
1.- El apoyo total de sus grupos a las victimas de las sentencias de derriba.
2.- La preocupación y sensibilidad por la situación actual.
3.- La búsqueda de medidas legislativas y/o pronunciamientos del parlamento de Cantabria para de una solución real.
4.- Reuniones periódicas con seguimiento de las actuaciones a realizar.
AMA solicita apoyo a la Fiscal Jefe del Tribunal Supremo de Justicia de Cantabria
Por otra parte AMA se ha reunido con la Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria Maria del Pilar Martín Nájera.
A lo que ha solicitado:
1.- El apoyo de la fiscalía para la defensa de los derechos de los ciudadanos víctimas de las sentencias de derribo que condenan a la Administración.
2.- Las actuaciones pertinentes, para que los posibles faltas, delitos... no prescriban y se pueda hacer justicia con los que sufren esta situación
3.- información sobre la creación de la nueva fiscalía para delitos urbanísticos.
Respuesta de la Fiscal Jefe del TSJC
1.- Mostrar su sensibilidad y comprensión por la situación que están viviendo el colectivo representado por AMA
2.- Encauzar todos las acciones a través de los fiscales que llevan los temas especializados en urbanismo y medio ambiente (en la actualidad dos fiscales), desde donde se estudiarán las actuaciones, prescripciones y demás actuaciones según la documentación aportada y siguiendo los criterios de la Fiscalía.
3.- Información sobre la creación de los nuevos fiscales para delitos urbanísticos que espera que estén totalmente operativo para finales del año actual.
Diario Montañes 17-04-2006
Protesta de AMA en Santander
La concentración se celebró en Santander. / SE QUINTANA
Más de un centenar de personas convocadas por la Asociación Maltratados por la Administración (AMA) se concentraron ayer en la Plaza del Ayuntamiento de Santander para pedir la legalización de las aproximadamente 500 viviendas afectadas en Cantabria por sentencias de derribo. El portavoz de AMA, Antonio Vilela expuso las propuestas que la asociación quiere plantear a responsables políticos, entre ellas que se lleven a cabo modificaciones legislativas que hagan posible la legalización de dichas viviendas.
Diario Montañés 12-04-2006
La AMA valora de forma positiva el último fallo de los tribunales
La sentencia reconoce un daño moral a los propietarios de una vivienda, pero consideran mínima la indemnización
ROBERTO ALONSO/SANTANDER
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que incluye a 2.000 personas cuyas viviendas tienen una sentencia de derribo, valoran de forma positiva la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que reconoce la existencia de un daño moral a los dueños de una vivienda en Argoños. Así, lo aseguró el presidente, Antonio Vilela, que destacó también como favorable que se condene al Ayuntamiento y al Gobierno regional. Entre las dos instituciones deberán pagar 9.000 euros a los afectados, según recoge el fallo del tribunal.
Sin embargo, la AMA no entiende que «después de una exposición tan clara y brillante por el juez reconociendo que las víctimas han sufrido zozobra, inquietud, inseguridad y amenaza, la indemnización sea tan mínima y que además no se reconozcan los daños reales producidos». Vilela señaló que «sólo en Argoños quedan pendientes de resolución más de quince procesos y que tras las sentencias de El Encinar, en Arnuero, y esta última en Argoños, el Gobierno de Cantabria debería solucionar de forma urgente este problema».
Marbella
La AMA se pregunta sí la Fiscalía Anticorrupción, al igual que ha sucedido en Marbella, no se plantea investigar lo que está pasando en Cantabria, donde existen más de veinte fallos firmes que condenan a las Administraciones.
Indemnizan por daños morales a los dueños de una casa condenada al derribo en Argoños
El Tribunal Superior de Cantabria obliga al Gobierno regional y al Ayuntamiento a pagar 9.000 euros a una pareja de Leioa
HELENA RODRÍGUEZ/BARACALDO
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha condenado al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Argoños a indemnizar con 9.000 euros a los dueños de una de las casas condenadas al derribo en la localidad cántabra. El inmueble es uno de los 22 que forman la urbanización Las Llamas II, sobre la que pesa una sentencia del Supremo que obliga a derruir todos los inmuebles por distintos defectos urbanísticos.
Se trata de la segunda sentencia de estas características dictada por el alto tribunal, que hace un año emitió una similar relativa a otros 144 apartamentos abocados a la piqueta en Arnuero. Entonces, el juez estimó dos tipos de indemnizaciones: 12.000 euros para quienes usan los inmuebles como primera vivienda y 9.000 para los que los utilizan como segunda. Éste último sería el caso de los propietarios de la casa de Argoños, una pareja de Leioa que solicitaba 254.000 euros por los daños y perjuicios sufridos desde que se conoció la sentencia de demolición de la urbanización, en julio de 2000.
Otros 20 recursos
El TSJC reconoce que la pareja «ha sufrido zozobra, inquietud, inseguridad y amenaza cierta de la pérdida de su vivienda, lo que supone un indudable sufrimiento moral que es susceptible de ser indemnizado a la fecha presente». Asimismo, la sentencia atribuye la responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Argoños -«que fue quien otorgó el permiso de obras anulado»- y al Ejecutivo cántabro. «El Gobierno regional era consciente de la ilegalidad de la licencia, de julio de 1997, en tanto que por acuerdo de la comisión regional de Urbanismo decidió que el estudio de detalle previo tenía actuaciones que constituyen una clara degradación del entorno», reconoce el dictamen.
El portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Enrique Vilela, estimó que la sentencia «es positiva porque reconoce que los afectados padecemos daños morales y, además, responsabiliza de ello a las administraciones local y autonómica». Sin embargo, reconoció que la cuantía de la indemnización «es decepcionante». Vilela anunció, además, que ésta es sólo la primera de una larga lista de sentencias que «vendrán en breve». «Al menos otros 20 afectados han interpuesto recursos similares», recordó.
Arnuero 25-03-06
La asociación de afectados califica de «injusto» el derribo
El colectivo ha organizado un homenaje a los mayores el día 16 de abril en la Plaza del Ayuntamiento de Santander
ROBERTO ALONSO/ARNUERO
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) valora el derribo de la urbanización de El Encinar como «una injusticia y una triste noticia para Cantabria, donde se pone de manifiesto la incapacidad para solventar problemas; para el Ayuntamiento de Arnuero, ya que el dinero de los vecinos se destinará a la demolición y no para fines sociales o medioambientales, así como para los afectados que ven como se consuma una de las mayores injusticias con este colectivo».
La AMA pide al Gobierno de Cantabria, a quien consideran responsable de la situación, una solución para las 500 familias y 2.000 personas afectadas por las diferentes sentencias de derribo, entre los que se encuentran los propietarios de los 144 apartamentos de El Encinar.
El presidente de esta asociación, José Antonio Vilela, indicó que «se ha llegado a esta situación por la irresponsabilidad del Gobierno de Cantabria que no se ha atrevido a buscar una solución, porque políticamente no era rentable».
La AMA avanzó que estará por solidaridad al lado de la comunidad de vecinos de Arnuero, ya que «nos preocupa el sufrimiento que padecen por los errores de terceras personas».
Vilela no entiende «cómo se puede derribar antes de que los afectados cobren sus indemnizaciones, cuando han sufrido daños morales y psicológicos, en el caso de algunos, desde hace más de diez años». Aun así, el presidente recalcó que nunca han pensado en el dinero, sólo en sus casas.
Dolores Gorostiaga
Los afectados han mostrado su malestar con la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, «por anunciarnos que nos recibiría en febrero, luego en marzo debido a que tiene un agenda muy apretada y ahora desconocemos cuándo nos recibirá».
José Antonio Vilela recordó a Gorostiaga que algunos problemas urbanísticos datan de cuando esta consejera era concejal en el Ayuntamiento de Piélagos.
En cuanto a la propuesta del consejero de Presidencia y Urbanismo, José Vicente Mediavilla, de que se podía solventar la situación legalizando las viviendas con la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana, la AMA asegura que «nosotros lo apoyamos, pero están dormidos y ni el de Argoños se acaba de aprobar».
El próximo día 16 de abril, domingo, a las 13 horas, la AMA ha organizado en la Plaza del Ayuntamiento de Santander un homenaje a los vecinos mayores que vienen padeciendo desde hace muchos años el proceso jurídico de la demolición de sus viviendas y las movilizaciones que han llevado a cabo para reclamar una solución que no pase por el derribo.
VIZCAYA
El Ayuntamiento iniciará tras el verano la demolición de viviendas en Arnuero
El Consistorio reserva el dinero necesario para derribar los primeros 24 inmuebles de la urbanización El Encinar Los propietarios piden indemnizaciones para dejar sus casas
HELENA RODRÍGUEZ/BARACALDO
Casi doce años después de que los tribunales ordenaran por primera vez la demolición de una urbanización costera en Arnuero, el Ayuntamiento del municipio ha anunciado que iniciará el derribo de las viviendas. El alcalde de la localidad cántabra, José Manuel Igual, confirmó ayer que ya han reservado el dinero necesario para desmantelar los primeros pisos y chalés. Según los cálculos del primer edil, las piquetas empezarán a trabajar después del verano en 24 de los 144 inmuebles que conforman el núcleo residencial de El Encinar de Isla.
«En cuanto se aprueben los presupuestos municipales, donde hay consignados 125.000 euros, se convocará un concurso público y se adjudicarán los derribos. Pensamos que para septiembre u octubre las máquinas comenzarán a trabajar», detalló el primer edil de Arnuero. Las dos primeras fases de la operación de desmantelamiento afectarán a dos bloques deshabitados y a medio construir situados cerca de la playa.
El resto de viviendas, 102 de ellas habitadas, serán derruidas en seis fases posteriores que absorberán una inversión total de un millón de euros que en principio deberán ser asumidos íntegramente por el Consistorio. «Interpusimos una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para que el Gobierno regional se hiciera cargo de los costes. El juez resolvió en primera instancia que lo pagásemos al 50%, pero ambas instituciones hemos recurrido», explicó Igual.
Aunque ya han reservado una partida en los presupuestos, el alcalde explicó ayer que ha intentado buscar fórmulas para evitar las demoliciones. «La sentencia del Supremo es firme y las pocas posibilidades de arreglo que existían desaparecieron cuando entró el vigor el Plan de Ordenación del Litoral, que califica la zona como de especial protección ecológica», aclaró el primer edil en referencia al área que ocupan las viviendas.
Las familias afectadas acogieron la noticia con resignación. «Van a empezar por los bloques vacíos, pero luego llegará el momento de derribar las casas habitadas», lamentó Esteban Alday, portavoz de los residentes en la urbanización. A su juicio, la decisión del Ayuntamiento de Arnuero abre la puerta a que otras viviendas condenadas a la piqueta sean demolidas. Hasta ahora, 16 zonas residenciales de Cantabria han sido declaradas ilegales por irregularidades urbanísticas.
«Poca sensibilidad»
Ante la inminencia de los derribos, Alday quiso dejar «bien claro» que no van a abandonar sus hogares sin «una indemnización justa». Sin embargo, esta posibilidad ha sido desestimada por el Tribunal Supremo, que en su momento dictaminó que no se pagará nada hasta que no se hayan producido los desmantelamientos.
El inicio del proceso de demolición en Arnuero fue recibido también con desilusión por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a más de 2.000 personas. «Las instituciones demuestran una vez más que tienen muy poca sensibilidad», criticaron.
OPINIÓN/
Piqueta inexorable
SANTIAGO GONZÁLEZ/
El Ayuntamiento de Arnuero acaba de aprobar el expediente de derribo de 24 viviendas, las primeras de las condenadas por el Tribunal Supremo después de un calvario que dura ya doce años para las 500 familias, vizcaínas en su mayoría, que un buen día invirtieron sus ahorros o su capacidad de endeudamiento en la compra de una segunda vivienda en Cantabria.
La historia es tan sencilla como habitual en estos lares. Las víctimas de esta historia compraron su pisito después de asegurarse de lo normal: que la empresa constructora tenía los permisos de construcción, de habitabilidad, que no tenían cargas, en fin todas esas cuestiones burocráticas con que las administraciones (en este caso local y autonómica) bendicen la apoteosis del ladrillo. ¿Quién de entre los confiados compradores iba a suponer que el Plan General de Ordenación Urbana era ilegal, que así lo iban a declarar los tribunales ante las denuncias de los ecologistas y que las administraciones responsables se iban a llamar andanas?
El Ayuntamiento de Arnuero, que no ha conseguido dinero para indemnizar a los propietarios, sí ha logrado reunir un millón de euros para poner en marcha la piqueta para después del verano. De momento, esta demolición va a tener un carácter experimental, una especie de ensayo general con todo, porque son 24 viviendas no terminadas.
Los vecinos han creado una Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) y se muestran dispuestos a todo. Preferirían conservar sus casas, pero si no puede ser, exigen justamente que se les indemnice en consonancia con el valor real de su vivienda y por los sinsabores que han atravesado en los últimos doce años. AMA se entrevistó en febrero con el presidente autonómico, Revilla, este pintoresco dirigente que va en taxi a los sitios para ahorrar y lleva siempre unas latas de anchoas para regalar. Dio buenas palabras a sus visitantes, pero ayer en el Gobierno que preside nadie quiso hacer declaraciones sobre el asunto.
«Vivimos una agonía a plazos»
Los vecinos de El Encinar, en Arnuero, afrontan con inquietud el anuncio del derribo de los dos primeros bloques de viviendas y advierten de que no se van «a quedar quietos»
HELENA RODRÍGUEZ/ARNUERO
El sol y la agradable temperatura invitaban ayer a muchos de los propietarios de los apartamentos de la urbanización El Encinar, en la localidad cántabra de Arnuero, a visitar sus casas. Muchos habían desayunado con la noticia de que el Ayuntamiento ha decidido derribar dos de los bloques que componen el núcleo residencial después del próximo verano. Una vuelta de tuerca más en la situación que sufren, desde hace casi doce años, las 144 familias que habitan una zona condenada a la piqueta por el Tribunal Supremo.
«Cada vez que sale algo nuevo en la Prensa volvemos a angustiarnos», lamenta Txema Sánchez, un bilbaíno que junto a su esposa, María Ángeles Uriarte, compró una de las viviendas en 1994. El matrimonio, uno de los primeros en llegar, insiste en dejar muy claro que la urbanización «no está en medio del encinar, ni sobre la playa».
«Esto no son chalés de lujo, sino apartamentos de 45 ó 50 metros cuadrados. Para muchos son su segunda residencia, pero hay otros que viven aquí», puntualizan. Pese a que el inicio de los trámites para demoler dos bloques, deshabitados e inacabados, acerca aún más el desmantelamiento de sus casas, la pareja, como el resto de los habitantes de la urbanización, se niega a arrojar la toalla y se resiste a creer «que los vayan a tirar».
Sin explicación
«Cuando vinimos aquí y hablamos con la constructora no había ningún problema. Luego, con las denuncias, las cosas empezaron a complicarse, pero pensamos que la Justicia nos ayudaría. Después la bola fue creciendo. La ley no nos ayuda y los políticos dan buenas palabras, pero luego no hacen nada», critica Txema. A su lado, su hija Eider, de doce años, juega con una pelota. «Nació cuando compramos esta casa, ha pasado todos los veranos y fines de semana de su vida aquí, y no entiende por qué van a derribar nuestro hogar. Nosotros, los adultos, tampoco sabemos explicárselo», admite.
No muy lejos, Fernando limpia el pequeño jardín situado delante de su casa. «Levantarme por las mañanas y escuchar el canto de los pájaros es una maravilla», asegura este cántabro que aprovecha «cualquier momento libre» para acudir a Arnuero. Con gesto serio y voz pausada, siente que las administraciones les «han tomando el pelo» y describe la situación de los propietarios, que se alarga desde 1994, como «una agonía a plazos». «El Ayuntamiento ahorra dinero para tirar la urbanización. No entiendo por qué con ese dinero no nos indemnizan», manifiesta. La sensación de indefensión también ha calado en él que, como el resto, recuerda que lo único que hizo en su momento fue «juntar unos ahorros, con mucho esfuerzo, para comprarme una vivienda en un lugar que conocí casualmente y me encantó».
Maite y su marido volvían ayer a Arnuero desde Bilbao. «No hemos estado desde el puente de la Constitución. Venimos a limpiar y ver cómo está todo», reconoce la mujer. Ellos, como el resto, no quieren el dinero de las posibles indemnizaciones -caso de materializarse el derribo- sino «que legalicen la situación». No obstante, advierten que no están dispuestos a abandonar su casa sin que les paguen «una cantidad justa». Por el momento, «parece que este verano lo pasaremos aquí, pero no nos vamos a quedar quietos mientras tiran nuestra casa», anuncian.
HOMENAJE A MARIA y 2000 MÁS
La Asociación AMA, que agrupa a más de 500 familias, realizará el próximo día 16 de Abril un acto de Homenaje a las personas que han sufrido de una manera más intensa la injusticia producida por actuaciones de las Administraciones Públicas que condenan sus viviendas al derribo.
AMA hará una mención especial a la situación en que se encuentran los mayores Ellos que con los ahorros de toda una vida de actividad laboral han comprado su vivienda y que ahora ven cómo la misma se encuentra en peligro.
Muchos son los miedos, sinsabores, incomprensiones; muchas las noches sin dormir, cuántas reuniones con abogados, peritos, ayuntamientos, etc. Su único “pecado” ha sido comprar una vivienda que las administraciones les habían asegurado que eran legales, para después, esas mismas administraciones, decirles que tienen que derribarlas.
Este colectivo es especialmente sensible, sufriendo en sus carnes, además de la injusticia, la soledad. Quienes tienen el deber de defender sus derechos, los poderes públicos, no sólo no lo han hecho, sino que son los culpables de su situación.
Ni ellos ni ninguna persona de buena voluntad puede entender que trabajes toda tu vida para que, sin haber cometido delito alguno, quieran acabar con tu casa.
Las depresiones, el estrés y otras situaciones críticas se repiten en este colectivo sin que por parte de los Poderes Públicos se de una respuesta a esta situación.
En algunos casos estas personas llevan más de 10 años viviendo con este miedo y esta tensión, sin poder disponer de su patrimonio, ni para una operación o para ayudar a aquel hijo que se ha quedado en el paro o que lo necesita. Pero esos poderes públicos dicen que no se ha producido el daño.
¿Cómo es posible que esté sucediendo esto?. Se conoce a los culpables, los que han cometido los delitos, faltas, errores... pero esa gente no tiene ningún proceso pendiente. Sin embargo, nuestros mayores todos los días se acuestan pensando que puede ser mañana cuando alguien llame a su puerta para decirle que van a derribar su vivienda, su hogar, construido con el trabajo y amor de toda una vida.
En más de una década que llevan con esta situación algunos ya nos han dejado, otros están en una situación muy difícil, y los más jóvenes empezamos a peinar canas con este problema, las que nos salen con el paso del tiempo y sobre todo las que nos producen los disgustos de vivir día a día esta situación tan incomprensible e injusta.
El martes pasado María, de 68 años, me decía: "¿Qué hemos hecho mal, Antonio?, mi marido ni quiere hablar de este tema, está totalmente deprimido, apenas sale de casa, y se echa la culpa no sabe si de su mala suerte o de no tener valor para hacer una barbaridad".
Las lágrimas de María no las verán ni los responsables políticos, ni los jueces, ni los que dicen que el daño no se ha producido, ni siquiera sus abogados, pero a los que sabemos de la bondad de María y de esta injusticia sí que nos llega a lo más intimo.
Por ello, con todo nuestro sentimiento queremos realizar un homenaje a estos amigos que como María lloran su pena en soledad. Les han robado la ilusión, pero que al menos sientan el cariño de los que les comprendemos y diciéndoles que no están solos.
Para ello se agradece la presencia de todo el que quiera mostrar su solidaridad con este colectivo el Domingo 16 de Abril a las 13 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Santander.
Antonio Vilela Fernández
Presidente de AMA
Diario Montañes 18-03-06
Cantabria / REGIÓN El Defensor del Pueblo, informado de las sentencias de derribo
Roberto Alonso/SANTANDER
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), formada por los afectados por las sentencias de derribo de sus viviendas, ha asegurado que en Cantabria las administraciones pendientes de mandar la documentación al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, como el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos, han enviado ya la información requerida.
El presidente de la AMA, José Antonio Vilela, señaló que «tan sólo queda el Ayuntamiento de Escalante donde su alcalde, Pedro José Jado, ha señalado que no sólo quiere mandar información, sino posibles soluciones. Debido a que se trata de una Corporación pequeña, se ha retrasado el envió y lo hará la próxima semana».
La AMA considera «muy importante la actuación de esta institución encabezada por Enrique Múgica, por su credibilidad por ser el alto comisionado de las Cortes Generales, al servicio de los ciudadanos, para defender sus derechos y libertades frente a la actuación de cualquier Administración, así como por demostrar su sensibilidad hacia las víctimas de las sentencias de derribo recibiendo a sus representantes y comprendiendo su situación de angustia».
Gorostiaga
Representantes de este colectivo se reunirán durante este mes de marzo con la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, en su camino por buscar soluciones al colectivo de más de 2.000 personas, que «después de más de 12 años sigue pendiente de poder dormir tranquilo en su vivienda, ya que la misma pueda ser derribada por las actuaciones de las Administraciones».
CANTABRIA A 3-02-06
Compromiso de Revilla con la AMA para evitar los derribos de sus viviendas
ROBERTO ALONSO/SANTANDER
«El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, asegura que nuestra situación es un error administrativo y estudiará con los técnicos y hablará con las instituciones implicadas para resolver la situación». Así lo anunció ayer el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, que junto a Joaquín Alfageme, de Argoños, y Marcos Campo, de Liencres, se entrevistó ayer con Revilla. en la sede del Gobierno de Cantabria.
Los representantes de la AMA le indicaron al presidente cántabro que tienen mucha esperanza en los Planes Generales de Ordenación Urbana que «se están redactando con el fin de que no exista nada indebidamente construido». Vilela puso como ejemplos, que «en Escalante se intentará corregir la excesiva volumetría del edificio Las Torres, y que en Argoños se resolverá la distancia entre colindantes o el impacto visual que pueda existir».
En lo referente al municipio de Piélagos, que lleva muchos años sin aprobar su PGOU, la AMA ha pedido a Revilla que si en un plazo prudencial el Ayuntamiento y la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo no aprueban el plan, se le quiten las competencias urbanísticas. «La Junta de Andalucía, por un lado, ha resuelto casos de urbanizaciones que estaban en nuestra misma situación y por otro lado ha quitado las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella», declaró Antonio Vilela, que se mostró partidario de aplicar el derecho comparado.
Parlamento
Otro de los aspectos tratados fue que el Parlamento de Cantabria apruebe unas modificaciones urbanísticas que hagan posible la legalidad de las viviendas y que se pronuncie reconociendo la situación de injusticia que vive el colectivo y que se les conceda a los afectados el status de víctimas. Igualmente, Vilela anunció que consideran oportuno que se cree un organismo que les ayude en su sus problemas legales, administrativos y de salud.
Para trabajar en una solución que pase por evitar la demolición de sus casas, desde la AMA pidieron que se destine un mayor presupuesto y personal suficiente a la Dirección General de Urbanismo.
Cantabria / REGIÓN 28-01-2006
Otras Noticias
Revilla recibirá a los afectados por las sentencias de demolición
ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a cerca de 2.000 personas afectadas por sentencias de derribo de sus viviendas, será recibida el día 2 de febrero, jueves, a las 10 de la mañana, por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), en la sede del Gobierno regional. El colectivo "se muestra esperanzado en que el encuentro sirva para dar un impulso positivo en la búsqueda de soluciones a la situación preocupante que padecemos".
La AMA asegura que "las víctimas de las sentencias de derribo llevamos más de una década esperando de las diferentes administraciones un solución, sabiendo que en cualquier momento nuestros hogares pueden ser destruidos por la piqueta de la injusticia".
El presidente de la asociación, Antonio Vilela, indicó que "esta situación está deteriorando y minando la salud de los afectados, ocasionando sucesos verdaderamente penosos como consecuencia de la angustia y el estrés que llevan viviendo". Desde la asociación consideran que "se encuentran totalmente indefensos, no siendo ni parte en los procesos judiciales, donde todo se ha solventado entre los denunciantes, ARCA, y los condenados, las Administraciones".
En la AMA esperan la sensibilidad del presidente, un reconocimiento de la situación de injusticia de este colectivo y un apoyo para las iniciativas que posibiliten restablecer la situación de derecho que tenían los afectados cuando compraron sus viviendas."Para ello, son necesarias actuaciones en varios campos, tanto en vía parlamentaria como por medio del Gobierno de Cantabria, y demás administraciones, así como que el poder judicial haga justicia con las víctimas", dice Vilela. La dirección de la AMA se reunirá con los afectados en Liencres hoy, a las 12 horas, para informar de las iniciativas que se desarrollarán.
El Diario Montañés
Concentración de afectados por las sentencias de derribo en Argoños
Plantaron sus tiendas de campaña para exigir soluciones inmediatas
ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS
ACAMPADA. Los vecinos montaron sus tiendas frente el Ayuntamiento. / ROBERTO RUIZ
Con el lema de 'Legalización y seguridad jurídica', alrededor de cien vecinos de la Asociación de Maltratados por la Administración se concentraron ayer en tiendas de campaña el la Plaza del Ayuntamiento, un acto que ambientaron con música y con la proyección del DVD que han realizado sobre su situación y que lleva por título 'Historia de una injusticia'. Este trabajo tienen intención de presentárselo en el mes de enero al presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en el caso de que les reciba, y al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica.
En este acto reivindicativo, el 80% de los asistentes pertenecían a las viviendas con sentencia de derribo construidas en Argoños y el resto procedían de Piélagos, Arnuero y Escalante, que están en la misma situación.
En la puerta principal del Ayuntamiento se podían leer pancartas con los rótulos 'Legalización es la solución' y carteles con mensajes como 'Qué delito hemos cometido los propietario' o 'ARCA sin delito ecológico, por qué nos atacas'.
Entre las novedades, el presidente de este colectivo, José Antonio Vilela, considera positivo que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo le pida al Ayuntamiento de Argoños que incluya soluciones para evitar el derribo de las viviendas y que lo argumente jurídicamente. "Ya las han incluido, pero nosotros deseamos que los argumentes sean más sólidos para que los jueces decidan no derribarlo", declaró Vilela, quien añadió que por el Ayuntamiento de Piélagos está retrasando la presentación del Plan, aunque en el avance las viviendas afectadas aparecen sobre suelo urbano.
En el caso de Arnuero, señaló Vilela, no es un problema del PGOU, ya que el Plan de Ordenación del Litoral protege el espacio en el que se construyeron los 144 apartamentos de El Encinar y por lo tanto se trata de una decisión política del consejero de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
Culpables
Para la AMA, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, es el culpable de esta situación y también puede solucionarlo. De hecho, el presidente asegura que existen casos similares en otras comunidades y que se han solucionado, mientras que en Cantabria los políticos llevan 13 años mirando para otro lado y provocando una tortura psicológica a los afectados. Aun así, aseguran que seguirán manteniendo contactos con el Defensor del Pueblo para que les apoye en la legalización de sus casas.
De forma paralela, y en el mes de enero, representantes de este colectivo tienen intención de reunirse con los grupos parlamentarios del PP, PSOE y PRC para buscar cauces de diàlogo.
Otras NoticiasOtro asunto pendiente de arreglo
R. A./ARGOÑOS
CONCENTRACIÓN. Los afectados piden soluciones. / ROBERTO RUIZ
José Antonio Vilela dice que la AMA entiende a la Plataforma creada para evitar el derribo de la estación depuradora de aguas residuales. "Es ilógico que se pida la ejecución de la sentencia y su demolición por parte de un grupo ecologista cuando esa infraestructura servirá para depurar el agua de aquella comarca", declaró el presidente.
La AMA no entiende como ARCA reflexiona sobre qué hacer con la depuradora y sin embargo no recibe, en una entrevista que se les han solicitado en varias ocasiones, a los propietarios de las viviendas con sentencia de derribo. Los vecinos esperan ver la misma actitud de ARCA con ellos, ya que otra actuación sería incomprensible y se muestran partidarios de que el gran dinero que se invertiría en el proyecto de demolición, la ejecución y el pago de las indemnizaciones a los propietarios se destinen a fines medioambientales y sociales que repercutan en el beneficio de la comunidad.
El correo
Afectados por sentencias de derribo en Cantabria inician un encierro
H. RODRÍGUEZ/BARACALDO
Alrededor de 300 afectados por los derribos de viviendas edificadas en el litoral cántabro, muchos de ellos vizcaínos, se concentraron ayer frente al Ayuntamiento de Argoños, uno de los municipios que reúnen mayor número de damnificados por la decisión del Gobierno de Cantabria de echar abajo decenas de chalés. A la manifestación, convocada por la asociación AMA, siguió una acampada en los alrededores del Consistorio, bajo el lema 'Legalización y Seguridad Jurídica'. El encierro, que comenzó a las ocho de la tarde, se prolongará hasta las diez de la mañana de hoy.
Los organizadores instalaron tiendas de campaña en las que se reunió más de un centenar de personas. Durante la protesta, los afectados desarrollaron diversos actos, como charlas y coloquios sobre consideraciones medioambientales y cuestiones arquitectónicas de las viviendas. Asimismo, se pudo visionar el borrador del DVD 'Historia de una injusticia', una realización de Ángel Macías sobre el sufrimiento que soportan los afectados por las sentencias de derribo.
"Una injusticia"
"Los años van pasando y los afectados estamos envejeciendo con este grave problema. En cualquier momento pueden derribar nuestras casas", advirtió un portavoz de AMA, que aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento al Ejecutivo regional y a los ayuntamientos.
"La lentitud en este proceso hace que la injusticia que se está cometiendo sea aún mayor. Más de doce años en esta situación es algo inaceptable", criticaron las mismas fuentes.
Encierro en Argoños de afectados por derribos para pedir soluciones
La Asociación AMA, de afectados por derribos, ha convocado un encierro en Argoños para el sábado 17 de Diciembre. El mismo tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento de Argoños, con el lema: LEGALIZACIÓN Y SEGURIDAD JURÍDICA.
El encierro que empezará las 20 horas del sábado 17 y su término esta previsto para las 10 horas de domingo 18. Para pasar la noche se habilitarán tiendas de campaña, y se realizarán diversos actos, charlas y coloquios sobre consideraciones medioambientales en la zona y cuestiones arquitectónicas de las viviendas por expertos en las distintas materias.
Durante el encierro se visionará el borrador del DVD "Historia de una injusticia" que está realizando Ángel Macias sobre la historia del sufrimiento de las víctimas por sentencias de derribo. Los años van pasando y los afectados estamos envejeciendo con este grave problema, como es que en cualquier momento se puedan derribar las viviendas.
Hacemos un llamamiento al Gobierno de Cantabria y a los Ayuntamientos, para que trabajen, ya la lentitud en este proceso hace que la injusticia que se esta cometiendo se aun más grande, más de 12 años en esta situación es algo inaceptable.
Estamos ante un problema político, como consecuencia de decisiones de cargos públicos ya sean del Gobierno de Cantabria o de los Ayuntamientos y ellos tienen que soluciones jurídicamente aceptables. Los planeamientos urbanísticos se retrasan sin justificación o tienen importantes lagunas, las soluciones o no existen o tardan demasiado, por ello se hace necesario la implicación del poder legislativo, por ello AMA va pide al Parlamento de Cantabria un pronunciamiento claro y expreso con el fin apoyar una solución para todos buscando lo mejor para nuestra comunidad.
Desde AMA mostramos nuestro apoyo a las soluciones dialogadas con los afectados, como pueden ser el tema de la estación depuradora de Vuelta Ostrera y el de las sentencias de derribo que condenan a la Administración, haciendo compatible el interés general de Cantabria y las resoluciones judiciales.
Argoños
La AMA se concentrará en tiendas de campaña frente al Ayuntamiento el día 17
R. A./ARGOÑOS
La Asociación de Afectados por la Administración, que integran los vecinos de varios municipios con viviendas que tienen sentencia de demolición, ha organizado una concentración nocturna en tiendas de campaña en la plaza del Ayuntamiento de Argoños para el sábado día 17 de diciembre, con el lema 'Legalización y seguridad jurídica'.
El encierro empezará las 20 horas y terminará el domingo, día 18, a las 10 de la mañana.
Para pasar la noche se habilitarán tiendas de campaña, y se realizarán diversos actos, como charlas y coloquios sobre temas medioambientales en la zona y cuestiones arquitectónicas de las viviendas por expertos en las distintas materias.
Durante el encierro se visionará el borrador del DVD 'Historia de una injusticia' que está realizando Ángel Macias sobre la historia del sufrimiento de las víctimas por las sentencias de derribo.
Con esta movilización, los afectados hacen un llamamiento al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos, para que trabajen, ya que "más de 12 años en esta situación es algo inaceptable".
Los vecinos consideran que están "ante un problema político, como consecuencia de decisiones de cargos públicos, ya sean del Gobierno de Cantabria o de los Ayuntamientos, y ellos tienen que soluciones jurídicamente aceptables".
La AMA reclama al Parlamento de Cantabria un pronunciamiento claro sobre esta situación con el fin de apoyar una solución para
El colectivo es partidario de soluciones dialogadas, "como la estación depuradora de Vuelta Ostrera, haciendo compatible el interés general de Cantabria y las resoluciones judiciales".
ARCA ATACA A INOCENTES VICTIMAS DE SUS DEMANDAS
DESDE AMA QUEREMOS MANIFESTAR:
QUE LA ASOCIACIÓN DE MALTRATADOS POR LA ADMINISTRACIÓN –AMA- TRABAJA DESDE SU CREACIÓN POR UNA CANTABRIA MEJOR, CON LA MANO TENDIDA A TODO EL MUNDO.
DONDE MEDIANTE EL DIALOGO Y EL ACUERDO BUSQUEMOS SOLUCIONES PARA TODOS, POR UNA CANTABRIA MAS JUSTA Y SOLIDARIA
¿CÓMO ES POSIBLE QUE UNA ASOCIACIÓN QUE DICE LLAMARSE ECOLOGISTA PIDA EL DERRIBO DE LAS VIVIENDAS DE CIENTOS DE PERSONAS INOCENTES?, Y ENCIMA LO HAGA A TRAVÉS DE FIGURA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, SRES. DE ARCA HAN PERDIDO UDS. EL NORTE.
ESA ASOCIACIÓN QUE UTILIZA EL ECOLOGISMO COMO ARMA CONTRA CIUDADANOS INOCENTES, QUE NO HA TENIDO NI LA SENSIBILIDAD, NI LA EDUCACIÓN DE RECIBIR A LAS VICTIMAS COLATERALES QUE HAN CREADO.
QUE SE DEDICA A INTENTAR TORPEDAR CUALQUIER SOLUCIÓN QUE SE PUEDA CONSEGUIR MEDIANTE LA LEGALIDAD VIGENTE.
SE NOTA EL NERVISISMO DE QUIEN NO TIENE LA CONCIENCIA TRANQUILA, ATACA AL MÁS DÉBIL Y SE INTENTA APROVECHAR DE SU TRABAJO, POR LO CUAL PAGARÁ UN ALTO COSTE SOCIAL.
NOSOTROS NO CAEREMOS EN SUS PROVOCACIONES, NI NOS HAREMOS ECO DE RUMORES, SOLAMENTE QUEREMOS SEGUIR TRABAJANDO PARA DAR SOLUCIONES A LOS CIUDADANOS.
QUE NO DERRIBEN SUS VIVIENDAS, NI TENGAN QUE PAGAR CUANTIOSAS INDEMNIZACIONES, SIEMPRE RESPETANDO A LAS PERSONAS, INSTITUCIONES, Y DESDE LA LEGALIDAD EN TODAS NUESTRAS ACTUACIONES.
ESE COLECTIVO LLAMÁNDOSE ECOLOGISTA SE DEDICA A PEDIR EL DERRIBO DE LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS INOCENTES EN CANTABRIA.
ARCA pide al Defensor del Pueblo que exija la demolición de las urbanizaciones ilegales
-->>[ARCA] [09-09-05]
La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) ha remitido una carta al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, solicitando que elabore un informe sobre el desastre urbanístico padecido por la región y que, entre sus conclusiones, recoja la exigencia de que Gobierno y Ayuntamientos asuman íntegramente el contenido de las sentencias de demolición y las ejecuten sin dilación de ningún tipo De este modo ARCA interviene en el procedimiento abierto con la entrevista celebrada en Santander por el Defensor del Pueblo y miembros de la denominada Asociación de Maltratados por las Administraciones (AMA).
ARCA informa a Múgica de las 16 urbanizaciones sentenciadas a demolición, pero también de la anulación de los Planes Generales de Ordenación Urbana de Camargo, Arnuero, Argoños, Alfoz de Lloredo, Udías, San Vicente de la Barquera, Camaleño y Cillorigo de Liébana, así como otras herramientas de gestión urbanística. El objetivo de ARCA es demostrar que en el urbanismo de Cantabria la ilegalidad era la norma y no una excepción.
En cuanto al rechazo de ARCA a cualquier proceso legalizador, la asociación ecologista hace suya la intervención en Santander del Magistrado del Tribunal Supremo, Fernando Ledesma, en el sentido de que es vital hacer cumplir la legalidad en el urbanismo, ya que si las sentencias de derribo no se ejecutan se crearía un precedente peligrosísimo, porque nadie respetaría la ley de saber que no ocurre nada si se infringe.
Por último ARCA comprende que los propietarios de las viviendas con sentencia de demolición se resistan a ser víctimas del desastre urbanístico sufrido por Cantabria y merecen ser indemnizados con rapidez y en la cuantía necesaria. Por el contrario, cualquier maniobra política para incumplir las sentencias judiciales solo merece el desprecio y la condena de todos los cántabros.
CANTABRIA 31 de Agosto de 2005
EL DIARIO MONTAÑES
URBANISMO
El Defensor del Pueblo pedirá información sobre las sentencias de derribo en la costa cántabra
Enrique Múgica, que dirige un curso en la UIMP, recibió esta mañana a miembros de una asociación que representa a los cientos de afectados
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, se comprometió hoy a pedir al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos implicados información sobre las urbanizaciones de la costa de la comunidad que tienen pendiente una sentencia de derribo, según anunció hoy la asociación que representa a los afectados.
EFE / SANTANDER
Múgica no quiso hacer declaraciones tras la entrevista. / DM
Más información de Cantabria (EDICIÓN IMPRESA)
Enrique Múgica recibió esta mañana a una delegación de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) en el Palacio de la Magdalena, donde esta semana dirige un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre "Protección de derechos económicos, sociales y culturales".
Los portavoces de AMA explicaron al Defensor del Pueblo la situación que se ha generado en los últimos años en la franja litoral de Cantabria, donde medio millar de viviendas pertenecientes a una veintena de urbanizaciones han sido declaradas ilegales y han recibido una sentencia de derribo, en municipios como Arnuero, Piélagos, Argoños, Escalante o Miengo, entre otros.
El presidente de la asociación que agrupa la mayor parte de los afectados por esas sentencias, Antonio Vilela, agradeció al término de la entrevista el gesto que ha tenido Múgica al recibirlos, así como "el afecto" que ha demostrado tener hacia las víctimas, dijo.
DOCUMENTACIÓN
Enrique Múgica rehusó hacer comentario alguno a los periodistas sobre el contenido de la reunión, pero el presidente de AMA anunció que la Oficina del Defensor del Pueblo va a pedir al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos involucrados en esas sentencias que le envíen documentación sobre las urbanizaciones afectadas.
"Nosotros le hemos pedido el apoyo de la institución que representa, para que de alguna manera haya una recomendación, unos criterios con los que se pueda decir tanto a la Justicia como a la Administración dónde han estado los defectos y lo que se puede hacer para solucionar esto", explicó Antonio Vilela.
El presidente de AMA recalcó que los compradores de esas viviendas son "no tienen culpa alguna" en las infracciones urbanísticas detectadas por los tribunales, porque simplemente las adquirieron "de buena fe", e insistió en que la solución a su problema tiene que venir del Gobierno de Cantabria.
RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
"Nosotros creemos que la responsabilidad y la solución están en el mismo sitio, están en el Gobierno de Cantabria, en el presidente, Miguel Angel Revilla, y en el consejero de Presidencia, José Vicente Mediavilla", defendió el portavoz de los afectados.
Antonio Vilela sostuvo que si el Gobierno de Cantabria tiene "voluntad política" de solucionar el problema y hay "apoyo de las instituciones" se puede buscar una salida, porque "todo el mundo está viendo la injusticia que se está cometiendo" con los propietarios de las viviendas, añadió.
CANTABRIA - 30-Agosto-2005
encuentro
Múgica se reunirá mañana con la Asociación de Maltratados por la Administración para tratar el problema de los derribos en Cantabria
El Defensor del Pueblo reconoce en Santander que la ley le impide entrar en materia sobre el objeto de atención por los tribunales
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, mantendrá mañana un encuentro con la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), integrada por ciudadanos afectados por sentencias de derribo, para estudiar los problemas a los que se enfrenta este colectivo.
AGENCIAS EFE/SANTANDER
Enrique Múgica participa esta semana en un seminario en la UIMP./SE QUINTANA
Múgica calificó de "grave" el problema de estos ciudadanos, ya que existen 411 unidades pendientes de demolición, tras una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, entre chalés, garajes, naves industriales y aparcamientos, explicó.
Aun así, recordó que la intervención del Defensor del Pueblo está delimitada por la ley, que "impide entrar en materia sobre el objeto de atención por los tribunales", dijo.
"El poder judicial es independiente de todo, del Parlamento, del Gobierno y de otras instancias constitucionales y eso limita realmente nuestra actividad en los supuestos que han sido considerados por el Poder Judicial", insistió en conferencia de prensa con motivo del curso que sobre la protección de los derechos dirige esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Cantabria / Diario Montañes 23/08/2005
La AMA insta a Piélagos a que dé soluciones a los derribos de las urbanizaciones
R. ALONSO/SANTANDER
Los miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) - formada por los propietarios de las localidades de Argoños, Escalante, Arnuero y Liencres, cuyas urbanizaciones tienen sentencia de derribo de los tribunales- se han reunido recientemente en la sede del Gobierno de Cantabria con varios responsables de la Consejería de Presidencias y Ordenación del Territorio.
En esta segunda entrevista, en la que estuvieron presentes una delegación de los vecinos afectados, encabezada por el presidente, Antonio Vilela; la directora general de Urbanismo, Miriam García, y el asesor jurídico de Urbanismo, Emilio Misas, se acordó instar al Ayuntamiento de Piélagos, que preside Jesús Ángel Pacheco (PP), a que redacte un Plan General de Ordenación Urbana que dé soluciones a la demolición de los apartamentos de Liencres.
Esfuerzo
Ante esta situación, desde la Asociación de Maltratados por la Administración piden al equipo de gobierno municipal de Piélagos y a la oposición que realicen un esfuerzo para buscar una solución acertada.
Esta misma iniciativa también se ha llevado a cabo con el Ayuntamiento de Argoños tras la celebración de la primera reunión. Antonio Vilela aseguró que en el mes de septiembre volverá a convocarse una tercera reunión con el fin de buscar una solución en Escalante y Arnuero.
ABC – 19-08-2005 EDICIÓN IMPRESA – Nacional La asociación «Maltratados por la Administración» se manifiesta por la legalización de sus casas
EP
SANTANDER. Más de un centenar de miembros de la «Asociación Maltratados por la Administración» (AMA) se manifestaron desde las once y media de ayer hasta aproximadamente las dos y media por las calles de Santander como medida de presión para que se legalicen las viviendas pendientes de sentencias firmes de derribo en Cantabria.
Paralelamente a la manifestación, el presidente de AMA, Antonio Vilela, se entrevistó con representantes políticos para recabar de las tres fuerzas parlamentarias -PRC, PSOE y PP- el apoyo a su causa y la creación de una oficina de atención «a las víctimas de las sentencias de derribo», Frente a la sede del Gobierno cántabro, se lanzaron pitadas y consignas como «Revilla, culpable, somos inocentes» y «Queremos nuestras casas».
Además, los congregados desplegaron pancartas con los lemas «144 familias víctimas de la mafia del ladrillo»y «Legalización es la solución», Vilela aseguró que «se tiene que conseguir que todas las viviendas sean legales y que las que no cumplen las normas urbanísticas» se «modifiquen» para que no se derriben. Para ello, mantuvo esta mañana conversaciones con el jefe de Gabinete de Presidencia, Guillermo Blanco; el secretario de Organización del PSC-PSOE, Pepe Guerrero, y el presidente del PP cántabro, Ignacio Diego, de los que obtuvo «una respuesta positiva».
Solución conjunta
No obstante, Vilela declaró que «Si hay una posibilidad de solucionarse» la «tragedia de 2. 000 personas» en Cantabria con sentencias pendientes de derribo de sus viviendas, «tiene que contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de la región», y aboga por una solución conjunta.
Cantabria / REGIÓN Diario Montañés 22-07-05
AMA asegura que se realizarán cambios en el PGOU de Argoños
R. ALONSO/SANTANDER
La Asociación de Maltratados por la Administración, representada por su presidente, Antonio Vilela, y el secretario, Jokin Alfageme, se ha reunido recientemente en Santander con Miriam García García, directora de Urbanismo del Gobierno de Cantabria; José Ramón Lomba, técnico de este departamento, y Joaquín Fernández San Emeterio, alcalde de Argoños, para tratar la situación de las setencias de derribo de las urbanizaciones de Cantabria.
«En el encuentro se repasó el Plan General de Ordenación Urbana de Argoños y la situación de las distintas urbanizaciones en el municipio, y se acordó realizar modificaciones en el plan para cumplir con los requerimientos judiciales que pesan sobre las distintas urbanizaciones, y conseguir así un PGOU que de una respuesta satisfactoria a los vecinos de Argoños, al Gobierno de Cantabria y a las demás instituciones», señaló Vilela.
También se dio el visto bueno a la convocatoria de nuevas reuniones para analizar la situación de Liencres, que será en agosto, y para estudiar los casos de Arnuero y Escalante, en septiembre, así como un seguimiento de lo realizado tras esta primera reunión mantenida.
Desde AMA valoran positivamente estas reuniones donde las instituciones buscan soluciones reales, siempre esperando que las palabras se concreten en actuaciones.
El Correo 5-6-07
El Gobierno cántabro propone modificar la ley para evitar el derribo de casas.
Pretende reducir el impacto ambiental de las urbanizaciones 1.200 afectados protestan ante la sede del Ejecutivo
JON FERNÁNDEZ/BARACALDO
AFECTADOS se concentraron en Santander. / D. M.
Los afectados por las sentencias de derribo que pesan sobre varias urbanizaciones de Cantabria todavía albergan esperanzas. Tras concluir la marcha reivindicativa que este fin de semana han realizado hasta Santander, representantes de los 2.000 perjudicados se reunieron a mediodía de ayer con responsables del Gobierno de Cantabria para arrancarles un compromiso que ponga fin a su problema. En este sentido, el Ejecutivo regional apuesta por introducir modificaciones puntuales en el planeamiento de los municipios afectados -Argoños, Arnuero, Piélagos, Liencres, Miengo y Comillas- para evitar la demolición de viviendas.
El consejero de Urbanismo, José Vicente Mediavilla, del PRC, fue el encargado de explicar a los afectados -la mayoría de ellos vizcaínos- los planes del Gobierno cántabro. «Se trata de corregir las normas urbanísticas en cada localidad para ajustar los inmuebles al Plan de Ordenación del Litoral y reducir así el impacto sobre el medio ambiente», explicó Antonio Vilela, responsable de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).
Comisión negociadora
Según la Administración, los nuevos planeamientos forzarían a los tribunales a dar marcha atrás y archivar las sentencias de derribo de los chalés, emitidas tras las denuncias presentadas por la agrupación ecologista ARCA. No obstante, las modificaciones urbanísticas obligarán a los ayuntamientos a trabajar contra el reloj para determinar las actuaciones que deberán ejecutar los vecinos en cada caso.
Para seguir de cerca el proceso, los afectados propusieron al Ejecutivo regional la constitución de una comisión negociadora en cada localidad, con representantes de los organismos implicados y los propios damnificados. Finalmente, Mediavilla accedió a formar dicha asamblea. La primera de ellas comenzará a funcionar la próxima semana en Argoños.
Pero tras una década de lucha infructuosa, los afectados se muestran escépticos. «Son muchos años de pelea, mentiras y promesas incumplidas. ¿Queremos una solución ya!», avisan tras llevar a cabo su última movilización, que reunió a unas 1.200 personas frente a la sede del Gobierno de Cantabria.
El Correo 4-7-05
Las casas de Damocles
Vizcaínos afectados por los derribos de sus viviendas en varias urbanizaciones de Cantabria serán recibidos hoy por el consejero de Urbanismo de esta región
JULIA FERNÁNDEZ/ARNUERO
EN FILA. La marcha de los afectados llega a mediodía de hoy a la capital cántabra. / FOTOS: JORDI ALEMANY
Revilla, «un viejo conocido»
Con la casa a cuestas y el corazón en un puño. Así llevan más de diez años Inés Esteban y Benito Masa. Esta pareja vizcaína se decidió a comprar una nueva vivienda en 1994 y El Encinar de Isla se cruzó en su camino. Se trataba de una urbanización de nueva construcción en la localidad cántabra de Arnuero, a unos 80 kilómetros de Bilbao. La oferta era buena: un precio aceptable, un entorno natural bueno y la playa cerca. Compraron. Lo que no sabían era que el lote incluía, también, un «calvario».
Este matrimonio es uno más de las 350 familias que ayer iniciaron una marcha desde Argoños a Santander para pedir que legalicen sus casas. Se trata de un conflicto enquistado. Hace unos años, la asociación ecologista ARCA denunció a varias urbanizaciones de chalés, entre ellas, El Encinar. El tribunal le dio la razón y ordenó el derribo de los inmuebles. Desde entonces, sus dueños aseguran vivir «con la espada de Damocles» sobre sus cabezas.
«Nos sentimos atrapados, somos como rehenes», explica Masa. Están entre la espada y la pared. Por un lado, el Gobierno de Cantabria, que facilitó los permisos para la construcción y la habitabilidad de las casas. Por el otro, la organización ecologista, que entiende que lo hizo sin tener en cuenta la ley que protege el entorno natural. «Y encima, ahora está el nuevo Plan de Ordenación de Litoral, que también lo hemos recurrido», subraya otro afectado, Emilio Bocanegra.
Cuentas en Puerto Chico
Pero nadie tira la toalla. Ayer se vistieron sus camisetas amarillas y, con sus pancartas en la mano, se echaron a la carretera. El destino es la sede del Ejecutivo cántabro, en Santander, donde llegarán hoy a mediodía. El objetivo es pedirle cuentas a la Administración, en su opinión, la encargada de arbitrar las medidas necesarias para resolver el problema. Pero no van a esperar de brazos cruzados: «También presentamos nuestras propuestas», afirman.
En Puerto Chico les recibirá el actual consejero de Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Vicente Mediavilla. Aunque su intención va más lejos. «Nos gustaría reunirnos con el presidente, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga», explica Antonio Vilela, responsable de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que aglutina a todos los afectados y ha convocado la marcha.
La excursión supone, además, una demostración de fuerza. A la comitiva inicial, que partió de Argoños ayer a las nueve de la mañana, se le unió el numeroso grupo de afectados de El Encinar de Isla. Hoy, lo harán los de Piélagos, Liencres, Miengo y Comillas.
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Sueños rotos
Merce Díaz se enamoró hace casi veinte años de Arnuero. «Mi marido y yo vinimos de camping con los niños y nos encantó». A principios de los noventa tuvo la oportunidad de hacerse con un chalé en la zona y no se lo pensó dos veces. «Lo compramos con todos los permisos y la cédula de habitabilidad concedida por el Gobierno cántabro», explica. «Ya lo teníamos todo organizado, cuando nos enteramos de lo que estaba pasando».
Después de doce años, sigue luchando como si fuera el primer día, a pesar de que las ilusión se han evaporado. «Era mi sueño, y ahora está hecho añicos», se lamenta. Además, el conflicto hace mella en su salud. «Anoche no dormí y, aunque ahora me lo tomo con más tranquilidad, nunca sé cuando van a llamarme para decirme que tiran la casa». Según un estudio de la universidad de Deusto, sólo por daños morales, las víctimas de lo que ellas llaman «mafia del ladrillo» deberían percibir unos siete millones de euros.
La bilbaína Mari Luz no puede evitar el llanto al hablar del tema. «Siempre estamos en tensión», dice. Hace cinco años se compró junto a su marido una casa en Argoños «para pasar las vacaciones y los fines de semana». Tras las amenazas judiciales, asegura que, como muchos de sus compañeros de marcha, sigue yendo, pero no puede disfrutar como antes. «No entiendo nada... ¿Yo no he robado nada a nadie!», clama.
Diario Montañes
Cantabria / REGIÓN 4-7-05
PROTESTA
Cientos de afectados por los derribos exigen en Puertochico una solución
Los propietarios se concentraron en Santander tras una marcha a pie que comenzó en Argoños, Arnuero, Liencres y Escalante
GONZALO SELLERS/SANTANDER META.
Niños, jóvenes, adultos y ancianos llegaron a Santander tras dos días de marcha. / SANE
Una marea de chalecos reflectantes desembarcó ayer de las 'pedreñeras' de Somo, inundó las calles de Santander y desembocó frente a la sede del Gobierno de Cantabria. Tras una marcha a pie desde Argoños, Arnuero, Escalante y Liencres, cerca de un millar, según la organización, de propietarios afectados por las sentencias de derribo de 17 urbanizaciones tomaron Puertochico para exigir la legalización de sus viviendas.
> Al frente de la protesta se situaron los dirigentes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), un colectivo creado por los perjudicados, que en su mayor parte son vecinos de Vizcaya.Esta protesta supone un nuevo capítulo de un problema gestado hace diez años, cuando la plataforma ecologista ARCA denunció la localización de una serie de urbanizaciones por entender que se habían construido en terrenos protegidos.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) dio la razón a los denunciantes y ordenó el derribo de los inmuebles. Una decisión que convirtió a los propietarios en «víctimas colaterales», según el presidente de AMA, Antonio Vilela. «Nosotros compramos casas legales.
Si el Gobierno y los ayuntamientos obraron mal, que lo paguen ellos, no nosotros», protestó.Este es el caso, por ejemplo, de Ángela Lanzagorta, una bilbaína que fijó su segunda residencia en Argoños hace seis años. «Llevo mucho tiempo viviendo con inseguridad e inquietud. Cuando compré la casa cumplí todos los trámites legales, y tanto desde el Ayuntamiento como del Gobierno me aseguraron que todo estaba en regla», recordó.«Rehenes políticos»
Emilio Bocanegra compró hace diez años un chalé en Arnuero como segunda vivienda para él, su mujer y sus dos hijos. «Entonces no podía imaginar en lo que me estaba metiendo. Nos hemos convertido en rehenes políticos», denunció.Durante las dos horas que duró la concentración, que ocasionó atascos y obligó a desviar el tráfico en la zona, los participantes increparon al Ejecutivo por «violar los derechos de los ciudadanos». Asimismo, Vilela recordó un debate parlamentario que tuvo lugar en 2001, en el que los partidos aprobaron la creación de una oficina de atención a los afectados. «Nada de esto se ha hecho. ¿A qué esperan?», se preguntó el presidente de AMA, quien volvió la vista hacia Barcelona, hacia el barrio de El Carmel, «donde el problema urbanístico ya se ha solucionado».
EncuentrosLos dirigentes de AMA tenían previsto reunirse con el consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, y con el director de gabinete de la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, así como con el jefe del Ejecutivo, Miguel Ángel Revilla.
La ausencia de los dos últimos provocó la indignación entre los manifestantes, que apelaron a los silbatos y a los gritos como forma de protesta. Tras el encuentro con Mediavilla, el grueso de la manifestación se trasladó a la plaza del Ayuntamiento de Santander, donde Vilela informó a los asistentes de los puntos tratados en la reunión.
Cantabria / REGIÓN 3-7-05
Otras NoticiasComenzó la marcha de los afectados por las sentencias de demoliciónParticipan cerca de 400 personas de Argoños, Escalante y Arnuero Hoy llegan a Santander y se unen con los vecinos de la zona occidental
ROBERTO ALONSO/AJO PARTICIPANTES. Los caminantes durante la subida del alto de Ajo. / R. A.
Con el lema 'La solución es la legalización', 400 vecinos de Argoños, Arnuero y Escalante, cuyas viviendas cuentan con unas sentencias de derribo por parte de los tribunales, iniciaron ayer, domingo, una marcha a pie hasta la sede del Gobierno de Cantabria, en Santander.
Globos, coches apoyando la marcha para atender algún posible percance, pancartas con el símbolo de 'inocentes' y megafonía y para reivindicar la legalización de las viviendas, ambientaron los 28 kilómetros de recorrido.
El objetivo es reivindicar que el Ejecutivo regional solvente la situación que vienen viviendo con la futura demolición de sus casas, «pero que no pase por el derribo, ya que hay herramientas para lograrlo», indició el portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración, Antonio Vilela.
Unión
La iniciativa ha partido de este colectivo, que engloba a diecisiete urbanizaciones de Cantabria pendientes de que se derriben, y hoy, lunes, los participantes de esta marcha a pie se unirán en el Paseo de Pereda, a las 12 del mediodía, con los afectados de la zona occidental.
De hecho, alrededor de cien vecinos iniciarán una marcha a pie, a las 10 de la mañana, desde la plaza de Liencres.Los 400 vecinos durmieron ayer en el polideportivo de Latas, en Somo, y llegarán hoy, lunes, al Paseo de Pereda con la barca de Pedreña. Será el momento de ir todos juntos a la sede del Gobierno de Cantabria, donde calculan que con los familiares, amigos y personas mayores también involucradas en esta situación lleguen a concentrarse cerca de 1.000 personas, señaló Vilela.
Una representación de los afectados se entrevistarán con el consejero de Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Vicente Mediavilla (PRC), aunque también desean que les reciba el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga (PSOE).
Cantabria / REGIÓN 3-7-05
ANTONIO VILELA FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MALTRATADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
«Reivindicamos la legalización de todas las viviendas»
El grupo está formado por los vecinos que sufren sentencias de demolición Hoy se inicia una marcha a pie hasta Santander que finalizará mañana
ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS
La solidaridad entre los afectados por las sentencias de derribo de varias urbanización existentes en Cantabria, sus ganas por luchar por la legalización de sus viviendas y su interés por expresar públicamente la situación que están padeciendo, les ha llevado a crear la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).
El colectivo engloba a 913 socios de diecisiete urbanizaciones y su presidente es José Vilela Fernández, un gallego de 46 años, afincado desde los 4 en Santurce, residente habitual en la urbanización Pueblo del Mar 1, en Argoños, y que veranea en Cantabria desde el año 2000.
-¿Quién forma AMA?-
Hay 913 socios de diecisiete urbanizaciones, diez en Argoños, con 156 viviendas con sentencia firme de derribo y 100 en proceso; una en Arnuero, con 144 apartamentos; una en Escalante, con 34 pisos y bajos comerciales, donde incluso hay un bar; cuatro en Liencres, con 88 viviendas, y una en Miengo, con otros 30.
-¿Cuáles son sus objetivos?
-Buscar una solución legal a las viviendas, que no pase por el derribo, sin buscar enfrentamientos, y eliminar así la angustia que vivimos desde hace varios años.
-¿En qué consiste la movilización de hoy?
-La primera movilización fue una concentración conjunta en Liencres en junio, pero lo de hoy es un salto cualitativo. Es muy importante la marcha a pie hasta Santander por la gran participación que tendrá y la repercusión social. Superará las 300 personas caminando y mañana, lunes, tras hacer noche en el polideportivo de Latas, en Somo, casi 1.000 nos concentraremos frente al Gobierno de Cantabria.
-¿Y una vez allí?
-A las 13 horas nos recibirá el consejero de Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Vicente Mediavilla (PRC), pero también queremos entrevistarnos con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), y la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga (PSOE).
-¿Qué se persigue?
-Reivindicamos la legalización de todas las viviendas. Existen precedentes en otras Comunidades donde situaciones similares se han solventado sin esperar tanto saños. El Gobierno de Cantabria debe dar instrumentos a la justicia para solventarlo. No es un problema jurídico, es político. Los culpables son las Administraciones locales y autonómica, y el Ejecutivo regional tiene la última decisión.
-¿Qué pensáis cuando se empieza a hablar de indemnizaciones?
-No nos gusta. Tenemos nuestras viviendas con todos los permisos y sólo queremos vivir en nuestras casas. No entramos a valorar las indemnizaciones y nuestro lema es 'La solución es la legalización', que en muchos casos en fácil y no se ha realizado por la desidia del Gobierno de Cantabria que ha mirado hacia otra parte.
-¿Y cuándo se empiezan a barajar los precios de vuestras viviendas?
-Es un problema social grave y la gente está padeciendo depresiones y estrés. Sí verdaderamente se pagará lo que cuestan hoy en día, se generará un problema económico en la Administración. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Argoños estaría sin presupuesto durante 20 años.
-¿Y las consecuencias para Cantabria?
-El colapso de muchas instituciones y por este motivo el Gobierno de Cantabria, con sus técnicos, debe solventarlo. Deben fijarse en Cataluña con la situación de 'El Carmel', donde se ha dado una solución rápida y justa a los afectados.-
¿Pagarán por esta situación los culpables?
-No. Todo se ha hecho bastante mal y prescribirán los delitos. No se ha creado ninguna comisión de investigación y ni un solo responsable del Gobierno de Cantabria ha sido, por ahora, condenado. Las medidas penales se deben tomar antes para que paguen los culpables y no los vecinos inocentes.
-¿Qué imagen se está creando de Cantabria fuera de la Comunidad?
-Nos preocupa. Queremos hacer una Cantabria más justa. Nos da vergüenza ver la situación de Cantabria cuando se han resuelto hechos parecidos en otras Comunidades, Por ello, Revilla debe buscar soluciones y acercarse a los afectados. Hace falta voluntad política para solucionar este problema y la mayor laguna del presidente cántabro en su gestión ha sido la situación que está haciendo pasar a estos vecinos. Esperamos que pueda cambiar y ponga a trabajar al gobierno.
-¿Qué imagen tienes de Cantabria?
-Me siento como un cántabro más y quiero residir aquí. Lamento que en una tierra como Cantabria no se haya sabido solventar este problema vecinal.
-¿Y qué opina sobre el grupo ecologista ARCA?
-La actitud de los responsables de ARCA con las víctimas ha sido triste y pagarán un gran peaje social por ello.
Cantabria / REGIÓN
Los afectados por los derribos preparan una marcha de protesta
La Asociación de Maltratados por la Administración se concentrará frente a la sede del Gobierno el 4 de julio
GONZALO SELLERS/LIENCRES
QUEJAS. Se espera la participación de 1.000 personas. / SELLERS
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), un colectivo que reúne a los afectados por las sentencias de derribo en Cantabria, ha organizado una marcha a pie a Santander que culminará en una concentración, el próximo 4 de julio, frente a la sede del Gobierno en Puertochico.
La marcha comenzará desde dos puntos distintos. Los afectados de Escalante, Argoños y Arnuero se pondrán en camino el 3 de julio por la mañana, para llegar a Somo a las 17:30 horas, donde pasarán la noche. Al día siguiente cruzarán en lanchas hasta Santander.
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Por su lado, los vecinos de Liencres saldrán hacia la capital el día 4. La organización ha previsto que los dos grupos confluyan en Puertochico, donde dará inicio la concentración. La asociación, que congrega a 17 urbanizaciones con más de 500 viviendas, espera que cerca de 1.000 personas se unan a la marcha.
El presidente de AMA, Antonio Vilela, explicó ayer que uno de los objetivos de la concentración es reunirse con el Gobierno. Para ello, han solicitado sendas entrevistas con el consejero de Presidencia, José Vicente Mediavilla, con la vicepresidenta regional, Dolores Gorostiaga, y con el presidente del Ejecutivo, Miguel Ángel Revilla.
Vilela tuvo palabras para las tres instituciones involucradas en las sentencias de derribo. Respecto a ARCA, asociación ecologistaque denunció las construcciones por encontrarse en espacio protegido, dijo que «éticamente no ha actuado bien. Sus dirigentes nunca han querido saber nada de las víctimas y tienen mala conciencia».
Asimismo, el presidente de la plataforma instó al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a «dictar sentencias que sean acordes con la realidad social que no obliguen a pagar a víctimas inocentes».
Por último, hizo referencia al Gobierno de Cantabria, al que culpó de todas las «injusticias». «Su responsabilidad es buscar soluciones y no lo está haciendo. Las sentencias condenan a la Administración y somos los vecinos los que pagamos las condenas», lamentó Vilela.
Diario Montañes 12-5-05
Cartas al Director
¿Cuál ha sido mi delito?
José Luis Tranche García/
Carta abierta al señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria:
Ya que a fecha de hoy no hemos recibido contestación a la carta certificada que hace más de dos meses le enviamos y considerando que todo condenado tiene el derecho de saber cuál es el delito por el que se le condena, me animo a plantearle públicamente las siguientes consideraciones y pregunta:
-En 1997 compramos una casita en el término municipal de Argoños, en la Urbanización Pueblo de Mar I, la cual escrituramos en enero de 2000.
-En la mencionada casita pusimos todas nuestras ilusiones y los ahorros de varios años, tanto pasados como futuros, y cuál fue nuestra sorpresa cuando aproximadamente al mes de haber escriturado tuvimos conocimiento de que había una sentencia en la que estaba implicada nuestra vivienda por ciertas irregularidades administrativas, proceso judicial del cual nosotros no tuvimos conocimiento hasta esas fechas.
-Ante una situación tal 'singular' de la que nadie nos había informado (ni constructor ni Ayuntamiento) y que nadie había evitado (consejerías implicadas en temas de vivienda), tratamos de personarnos en el proceso para defender nuestra propiedad y se nos negó esa posibilidad.
-A fecha de hoy, la situación es que hay una sentencia firme de derribo en la que se explicita «... condenar a la demolición de lo indebidamente edificado, como consecuencia directa de la declaración de nulidad de la licencia de obras».
-Por todo esto parece claro que van a tirar nuestra casa, para lo cual el Ayuntamiento de Argoños está haciendo una provisión de fondos.
Considerando que la justicia condena a los culpables en relación y proporción con el delito que han cometido, deseo plantearle una única pregunta:
¿Cuál ha sido el delito que mi esposa, mi hija y/o yo hemos cometido?
El Correo 12-05-05
La Fiscalía investiga si políticos favorecieron construcciones que serán demolidas en Cantabria.
Ve indicios de un presunto delito de prevaricación al recalificar suelo para edificar 144 apartamentos en Arnuero
JOSU GARCÍA/BARAKALDO
El anhelo de las más de cuatrocientas familias, en su inmensa mayoría vizcaínas, cuyas viviendas están sentenciadas a derribo en Cantabria de que «se haga Justicia con los responsables» de la situación que atraviesan está hoy un paso más cerca. Y es que la Fiscalía de la comunidad vecina ha abierto diligencias para esclarecer si, a comienzos de los años 90, alguno de los miembros de la Comisión Regional de Urbanismo (CRU), órgano dependiente del Ejecutivo autonómico, pudo incurrir en un delito de prevaricación al dar el visto bueno a las normas que permitieron la construcción de una urbanización que resultó después condenada a la piqueta, según informaron a este diario fuentes cercanas a la investigación.
Las pesquisas del ministerio público se han puesto en marcha después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) encontrase, el pasado mes de marzo, indicios de delito en la actuación de los miembros de la citada comisión. Los magistrados de la Sala creen que los integrantes de la CRU pudieron delinquir «al tomar la decisión ilegal y arbitraria de clasificar como suelo urbano unos terrenos que carecían por completo de este carácter, contrariando los informes técnicos existentes».
En concreto, la sentencia del TSJC hace referencia al proceso administrativo que se siguió para la edificación de los 144 apartamentos de El Encinar de Isla (Arnuero). El presunto delito, no obstante, podría haber prescrito al haberse cometido antes de 1993, según declaró a este diario un experto jurista.
«Que paguen por ello»
Los vecinos de la urbanización se reunieron el pasado lunes con la fiscal-jefe de Cantabria, Pilar Martín-Nájera, a la que trasladaron diversa documentación sobre el caso. «Somos víctimas de la Administración. Queremos que las personas que nos han llevado a esta situación paguen por ello», explicaron los afectados, que hacen un llamamiento público para que «cualquier persona, funcionario o autoridad que pueda aportar pruebas lo haga».
El pasado 11 de marzo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia obligó a las administraciones que habían concedido las licencias de obras a indemnizar a propietarios de los 144 apartamentos de El Encinar de Isla, por los daños morales causados en los últimos doce años. En la resolución, se condena al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Arnuero a pagar compensaciones de 12.000 y 9.000 euros. Los afectados las calificaron de «cicateras» y anunciaron su intención de recurrir al Supremo.
El Correo 8-5-05
Los afectados por derribos en Cantabria inician una campaña de protestas para exigir soluciones
150 personas, la mayoría vizcaínas, se concentraron ayer en Liencres en la primera manifestación de la temporada
JOSU GARCÍA/LIENCRES
LA PROTESTA reunió a propietarios de casi todas las urbanizaciones afectadas. / MAITE BARTOLOMÉ
"¿Gritemos para desahogarnos!"
"Diálogo" y "solución". Las personas afectadas por sentencias de derribo contra sus viviendas en la comunidad vecina -en su inmensa mayoría vizcaínas- iniciaron ayer en Liencres una nueva ola de protestas. Su objetivo es lograr la legalización de las 17 urbanizaciones condenadas a la piqueta por irregularidades urbanísticas cometidas por las instituciones públicas regionales y denunciadas por el grupo ecologista ARCA. Esta nueva campaña de movilizaciones alcanzará su punto culminante el próximo julio con la celebración de una marcha a pie, de varios días de duración, a Santander.
Por primera vez en las últimas dos décadas de calvario que padecen estas familias, una concentración de protesta reunió, tras una misma pancarta, a representantes de casi todas las urbanizaciones condenadas. El espíritu de unidad entre los damnificados comienza a fraguar a pasos agigantados. "Ahora somos conscientes de que todos vamos en el mismo barco, pese a que cada barriada tiene sus particularidades", apuntaron los manifestantes.
Importante respuesta
Gran parte del éxito de esta cohesión y trabajo conjunto recae sobre la recién creada Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba ya, sólo dos meses después de su constitución, a más de 600 afectados por las órdenes de derribo. Precisamente la de ayer, en Liencres, donde existen 84 viviendas sentenciadas, fue la primera de las movilizaciones que convoca de forma oficial este colectivo.
La respuesta a la llamada de AMA fue muy importante. Alrededor de centenar y medio de personas tomaron la plaza central de la localidad cántabra, que dista sólo cinco kilómetros de la capital. Bien surtidos de pancartas, banderines y carteles reivindicativos, los manifestantes se concentraron al filo de las 13.00 horas.
El fundador de la asociación, Antonio Vilela, tomó la palabra y exigió "soluciones" y "diálogo" al presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla. "Somos víctimas del Gobierno regional y de los ayuntamientos", enfatizó. "Y lo único que les pedimos es que busquen una salida a una situación que ellos mismos han creado y que está causando graves problemas a más de un millar de personas totalmente inocentes".
Asimismo, Vilela afirmó que "los que han provocado esta chapuza, no pueden mirar ahora hacia otro lado". A su juicio, deben "hablar con las víctimas, que es de justicia, y no perder más el tiempo", apuntó. "Que se pongan a trabajar porque se pueden encontrar soluciones", urgió.
"¿Gritemos para desahogarnos!"
J. G./LIENCRES
La concentración de ayer se desarrolló de forma totalmente pacífica. Vigilados de cerca por varias unidades policiales, el centenar y medio de manifestantes se mantuvo incluso en silencio hasta que, mediada la protesta, una mujer se acercó a los organizadores y les realizó un ruego: "Podemos, por favor, gritar, aunque sólo sea para desahogarnos un poquito". Como no podía ser de otra manera, la respuesta fue afirmativa.
"Revilla, culpable", "Queremos Justicia" o "ARCA, culpabilizáis al inocente" fueron algunas de las consignas que se corearon con fuerza. La tensión acumulada en los últimos meses se vio reflejada en el volumen de las proclamas. "Necesitábamos soltar adrenalina. Esto es tan injusto que nos sentimos absolutamente impotentes y encorajinados", se disculpaba una de las manifestantes.
Entre los asistentes también estuvieron presentes dos delegados de la urbanización El Encinar de Isla, de Arnuero. Los dos representantes hicieron entrega de un muñeco de inocente al alcalde pedáneo de Liencres, Javier Toraya, del PRC. El primer edil, que mantiene un abierto enfrentamiento con el presidente cántabro y con su propio partido, mostró su solidaridad con los afectados e instó a abrir una senda de "diálogo" que ayude a resolver el conflicto.
Diario Montañes 8-5-05
Piélagos
Los afectados por los derribos claman soluciones al Gobierno.
Alrededor de 200 personas se concentraron en Liencres y exigieron al alcalde un plan que legalice las urbanizaciones
GONZALO SELLERS/LIENCRES
SOLUCIONES. Los vecinos increparon al Gobierno. / A. FERNÁNDEZ
"Pacheco: legaliza o vas a ir a la cárcel", "Pacheco presenta el plan" y "Gobierno, queremos soluciones ya". Éstas fueron algunas de las pancartas que ayer sostuvieron los cerca de 200 afectados por las sentencias de derribo, agrupados en la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que se concentraron en Liencres al grito unísono de "justicia".
En total son 84 las viviendas en Piélagos con sentencias firmes de derribo tras las denuncias interpuestas por ARCA debido al supuesto impacto medioambiental que generan estas construcciones. Alrededor de 320 vecinos que "llevan años con la soga al cuello por la chapuza de algún responsable", dijo el presidente de AMA, Antonio Vilela. "El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos no han hecho sus deberes, tienen que darnos soluciones ya porque lo estamos pasando muy mal", confesó.
Prevaricación
Una de las posibles soluciones pasa por el inminente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, tiene previsto presentar este mismo mes.
"Esperemos que ese plan contemple soluciones a nuestro problema. La verdad es que es una oportunidad única, ya que ahora nos regimos con un plan precario", denunció Vilela.
El Presidente de la Comunidad Entrelindes de Liencres, Jaime Iglesias, fue más allá y aseguró que "existen indicios de prevaricación por parte de Pacheco en 16 licencias de urbanización y lo vamos a denunciar". "No podíamos esperar otra cosa de un alcalde demagogo y mentiroso", espetó.
Durante el transcurso de la concentración, los organizadores entregaron al alcalde pedáneo de Liencres, Javier Toraya, un 'monigote de inocentes' como símbolo "de lo que somos, víctimas de la Administración".
Toraya, por su parte, pidió "arrimar el hombro" para llegar a una solución y exigió al Ejecutivo cántabro que "busque un culpable y nos deje vivir en paz". Aunque también acusó a las asociaciones ecologistas de un "ensañamiento" con los vecinos.
Vilela aseguró que todos los estamentos con los que se habían reunido les daban la razón "pero nadie hace nada".
Diario Montañes 7-5-05
Piélagos
La Asociación de Maltratados por la Administración se concentrará hoy en Liencres
G. S./LIENCRES
Soluciones a los derribos. Esta será la principal reivindicación que hará hoy la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) en la concentración prevista para las 13 horas en la plaza mayor de Liencres. Los organizadores prevén que asistan a la convocatoria un mínimo de 200 afectados de toda Cantabria, mientras que la asamblea de la asociación se reunirá una hora antes.
"Liencres, junto con Argoños, es la zona que acumula más sentencias de derribo. Se ha convertido en el lugar más castigado por los despropósitos de los políticos de Cantabria", denunció esta asociación.
Cantabria 23-4-2005
La Asociación de Maltratados por la Administración critica a Revilla
ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS
La Asociación de Maltratados por la Administración, presidida por Antonio Vilela, que engloba a más de trescientos afectados por sentencias de derribo de varias urbanizaciones de Cantabria y otras Comunidades, reclaman de nuevo una entrevista con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), y con los responsables de la asociación ecologista ARCA.
"Llevamos intentando desde hace tiempo hablar tanto con Revilla como con ARCA y la verdad es que empieza ha ser sospechoso que tanto quien denuncia, ARCA, como quienes son culpables de esta situación no quieran atender a las victimas consecuencia de sus actos", declara Antonio Vilela, quien incide en que el presidente de Cantabria les ha remitido al Consejero de Presidencia y Ordenación del Territorio, José Vicente Mediavilla (PRC).
Desde este colectivo piden al Gobierno de Cantabria que no cierre los ojos a la realidad y que solucione la situación de las victimas ya que el retrasar las decisiones sólo esta sirviendo para agrandar estos problemas y aumentar el sufrimiento de los afectados y Maltratados por la Administración. Por este motivo, solicitan al presidente de Cantabria que sea sensible, "ya que tiene la obligación de solucionar problemas no de ocasionarlos a sus ciudadanos y por lo tanto su responsabilidad es resolverlos".
Proyectos
AMA tiene previsto hablar con el Defensor del Pueblo para informarle sobre la situación que están padeciendo "y pedirle que los poderes públicos garanticen los derechos de los ciudadanos. Asimismo, tenemos intención de contactar con la Fiscalía para solicitar que se investigue a los culpables de esta situación. También se prepara una marcha a Santander, hablando con los pueblos y urbanizaciones por donde pasará".
MEDIO AMBIENTE PEGA UNA CORNADA A ARCA 20 – 04- 05 Extracto de unas declaraciones en una rueda de
prensa
"(...) el responsable de Montes, Máximo Sainz, rechazó las
críticas
realizadas hace un par de semanas por la asociación
ecologista ARCA, y
subrayó que los "sempiternos representantes"
de dicho colectivo "no
están" capacitados" para dar
"lecciones" a la Consejería en materia de
"Si bien es cierto que somos conscientes de
nuestras limitaciones,
no
vamos a admitir lecciones de nadie, y mucho menos de
dos iluminados
que no están capacitados ni moral ni intelectualmente
para darnos
lecciones", aseveró Máximo Sainz.
En la misma línea, el consejero, tras repasar la
incidencia de
incendios y las actuaciones desarrolladas desde su
departamento para
prevenirlos, consideró que los datos
"chocan" con las
afirmaciones de
la asociación, cuya motivación podría ser, a juicio de
Oria, de
carácter "político". (...)"
DIARIO MONTAÑES
19-04-05
Cantabria / REGIÓN *
Otras Noticias Acusan a Mediavilla de complicidad en irregularidades
urbanísticas
El ex socialista Pedro Olano afirma que presentar la moción de censura
ha sido «un acto de responsabilidad»
N. FALAGÁN/CASTRO URDIALES Acusan a Mediavilla de
complicidad en irregularidades urbanísticas
EDIL. Pedro Olano, durante la rueda de prensa de ayer. / N. F.
«La moción de censura ni esconde intereses urbanísticos de los ediles
que hemos presentado la reprobación al alcalde, Fernando Muguruza (PRC),
ni está orquestada por el presidente de Cantabria ni por la
vicepresidenta», afirmó ayer con rotundidad el hasta hace unos días
concejal socialista en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, Pedro Olano.
En opinión de Olano, la moción se debe a que «la persona responsable,
que es el alcalde, no informó en rueda de prensa sobre la moción de
confianza ni sobre su dimisión a pesar de que no está capacitado para
dirigir los plenos ni la vida municipal».
Olano justificó la presentación de la moción de censura en «la presión
de los ciudadanos de Castro, colectivos y asociaciones deportivas cuyas
expectativas podíamos traicionar de no presentarla».
Así, el edil
explicó que los ex socialistas «nos vimos obligados a hacer los deberes
que el tripartito (PP, PRC e IU) no quería hacer y ahora tenemos que
pagarlo muy caro porque a día de hoy estamos suspendidos de militancia
del PSOE».
A su juicio, la moción «es un acto de responsabilidad».
El concejal castreño anunció ayer en rueda de prensa que se encargará
personalmente de remitir un escrito a Rafael de la Sierra, portavoz del
grupo parlamentario regionalista, y a Ignacio Diego, presidente del PP
en Cantabria, para ponerles al día de los «oscuros intereses» que puede
esconder la adjudicación del servicio de abastecimiento de agua
impulsado por el tripartito municipal (PP, PRC e IU).
Olano añadió que
en este documento se incluirían también otras actuaciones urbanísticas
que han tenido lugar en Castro Urdiales y que han sido denunciadas por
el grupo municipal socialista, en referencia a dos actuaciones que se
están desarrollando en la calle Leonardo Rucabado, frente a los antiguos
juzgados en El Chorrillo, y junto al colegio público Arturo Dúo. Según
recordó Olano en ambos casos «se incumple el Plan de Ordenación Urbana y
ha sido denunciado en los juzgados».
«El grupo municipal
socialista castreño tiene las manos limpias, no
tenemos nada oscuro en Castro, pero no así el consejero de Presidencia,
Vicente Mediavilla (PRC), que es cómplice de las actuaciones irregulares
en el urbanismo castreño que han sido denunciadas por el grupo
socialista ante su consejería, alegaciones que no han sido contestadas».
Olano pidió a Rafael de la Sierra que estudie el documento que le
enviará y que «sea prudente en sus declaraciones, máxime cuando la
Fiscalía esta investigando la relación de un edil castreño del PRC
(Jaime Díez Muro) con seis constructoras
Santander 12-4-05
ARCA pide que la Fiscalía investigue las irregularidades urbanísticas
Creen que debe nombrarse una fiscal especial de Medio Ambiente
EFE/SANTANDER
ARCA elogió ayer la disposición que le ha expresado la fiscal jefe de Cantabria, Pilar Martín-Nájera, a estudiar sus denuncias medioambientales y a impulsar aquellas en las que observe posibles delitos, por lo que ha decidido darle «un voto de confianza», aunque discrepe de su actuación hasta la fecha.
Pilar Martín-Nájera recibió ayer al presidente y al vicepresidente de ARCA, Gonzalo Canales y José Ángel Herrera, quienes querían transmitirle su desacuerdo con la posición que ha mantenido hasta ahora la Fiscalía de Cantabria en materia de medio ambiente y demandarle que investigue si existen responsabilidades penales en las irregularidades urbanísticas denunciadas por su asociación.
Los ecologistas se refirieron a casos concretos como las recalificaciones que permitieron construir las urbanizaciones de las playas de La Arena (Arnuero) y Cerrias (Piélagos) -sobre las que pesan sentencias de demolición, los vertidos de la depuradora de Renedo al río Pas o las modificaciones urbanísticas y legales hechas para permitir la construcción en el Parque Natural de Oyambre.
La asociación expresó además a Martín-Nájera su interés por que se acelere la creación de una fiscalía especial sobre medio ambiente en Cantabria y se potencie la actividad del fiscal en el campo contencioso administrativo.
Cantabria 23-4-2005
La Asociación de Maltratados por la Administración critica a Revilla
ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS
La Asociación de Maltratados por la Administración, presidida por Antonio Vilela, que engloba a más de trescientos afectados por sentencias de derribo de varias urbanizaciones de Cantabria y otras Comunidades, reclaman de nuevo una entrevista con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), y con los responsables de la asociación ecologista ARCA.
"Llevamos intentando desde hace tiempo hablar tanto con Revilla como con ARCA y la verdad es que empieza ha ser sospechoso que tanto quien denuncia, ARCA, como quienes son culpables de esta situación no quieran atender a las victimas consecuencia de sus actos", declara Antonio Vilela, quien incide en que el presidente de Cantabria les ha remitido al Consejero de Presidencia y Ordenación del Territorio, José Vicente Mediavilla (PRC).
Desde este colectivo piden al Gobierno de Cantabria que no cierre los ojos a la realidad y que solucione la situación de las victimas ya que el retrasar las decisiones sólo esta sirviendo para agrandar estos problemas y aumentar el sufrimiento de los afectados y Maltratados por la Administración. Por este motivo, solicitan al presidente de Cantabria que sea sensible, "ya que tiene la obligación de solucionar problemas no de ocasionarlos a sus ciudadanos y por lo tanto su responsabilidad es resolverlos".
Proyectos
AMA tiene previsto hablar con el Defensor del Pueblo para informarle sobre la situación que están padeciendo "y pedirle que los poderes públicos garanticen los derechos de los ciudadanos. Asimismo, tenemos intención de contactar con la Fiscalía para solicitar que se investigue a los culpables de esta situación. También se prepara una marcha a Santander, hablando con los pueblos y urbanizaciones por donde pasará".
MEDIO AMBIENTE PEGA UNA CORNADA A ARCA 20 – 04- 05 Extracto de unas declaraciones en una rueda de
prensa
"(...) el responsable de Montes, Máximo Sainz, rechazó las
críticas
realizadas hace un par de semanas por la asociación
ecologista ARCA, y
subrayó que los "sempiternos representantes"
de dicho colectivo "no
están" capacitados" para dar
"lecciones" a la Consejería en materia de
"Si bien es cierto que somos conscientes de
nuestras limitaciones,
no
vamos a admitir lecciones de nadie, y mucho menos de
dos iluminados
que no están capacitados ni moral ni intelectualmente
para darnos
lecciones", aseveró Máximo Sainz.
En la misma línea, el consejero, tras repasar la
incidencia de
incendios y las actuaciones desarrolladas desde su
departamento para
prevenirlos, consideró que los datos
"chocan" con las
afirmaciones de
la asociación, cuya motivación podría ser, a juicio de
Oria, de
carácter "político". (...)"
DIARIO MONTAÑES
19-04-05
Cantabria / REGIÓN *
Otras Noticias Acusan a Mediavilla de complicidad en irregularidades
urbanísticas
El ex socialista Pedro Olano afirma que presentar la moción de censura
ha sido «un acto de responsabilidad»
N. FALAGÁN/CASTRO URDIALES Acusan a Mediavilla de
complicidad en irregularidades urbanísticas
EDIL. Pedro Olano, durante la rueda de prensa de ayer. / N. F.
«La moción de censura ni esconde intereses urbanísticos de los ediles
que hemos presentado la reprobación al alcalde, Fernando Muguruza (PRC),
ni está orquestada por el presidente de Cantabria ni por la
vicepresidenta», afirmó ayer con rotundidad el hasta hace unos días
concejal socialista en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, Pedro Olano.
En opinión de Olano, la moción se debe a que «la persona responsable,
que es el alcalde, no informó en rueda de prensa sobre la moción de
confianza ni sobre su dimisión a pesar de que no está capacitado para
dirigir los plenos ni la vida municipal».
Olano justificó la presentación de la moción de censura en «la presión
de los ciudadanos de Castro, colectivos y asociaciones deportivas cuyas
expectativas podíamos traicionar de no presentarla».
Así, el edil
explicó que los ex socialistas «nos vimos obligados a hacer los deberes
que el tripartito (PP, PRC e IU) no quería hacer y ahora tenemos que
pagarlo muy caro porque a día de hoy estamos suspendidos de militancia
del PSOE».
A su juicio, la moción «es un acto de responsabilidad».
El concejal castreño anunció ayer en rueda de prensa que se encargará
personalmente de remitir un escrito a Rafael de la Sierra, portavoz del
grupo parlamentario regionalista, y a Ignacio Diego, presidente del PP
en Cantabria, para ponerles al día de los «oscuros intereses» que puede
esconder la adjudicación del servicio de abastecimiento de agua
impulsado por el tripartito municipal (PP, PRC e IU).
Olano añadió que
en este documento se incluirían también otras actuaciones urbanísticas
que han tenido lugar en Castro Urdiales y que han sido denunciadas por
el grupo municipal socialista, en referencia a dos actuaciones que se
están desarrollando en la calle Leonardo Rucabado, frente a los antiguos
juzgados en El Chorrillo, y junto al colegio público Arturo Dúo. Según
recordó Olano en ambos casos «se incumple el Plan de Ordenación Urbana y
ha sido denunciado en los juzgados».
«El grupo municipal
socialista castreño tiene las manos limpias, no
tenemos nada oscuro en Castro, pero no así el consejero de Presidencia,
Vicente Mediavilla (PRC), que es cómplice de las actuaciones irregulares
en el urbanismo castreño que han sido denunciadas por el grupo
socialista ante su consejería, alegaciones que no han sido contestadas».
Olano pidió a Rafael de la Sierra que estudie el documento que le
enviará y que «sea prudente en sus declaraciones, máxime cuando la
Fiscalía esta investigando la relación de un edil castreño del PRC
(Jaime Díez Muro) con seis constructoras
Santander 12-4-05
ARCA pide que la Fiscalía investigue las irregularidades urbanísticas
Creen que debe nombrarse una fiscal especial de Medio Ambiente
EFE/SANTANDER
ARCA elogió ayer la disposición que le ha expresado la fiscal jefe de Cantabria, Pilar Martín-Nájera, a estudiar sus denuncias medioambientales y a impulsar aquellas en las que observe posibles delitos, por lo que ha decidido darle «un voto de confianza», aunque discrepe de su actuación hasta la fecha.
Pilar Martín-Nájera recibió ayer al presidente y al vicepresidente de ARCA, Gonzalo Canales y José Ángel Herrera, quienes querían transmitirle su desacuerdo con la posición que ha mantenido hasta ahora la Fiscalía de Cantabria en materia de medio ambiente y demandarle que investigue si existen responsabilidades penales en las irregularidades urbanísticas denunciadas por su asociación.
Los ecologistas se refirieron a casos concretos como las recalificaciones que permitieron construir las urbanizaciones de las playas de La Arena (Arnuero) y Cerrias (Piélagos) -sobre las que pesan sentencias de demolición, los vertidos de la depuradora de Renedo al río Pas o las modificaciones urbanísticas y legales hechas para permitir la construcción en el Parque Natural de Oyambre.
La asociación expresó además a Martín-Nájera su interés por que se acelere la creación de una fiscalía especial sobre medio ambiente en Cantabria y se potencie la actividad del fiscal en el campo contencioso administrativo.
Argoños 2-4-05
Platafoma Maltratados por la Administración
ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS
La Plataforma Maltratados por la Administración que cuenta con 150 socios fundadores de doce urbanizaciones de Cantabria, Álava, Asturias, Burgos, León, Lugo, Valladolid y Vizcaya.
Destarcar la presencia de vecinos de Arnuero, Escalante, Liencres y otros Ayuntamientos cántabros.
En el cargo de Pte. Antonio Vilela, y con Álvaro Gómez, como vicepresidente; José Joaquín Alfageme, en las funciones de secretario; Juan Luis Urrutia, como tesorero, así como trece vecinos que serán vocales
Según sus portavoces,
el principal objetivo es buscar soluciones a los afectados por las sentencias de derribo de sus viviendas
«y solicitar al Gobierno de Cantabria una solución rápida y justa,
a los ayuntamientos apoyo a sus vecinos
y a la justicia que dicte sentencias cercanas a la realidad».
Arnuero a 1 –4-05 Palacio dice que fue
perseguido «por la licencia de El Encinar» El ex edil del PP, y
primer teniente de alcalde, asegura que fue destituido de su cargo porque se
posicionó en contra del proyecto ROBERTO ALONSO/CASTILLO A principios de los años noventa, cuando se estaba
tramitando en el Ayuntamiento de Arnuero la licencia de obra para construir
los 144 apartamentos de El Encinar, en Isla, el concejal por aquel entonces y
primer teniente de alcalde, José Luis Palacio (PP), fue destituido de su
cargo.
Aunque todavía sigue reclamando explicaciones a los responsables del equipo
de gobierno, encabezado por José Luis Rey Villa, inhabilitado políticamente
desde hace unos años por los tribunales, Palacio asegura que su cese se debió a sus protestas
por algunas decisiones que se tomaron referentes a actuaciones urbanísticas.
«Entre ellas se encontraban la construcción de los 144 apartamentos en la
playa de La Arena que yo considere ilegal en todo momento», explica
Palacio, quien paso a formar parte, en la oposición, del grupo Plataforma
Independiente de Cantabria. El ex concejal también señala que
calificó a los gobernantes municipales de «caciques rurales y corruptos,
motivo por el que me interpusieron una querella por difamación que fue
desestimada en el juzgado de Santoña y en los tribunales en Santander».
Depresiones
José Luis Palacio, que también ostentó el cargo de presidente de Junta
Vecinal de Castillo durante unos años, indica que ha sufrido depresiones por
la querella que le presentaron y persecución política. «Durante tres años he
recibido llamadas de teléfono a mi domicilio a las cinco de la mañana para
que dejase la política por considerar ilegales ciertas actuaciones
urbanísticas, e incluso me tildaron de miembro del grupo terrorista Grapo».
Esta situación fue denunciada por Palacio en la Guardia Civil y pasó al
juzgado de Santoña. Y es que, otra de las iniciativas que denunció fue el
cierre, por parte de unos vecinos con el consentimiento del Ayuntamiento, de
un terreno en el barrio de San Pantaleón, en Castillo, propiedad de la
parroquia y de la junta vecinal. El hecho fue denunciado en los tribunales,
dice Palacio, y posteriormente el juez ordenó la demolición del cierre, ya
que los terrenos pertenecían a la junta vecinal.
Desprecios
«En mi opinión querían utilizar la justicia para tapar sus errores urbanísticos,
cuando al final yo estaba diciendo la verdad», declara este vecino de
Castillo, quien además avanza que sufrió insultos, desprecios y mentiras
desde el equipo de gobierno municipal.
Ante
esta situación que ha vivido y después de conocer la ilegalidad firme de la
construcción y de que las indemnizaciones morales a los propietarios deben
ser pagadas con dinero público, procedente del Gobierno de Cantabria y la
Corporación, Palacio dice que «las consecuencias políticas deberían ser pagadas por quienes
concedieron los permisos ilegales, de tal forma que los responsables
políticos no queden inmunes en estos fraudes».
Asimismo, el ex edil reclama a los miembros de la actual Corporación
que en un pleno haga públicos los nombres de quiénes fueron los culpables del
tema de 'El Encinar', ya que «algunos todavía forman parte del equipo de
gobierno». Al mismo tiempo, adelanta que de no hacerlo o sí le desmienten, lo
hará él y les convoca a debatir el asunto en los medios de comunicación.
Explicaciones
José Luis Palacio tampoco se olvida aún de pedir explicaciones sobre los
motivos por los que le destituyeron como primer teniente de alcalde.
Respecto a José Manuel Igual, alcalde actual por el Partido Popular, Palacio
sólo tiene palabras de agradecimiento por el trabajo honesto que está
realizando, pero «a los estómagos agradecidos de la zona, incluido Castillo,
que estuvieron contra mi en aquellos años, sólo les pido que no les dé
verguenza cuando ahora les miro a la cara».
Diario Montañes 30-03-05
Los afectados por sentencias de derribo se unen en una asociación
EFE/SANTANDER
Más de un centenar de afectados por las distintas sentencias de derribo dictadas en los últimos años en municipios de la costa de Cantabria se han unido en una asociación, denominada «Maltratados por la Administración», para exigir soluciones «justas y rápidas» a sus problemas.
«Maltratados por la Administración» se ha constituido a iniciativa de los propietarios de los chalés de «Pueblo del Mar I» de Argoños, una de las diez urbanizaciones condenadas a derribo en ese municipio, y cuenta con el apoyo de afectados de otros conjuntos de viviendas de Argoños, Arnuero, Escalante y Liencres, según han informado sus promotores en un comunicado de prensa.
Los miembros de este colectivo señalan al Gobierno de Cantabria como «principal culpable» de sus problemas, acusan a los ayuntamientos de haber contribuido con sus «errores» y «prevaricaciones» a crear la «situación desesperada» que padecen y reprochan a los tribunales que hayan dictado sentencias «cicateras, cobardes y alejadas de la realidad social». También hacen responsable a la asociación ecologista ARCA.
Correo - Margen Izquierda 30-03-05
Asociación de Maltratados por la Administración
La recién creada Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) engloba ya a más de un centenar de familias cuyas viviendas se han visto afectadas por sentencias de derribo. El colectivo está formado mayoritariamente por vizcaínos, aunque también participan personas de Cádiz, Valladolid, León y otras provincias de España.
LA ASOCIACIÓN
MALTRATADOS POR LA ADMISTRACION
NACE CON MAS DE 150 SOCIOS FUNDADORES
Entre los fundadores socios de mas 12 urbanizaciones de Cantabria, socios de Alava, Asturias, Burgos, Leon, Lugo,Valladolid, Vizcaya,
DOMINGO 27 DE MARZO
SE CELEBRÓ LA -I REUNIÓN GENERAL A.M.A.-
LUGAR: ARGOÑOS - PUEBLO DEL MAR I
HORA: 12 HORAS
Con el siguiente ORDEN DEL DIA:
1.- PRESENTACIÓN A.M.A
- Nace AMA después de las reflexiones durante el encierro realizado en el Ayuntamiento de Argoños en el mes de Diciembre 2004 y ante la solidaridad de otras urbanizaciones con Pueblo del Mar I.
- Se recuerda como Argoños uno de los municipio más pequeños de Cantabria con apenas 5,5 km cuadrados tiene un record escandaloso, 10 sentencias de derribo, cerca del 20% de su territorio urbano tiene sentencia de derribo, 151 viviendas están presupuestas para su derribo, que medidas han tomado la Administración para que esto no ocurra (la Fiscalia, El Gobierno de Cantabria...)
- La Comisión de esta urbanización puso en marcha este instrumento de solidaridad entre todos los afectados y ampliando el ámbito de acción a todo el territorio español y a las situaciones donde la Administración maltrate a los ciudadanos como es nuestro caso con el apoyo de amigos de El Encinar, Las Llamas I, La LLama II, Las Torres, EntreLindes...
- Se denomina Maltratados por la Administración
I. El Gobierno de Cantabria como principal culpable de la situación que estamos sufriendo cientos de familias, como consecuencias de sus actuaciones condenadas por la justicia.
II. Las Entidades Locales Ayuntamientos, (Argoños, Arnuero, Liencres...) con un funcionamiento que algunos se han definido como la "mafia del ladrillo" y mediante sus errores, prevaricaciones, ... han contribuido a esta situación desperada en la que nos encontramos muchos ciudadanos
III. La justicia con unas sentencias cicateras, cobardes y alejadas de toda realidad social como se demuestra en la última del Encinar (Arnuero) donde después de 14 años de sufrimiento de estas familias el daño efectivo todavía no se reconoce y moral se cifra en cantidades mínimas
IV. Por último y aunque no es un órgano de la Administración también somos maltratados por la Asociación ARCA, consiguiendo victimas inocentes para presionar con ellas a las Administración. No recibiendo a los afectados. No buscando nunca vías de solución a los problemas y con aptitudes poco éticas como esconder las demandas para que no se sepan que existen y así tener mas victimas inocentes..
2.- OBJETIVOS Y PROYECTOS A.M.A. 2005
OBJETIVOS
I. El principal de objetivo de AMA es buscar soluciones a los afectados por el Maltrato de la Administración y realizarlo desde el apoyo mutuo de los afectados y la ayuda de los ciudadanos.
II. Facilitar a todos una lugar donde asesorarse, compartir experiencias y ayudarnos en los momentos difíciles en los que la Administración nos coloca.
III. Crear un clima de entendimiento con todos los estamentos que haga posible la solución a los problemas con la Administración abriendo vías de dialogo y negociación.
PROYECTOS
I. Marcha a Santander andando desde la urbanizaciones afectados por sentencias de derribos para visualizar nuestro problema y hacerlo llegar a toda la sociedad y pedir al Gobierno de Cantabria una solución justa y rápida.
II. Pedir a las entidades financieras con intereses en las distintas urbanizaciones con sentencias de derribo su colaboración en la defensa de los intereses de estas que son también los suyos a través de créditos hipotecarios, subrogaciones, promociones y publicidad realizada con su nombre que daba solvencia y credibilidad a los proyectos.
III. Realización de concentraciones, manifestaciones, conferencias...para lograr los objetivo principal de AMA solucionar problemas con la Administración
IV. Realización de un dossier con la documentación en poder de los afectados tanto escrito como visual que sirva de presentación de nuestra situación
V. Todos aquellas que propongan los socios o ciudadanos y puedan ser de ayuda.
3.- ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA Y RESPONSABLES PROYECTOS A.M.A.
Por unanimidad de todo los presentes se tomo el acuerdo de nombrar la siguiente junta directiva
PRESIDENTE: Antonio Vilela
VICEPRESIDENTE: Álvaro Gómez
SECRETARIO: José Joaquín Alfageme
TESORERO: Juan Luis Urritia
VOCALES Esteban Alday
Fernando Valladangos
Luis Manuel Serras
Fernando Garcia
José Luis Tranche Felipe Pérez Saiz
Cesar Aparicio
Koldo Taranko
Pablo Bahillo
Ángel Macias
José Luis Montaña
Sergio Blanco
Javier Navas
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Se realiza un ruego a través de Emilio Cobos en el sentido de que en todas las urbanizaciones con sentencias de derribo se haga visible esta situación mediante
la colocación de banderas, monigotes de inocentes, pancartas y demás símbolos
que sirvan para comunicar la situación que sufrimos.
Los presentes agradecemos su iniciativa y lo iremos transmitiendo a las diferentes
urbanizaciones para que en sus reuniones puedan aprobar la instalación de estos símbolos que nos identifican a los afectados.
Sin más asuntos que tratar se levanta la reunión a 13:47 agradeciendo la presencia de todos y una mención especial para la gente ha tenido que desplazarse desde otras urbanizaciones.
Santander 21-03-05
Protesta en Santander de vecinos de El Encinar y otras urbanizaciones
Unas 200 personas reclamaron sus responsabilidades a las instituciones
ROBERTO ALONSO/SANTANDER
UNIÓN. Vecinos afectados de varias urbanizaciones en la concentración de ayer. / SE QUINTANA
La Plaza del Ayuntamiento de Santander acogió ayer, domingo, una nueva concentración de los vecinos de 'El Encinar', en Isla, que estuvieron arropados por ciudadanos de otros municipios afectados también con sentencias de derribo de sus viviendas, como sucede en Argoños, Escalante y Liencres, en Piélagos.
Cerca de doscientas personas se citaron ayer para reclamar la legalización de sus viviendas o en caso contrario que los políticos paguen con responsabilidades penales. En el acto reivindicativo, los vecinos mostraron pancartas con frases como '144 familias víctimas de la mafia del ladrillo', 'Legalización es la solución', 'Entrelindes, Liencres, Pacheco presenta el plan' y 'Pacheco. Legalización o vas a la cárcel', así como camisetas, banderas, globos y panfletos con el muñeco de inocentes.
También repartieron hojas informativas en las que califican su situación como «el mayor escándalo inmobiliario del Norte de España». En las octavillas figuran los integrantes de la Comisión Regional de Urbanismo que aprobó la recalificación del terreno sobre el que se construyeron sus 144 apartamentos, entre los que se encuentran Juan Badolato, ex director regional de Urbanismo y Vivienda, y Manuel Peláez, ex director territorial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo».
Dolores Gorostiaga
En cuanto al caso de Liencres, en Piélagos, uno de los afectados, José Sánchez Ramos, declaró que «la vicepresidenta del Gobierno regional, Dolores Gorostiaga, era concejal en la oposición cuando se aprobó por unanimidad el PGOU de este municipio que permitió una construcción ilegal de veinte viviendas».
En lo que se refiere a la posibilidad de que prescriban las responsabilidades penales, el presidente de la comunidad de El Encinar, Esteban Alday, señaló que «esto no hubiese sucedido si en 1994, con la primera sentencia, y ante posibles indicios de responsabilidad se hubiese investigado».
Marcha en julio
Los integrantes de la Plataforma 'Maltratados por la Administración' se reunirán el domingo, día 27, en Argoños, para organizar una marcha en el mes de julio que partirá de sus urbanizaciones, una por la parte oriental y otra por la occidental, y acabará frente a la sede del Gobierno regional.
Cartas al Director Diario Montañes publicada el 15-03-05
Los vecinos del Carmelo de Cantabria
Mª Luz Gallo González (Argoños)
En la mañana del 27 de enero, la realización del túnel para prolongación de la línea 5 del metro de Barcelona, ha provocado el desalojo de los vecinos del Carmelo, un socavón de 35 metros de profundidad y 30 de diámetro pone en peligro cerca de 500 viviendas.
En el barrio del Carmelo están sufriendo el despropósito de la Administración que ha conseguido echarles de sus casas y derribar las mismas.
En estos momentos sentimos toda los solidaridad del mundo con los vecinos de Carmelo, nosotros comprendemos perfectamente su dolor, su impotencia, su rabia contenida, es duro, muy duro, que los que tiene que velar por tus derechos, por tu seguridad, sean los que te echen de tu casa.
En Cantabria soportamos como la Administración ha sido la condenada en 17 ocasiones por los Tribunales de Justicia, esto es, los que tienen que velar por nuestros derechos y por nuestra seguridad son condenados por los tribunales de justicia y lo quieren solucionar derribando más de 500 viviendas.
En el Carmelo, el túnel del metro ha sido el elemento físico que ha hecho que sus casas se agrieten, pero la realidad es que la imprevisión, las falta de medidas de seguridad, los estudio mal realizados, .... la corrupción en la Administración, todo ello han conseguido derribar sus viviendas.
En Cantabria la Administración ha socavado los túneles por debajo de las urbanizaciones con sus estudio de detalle mal realizados, las licencias de obras declaradas ilegales, con las resoluciones del Gobierno de Cantabria que no se cumplen, con una falta total de control y con ARCA, que ha encendido, a través de una Acción Popular indiscriminada en la que sólo importa el derribo, la mecha para la destrucción de nuestras viviendas.
El Conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat Joaquín Nadal prometía a los ciudadanos del Carmelo en sede parlamentaria una vivienda igual a la que poseían, esperamos de corazón que cumpla su palabra y de soluciones a los problemas de los vecinos del Carmel lo antes posible porque vivir en esta tensión perjudica gravemente a la salud, podemos dar fe de ello.
Aquí en nuestra tierra, demandamos de los líderes políticos el mismo nivel de compromiso y sensibilidad, con los afectados por los derribos, que el que están teniendo en Cataluña.
Al presidente señor Miguel Ángel Revilla, al Consejero Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Vicente Mediavilla, que realice las gestiones necesarias, que no cierren los ojos a una realidad que pide una solución ya.
De esta forma, la vía propuesta por el señor. Nadal puede ser un punto de encuentro, esto es, facilitar una vivienda igual a la que quieren derribar (por los 'errores' de los Ayuntamientos y del Gobierno de Cantabria), así como solucionar lo que sea posible.
Señor Revilla, con todo respeto, ustedes han creado este problema en Cantabria, ustedes tienen la responsabilidad de buscar soluciones.
DNI: 22.717.252-Z
CORREO 17-03-05
El presidente cántabro admite que pudo haber «fallos» en el caso de El Encinar de Arnuero
JOSU GARCÍA/BARAKALDO
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, admitió ayer que la administración regional pudo haber cometido «fallos» en el caso de El Encinar de Arnuero, la primera gran urbanización que fue condenada a derribo en la comunidad vecina y que atrapó a 144 familias, en su mayoría vizcaínas.
Revilla hizo estas declaraciones durante una comparecencia pública en la que afirmó que su equipo jurídico «estudia» la posibilidad de que la institución recurra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que responsabilizó de forma solidaria al Gobierno y al Ayuntamiento de aquel «despropósito urbanístico», como lo llamó ARCA.
Revilla aseguró que, de presentarse el recurso ante el Supremo y no prosperar, el Gobierno cántabro haría frente «a los compromisos y a los fallos» que se hayan podido cometer desde la administración.
DIARIO MONTAÑES
Arnuero 17-03-05
El Gobierno cántabro no descarta recurrir la sentencia de El Encinar
Revilla matiza que el fallo se deriva de un proceso que «no es responsabilidad de este Ejecutivo ni del anterior»
El Gobierno de Cantabria no descarta recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) sobre la urbanización El Encinar, de Arnuero. La decisión dependerá del informe que emitan los servicios jurídicos, que actualmente estudian la sentencia. En cualquier caso, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, recordó ayer que el Ejecutivo apoya «los recursos que sea preciso presentar, siempre que estén razonados».
Tras aclarar que la sentencia se deriva de un proceso «de hace muchísimos años», que «no es responsabilidad de este Gobierno ni del anterior», insistió en que los servicios jurídicos de la Consejería de Presidencia presentarán «dentro de unos días» el informe de interpretación de la sentencia, en virtud de la cual el TSJC determina que el Ayuntamiento de Arnuero y el Gobierno regional deben indemnizar a los propietarios de las viviendas por daños morales.
Del mismo modo, aseguró que si la situación «llegara a las últimas consecuencias y los recursos no prosperasen», la Administración tendrá que «hacer frente a los compromisos y a los fallos que cometa».
Preguntado por la posibilidad de que en adelante se fallen nuevas sentencias en líneas similares por otras urbanizaciones con sentencia de derribo, el presidente reconoció que es «posible», pero recalcó que los acuerdos fueron tomados en la entonces Comisión Regional de Urbanismo, de la que él formó parte, «con los informes favorables de todos los órganos de asesoría».
De todas maneras, se mostró «totalmente tranquilo» y destacó que desde la modificación de la Ley del Suelo se ha modificado «totalmente» la CRU, hoy Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, «dándole carácter mucho más técnico y mucho más profesional» e integrando a «todas las instituciones competentes» en la materia, por lo que resulta «mucho más difícil que se puedan cometer fallos».
«Ahora la Comisión Regional de Urbanismo es un organismo con una cualificación técnica impresionante que hace muy difícil que pueda haber sentencias en contra de las resoluciones que tome, porque tiene expertos muy cualificados en la materia», agregó Miguel Ángel Revilla.
ARNUERO 16-03-05
144 familias llevan al Supremo su lucha para ser indemnizadas por los derribos en Arnuero
Tachan de «irrisorias» las compensaciones fijadas por el perjuicio moral y rechazan esperar a la demolición para cobrar por los daños materiales «No pararemos hasta ver a los culpables en prisión», advierten
JOSU GARCÍA/SANTANDER
OPINION/Quebranto moral
Los 144 propietarios, en su mayoría vizcaínos, de la urbanización El Encinar de Isla (Arnuero) anunciaron ayer que recurrirán ante el Supremo la sentencia dictada la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre las compensaciones que deberán recibir por los daños morales ante el derribo de sus viviendas.
En una decisión sin precedentes, los magistrados responsabilizaron por primera vez al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Arnuero de que los apartamentos tengan que ser demolidos y fallaron que ambas administraciones deberán indemnizar, por el momento, con entre 9.000 y 12.000 euros a una decena de los afectados.
No obstante, la resolución judicial no satisface las exigencias de los damnificados, que ayer ofrecieron su valoración particular de un fallo que sienta un precedente para las otras 16 urbanizaciones que están abocadas a ser pasto de las excavadoras en Cantabria.
«Hemos recibido esta tímida decisión de los jueces con gran estupor y desencanto, porque no aporta solución alguna y sólo prolonga nuestro sufrimiento», afirmaron los portavoces de la comunidad.
Acompañados de sus abogados, los representantes de las 144 familias comparecieron en Santander para desgranar los pormenores de la sentencia.
En el lado positivo de la balanza, los vecinos de El Encinar colocaron el hecho de que, por primera vez, se señale «a los culpables de la infinita agonía que padecemos», en clara alusión al Consistorio y al Ejecutivo. «Sentimos una agria satisfacción por ello», expresaron.
Asimismo, se felicitaron de que, por un lado, se haya reconocido el daño moral causado a los afectados y que, por otro, el tribunal haya dado traslado a la Fiscalía del caso, al encontrar indicios de delito en la actuación de los miembros del órgano de planeamiento urbanístico del Gobierno cántabro a la hora de recalificar el suelo.
No obstante, a juicio de los afectados, los jueces no han ido hasta el fondo en ambos asuntos. «La cuantía de las compensaciones fijadas es cicatera e irrisoria; no enjuga de ninguna manera nuestro sufrimiento», aseguraron. Al mismo tiempo destacaron que «no se tipifica qué tipo de delito se ha podido cometer y si éste ha prescrito en la actualidad». En este sentido, calificaron el traslado de la causa al ministerio público de «brindis al sol». Con todo, advirtieron de que «no descansaremos hasta ver a los culpables en la cárcel».
Familias «cautivas»
Tras repasar el lado «positivo» del fallo, los damnificados pasaron a analizar los aspectos «más decepcionantes», los que les han llevado a recurrir. En primer lugar, el colectivo no está en absoluto de acuerdo con que el pago por los daños materiales del derribo se haga efectivo cuando se consume la demolición.
«Los jueces no entienden que mis clientes son ahora mismo rehenes, cautivos que no pueden vender ni hipotecar sus casas», se desesperaba el abogado Miguel Rodríguez Viadas, quien entiende que las compensaciones se deberían pagar «de inmediato».
A su vez, el letrado expresó su «malestar» porque el tribunal haya distinguido entre las familias que escrituraron antes y después de la sentencia de derribo de 1994, a la hora de resarcir los daños morales.
A su juicio, todos compraron con anterioridad al fallo condenatorio, aunque fuera mediante un contrato privado de venta. En este sentido, recordó que las familias se vieron envueltas en «una trampa», ya que se les amenazó con perder las cantidades adelantadas si desistían en la transacción.
SANTANDER a 16-03-05
«ARCA pagará el precio por convertirse en grupo de presión»
Los afectados atacan a los ecologistas y anuncian nuevas movilizaciones
Josu García./SANTANDER
La serenidad con la que los representantes de las 144 familias de la urbanización El Encinar de Arnuero comparecieron ante los medios de comunicación sólo se vio alterada cuando su portavoz, Mercedes Díaz, aludió de forma directa a la asociación ecologista ARCA, la misma que denunció este caso y que ha cosechado otras 16 sentencias de derribo en Cantabria por la ilegalidad en la concesión de licencias de obra.
En el momento preciso en el que Díaz citó el nombre del grupo conservacionista, sus ojos se enrojecieron y el torrente de su voz se convirtió en un hilo ahogado, a medio camino entre la rabia y la emoción por el recuerdo de los padecimientos sufridos durante los últimos once años.
«Gracias a 144 familias inocentes ARCA está dando, por fin, el paso de convertirse en un grupo de presión, que es lo que siempre ha perseguido con su máscara de falso ecologismo», aseguró la portavoz. «Pero no les va a salir gratis porque, el sucio precio que han pagado para convertirse en un grupo político, pesará siempre bajo sus conciencias», advirtió Díaz, visiblemente afectada.
Brindar «con champán»
La portavoz prosiguió su ataque contra la asociación. «Encima tienen la desfachatez de decir que brindarán con champán cuando derriben nuestras casas», apostilló. Los ecologistas rechazaron entrar en «polémicas». «No vamos contra las familias. Sólo queremos proteger los recursos naturales», indicaron desde ARCA.
Díaz cedió el testigo al otro portavoz, Esteban Alday, quien avanzó las movilizaciones que desarrollarán los afectados a partir de ahora para exigir «la legalización» de sus viviendas, que es lo «único que en definitiva reclamamos». Las 144 familias se concentrarán el domingo a partir de las 12 horas en la plaza del Ayuntamiento de Santander e invitan a todas las urbanizaciones condenadas a derribo a instalar banderas con «el monigote de inocentes» en tejados y fachadas para denunciar una situación que afecta a 400 familias, en su mayoría vizcaínas. Esta lacra podría extenderse aún más, porque «nadie está a salvo en Cantabria», advirtió Alday.
Arnuero 16-03-05
La Fiscalía estudiará si han prescrito los delitos antes de abrir diligencias
El TSJC acordó poner en su conocimiento la actuación de los responsables de la antigua Comisión de Urbanismo
EFE/SANTANDER
La Fiscalía estudiará si han prescrito o no las responsabilidades por posibles delitos en la ecalificación de los terrenos de la playa de La Arena que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha acordado poner en su conocimiento, antes de decidir si abre una investigación al respecto.
Fuentes de la Fiscalía de Cantabria indicaron ayer que el tribunal todavía no ha remitido al Ministerio Público la causa para que analice si los miembros de la Comisión Regional de Urbanismo (CRU) en 1990 delinquieron al aprobar las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Arnuero.
Investigación
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha decidido poner en conocimiento del Ministerio Fiscal esa decisión de la CRU porque observa en ella indicios de delito, «por el modo en que llevó a cabo y por la ilegal y arbitraria clasificación como suelo urbano de terrenos que carecían por completo de ese carácter, contrariando informes técnicos obrantes en el expediente».
Si se prueba que la CRU recalificó esos suelos de forma arbitraria y siendo conocedora de la ilegalidad de su decisión, sus miembros podrían ser acusados de un delito contra la ordenación del territorio, recogido en los artículos 320.1, 320.2 y 404 del Código Penal.
Ese delito castiga con penas de seis meses a dos años de cárcel y de siete a diez años de inhabilitación a «la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor» de proyectos de edificación o de licencias «a sabiendas de su injusticia» .
Actuación penal
Fuentes de la Fiscalía indicaron que, cuando reciban la causa, investigarán si en los más de 14 años transcurridos desde entonces ha habido alguna actuación de índole penal que haya interrumpido los plazos de prescripción de los posibles delitos.
Si es así, añadieron las fuentes, la Fiscalía podría tener base para abrir por sí misma unas diligencias informativas o para remitir directamente los hechos al Jugado de Instrucción competente.
Pero si considera que los hechos no constituyen delito o que, constituyéndolo, han prescrito, recomendará el archivo de las actuaciones, según indicaron estas mismas fuentes.
OPINION/Quebranto moral
SANTIAGO GONZÁLEZ
/Las 144 familias que en mala hora decidieron invertir unos ahorros en la famosa urbanización de Arnuero van a recurrir ante el Supremo la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Cantabria, según la cual, los que compraron sus viviendas antes de 1994 tienen derecho a una indemnización por daños morales de 12.000 euros, si es su vivienda habitual y de 9.000 si es su segunda residencia.
La frontera viene marcada por la fecha de la sentencia favorable a la denuncia de la asociación ecologista ARCA que condenaba a ser demolidas las viviendas de 'El Encinar'. Aunque la sentencia no ha satisfecho a los propietarios, especialmente a los más recientes, es un precedente de interés en este desdichado asunto, porque quebranto moral ha tenido que suponer para los afectados esa incertidumbre planeando sobre las familias cada fin de semana, cada Semana Santa, cada agosto.
A ver quién le saca gusto a la paella o a la barbacoa de los sábados. Luego están los daños materiales, que también son morales si bien se mira. Cuando se pierde una cantidad importante de dinero, lo más probable es que le entre a uno como una basurita en el alma.
Eso sí que es tristeza moral y no la 'post coitum'.La misma sentencia, sin embargo, se negaba a valorar los daños materiales hasta que llegue la hora de la piqueta y ese será otro calvario. ¿Cómo valorará el tribunal las viviendas? ¿Por el precio que costaron en los primeros años 90 o por el valor de mercado que tengan en el momento del derribo?Digámoslo una vez más: entre un lugar protegido y el comprador de buena fe hay una cadena de intermediarios responsables: constructores, en primer lugar y, especialmente el Ayuntamiento de Arnuero, el arquitecto municipal y el Gobierno regional, responsables de las licencias y de proporcionar seguridad jurídica a los compradores.
Se comprende que ninguno de los 144 perjudicados tenga entre sus proyectos vitales afiliarse a ARCA, pero no tiene razón su portavoz al arremeter contra los ecologistas; lo único que han hecho es invocar la legalidad y usar los procedimientos del Estado de Derecho.
Arnuero 16-03-05
Los vecinos de El Encinar recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo
Califican el fallo del TSJC en su conjunto como negativo por la inseguridad jurídica que se crea en la responsabilidad patrimonial de los afectados
ROBERTO ALONSO/SANTANDER
La Fiscalía estudiará si han prescrito los delitos antes de abrir diligencias «A la cárcel los responsables políticos»
Los vecinos de la urbanización El Encinar, en la playa de La Arena de Isla, presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por la que se condena al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Arnuero a indemnizarles por daños morales entre 9.000 y 12.000 euros.
Esta idemnización se ha fijado por la situación que vienen padeciendo durante once años, tras conocer el fallo de demolición dictado por el TSJC en 1994 de sus 144 apartamentos. Así, lo anunció ayer el abogado de este colectivo de afectados, Miguel Rodríguez Viados, en la conferencia de prensa ofrecida en el hotel Bahía, en Santander, y en donde se podían ver pancartas con el muñeco de inocentes. Con anterioridad pedirán varias explicaciones a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC sobre el contenido de la sentencia.
El jurista calificó en su conjunto la sentencia como negativa, dada la inseguridad jurídica que se crea en la acción de responsabilidad patrimonial de los vecinos afectados contra la Administración que, por ahora, no pueden cobrar por los daños materiales que demandan hasta que se no se ejecute el derribo. «Han padecido una daño real, pero no efectivo, y es un despropósito que no se les pague por los daños materiales existentes, ya que su vivienda no sirve de aval para adquirir otra y tampoco la pueden alquilar», señaló Miguel Rodríguez, quien avanzó que se presentan dos procesos por delante, uno por los daños morales, ya que en su opinión son injustas las cantidades y la diferenciación que se realiza entre los propietarios, y otra por los daños materiales, que considera que se deben resolver ahora y no esperar a la demolición.
Desde el bufete de abogados no entienden que los daños morales sólo se apliquen a quienes ya conocían la sentencia de derribo en el año 1994 y se desprecie a quienes compraron la vivienda posteriormente.
Carta
En lo que se refiere a este aspecto, una vecina, Mercedes Díaz, señaló que la filial de Cenavi, la promotora Inarsa, les remitió una carta tras salir a la luz la primera sentencia de derribo en 1994, en la cual se señalaba que «no nos devolvían el dinero invertido, alrededor de 36.060 euros, y nos reclamaban que fuésemos pagando el resto, porque en caso contrario nos quedábamos sin el apartamento». La carta, indicó, se pondrá en manos del Ministerio Fiscal.
En cuanto a las posibles responsabilidades penales que investigará el Ministerio Fiscal, el abogado añade que el fallo del TSJC debería especificar más y que esta actuación se debió llevar a cabo a principios de los años noventa, cuando se anulan las Normas Subsidiarias de Arnuero, y no en el presente. «Estimo que la investigación sólo se llevará a cabo contra los miembros de la Comisión Regional de Urbanismo en la época en que Juan Hormaechea gobernaba Cantabria, ya que el Ayuntamiento de Arnuero no calificó El Encinar como suelo urbano, sino que fue la entonces Comisión Regional de Urbanismo en contra de los informes de los técnicos que obraban en el expediente. El presidente de la comunidad de vecinos, Esteban Alday, indicó que la construcción de estas viviendas se aprobó tres días antes, y de forma urgente, de que Juan Hormaechea dejase de ser presidente.
Cuando se preguntó a los vecinos sobre quiénes formaban la CRU en aquellos años, Esteban Alday comentó que son identificables, muy conocidos y que ya los han echo público por medio de panfletos informativos.
Como aspecto positivo del fallo, el abogado señaló la condena a partes iguales a las dos Administraciones, Ayuntamiento y Gobierno de Cantabria, ya que sí sólo condena a la Corporación municipal, debido a su escaso presupuesto, tal vez no podría correr con las indemnizaciones a los afectados.
DIARIO MONTAÑES noticias sábado y domingo 12 y 13 de Marzo
Argoños
El Ayuntamiento inicia el expediente de derribo de151 viviendas
En cumplimiento de diversas sentencias judiciales
El Ayuntamiento de Argoños ha iniciado en las últimas horas el expediente de derribo de 151 viviendas en el municipio, en cumplimiento de diversas sentencias judiciales del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
Concretamente, el Ayuntamiento ha presentado a exposición pública el pliego de condiciones jurídico-administrativas y el anuncio del concurso, mediante procedimiento abierto, para contratar los trabajos de redacción del proyecto de demolición.
El precio del contrato asciende a 44.022 euros, al que podrán optar aquellas empresas que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, entre otros requisitos.
Las ofertas podrán presentarse personalmente hasta finales del presente mes, en la Secretaría del Ayuntamiento de Argoños, o bien remitidos por correo dentro del plazo. La Mesa de Contratación estará integrada por el alcalde de Argoños, Joaquín Fernández, en calidad de presidente, mientras que de vocales actuarán dos concejales, un técnico y el secretario municipal. El plazo de ejecución de los trabajos será de cuatro meses como máximo, si bien antes de la finalización de este período podrá prorrogarse el contrato por mutuo acuerdo.
Cantabria
Isla"El fallo es negativo en lo sustancial"R. A./ARGOÑOS
"El fallo es negativo en lo sustancial, ya que a pesar de que se reconocen los daños morales no se recogen los materiales.
No lo entiendo, cuando existe una propiedad el daño se produce aunque no se ejecute el derribo". Así, lo declaraba ayer José Vilela, afectado por una sentencia de demolición en la urbanización Pueblo del Mar 1, en Argoños, y fundador, junto a su Comunidad, de la Plataforma 'Maltratados por la Administración',
una iniciativa que pretende unir a todos los afectados.Vilela añadió que las cantidades por daños morales son "irrisorias" y lo compara con las cifras y la rapidez con las que se ha indemnizado a los vecinos de El Carmel, en Barcelona.
Sin embargo, ve con buenos ojos que se investiguen las responsabilidades penales de un hecho tan grave.Este vecino considera que a El Encinar les ha maltratado el Ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria y ahora la Justicia.
Isla
Indemnizaciones irrisorias
Los propietarios de El Encinar, en Isla, aseguran que sufren estrés postraumático Los vecinos valoran de forma positiva que se investiguen las responsabilidades penales
ROBERTO ALONSO/ISLA
"El fallo es negativo en lo sustancial" ESTEBAN SANTURCE / "Igual a las compañías de seguros" FÉLIX SESTAO / "Los daños morales aumentarán" MERCEDES TORRELAVEGA / "La sentencia da una de cal y una de arena"
Insignificante, tacaños, irrisorias, incomprensible y un insulto al ciudadano de a pie son algunos de los adjetivos con los que los vecinos de El Encinar calificaban ayer, en Isla, donde pasan el fin de semana, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que les concede entre 9.000 y 12.000 euros de indemnización por los daños morales padecidos durante once años, tras conocer el fallo de derribo de sus 144 apartamentos en el año 1994.
Y es que un estudio elaborado por psicólogos de la Universidad de Deusto ha diagnosticado que estos ciudadanos sufren estrés postraumático. Ellos aseguran que padecen angustia, insomnio, rabia, incertidumbre, tortura física y psíquica, además de las movilizaciones y reivindicaciones que han tenido que realizar, perdiendo su tiempo de ocio y descanso. "Y no hemos querido incluir a nuestros hijos, cuando algunos con cuatro años han estado en concentraciones y repartiendo panfletos informativos", señaló Esteban Alday.
"Me he sentido estafado, me han jodido los ahorros y hemos estado desprotegidos por la Administración y la justicia". Así se expresaba un vecino de Baracaldo que lleva 25 años veraneando en Isla con su familia, cuando intentaba buscar tranquilidad. Ayer mostraba su indignación y reclamaba que le devolviesen la inversión que ha realizado.
La comunidad de vecinos de El Encinar seguía analizando ayer esta primera sentencia del TSJC y no comprendían que existiesen diferencias en que unos cobrasen y otros no y un grupo cobre más "cuando el sufrimiento es igual para todos, aunque sea de primera o segunda ocupación".
Mercedes, una vecina de Torrelavega, comentaba que para Cantabria es preferible que se legalice, antes de pagar con el dinero de todos los cántabros.
Los políticos
En lo que sí han demostrado su satisfacción es en el hecho de que el Ministerio Fiscal investigue las posibles responsabilidades penales de los políticos que recalificaron los terrenos, algo que siempre han demandado los vecinos de esta urbanización desde que conocieron la primer sentencia de derribo en 1994, aunque Félix San José y Mercedes consideran que "se debió hacer cuando ocupaban aún el cargo, ya que son nombres muy conocidos".
En el caso de un vecino de Baracaldo, que prefirió no dar su nombre, le parece perfecto la investigación, pero no le consuela, porque sigue teniendo el problema.
Respecto al futuro esperan que los daños morales sean más extensivos, que exista justicia y una indemnización total justa, comentaban ayer el grupo de vecinos.
Arnuero
Los vecinos de El Encinar dicen que no se satisface su sufrimiento
El Ayuntamiento recurrirá la sentencia del TSJC que le condena El consejero de Urbanismo dijo que "con el POL no se volverá a repetir"
ROBERTO ALONSO/ARNUERO
La comunidad de vecinos de la urbanización El Encinar, en Isla, realizaron ayer una rápida valoración y expresaron que "la sentencia no satisface mínimamente el sufrimiento de once años, si bien queremos mostrar una agria satisfacción porque, por primera vez, se reconocen los daños morales". Sin embargo, los afectados califican la cantidad como "ínfima" y rechazan que se excluya a las personas que no tuvieron más remedio que escriturar sus viviendas después de conocer la sentencia, ya que "estaban obligados legalmente por un contrato de compra-venta con la filial de la constructora Cenavi".
Por este motivo, mostraron su estupor porque "la Justicia nos trata como ladrillos al dictar sentencias salomónicas que no tienen en cuenta que somos familias". Además, añaden que "la sentencia no aporta soluciones para que puedan obtener la reparación de los daños provocados por el derribo de las viviendas y se niega una indemnización que nos permita adquirir otra vivienda, al mismo tiempo que se alarga la agonía que vivimos".
Los propietarios consideran importante que la Sala ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal estos hechos para que se investiguen las responsabilidades penales, puesto que han pedido que "los culpables de este despropósito urbanístico vayan a la cárcel". "Parece que alguien ha tenido sentido común y aprecia indicios de delito en la actuación de la CRU por la forma en que se llevó a cabo la ilegal y arbitraria clasificación como suelo urbano de estos terrenos", dicen los vecinos.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Arnuero recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que le condena al 50 por ciento junto al Gobierno regional a indemnizar por daños morales a 126 propietarios de los 144 de los apartamentos de la urbanización El Encinar. Así lo anunció ayer el alcalde, José Manuel Igual (PP), quien señaló que la tesis de la Corporación no ha sido compartida por el tribunal, "ya que en su opinión el único responsable es la Comisión Regional de Urbanismo que aprobó unas Normas Subsidiarias que después fueron anuladas en 1993".
La Corporación se debe reunir con los responsables del Ejecutivo autonómico y los vecinos "para llegar a un acuerdo y evitar una marcha judicial tan larga". Igual considera que se debe llegar a un acuerdo económico con los propietarios en el que el peso de las indemnizaciones recaiga en el Gobierno regional, debido a que el presupuesto municipal es escaso, ronda en el 2005 los 2.404.48 euros (sobre 400 millones de pesetas). De todos modos, el Consistorio ya ha destinado en varios años alrededor de 480.809 euros (80 millones de pesetas) para financiar la demolición de la urbanización El Encinar.
El regidor municipal también ha adelantado que le parece justo que los vecinos sean compensados por los daños morales y avanzó que desde la sentencia ya existe un daño material y se debe indemnizar a los afectados antes de que se ejecute el derribo.
Razón
José Manuel Igual mostró su satisfacción por no tener que indemnizar a la constructora y a la promotora, Cenavi e Inarsa, con 365.059 euros. "El tribunal nos da la razón por paralizar la construcción cuando conocímos la primera sentencia de derribo, existían 102 apartamentos y no se permitió edificar los 42 restantes, de los que sólo queda la estructura. Actuamos correctamente porque en caso contrario se debería indemnizar ahora a las 144 familias".
El consejero de Presidencia, Urbanismo y Ordenación del Territorio, José Vicente Mediavilla (PRC), declaró que "gracias al POL disparates como éste, de clasificar como suelo urbano un encinar costero, no se producirán nunca. El POL garantiza la seguridad jurídica y los cántabros tienen que estar seguros de que estas situaciones no se volverán a producir, por eso en la normativa de protección del litoral las zonas que requieren un ámbito de protección como un encinar aparecen claramente protegidas".
Arnuero
Gobierno y Ayuntamiento, condenados a indemnizar a los afectados de La Arena
El TSJC considera a ambas administraciones responsables de los daños causados a los propietarios El sufrimiento de los afectados por la sentencia de derribo será compensado con 12.000 y 9.000 euros
CONSUELO DE LA PEÑA/SANTANDER
DERRIBO. La urbanización de El Encinar está construida en un bello paraje próximo a la
El fiscal investigará a la CRU por no escuchar a los técnicos Un largo proceso judicial
El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Arnuero tendrán que indemnizar solidariamente a los 124 afectados por la sentencia de derribo de 144 apartamentos situados la playa de La Arena, construidos a principios de la década de los 90 y en su mayoría ocupados por familias del País Vasco como segunda vivienda.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria reconoce que se han producido a los propietarios perjuicios materiales y morales, derivados de la ilegalidad de la licencia de construcción de la urbanización, que deben ser indemnizados por las dos administraciones responsables. Pero no al mismo tiempo.
Así, el tribunal dice que sólo el día que las palas entren en la urbanización para proceder al derribo podrá cuantificarse exactamente el daño material y, por lo tanto, será ese el momento de determinar la indemnización.
El sufrimiento psicológico es otra cosa. La Sala entiende que los perjuicios morales derivados de los problemas psicológicos que la orden de demolición ha provocado en los afectados, sí es evaluable en este momento, cuando la urbanización permanece aún en pie.
El tribunal reconoce que desde que el TSJC dictó la primera sentencia en mayo de 1994, los propietarios han vivido "la zozobra, inquietud, inseguridad y amenaza cierta por la pérdida de sus viviendas", lo que ha supuesto "un indudable sufrimiento moral" para estas familias, que ha permanecido a lo largo de estos años y que es "susceptible de ser indemnizado a la fecha presente porque dichos daños están ya consumados".
El valor del sufrimiento
Pero, ¿cómo se cuantifica el sufrimiento, cómo se resarce a quien durante once años y medio ha vivido con esta espada de Damocles pendiendo sobre su casa?
Aquí el tribunal distingue entre quienes compraron su vivienda antes de que la Sala ordenase tirar lo ilegalmente construido, y quienes lo hicieron con posterioridad, para concluir que sólo es resarcible el sufrimiento moral de los que suscribieron sus contratos de compraventa antes de la sentencia. Por el contrario, al grupo de propietarios que adquirieron sus inmuebles con posterioridad les niega este derecho. ¿Por qué? porque compraron "asumiendo el riesgo de que se trataba de inmuebles litigiosos, pendientes de que se declarara la definitiva firmeza de una orden de demolición ya recaída en primera instancia (...) asumiendo por tanto las consecuencias que pudieran derivarse del mismo, incluidas las negativas repercusiones psicológicas".
Un millón de euros
La Sala gradúa la indemnización del primer grupo de afectados atendiendo a la circunstancia de que se trate de primera o segunda vivienda, y establece 12.000 euros para el primer caso y 9.000 para el segundo, por lo que la indemnización global por este concepto podría superar ligeramente el millón de euros.
Esta cantidad tendrá que ser abonada al 50 por ciento por el Gobierno y el Ayuntamiento, porque ambas son responsable de la ilegalidad de la urbanización. La Sala dice que la licencia se anuló porque los terrenos sobre los que se levantó la urbanización no reunían las condiciones de suelo urbano, y no por haber sido anuladas las Normas Subsidiarias, que en aquel momento no estaban en vigor. Pero corresponsabiliza de la ilegalidad al Gobierno regional porque la Delimitación de Suelo Urbano, instrumento urbanístico sobre el que se basó la licencia, no sólo fue aprobada por la corporación municipal, sino que recibió la aprobación definitiva de la Administración regional.
En otra sentencia el TSJC desestima la reclamación de 17,3 millones de euros interpuesta contra el Gobierno y el Ayuntamiento por la promotora de la urbanización, Inmobiliaria Arnuero, y por la constructora CENAVI, propietaria del 60 por ciento del capital de la anterior. En el caso de Inmobiliaria Arnuero se reconoce que ha sufrido un "demérito patrimonial" que tendrá que ser valorado cuando se ejecute el derribo. En cambio, deniega cualquier indemnización a CENAVI.
Arnuero
El fiscal investigará a la CRU por no escuchar a los técnicos
C. DE LA P./SANTANDER
Sostiene el tribunal que hay que investigar por la vía penal por qué los miembros de la Comisión Regional de Urbanismo hicieron caso omiso de los informes técnicos y convirtieron en suelo urbano un encinar para levantar una urbanización de 144 apartamentos en un paraje privilegiado.
Por eso, la Sala de lo Contencioso Administrativo, que preside Teresa Marijuán, va más allá de la propia responsabilidad patrimonial de las administraciones regional y municipal para remitir al fiscal testimonio del caso: la aprobación en 1993 de unas normas subsidiarias, que clasificaron de manera "ilegal y arbitraria" como suelo urbano un encinar, en contra de "los informes técnicos".
En aquella etapa Juan Hormaechea ocupaba la presidencia del Gobierno y el titular accidental de Obras Públicas, tras el cese de José Parra, era David Puebla. La CRU, que la Sala pone ahora en el ojo de mira, estaba presidida por Juan Badolato y su secretario era José Emilio Misas.
Badolato, actualmente técnico d Obras Públicas, declaró ayer a este periódico que está tranquilo, porque los acuerdos de la CRU se se tomaban "colegiadamente" y pensando siempre en su legalidad.
Arnuero
Los vecinos de El Encinar se concentran el día 20 en Santander
ROBERTO ALONSO/ARNUERO
Los vecinos de la urbanización El Encinar, en la localidad de Isla, formada por 144 apartamentos y con sentencia de derribo por el Tribunal Supremo, se concentrarán el día 20 de marzo, domingo, a las 12 horas, en la Plaza del Ayuntamiento de Santander para reclamar la legalización de su situación o unas indemnizaciones de 16 millones de euros. Los vecinos creen que esta cantidad es "justa por los sufrimientos que han padecido en los últimos once años".
"El dinero saldrá de los bolsillos de los ciudadanos de Cantabria cuando no tienen que pagar los chanchullos de los políticos y empresarios que amasan fortunas a costa de víctimas inocentes", señalan los representantes de la Comunidad vecinal.
Por este motivo, los afectados exigen además que "los responsables de su perjuicio vayan a la cárcel por las decisiones que tomaron".
Los propietarios de El Encinar iniciarán en breve una campaña informativa con sus móviles, por medio de mensajes cortos, por Vizcaya, Burgos, Valladolid y Madrid con el fin de alertarles sobre lo que les puede suceder al comprar una vivienda en Cantabria, debido a la inseguridad existente.
Mensajes móviles
'Revilla no queremos calderilla', 'Sólo nos sacarán con los pies por delante' u 'Once años de martirio institucional. Vistos para sentencia', serán algunos de los mensajes que se envíen dentro de la campaña informativa por medio de los móviles. Para finalizar, los vecinos recuerdan a la justicia que ahora más que nunca está en juego el Estado de Derecho en Cantabria.
ANTONIO VILELA, FUNDADOR ASOCIACIÓN DE MALTRATADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
"Las instituciones sólo han tratado de culpabilizarnos""Es un paso que los jueces condenen al Gobierno y al Ayuntamiento"
Josu. G./BARAKALDO LA UNIÓN de los afectados es fundamental para Vilela. / Fernando. GÓMEZ
Antonio Vilela compró su vivienda en Argoños en 1997 y, desde entonces, invierte casi todo su tiempo libre en tratar de luchar contra lo que él considera "una terrible injusticia" que ha atrapado a cientos de familias vizcaínas.
Su última idea para combatir esta lacra: la creación de la Asociación de Maltratados por la Administración.-
¿Cómo valora el colectivo que acaba de constituir el fallo que condena por primera vez a las administraciones cántabras a indemnizar por el daño moral a familias afectadas por sentencias de derribo?
-Valoramos positivamente el hecho que se condene al Gobierno cántabro y a los ayuntamientos de la situación que padecemos centenares de familias que compramos nuestra vivienda con todos los parabienes de la administración. Ellos son los únicos responsables de que nos encontremos ante esta situación. Nosotros no hicimos nada ilegal, ellos fueron los que jugaron con nuestras ilusiones y en lugar de ayudarnos, sólo han tratado de culpabilizarnos.
-Y qué piensa de la cuantía de las compensaciones.
-Es difícil cuantificar el sufrimiento humano de personas que llevan más de 10 años luchando y acostándose cada noche pensando en que su vivienda será demolida.
No obstante, creemos que las cantidades dictadas están fuera de lugar, son increíblemente escasas.
-El abogado demandante las ha calificado de 'irrisorias'.
-Estamos totalmente de acuerdo con él. Estas sentencias demuestran que la Justicia es ciega y que está totalmente alejada de la realidad social. "Sienta un precedente"
-¿Cómo afecta este caso concreto al resto de urbanizaciones condenadas y vizcaínos 'atrapados' en Cantabria?
-El Encinar siempre ha sido un espejo en el que mirarnos. Ellos fueron los primeros en ser condenados y siempre han ido marcándonos el camino. Sin duda, sienta un precedente. Aprovecho para decir que tienen toda nuestra solidaridad.
-17 urbanizaciones sentenciadas y 17 movimientos vecinales diferentes.
¿Nace su asociación con afán de unir a todos los afectados?
-Ése es uno de los objetivos.
Las circunstancias son diferentes en cada caso, pero todos nos encontramos ante la misma situación, ante el mismo y dramático horizonte. Si nos unimos vamos a tener, seguro, mucha más fuerza.
Además, la asociación está abierta a toda España. Queremos asesorar y que nuestros conocimientos sean útiles para todos los ciudadanos, ya sea en Cantabria, Vizcaya, Almería o Cádiz. Esta experiencia que hemos adquirido no puede echarse a perder.
Arnuero a 3-3-2005
CARTAS AL DIRECTOR
Estafa institucional
Esteban Alday Roth/Pte. com. propietarios El Encinar en La Arena.
Arnuero (Isla). Cantabria
Los propietarios de La Arena, familias compradoras de buena fe,
hemos comprobado la banalidad con la que ha actuado el Gobierno de
Cantabria ante cualquier iniciativa vecinal para alcanzar una
solución negociadora. Este Ejecutivo calificó los terrenos de la playa de La Arena como urbanos en 1990 y ahora los considera de protección ecológica.
No olvidemos, además, que es un Gabinete incapaz de legislar en su territorio, como así lo demuestran las 15 sentencias de demolición que pesan sobre él gracias a la tenacidad de la organización ARCA.
Pero, ¿pueden estar las ideologías, aunque se tiñan de verde, por encima de los derechos civiles de los ciudadanos? Estimamos que la sinrazón de todo esto atropella los más elementales principios de justicia y conculca derechos constituciones.
Pero, sin duda, nuestra única esperanza consiste en el
convencimiento real de que la justicia, haciendo honor a su
cualidad, no fallará en contra de las víctimas de esta monumental
estafa institucional.
Argoños,a 25 de Febrero de 2005
Los afectados por las sentencias de derribo crearán una plataforma
El colectivo de vecinos se denominará 'Maltratados por la Administración' Los propietarios de Pueblo del Mar I no han sido recibidos por los políticos
ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS
Los ciudadanos afectados por las sentencias de derribo de sus viviendas en Cantabria tienen intención de crear una plataforma que se denominará 'Maltratados por la Administración'. Así lo anunció ayer el portavoz de una de las urbanizaciones, Pueblo del Mar I, en Argoños, Antonio Videla, quien aseguró que se están redactando los estatutos para legalizar esta iniciativa.
«En un principio podría estar integrada por los vecinos que sufren sentencias de demolición en Cantabria, como nosotros, o El Encinar, en Arnuero; Entrelindes, en Piélagos, y Las Torres, en Escalante, entre otras, pero la participación puede ser extensible a todo el país», explicó Antonio Videla.
El objetivo pasa por trabajar unidos en la búsqueda de una solución a sus problemas y el apoyo y asesoramiento que se podría dar en el caso de que surjan otros casos.
Mirando al futuro, los vecinos de la urbanización Pueblo del Mar I tienen en mente reanudar sus movilizaciones y la próxima semana se reunirán para determinarlas. «El objetivo en esta ocasión será mostrar nuestro apoyo a los propietarios de los 144 apartamentos de la playa de la Arena, en Arnuero, ya que se encuentra en una situación difícil y pendientes de las decisiones que se tomen en los tribunales», indicó Videla.
Políticos
Ni el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ni la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga (PSOE), ni los responsables del grupo ecologista ARCA, denunciantes de la construcción en los tribunales, se han dignado a recibir a una delegación de la urbanización Pueblo del Mar I.
Por este motivo, los afectados remitirán una carta certificada que también será extensible al consejero de Presidencia y Ordenación del Territorio, José Vicente Mediavilla (PRC), para concertar una entrevista. «Nadie toma una decisión, ni para bien ni para mal y el tema está paralizado desde el encierro que protagonizamos en el mes de diciembre en el Ayuntamiento de Argoños», explicó José Videla.
El Plan General de Ordenación Urbana de Argoños está pendiente de su aprobación definitiva en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo y los vecinos de Pueblo del Mar I consideran que se puede buscar una solución.
Los propietarios de las viviendas de esta urbanización se han reunido últimamente en Santander con el director general de Montes y Conservación de la Naturaleza, Máximo Sainz; la directora general de Urbanismo, Miriam García, y el jefe de gabinete de Miguel Ángel Revilla, Guillermo Blanco.
Cantabria a 23-02-2005
Diario Montañes
Carta abierta de José Luis Tranche al Presidente de la Comunidad de Cantabria (anterior Consejero de Vivienda y Urbanismo).
Son cada vez más los municipios (Arnuero, Escalante, Santander, Argoños...) en los que sentencias judiciales, definitivas o provisionales, ponen de manifiesto que, en el ámbito de la construcción de viviendas, las cosas, ni se han hecho bien ni al parecer se están haciendo bien.
El esquema, con mínimas variaciones, se reproduce en la mayoría los lugares: cientos de personas de nuestra comunidad o limítrofes compran casas, con los pertinentes permisos administrativos en regla y antes o después se encuentran con sentencias judiciales que pueden suponer el derribo de las mismas.
Ante esta situación se me ocurren algunas interrogantes: ¿Qué han estado haciendo las administraciones municipal y autonómica implicadas en el tema? Entiendo que si esas viviendas no hubieran tenido los correspondientes permisos esas administraciones debieran haber actuado para que ni se iniciaran, ni se terminaran, y en ningún caso se pusieran a la venta ya que eran ilegales.
Dado que los propietarios de las viviendas apuntan y aportan certificaciones de legalidad de las construcciones, expedidas en su momento por los ayuntamientos y las consejerías correspondientes, desearía preguntar ¿qué están haciendo los responsables políticos y administrativos para remediar esos 'desaguisados'?
Como quiera que a los políticos les elegimos para que aborden los problemas y los solucionen, le pediría que haga frente a éste con rapidez y valentía, pues da la impresión de que están, simple y llanamente, dejando pasar el tiempo, y esto no va a traer más que negativas consecuencias para todos, entre otras: Se habrán de pagar indemnizaciones millonarias.
Se desacredita a nuestra Comunidad ya que se genera una imagen de 'reino de taifas' (los ayuntamientos y consejerías) que hacen y deshacen sin orden ni concierto y dan lugar a claras situaciones de indefensión jurídica.
Se perjudica a ciudadanos cuyo único 'delito' ha sido el de invertir el fruto de su trabajo en comprar una vivienda.
Y para terminar una última cuestión, ¿qué medidas se han tomado por parte del Gobierno que usted preside para depurar las responsabilidades entre los técnicos y políticos de los ayuntamientos y las consejerías implicadas en estos temas?
DNI nº 22.704.555
Arnuero 14-02-05
144 familias esperan que los jueces dicten indemnizaciones por los derribos de Arnuero
Los abogados de los afectados, la mayoría vizcaínos, solicitan 12 millones de euros
JOSU GARCÍA/BARAKALDO
Ubicada en la tranquila playa cántabra de La Arena (Arnuero), la urbanización El Encinar de Isla se ha convertido estos días en un descorazonador desierto. Las 144 familias propietarias de las viviendas, condenadas a derribo de manera firme por el Tribunal Supremo tras resolver una denuncia de la asociación ecologista ARCA, no quieren aparecer por allí para «no revivir la pesadilla que nos atenaza desde hace 11 años». Un mal sueño que ha atrapado a un centenar y medio de familias, la mayoría vizcaínas, que aguardan «angustiadas» una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Los magistrados dictaminarán en las próximas semanas si el colectivo tiene derecho a una indemnización y, en tal caso, qué cantidad percibirían por el derribo de sus casas.
Se trata del primer gran proceso judicial en concepto de responsabilidad patrimonial contra las administraciones cántabras -Gobierno regional, Diputación y Ayuntamiento de Arnuero- por la sucesión de escándalos urbanísticos que salieron a la luz pública en la década de los noventa. «Ellos autorizaron la construcción de nuestros pisos, ellos son los responsables», claman los afectados. «Han amargado la vida a más de 2.000 personas en Isla, Argoños, Escalante...», apostillan.
Quedarse en la calle
Jaime Goiriz, natural de Barakaldo, es uno de los pocos vecinos que viven en la urbanización. «Es mi única residencia, aún pago la hipoteca y me puedo quedar en la calle, sin nada», comenta. La cita con EL CORREO se produce pasadas las dos de la tarde. «Con todo este lío, no puedo dormir, así que aprovecho un rato por las mañanas para descansar», se excusa.
En la última década y merced a cientos de noches de insomnio, Jaime se ha convertido en un experto en Derecho. El conocimiento preciso de su caso y de la legislación le hacen ser pesimista respecto a la decisión judicial. «No albergo muchas esperanzas porque hay un precedente preocupante», afirma, refiriéndose a una sentencia del propio TSJC. Este tribunal rechazó en 2003 indemnizar a un particular de esta misma urbanización porque firmó las escrituras cuando el fallo de derribo ya era público. «Si accedimos a formalizar las escrituras fue porque la promotora se negó a devolvernos el dinero que ya habíamos invertido. Fue una trampa y una injusticia porque durante el proceso ni siquiera nos citaron como parte y no pudimos defendernos», aclara Goiriz. Tampoco las siete familias que decidieron rescindir el contrato con la constructora pudieron recuperar las cantidades anticipadas. La empresa se declaró insolvente.
Durante el juicio, celebrado a finales de enero, el equipo jurídico de los 144 propietarios pidió una indemnización cercana a los 12 millones de euros. Un estudio de la Universidad de Deusto estimó que sólo resarcir los daños psicológicos, morales y de todo tipo causados a los afectados costaría más de 7 millones de euros. En el transcurso de la vista, los letrados de las administraciones no quisieron asumir ninguna responsabilidad. El caso está visto para sentencia.
Muestras de solidaridad
El juicio de El Encinar de Isla, el primero contra las administraciones cántabras en concepto de responsabilidad patrimonial, ha despertado gran interés en el resto de urbanizaciones condenadas a la piqueta en Cantabria. «Fue la primera barriada que tuvo problemas y, desde entonces, ha sido, por su capacidad de trabajo y movilización, una constante referencia y espejo para el resto de personas que estamos atrapadas en esta pesadilla», explica Antonio Vilela, portavoz de los vecinos de Pueblo del Mar, en Argoños.
Vilela se muestra «tremendamente solidario» con las 144 familias de Isla. «Les deseo toda la suerte del mundo y que la sentencia les sea favorable», insiste, consciente que las esperanzas de muchos otros afectados están depositadas en el desenlace de este juicio.
Argoños, 20 de Dicimbre 2004
Finalizó ayer el encierro de los treinta vecinos de Pueblo del Mar I
Hospitalizada una vizcaína de 62 años en Laredo por un ataque de ansiedad Recibieron el apoyo de afectados por otras sentencias de demolición
ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS
«Aunque la situación es difícil, no nos quedaremos quietos y seguiremos luchando, a pesar de que el Gobierno de Cantabria no haga nada por solventar nuestra situación». Estas fueron las primeras declaraciones de Antonio Videla, portavoz de la urbanización Pueblo del Mar I, tras concluir ayer el encierro nocturno en la Casa Consistorial de Argoños y cuyo objetivo no era otro que reclamar una solución sin derribo a la sentencia de demolición existente sobre sus setenta y ocho viviendas unifamiliares. Los vecinos aseguran que otros casos similares que se han producido en Valencia, Almería y Andalucía, han tenido una solución.
«La noche ha sido larga, hemos dormido poco, pero el balance es muy positivo ya que nos hemos unido más y hemos dialogado sobre iniciativas que se pueden llevar a cabo en el futuro», señalaba Antonio Videla, uno de las treinta personas que estuvieron en el encierro desde las diez de la noche a las nueve de la mañana, aunque hasta la una de la madrugada la representación fue de sesenta vecinos que ante la falta de espacio para dormir regresaron a sus casas.
La Comunidad vecinal considera que estas movilizaciones están dando a conocer a la sociedad su injusticia, «lo cual nos está originando daños psicológicos importantes», recalcaba Videla.
Solidaridad
Además, a lo largo de la jornada, propietarios de las urbanizaciones Las Llamas I, II y III, en Argoños, y de Las Torres, en Escalante, que padecen la misma situación acudieron para mostrarles su solidaridad, así como comerciantes y hosteleros.
Un único incidente se produjo ayer durante el encierro y la concentración que con anterioridad cien vecinos protagonizaron entre las siete y las diez de la noche en la plaza del Ayuntamiento. Una vizcaína de 62 años de edad fue hospitalizada desde las diez de la noche a las cinco de la mañana en el hospital de Laredo por un ataque de ansiedad.
Tras concluir esta movilización y con la mirada puesta en el futuro, los vecinos de esta Comunidad aspiran a ser recibidos por el grupo ecologista ARCA, así como por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), y la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga (PSOE).
En lo que respecta a ARCA, que todavía nos le ha recibido a pesar de las peticiones, calificaron su actitud como «sectaria» y añadieron que las alegaciones presentadas al Plan General de Ordenación Urbana de Argoños «no tienen fundamento alguno».
VIZCAYA a 19.12.04
60 personas se encierran en Argoños y llaman a «la lucha» para salvar sus casas
Los manifestantes, la mayoría vizcaínos, pasaron la noche en el Ayuntamiento 78 viviendas están condenadas al derribo desde el año pasado
JOSU GARCÍA/ARGOÑOS
UNIDOS. Los concentrados portaban pancartas de protesta. / FERNANDO GÓMEZ
Niños, jóvenes y mayores unieron ayer sus fuerzas en Argoños para tratar de despertar de la pesadilla colectiva que amenaza con derribar sus viviendas desde hace cinco años. Más de un centenar de personas, en su mayoría vizcaínas, respondieron al llamamiento realizado por las 78 familias propietarias de la urbanización 'Pueblo del mar I' -que recibieron el apoyo de otros afectados de la zona- y se manifestaron frente al Consistorio de la localidad cántabra. Alrededor de 60 de ellas se encerraron en el Ayuntamiento donde, al cierre de esta edición, pretendían pasar la noche como medida de protesta.
La concentración comenzó a las siete de la tarde. La fecha elegida no fue casual. Y es que ayer expiraba el plazo para presentar alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana de Argoños, un pueblo que con apenas 5 kilómetros cuadrados de extensión acumula hasta diez sentencias firmes de demolición. La redacción del nuevo instrumento de planeamiento no permite legalizar las 78 casas de los afectados. «Es una herramienta inútil», advirtieron.
La urbanización 'Pueblo del mar I' fue condenada a la piqueta en 2003 por el Supremo, que zanjó así un largo proceso iniciado por una denuncia de los ecologistas de ARCA. Según los vecinos, los jueces fundamentaron su decisión en el hecho de que las edificaciones se asientan en terrenos ajenos al término municipal. Al contrario de lo que sucede con la mayoría de barriadas sentenciadas a derribo en la región, con las obras no se produjeron daños ecológicos de relevancia, ni tampoco los chalés invadieron suelo protegido. Por ello, los afectados consideran que su legalización es «sencilla, si los políticos y, sobre todo Revilla -el presidente cántabro- demuestran voluntad». Por ello, se mostraron dispuestos a intensificar «su lucha».
Sacos de dormir y café
Provistos de tiendas de campaña, sacos de dormir y termos con café, los participantes en el encierro estuvieron acompañados por vecinos de otras urbanizaciones amenazadas que acudieron a mostrarles su apoyo. Pese al ambiente festivo, no olvidaron sus reivindicaciones. Lo que está en juego «es crucial para nuestras vidas y nuestra salud».
Algunos hicieron memoria y ofrecieron un amargo relato de la vorágine de sentencias, trámites judiciales y depresiones que han padecido durante cinco años. «Es un estrés continuo, un desgaste que te mina poco a poco. Lo peor es que no entiendes por qué hemos llegado a esto si compramos nuestras casas con el beneplácito de la Administración», dijo Antonio Vilela.
«Los más vulnerables a todo esto son los niños y los mayores. Ellos trabajaron duro en empresas como AHV o La Naval. Invirtieron todos sus ahorros y mira con lo que se encuentran», lamentaba otro afectado. «Mi hija no entiende que nos vayan a tirar nuestra casa. A veces me pregunta: 'No hemos hecho nada malo, ¿verdad, aita?'».
Argoños a 19 de diciembre de 2004
Encierro y concentración de los vecinos de Pueblo del Mar I
Las viviendas están afectadas por una sentencia firme de derribo Han solicitado entrevistas con el presidente y la vicepresidenta regional
ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS
MOVILIZACIÓN. Los vecinos iniciaron en la tarde de ayer una nueva medida de protesta. / ROBERTO RUIZ
La comunidad de vecinos de la urbanización Pueblo del Mar I protagonizaron ayer su cuarta movilización con una concentración frente a la Casa Consistorial en la que participaron cien afectados, y un encierro en el Ayuntamiento al que se sumó un grupo de treinta personas en representación de este colectivo.
El objetivo no es otro que demandar una solución a su problema que no pase por el derribo de las setenta y ocho viviendas unifamiliares que conforman la urbanización y que cuenta con una sentencia firme de demolición. En las fachadas del edificio, frente al que se instalaron tres tiendas de campaña, se podían leer pancartas con rótulos como «ARCA, ¿nosotros que hemos hecho?», «ARCA, sin delito ecológico, por qué nos atacas» o «Ayuntamiento y Gobierno regional culpables». Los afectados no entienden la actitud del grupo ecologista ARCA «de querer ejecutar las sentencias de derribo», ya que, en su opinión, «llevará a la crisis económica de Cantabria con todas las indemnizaciones que se deben pagar a los propietarios».
Proyectos
Entre sus próximas iniciativas se encuentra la creación de una comisión de afectados en Cantabria por sentencias de derribo para trabajar unidos, así como la realización el próximo verano de una marcha de todos los vecinos que están viviendo está situación, desde sus casas hasta Santander, para reclamar una solución.
Además, el portavoz, Antonio Videla, señaló que se han presentado alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana y que están pendientes de entrevistarse con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, para que conozcan «el sufrimiento que estamos padeciendo».
En cuanto a ARCA, con los que no se han entrevistado a pesar de la petición, califican su actitud de «sectaria» y consideran que no quieren escuchar a los afectados por miedo a concederles la razón.
Por último, Antonio Videla mostró ayer durante la concentración celebrada un informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente del año 1997, en el que se dice que las setenta y ocho viviendas no afectan al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Bilbao, 17-12-04
78 familias se encerrarán en el Consistorio de Argoños para exigir que no tiren sus casas
Los afectados, en su mayoría vizcaínos, quieren reunirse con el presidente cántabro para buscar una salida
JOSU GARCÍA/BARAKALDO
«Queremos que sepan que no nos vamos a rendir, aunque estemos desesperados». Los propietarios de las 78 casas de la urbanización Pueblo del Mar I de Argoños, en su mayoría vizcaínos, se encerrarán mañana, a partir de las diez de la noche, en el Ayuntamiento de esta localidad cántabra para exigir la legalización de sus viviendas, condenadas en 2003 por el Tribunal Supremo a demolición tras dar la razón a una demanda interpuesta por el grupo ecologista ARCA.
La iniciativa forma parte de la campaña reivindicativa que desarrollan desde el verano los vecinos para tratar de evitar el derribo de sus casas, según explicó ayer Antonio Vilela, uno de los portavoces de los afectados. La protesta comenzará a las 19.00 horas con una concentración en los jardines de la casa consistorial, que durará hasta las 22.00. En ese momento, los propietarios tratarán de acceder al Ayuntamiento para pasar la noche. «Si no lo permiten, dormiremos en tiendas de campaña y pasaremos una noche fría que no es nada en comparación al sufrimiento que padecemos desde hace ya más de cinco años», apostilló Vilela.
«Solución inmediata»
Al igual que sucede con los 19 chalés de Las Llamas I, la urbanización Pueblo del Mar no se asienta sobre suelo protegido ni tampoco está afectada por la Ley de Costas. Y es que la sentencia que ratifica su ilegalidad se basa fundamentalmente en que las edificaciones se enclavan en terrenos ajenos al término municipal de Argoños. También existen otros problemas administrativos calificados por los afectados de «menores». «En realidad, legalizar nuestra barriada es muy sencillo, sólo hace falta un poco de voluntad política», explicó el citado portavoz.
En este sentido, demandan del Gobierno cántabro una solución «inmediata». Para ello, han mantenido en los últimos meses reuniones tanto con todos los partidos políticos de la comunidad, como con el presidente del Parlamento regional, Miguel Ángel Palacio.
«Nuestro objetivo ahora es reunirnos con el presidente, Miguel Ángel Revilla», dijeron. El jefe del Ejecutivo conoce a la perfección la problemática de las cientos de familias atrapadas en la pesadilla inmobiliaria cántabra, pues durante su mandato como consejero de Urbanismo se sucedieron la mayoría de las sentencias condenatorias.
Bilbao, 17-12-04
Cortan la luz por orden judicial a uno de los chalés con sentencia de derribo en Argoños
La medida, que afecta a una familia vizcaína, puede extenderse a otras 18 casas de la urbanización Las Llamas I
JOSU GARCÍA/BARAKALDO
«Compramos la casa buscando un un poco de felicidad y, desde hace diez años, todo han sido disgustos». La pesadilla que soportan cientos de familias vizcaínas cuyas viviendas están condenadas a ser demolidas en Cantabria por las demandas planteadas por los ecologistas, ha experimentado en las últimas semanas una nueva vuelta de tuerca. En una decisión sin precedentes, la compañía eléctrica Viesgo ha cortado la luz a un chalé de Argoños, cumpliendo así una orden judicial dictada en septiembre de 2003 por un magistrado y tramitada por el alcalde de la localidad, Joaquín Fernández.
La inédita medida podría hacerse extensible en pocos días al resto de casas --otras 18-- que componen la urbanización Las Llamas I. «Mi vivienda ya no es habitable. Ya no puedo volver. Somos víctimas de un terrorismo urbanístico y es una situación muy triste», explicó a EL CORREO un miembro de la familia afectada, que prefiere permanecer en el anonimato.
Construida en las faldas del Monte Cueto, sobre un suelo calificado de urbano, la urbanización fue condenada a la piqueta en 2001 por atentar contra los valores paisajísticos del entorno. Ahora, la única esperanza de los propietarios pasa porque prospere un recurso de amparo planteado ante el Tribunal Constitucional. Un eventual acuerdo con los demandantes -la asociación ARCA- también pondría fin al litigio sin necesidad de recurrir a las excavadoras.
«No es justo»
Sin embargo, ambas puertas a la ilusión permanecen cerradas a cal y canto, por el momento, y los trámites para llevar a efecto el derribo continúan adelante sin remisión. «Lo que más nos duele en el alma es que no comprendemos lo que está pasando», afirmó la familia afectada. «Si robas un banco o bebes y atropellas a alguien sabes a lo que te expones; en nuestro caso, no teníamos ni idea de que esto podía pasar: sólo compramos una casa que tenía todos los permisos en regla por parte de la administración y mira ahora. No es justo».
Asimismo, destacaron que un eventual derribo no solucionará «nada», porque en la zona se han construido varias decenas más de chalés. No obstante, mostraron su disposición a colaborar en la integración paisajística de la que, por ahora, es su casa.
Argoños, a 14 de Diciembre de 2004
Encierro, con permiso del regidor, en el Ayuntamiento
Los vecinos de la urbanización Pueblo del Mar I, de Argoños, sobre la que pesa una sentencia firme de derribo, se encerrarán en el interior de la Casa Consistorial el próximo día 18 del presente mes, tras protagonizar una concentración en la plaza del Ayuntamiento. Cuentan ya para ello con el visto bueno del alcalde, Fernández San Emeterio.
Una delegación de los vecinos afectados se reunieron ayer con el presidente del Parlamento de Cantabria, Miguel Ángel Palacio, para exponerle sus problemas.
Santander, a 14 de Diciembre de 2004
La asociación ecologista ARCA ha presentado alegaciones contra la
tramitación del PGOU de Argoños, instando al Ayuntamiento a que desista
de su aprobación porque se trata de un compendio de ilegalidades con el
objetivo primordial de entorpecer la ejecución de las sentencias de
demolición obtenidas por ARCA contra más de 160 viviendas. En el fondo se
trata de la reedición de las Normas Subsidiarias anuladas por ARCA ante
los Tribunales por representar un modelo de especulación urbanística y
destrucción de los valores ambientales y productivos del municipio.
Recordemos que los fundamentos principales de las sentencias de
demolición fueron que las viviendas se encontraban en zonas afectadas por
el PORN, que alteraban gravemente el paisaje contra lo establecido en la
Ley del Suelo y que las licencias se concedieron sin el previo Estudio de
Detalle.
Frente a esta realidad el Ayuntamiento de Argoños tramite un documento
que incluso modifica los límites del PORN en el monte de El Cueto y los
del propio municipio con Arnuero y Noja. Además los terrenos de la
Reserva Natural de las Marismas de Santoña en la zona Este del municipio
han sido clasificados en parte como urbanos, con unos sectores
urbanizables 1 y 2 abocados a futuras sentencias de demolición porque se
sitúan en terrenos afectados por la sentencia del PORN obtenida por ARCA
aumentando los niveles de protección en esa área.
Para finalizar ARCA reitera que su objetivo es que se ejecuten todas las
sentencias de demolición obtenidas en Argoños y otros municipios porque
lo contrario sería poner en tela de juicio la eficacia de las
resoluciones judiciales.
CANTABRIA A 8 DE DICIEMBRE 2004
PROTESTA
Los vecinos de una urbanización de Argoños piden justicia ante la sede del Gobierno por la sentencia de derribo de sus casas .Esperan que Revilla y Palacio les reciban
"pronto" y que "tengan sensibilidad ante el sufrimiento de 78 familias" .
Medio centenar de vecinos de la urbanización Pueblo del Mar I han pedido" justicia mediante sus pancartas y consignas en la concentración realizada hoy frente a la sede del Gobierno regional en protesta por la sentencia de derribo que pesa sobre las 78 viviendas.
EP / SANTANDER
Según aseguró Antonio Vilela, uno de los portavoces de los vecinos, en declaraciones a Europa Press, las viviendas "estaban sentenciadas al derribo porque estaban fuera
del término municipal de Argoños", si bien "es no es cierto ya" porque "todas las viviendas están ya en el término municipal porque se ha realizado un apeo en el que se ha visto claramente que los límites del Ayuntamiento estaban mal realizados".
Vilela aseguró que el Gobierno de Cantabria y el Parlamento "deben de ponerse a trabajar" para solucionar este problema, tras manifestar su confianza en que tanto el presidente de la región, Miguel Ángel Revilla, como el del Parlamento, Miguel Ángel Palacio, les reciban "pronto" y que "tengan sensibilidad al sufrimiento de 78familias".
Los vecinos partieron del Palacio de Festivales a las 12.00 horas, llegando al Gobierno cántabro a las 12.10, donde se concentraron por espacio de 15 minutos, siguiendo luego su marcha por la acera del Paseo de Pereda hasta la sede del Parlamento.
Durante la marcha, los vecinos repartían a los viandantes octavillas en las que explicaban su "situación de indefensión" y el "atropello" a sus derechos ante la sentencia en la que se condenaba al Ayuntamiento de Argoños al derribo de la urbanización. En sus escritos, los vecinos también critican la postura de ARCA al pedir "la ejecución de una sentencia que no tiene nada que ver con temas ecológicos, ya que son únicamente administrativos" relativos a "distancia entre colindantes, cesión de terrenos comunes y deslinde"
.
Vilela aseguró que las medidas de presión, entre las que se contemplan encierros en el Ayuntamiento de Argoños durante las Navidades continuarán hasta ser recibidos por Revilla y Palacio y que éstos ayuden "a buscar una solución para un problema social".
Santander a 8 de Diciembre de 2004
Manifestación en Santander de los vecinos de Puerta del Mar 1
La marcha de los vecinos afectados discurrió ante las sedes del Gobierno de Cantabria y el Parlamento
Los vecinos de la urbanización Pueblo del Mar I, en Argoños, sobre cuyas casas pesa una sentencia firme de derribo, realizaron ayer una marcha de protesta en Santander durante la cual solicitaron una entrevista con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, con el fin de conseguir «soluciones concretas» y «legales» a su problema.
La marcha de protesta se inició a las 12.00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital, y concluyó en la sede del Parlamento de Cantabria, donde igualmente se solicitará una nueva reunión con el máximo responsable de la Cámara, Miguel Ángel Palacio.
PROTESTA. Los manifestantes con una pancarta ante el Gobierno de Cantabria.
El grupo de manifestantes portó una pancarta con la frase: «Pueblo del Mar 1. Ayuntamiento y Diputación culpable. 78 familias sin casa. Pedimos justicia».
Los vecinos de Pueblo del Mar I se entrevistaron hace ya unos meses con los portavoces de los tres grupos parlamentarios (Popular, Regionalista y Socialista), así como con el propio Palacio y el consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente Mediavilla (PRC).
Argoños a 10 de Noviembre de 2004
El alcalde asegura que con el PGOU se construirán más viviendas sociales
Joaquín Fernández (PP) dice que cuenta con los informes favorables necesarios
R. A./ARGOÑOS
El alcalde de Argoños, Joaquín Fernández San Emeterio (PP), ha valorado de forma positiva la reciente aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que contó con el visto bueno del equipo de gobierno del PP y el voto en contra del PRC. Para Fernández San Emeterio, el documento contempla la contratación de suelos de cesión al Ayuntamiento para la construcción de viviendas de protección oficial, así como otras cesiones destinadas a equipamientos educativos, culturales, deportivos y sanitarios.
El regidor municipal lamentó los «pobres argumentos» esgrimidos por el portavoz del PRC, Miguel Domínguez, para posicionarse en contra y aseguró que el PGOU respetará escrupulosamente los límites del PORN y la Reserva de las Marismas y cuenta con los informes favorables de Conservación de la Naturaleza y Medio Ambiente, además del resto de organismos sectoriales con competencias en la materia, requisito sin el cual el plan no podría aprobarse provisionalmente, para su remisión a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu).
El alcalde aseguró que debido a que ha habido diversas modificaciones en el plan, como consecuencia de las alegaciones presentadas por los particulares, muchas de las cuales han sido admitidas, el Ayuntamiento someterá de nuevo el documento a información pública por el plazo de un mes.
Argoños a 8 de Noviembre de 2004
Aprobado de forma provisional el Plan General de Ordenación
El grupo municipal del PP votó a favor y el PRC en contra, alegando que se varía interesadamente la línea del PORN
ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS
El pleno del Ayuntamiento de Argoños, presidido por el alcalde, Joaquín Fernández San Emeterio (PP), aprobó de forma provisional el Plan General de Ordenación Urbana con el voto favorable del PP y en contra del PRC.
El portavoz regionalista, Miguel Domínguez, señaló que el equipo de gobierno varía la línea del PORN donde le interesa y permite un volumen mayor de edificabilidad a ciertos constructores.«En la zona de Cacicedo, en la urbanización La Solariega, se ha variado la línea, beneficiando a la constructora de esta urbanización y perjudicando a otros, mientras que en la zona de Barquiero se pretende llevar a cabo dos convenios con dos promotoras para construir viviendas con bajos comerciales y dos plantas de alto, cuando se edificaron chalets y se vendió este espacio como una zona residencial», indicó el edil del PRC.El grupo municipal regionalista añadió que en La Penilla, en el barrio de Ancillo, han creado una zona de terreno urbanizable que rodea un terreno no urbanizable y protegido.Los concejales del PRC han presentado otros argumentos para posicionarse en contra, ya que en La Escalerilla, cerca de La Venta, no se respeta la franja de cincuenta metros a lo largo de la carretera, un terreno urbano recogido en las anteriores Normas Subsidiarias de planeamiento urbanístico y en la Ley 6/92 y que el equipo de gobierno desea que deje de serlo.
Asimismo, Miguel Domínguez acusó el PP de incluir quince viviendas de la finca de La Maza ya construidas dentro del PORN. «De esta manera corrigen un error sobre el que el PRC ya les advirtió diciendo que estaban concediendo licencia para construir en zona protegida y que ellos negaron en todo momento».DocumentaciónPara finalizar, el PRC se quejó de la falta de documentación que ha tenido para debatir el PGOU.
Desde el equipo de gobierno han declarado que esta finca hace referencia a la urbanización Pueblo del Mar 1, cuyo deslinde que afectaba a Noja ya se ha resuelto y además añaden que cuentan con un informa favorable de la Dirección General de Medio Ambiente para determinar el cambio en la línea del PORN.ImplacableEl PP incidió en que el PORN es Implacable y no se puede cambiar por los ayuntamientos.
Por otro lado, explicaron que el Ayuntamiento firmará dos convenios en los que unas promotoras cederán suelo para construir viviendas sociales, retirar unas naves industriales, recibir el 10% de edificabilidad y crear un parque.
Argoños, a 27-10-04
Los vecinos de 'Las Llamas I' piden a Revilla una solución a la sentencia de derribo
La Comunidad 'Pueblo del Mar I' reclama al Parlamento un estudio de su situación
R. A./ARGOÑOS
Los vecinos de la urbanización 'Las Llamas I', con sentencia de derribo, han solicitado al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, una entrevista para que se busque una solución a su problema, sobre todo cuando sus viviendas se han construido en suelo urbano, cumple con los informes medioambientales y paisajísticos y cuenta con licencia municipal y cédula de habitabilidad.
Los afectados no entienden la posición del grupo ecologista ARCA demandando el cumplimiento de la sentencia «con el consiguiente daño moral y económico que originan».
Por su parte, la Comunidad de Vecinos de 'Pueblo del Mar I', que también cuenta con una sentencia de derribo del tribunal, han solicitado a los grupos parlamentarios regionales PRC, PSOE y PP y al consejero de Presidencia, Urbanismo y Medio Ambiente, José Vicente Mediavilla, que se estudie su situación con toda la documentación que puedan aportar.
El objetivo es lograr una resolución por escrito de apoyo del Parlamento ante la indefensión y la injusticia que sufren, ya que «la sentencia considera al Ayuntamiento de Argoños y al Gobierno regional como culpables y los condenados somos nosotros». Además, exigen que se realicen las gestiones oportunas para evitar en un futuro nuevas situaciones y proponen que se crea un órgano institucional que atienda quejas, dudas y sugerencias.
Camaleño, a 22 de octubre de 2004
El TSJC suspende la licencia de 14 viviendas en Turieno
ARCA denunció la construcción
EFE/SANTANDER
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confirmado la suspensión cautelar de la licencia concedida por el Ayuntamiento de Camaleño para construir 14 viviendas adosadas en 'La Huertona', de Turieno. El TSJC convalida así la medida preventiva dictada en abril contra esa licencia por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander, a instancias de ARCA.
El Juzgado accedió a la petición de los ecologistas para que la construcción de esas viviendas quedara en suspenso porque consideraba que la solicitud tenía «apariencia de buen derecho». Para aplicar ese principio jurídico, el juez se basó en las sentencias dictadas por el propio TSJC en 1999 y el 2002 por las que se anularon las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Camaleño y el estudio de detalle en el que se apoya la licencia.
El Juzgado razonó que, anuladas las normas y el estudio de detalle que permitían la construcción de las viviendas, cabe esperar que también la licencia será anulada cuando se resuelva el recurso interpuesto contra ella por ARCA. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC comparte esa argumentación.
Santander, 19-10-04
ARCA SIGUE DENUNCIANDO
La asociación ecologista considera inaplazable que la justicia ordinaria, y particularmente el Ministerio Fiscal, investigue la «corrupción urbanística» que la asociación ecologista ha desvelado con 17 sentencias de demolición en diversos municipios del litoral de Cantabria y la anulación de ocho Planes Generales de Ordenación Urbana y Normas Subsidiarias.
Diario Alerta
Argoños, 14-10-04
Los propietarios de Argoños piden apoyo escrito al Parlamento
EFE. Santander
Los propietarios de las 78 viviendas de Pueblo del Mar I, una de las urbanizaciones del municipio de Argoños, sobre las que pesaba sentencia de derribo, han pedido al Parlamento de Cantabria una resolución de apoyo frente a la situación de indefensión e injusticia en la que se hallan.
Lo único que hemos encontrado hasta la fecha es un total apoyo moral y verbal que, aunque necesario y motivante, no llega a ser una respuesta y apoyo a nuestras aspiraciones legítimas, aseguran los propietarios quienes piden que su caso se estudie en el Parlamento regional y que éste tome una resolución de apoyo por escrito.
Argoños a 21 de septiembre de 2004
Pueblo del Mar I ofrece a ARCA buscar soluciones
R. A./ARGOÑOS
La Comunidad de Vecinos del Pueblo del Mar I ofrece a la asociación ecologista ARCA la posibilidad de acudir de forma conjunta a las instituciones para buscar soluciones a la indefensión jurídica que puede sufrir cualquier ciudadano a la hora de adquirir una vivienda, «ya que luego se puede encontrar con una sentencia de derribo sin conocer que previamente se había interpuesto la demanda ante los tribunales».
Los vecinos de esta urbanización cuentan con una sentencia de derribo sobre sus setenta y ocho viviendas, ubicadas en Argoños, dictada por el Tribunal Supremo. La denuncia fue presentada por ARCA.
Recientemente, una delegación de los vecinos se entrevistó en el Parlamento con el portavoz del grupo parlamentario del PSOE, Martín Berriolope, quien les manifestó su preocupación «ante un problema urbanístico que no afecta ni al medio ambiente, ni al paisaje, y donde consideran que los problemas administrativos se debieron solventar antes de llegar a su situación».
PGOU
Desde el PSOE se les informó que una posibilidad de resolver el problema pasa por la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana por parte de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).
Argoños 5 de septiembre 2004
Reunión de los vecinos de Pueblo del Mar 1 con el PP y el PRC
ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS
Una representación de los vecinos de la urbanización Pueblo del Mar 1, en Argoños, se reunieron en el Parlamento de Cantabria con los portavoces de los grupos parlamentarios del PP, Francisco Rodríguez, y del PRC, Rosa Valdés, con el fin de tratar la problemática existente en sus setenta y ocho viviendas sobre las que pesa una sentencia de derribo del Tribunal Supremo.
Tras la entrevista, los vecinos informaron que los dos portavoces han mostrado su sorpresa por la situación de esta urbanización, ya que de las tres causas en que se fundamenta el fallo del Tribunal Supremo, dos están subsanados, como son los deslindes y la distancia entre colindantes.
«Por otro lado, consideran que es fácilmente subsanable el porcentaje de cesión de terreno para usos municipales, tratándose, además, de una finca de suelo urbano y cuya urbanización no implica un problema medioambiental».
Según los vecinos afectados, tanto el PP como el PRC indicaron que la solución, sin derribo, debería pasar por la aprobación de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, iniciativa que en la actualidad está en fase de tramitación.
los vecinos han vuelto a denunciar la situación de indefensión en la que aseguran encontrarse.
Argoños 02-09-04
Los vecinos de Pueblo del Mar se entrevistaron con Mediavilla
ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS
Representantes de los vecinos de la urbanización Pueblo del Mar I de Argoños plantearon ayer al consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente Mediavilla (PRC), que la solución a su problema y otros urbanísticos existentes en el municipio podría llegar por el Plan General de Ordenación Urbana que se está redactando y pidieron por ello que se agilice su tramitación.
Así se lo trasladaron durante la reunión que mantuvieron en el despacho del consejero. Los vecinos destacaron su «buen talante» y su disposición, ya que se mostró «abierto» a solucionar el problema, siempre que las medidas se adapten a la legalidad.
Los afectados creen que «en nuestro caso, al tratarse de un suelo urbano y no existir un problema ecológico, puede buscarse una solución que no pase por el derribo, ya que además se podrá construir de nuevo casi de la misma forma».
La comunidad de vecinos persigue una solución aceptable para todas las partes y, aunque ARCA todavía no ha contestado a su petición de reunirse, consideran que pueden existir vías de solución.
Hoy, jueves, a las 9,30 se reúnen en el Parlamento con el portavoz del Grupo Popular; a las 10,15 será el turno del PRC, y el día 6, lunes, a las 10,30, con el PSOE.
Argoños 26-08-04
Los vecinos de Pueblo del Mar 1 piden que se protejan sus derechos
Una delegación se reunió con el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio
ROBERTO ALONSO/SANTANDER
Una delegación de los vecinos de la urbanización Pueblo del Mar 1, en Argoños, se reunió ayer con el presidente del Parlamento de Cantabria, Miguel Ángel Palacio (PSOE), en Santander, para tratar la situación que viven por la sentencia de derribo que pesa sobre sus setenta y cinco viviendas dictada por el Tribunal Supremo. La denuncia fue interpuesta por el grupo ecologista ARCA.
Fernando García, uno de los cuatro vecinos que acudió a la entrevista, indicó que le propusieron a Miguel Ángel Palacio que cuando se origine una situación como la que ellos padecen, y se trate de suelo urbano, se busquen vías de solución que no sean el derribo.
Al mismo tiempo, los afectados le animaron a que desde el Parlamento de Cantabria se articulen los mecanismos legislativos necesarios para que no vuelvan a suceder otros casos similares en el mundo de la construcción en ésta comunidad autónoma. « De esta manera, no se dejará indefenso al comprador de una vivienda y se evitará que padezca el sufrimiento que nosotros tenemos», incidieron los vecinos de esta urbanización.
Indefensión jurídica
Según los vecinos, el presidente del Parlamento les ha reconocido que viven una indefensión jurídica y les ha animado a que apuesten por la vía de la negociación con todas las partes para resolver el problema. Además, Palacio se ha comprometido a actuar como mediador para que el resto de los grupos parlamentarios, PP y PRC, les reciban también lo antes posible.
Una vez que concluya la ronda de conversaciones, Miguel Ángel Palacio se volverá a reunir con los vecinos de Pueblo del Mar 1 para conocer las conclusiones a las que se han llegado.
Sede de ARCA
El pasado martes, aprovechando que los vecinos de Pueblo del Mar 1 se concentraron junto al Parlamento de Cantabria, cinco de ellos dejaron una carta en la sede social de ARCA, que se encuentra cercana al lugar de la movilización. Como no había ningún representante de este grupo ecologista, los vecinos les dejaron una carta en la que les piden una reunión para buscar una solución. El día 1 de septiembre está previsto que se reúnan con el consejero de Presidencia, José Vicente Mediavilla.
Argoños 25-08-04
Concentración de los vecinos de Pueblo del Mar 1 junto al Parlamento
La comunidad de vecinos insiste en demandar una solución sin el derribo de sus setenta y ocho viviendas, ya que no se trata de un problema ecológico
ROBERTO ALONSO/SANTANDER
UNIÓN. Representantes de la Comunidad de Vecinos durante la concentración de ayer.
Reuniones con Palacio y Mediavilla
Con pancartas que mostraban rótulos como 'Si van a volver a construir, por qué tiran nuestras casas. Pedimos justicia' y 'Ayuntamiento y Diputación culpables. 78 familias sin casa', alrededor de un centenar de vecinos de la urbanización Pueblo del Mar 1, en Argoños, se concentraron ayer junto al Parlamento de Cantabria.
Con peticiones en voz alta como 'No al derribo, queremos soluciones' y acompañados con los pitos de sus silbatos, la Comunidad de Vecinos insistió en demandar una solución, sin derribo, que resuelva la sentencia que existe contra sus viviendas dictada por el Tribunal Supremo.
Los propietarios hicieron hincapié en que su situación no se debe ni a un problema medioambiental o de impacto visual y por lo tanto piden explicaciones al grupo ecologista ARCA sobre qué es para ello lo ecológico, cuando existe posibilidad de subsanarse y evitar el derribo, apuntaba la bilbaína María José García durante la concentración.
«Que ARCA no se ponga medallas con nosotros, se han cebado con Argoños y en otros municipios no denuncian nada», incidía este vecina.
María José García pidió a ARCA que realice un examen de conciencia y añadió que «no me gustaría que la gente nos viese como delincuentes, sino como personas que defienden sus derechos, que están sufriendo ansiedad por la situación que padecemos y que además vemos como perderemos los ahorros que hemos ganado trabajando.
Recapacitar
El portavoz de este colectivo, Antonio Vilela, también solicitó a ARCA que recapacite y entienda que las viviendas que están construidas sobre suelo urbanizable. «No existe delito medioambiental, el deslinde con los otros dos municipios ya se ha arreglado, la cesión de los terrenos por la construcción realizada también puede seguir el mismo camino y la distancia entre viviendas es la misma que la existente en otras urbanizaciones y que no han sido calificadas como ilegales», explicaba Antonio Vilela.
La segunda movilización que protagonizan los vecinos coincidió ayer con la tramitación del Plan de Ordenación del Litoral en el Parlamento. «El Pol es muy importante para que desaparezca la inseguridad ciudadana en la adquisición de una vivienda, de tal forma que el Parlamento debe legislarlo y defender a los ciudadanos», comentó el portavoz de los vecinos.
Argoños 24-08-04
Los vecinos de Pueblo del Mar 1 se concentran hoy en el Parlamento
R. A./SANTANDER
La Comunidad de Vecinos de la urbanización Pueblo del Mar 1 se concentrarán hoy, a las once de la mañana, frente al Parlamento de Cantabria para demandar una solución a la sentencia firme de derribo que existe contra sus setenta y ocho viviendas, dictada por el Tribunal Supremo.
Los vecinos, que calculan que estarán presentes en un número de ciento veinte, reclaman una solución a la situación que viven sin que se tengan que derribar sus casas.
Es la segunda concentración que protagoniza esta Comunidad de Vecinos, tras la realizada frente al Gobierno de Cantabria, que además pretende entregar una carta a los grupos políticos parlamentarios para informarles de su situación y pedirles que apoyen sus reivindicaciones.
Argoños 21-08-04
CANTABRIA400 afectados del País Vasco y Cantabria VIVIENDAS. Vista de la urbanización Puerto del Mar I. / DM
La urbanización Pueblo del Mar I, de Argoños, está formada por 78 viviendas, individuales y pareadas. Los vecinos pagaron por ellas entre 14 y 22 millones de pesetas. Se calcula que en temporada alta, como agosto, residen en ellas casi 400 personas. Se trata de viviendas, en su mayoría, de segunda residencia. Los propietarios son alaveses, vizcaínos y cántabros. El 80 por ciento son vascos, que han buscado en Cantabria una segunda residencia para descansar, pero también hay propietarios que tienen en esta urbanización de Argoños su primera residencia.
CANTABRIA 21-08-04
Los vecinos de Argoños con sus casas amenazadas piden ayuda al Gobierno
Los tribunales dictaminaron que la urbanización es ilegal porque conculca las Normas Subsidiarias Los afectados, en su mayoría vascos, confían en que no se derriben las viviendas, que aún están pagando
J. C. F.-G./SANTANDER
CONCENTRACIÓN. Vecinos de la urbanización Pueblo del Mar I de Argoños, ayer, ante la sede del Gobierno de Cantabria en demanda de ayuda. / ANDRÉS FERNÁNDEZ
JOSÉ JOAQUÍN ALFAGEIMER PORTUGALETE / «La injusticia ha afectado a mi familia»
FERNANDO GARCÍA BARACALDO / «Es la ruina económica para todos»
FRANCISCO JAVIER NAVAS GALDÁCANO / «La situación te deja tocada la cabeza»
CÉSAR APARICIO BILBAO / «Se puede solucionar sin el derribo» Otros casos similares en la región 400 afectados del País Vasco y Cantabria
Son los únicos que no tienen culpa pero son los perjudicados. Los vecinos de la urbanización Pueblo del Mar I, de Argoños (78 viviendas), se quedarán sin las casas que compraron en 1999, si se ejecuta la sentencia de derribo de la urbanización. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) dictaminó en 2000 que la construcción de Pueblo del Mar I es ilegal y debe ser derribada. El recurso ante el Supremo no prosperó.
Sesenta vecinos de Pueblo del Mar I se concentraron ayer ante la sede del Gobierno de Cantabria, en Puertochico, «en demanda de ayuda de las instituciones para que no nos quedemos sin casa. No tenemos culpa alguna. Los responsables son el Ayuntamiento y el anterior Gobierno de Cantabria: el primero, por no hacer que la urbanización se ajustase a sus propias normas urbanísticas y el Gobierno, por no vigilar que se cumpliesen esas normas y dar el visto bueno a la construcción«, indicó ayer Antonio Vilela, portavoz de los 400 afectados.
Los vecinos pidieron ayer una entrevista con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en demanda de apoyo y registraron un escrito informando de toda la historia. La reunión se celebrará en cuanto les den cita. En septiembre los vecinos de Pueblo del Mar I pedirán apoyo a los grupos políticos del Parlamento de Cantabria. «Esperamos de los tribunales que sean sensibles con nuestro problema y no obliguen al derribo de las viviendas, que compramos con toda mucha ilusión y esfuerzos y seguimos pagando los impuestos municipales y las hipotecas», concluyó el citado portavoz.
El Ayuntamiento de Argoños y el Gobierno de Cantabria aprobaron las licencias en 1997 pero la demanda presentada ante los tribunales por el grupo ecologista ARCA concluyó que la urbanización era ilegal por que conculcaba las Normas Subsidiarias de Argoños en cuanto a distancia entre colindantes, cesión de terrenos comunes y deslindes entre los municipios de Argoños, Noja y Arnuero. El deslinde fue corregido y, hoy, Pueblo del Mar I está enclavado en terrenos de Argoños.
Los vecinos tampoco saben si se derribarán todos los chalés o sólo algunos, porque la sentencia establece que debe ser derribado lo ilegalmente construido, pero no dice qué parte es la ilegal. La paradoja es que, aunque se derriben los chalés, sobre los solares se podría volver a construir porque se trata de suelo urbano.
Los vecinos del Pueblo del Mar compraron sus viviendas entre 1997 y 1998 y entre octubre de 1999 y enero de 2000 las escrituraron. A comienzos del año 2000 una sentencia del TSJC declara ilegal el estudio de detalle de la urbanización. Los vecinos se enteraron de la sentencia y el proceso contra sus casas por la noticia publicada en EL DIARIO MONTAÑÉS. En la primavera de 2003 se resolvió el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento ante el Supremo contra la sentencia del TSJC. Condenaba en firme al Ayuntamiento y le obliga a derribar. Si se produce el derribo, el Ayuntamiento deberá indemnizar. Si no tiene dinero pagará el Gobierno de Cantabria
Litigios:
Argoños: La urbanización Las Llamas I, con trece viviendas adosadas y seis unifamiliares, que está cercana a los bloques de Pueblo del Mar I.Arnuero: La urbanización El Encinar, en la playa de La Arena, en Isla, con un total de 144 apartamentos, aunque existen dos bloques que no se llegaron a terminar y que no están habitados.Escalante: El edificio de Las Torres, formado por 32 pisos y garajes, ubicado junto a la plaza de la villa.Santander: Diez chalés en la calle Calleja Norte en El Sardinero.Piélagos: Ochenta chalés construidos en la localidad de Liencres y que forman las urbanización Entrelindes, L-05, Cerrias y Calas del Norte.Miengo: Veinte viviendas situadas junto a los acantilados de la playa de Cuchía.Potes: Cuarenta y seis viviendas, garajes y trasteros en la zona de Las Vegas, en la calle Don Desi.Alfoz de Lloredo: El hotel Puerto Calderón, en la localidad de Oreña.Camaleño: Veintisiete apartamentos y catorce adosados en la zona de La Huertona de Turieno.
CANTABRIA 21-08-04
Otros casos similares en la región
R. ALONSO/ARGOÑOS
La preocupante situación de los vecinos del barrio de La Hoya, en Argoños, no es inédita. En los últimos tiempos los tribunales de justicia han dictado sentencias que ordenan el derribo de diversas urbanizaciones de Cantabria, principalmente en la franja costera. En la mayoría de los casos las resoluciones corresponden a acciones judiciales promovidas por el grupo ecologista ARCA, y también por colectivos vecinales. Hasta el momento, ninguna de las construcciones en litigio ha sido demolida. Estos son algunos de los casos más relevantes:
Argoños, 27 de julio de 2004
El TSJC rechaza un recurso de la Alcaldía contra la urbanización Las Llamas I ARCA dice que intentaban legalizar trece viviendas adosadas y seis unifamiliares
ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha rechazado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Argoños contra el auto que anuló en el mes septiembre del año 2003 una resolución de la Comisión de Gobierno municipal por la que se concedió una segunda licencia de obras para «tratar de legalizar trece viviendas adosadas y seis unifamiliares que componen el complejo Las Llamas I, sobre el que pesa una sentencia firme de demolición.
La denuncia en los tribunales fue interpuesta por ARCA. Así lo anunció ayer la asociación ecologista, que considera que «de este modo, el TSJC echa definitivamente por tierra la maniobra del Ayuntamiento de Argoños para legalizar ésta y otras urbanizaciones mediante la aplicación de una ordenanza de adaptación paisajística, cuya finalidad no es otra que eludir el fallo demolitorio».
Por ello, ARCA recibe con satisfacción el nuevo fallo de los tribunales, al tiempo que critica «la inactividad del Ministerio Fiscal que no ha actuado ni una sola vez para impedir que el Ayuntamiento de Argoños vulnere la ley a la vista de todo el mundo y de forma reiterada»El colectivo ecologista recuerda que ya ha obtenido diez sentencias de demolición en este municipio y que «es notoria la voluntad del Ayuntamiento por incumplir las resoluciones judiciales».
Lamentan que la Justicia no esté "en la misma línea" de solucionar el problema que el Gobierno regional o el Parlamento
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, se comprometió hoy a pedir al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos implicados información sobre las urbanizaciones de la costa de la comunidad que tienen pendiente una sentencia de derribo, según anunció hoy la asociación que representa a los afectados.
El Correo 4-7-05
LA PROTESTA reunió a propietarios de casi todas las urbanizaciones afectadas. / MAITE BARTOLOMÉ
SOLUCIONES. Los vecinos increparon al Gobierno. / A. FERNÁNDEZ
Palacio dice que fue
perseguido «por la licencia de El Encinar» 
LA ASOCIACIÓN 
UNIÓN. Vecinos afectados de varias urbanizaciones en la concentración de ayer. / SE QUINTANA 
ANTONIO VILELA, FUNDADOR ASOCIACIÓN DE MALTRATADOS POR LA ADMINISTRACIÓN