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DIARIO MONTAÑÉS 29.09.07 ARGOÑOS Desierto el concurso para el derribo de 19 viviendas Las casas unifamiliares afectadas por sentencia de demolición se encuentran en la urbanización Las Llamas I R. ALONSO La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) confirmó ayer que ha quedado desierto el concurso para el derribo de las viviendas de 19 familias de Las Llamas I en Argoños. El alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña (PP), ratificó ayer esta noticia al declarar que el plazo para presentar las ofertas concluyó el pasado lunes y no se ha presentado ninguna empresa y «ni si quiera la navarra Herri-Berri que había pedido información sobre esta demolición», indicó. Desde la Asociación mostraron ayer su agradecimiento a «todos los que han valorado la gran injusticia que es derribar viviendas de familias totalmente inocentes», indicaron. Por su parte, el alcalde considera que ha existido sensibilidad por parte de las constructoras y que este retraso puede llevar a que se siga buscando una solución. La Asociación de Maltratados por la Administración ha convocado una reunión para mañana domingo, a las 11 horas en Argoños, con el fin de tratar la situación actual y fijar el calendario de nuevas movilizaciones, así como las iniciativas ante las instituciones. AMA reclama a los representantes públicos que no les den la espalda a la realidad, ni a estas familias y que se tomen medidas para que los afectados no continúen sufriendo el miedo al derribo de sus viviendas y se busque una solución lo antes posible. Juzgado Además, piden al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander que sus resoluciones no sean alejadas de la realidad social. Desde AMA recuerdan que «los afectados no son culpables de nada, no pueden seguir soportando esta situación y el daño que se produce es bidireccional, el que soportan las familias con una sentencia a todas luces injusta porque no ha protegido los derechos de terceros totalmente inocentes, así como el descrédito que sufre la institución de la justicia», señalan. A su juicio, el Parlamento legislando y los jueces juzgando «tienen que tomar medidas para que los ciudadanos no estén totalmente indefensos, nadie se merece soportar la pena que corresponde a otro, ni sufrir este desamparo». VIZCAYA Ninguna empresa opta al concurso para derribar 19 chalés ilegales en Argoños El Ayuntamiento devolverá el caso al Juzgado número 1 de Santander «para que decida qué hacer» 29.09.07 - S. ZUBELDIA Ninguna empresa se ha presentado al concurso que el Ayuntamiento de Argoños convocó a principios de septiembre para ejecutar el derribo de las primeras 19 viviendas ilegales de la urbanización Las Llamas I. Así lo anunció ayer Antonio Vilela, portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), después de que el alcalde de la localidad cántabra, Juan José Barruetabeña, le confirmara la falta de ofertas. Ya han pasado 13 años desde que los propietarios supieran que sus casas estaban condenadas a la piqueta, pero la situación, lejos de resolverse, se encuentra cada día más enquistada. Ahora, el Consistorio notificará los hechos al Juzgado de lo Contencioso número 1 de Santander para que decida qué hacer. Los afectados, por su parte, ven en la falta de aspirantes a ejecutar los derribos un gesto de empatía hacia su «dolor». «Queremos agradecer la sensibilidad de todos los que han valorado la gran injusticia que es derribar viviendas de familias totalmente inocentes», expresaron. AMA, que ha convocado una reunión mañana para fijar un nuevo calendario de movilizaciones, ve en lo sucedido una oportunidad para «reconsiderar posturas y tomar opciones alternativas». Antes de fin de año Estas otras vías pasan por que el Gobierno de Cantabria ponga a disposición de cada afectado «otra vivienda antes del derribo», que el Ayuntamiento de Argoños y el Ejecutivo regional les «indemnicen por los daños ocasionados» antes también de que la piqueta entre en escena y, «sobre todo, si es posible, que se regularice la situación de los chalés». El Consistorio de Argoños sacó a concurso el derribo de estos primeros 19 chalés ilegales para acatar los múltiples requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que le instaban a demoler la primera fase de la urbanización antes de fin de año. Estas trece viviendas adosadas y seis unifamiliares serán los primeros pisos habitados en España derruidos por fallo judicial en suelo urbano. Hay otras 243 viviendas condenadas en el municipio
21.09.07 ¿CUMPLIRÁ EL GOBIERNO SU PALABRA? GOBIERNO DE CANTABRIA MANIFIESTA SU VOLUNTAD DE DAR SOLUCIONES ANTES DEL DERRIBO Una comisión de AMA se ha entrevistado con el Director General de Urbanismo y con el Director de Ordenación del Territorio, ante la situación de extrema preocupación, por los inminentes derribos de viviendas de familias totalmente inocentes. En la entrevista iniciada hoy a las 12.30 en la cual han participado el Director General de Urbanismo Pedro Ángel Gómez Portilla y el Director General de Ordenación del Territorio Luís Ángel Collado Lara, el Abogado de los Ayuntamientos de los Argoños y Arnuero José María del Real y los portavoces de AMA Fernando García Latorre, Paco Laín y Teo Arnal. En esta reunión los miembros del Gobierno han manifestado su voluntad que antes del derribo se ofrecerá soluciones a los afectados por tres vías;
.a) Regularización de las viviendas que sean posibles. Las Asociación AMA ha exigido al Gobierno de Cantabria que cumpla su compromiso de buscar soluciones para los afectados por sentencias de derribo y que estas no se queden en palabras, que haya partidas presupuestarias y hechos reales, por los cual aun valorando positivamente este reunión estamos expectantes a que lo manifestado se hagan realidad. Hemos recordado el compromiso del Presidente de Gobierno de Cantabria el cual manifestó su voluntad de poner a trabajar a su Gobierno para dar soluciones, sin embargo han pasado casi dos años de estas declaraciones no se ha solucionado ni uno sólo caso, todo lo contrario el número de afectados sigue creciendo con nuevas sentencias. Por ellos esperamos que el Presidente cumpla su palabra. En los últimos tres años el número de viviendas regularizadas en España, es superior 10.000 y en actualidad numero proceso expedientes para legalizar más de 25.000 viviendas, desde esta Asociación nos preguntamos ¿cómo es posible que en Cantabria no se haya podido resolver ni un sólo caso en casi 10 años?. Las consecuencias de las sentencias que condenan al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos la pagan ciudadanos que nada tienen que ver, ni son los demandados, ni son los condenados, ni son parte en el juicio, ni siquiera tenían conocimiento de ese proceso judicial. Apelamos a la responsabilidad del Gobierno, de los Ayuntamientos y de los Jueces para que no se tome medidas irreparables tanto para los afectos como para todos los ciudadanos de Cantabria. AMA ha pedido al Parlamento de Cantabria una declaración expresa que reconozca la situación de víctimas de este colectivo, y el derecho de todo Cántabro por culpa de la Administración le derriba jurídicamente su vivienda tenga derecho a otra. 17.09.07 CUANDO LA JUSTICIA NO ES JUSTA El deterioro de la Justicia se produce cuando su funcionamiento no es el acorde al servicio que tiene prestar a los ciudadanos y para los cuales estos le han dado el monopolio de su aplicación. Pocas cosas hacen más daños a esta institución que sentencias totalmente injustas o comportamientos como el del juez Estevill que fue miembro del Consejo General del Poder Judicial y condenado a nueve años de prisión por cohecho y prevaricación. ¿Quiere decir esto que los jueces son corruptos?, pues no, que tampoco quiero ser injusto, pero si que son humanos y pueden tener comportamientos no lícitos como los demás, cometer errores y dictar resoluciones que incluso cumpliendo la ley pueden ser tremendamente injustas. En nuestra comunidad se han producido 25 sentencias ( la mayor parte dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria) que condenan a Ayuntamientos y/o al Gobierno de Cantabria. Hay un demandante que ejerce la Acción Pública y la justicia aplicando nuestra legislación condena a estas instituciones, hasta aquí todo normal. Ahora lo que ya no parece tan normal es que la condena la paguen ciudadanos que nada tienen que ver, ni son los demandados, ni son los condenados, ni son parte en el juicio, ni siquiera tenían conocimiento de ese proceso judicial. Pero vaya Ud. a saber el porqué estos ciudadanos pagan con el derribo de sus viviendas los ilícitos que han cometido las administraciones públicas. Que alguien nos explique: ¿dónde esta la justicia?, ¿cómo es posible que tu estés tranquilamente en tu vivienda, y te enteres por la prensa que se va derribar tu casa? ¿por qué? si estos ciudadanos compraron una vivienda legal, al igual que Ud. amigo lector. Cuando las importantes personalidades de la justicia, en nuestra comunidad, piden medidas cautelares para que no se produzcan estas situaciones, están reconociendo de facto, que el mismo se ha producido y la necesidad de buscar medidas para que nadie sufra la injusticia que está sufriendo actualmente este colectivo, lo cual por cierto, tienen todo nuestro apoyo en este tipo de iniciativas, los que soportamos esta situación algo que queremos es contribuir a que nadie más pase por la misma. Por ello siempre pedimos un registro de demandas donde todo ciudadano pueda saber si existe una demanda contra su vivienda o posible vivienda. AENA ofrecerá a mil vecinos de Coslada cambiar de barrio para huir del ruido. Las 1.050 familias que viven en el barrio de La Estación, en Coslada, Madrid. Esta cifra es aproximadamente las familias que soportan sentencias de derribo en Cantabria, no se puede garantizar por el Parlamento que cuando un ciudadano le derriben su vivienda por culpa de la Administración esta le facilite otra. Bueno pues a toda persona de buena fe, sin ser juez, le parece que lo más justo que, si un Ayuntamiento y/o Gobierno te cobra indebidamente un recibo te devuelva esa cuantía, si te derriban tu casa sin tener tu ninguna culpa, pues te den otra vivienda antes del derribo, que te indemnicen por los daños que te han producido. En el derecho anglosajón, seguro que hablábamos de grandes sumas por las lesiones psíquicas, físicas, morales y personales e incluso de los daños producidos a los animales de compañía. En nuestro derecho, que presume de ser el más garantista, seguro que tampoco cuadra a la lógica de los hechos, que uno cometa el ilícito y otro pague con el derribo de su vivienda, más si quien comete este ilícito es a quien la Constitución le reserva la defensa de los derechos de los ciudadanos. Dicen que no se preocupe el ciudadano que lo que tiene que hacer es presentar una demanda por los daños patrimoniales y los jueces le aplicarán la justa indemnización. Pero ¿cuándo?, los jueces dicen que el daño no se ha producido hasta que el derribo no se ha consumado. Sergio tiene 60 años una familia y unos animales de compañía, y comenta que sus animales tienen más derechos que él, al final las asociaciones de defensa de los animales seguro que les ayudan, incluso no dudamos que ARCA, los demandantes, estarían dispuestos a acoger de buena gana a estos amigos de Sergio. Pero a él y a su mujer les derriban su vivienda en suelo urbano, donde otros pueden volver a construir , incluso hablan de que hay proyectos de construir más viviendas que las que se derriban, pero ¿quién les va a devolver la ilusión de cuando compraron su vivienda?, ¿quién le va a quitar esos malos ratos pensando que ha perdido todo por lo que ha trabajado?, ¿quién puede comprender lo que sufre su mujer cuando se tiene que marchar de la vivienda porque no puede soportar seguir viviendo con esa presión, con esa incertidumbre?, para rematarles tienen que soportar el ver como derriban su casa. Decir que el daño no se produce hasta que no se derriba tu vivienda es como decir, que no se puede poner una vacuna porque el mal todavía no se ha producido. Que si pasa una autopista por tu casa hasta que la tiren no puedes pedir el justiprecio. En fin una locura procesal y un atentado contra personas inocentes, atentan contra su salud, contra su forma de vida, contra su familia. Cuando la justicia actúa contra toda lógica, cuando el resultado de aplicar la misma es un absurdo, un disparate, una de dos o los jueces están prevaricando o la legislación de la que nos hemos dotado tiene vacíos tan grandes que hace que los jueces no puedan hacer justicia. En cualquiera de los dos casos el descrédito de la institución es total, el daño es bidireccional, el que soportan las familias con una sentencia a todas luces injusta porque no ha protegido los derechos de terceros totalmente inocentes y el sufre la institución, porque cuando los ciudadanos no creen en la justicia intentan buscarla fuera de los ámbitos de su competencia y eso es peligroso para estos ciudadanos y para el sistema democrático. Todo esto sin hablar de la corrupción urbanística que está en los origenes de todas esta situación. Por ello, el Parlamento legislando y/o los jueces juzgando tienen que tomar medidas para que los ciudadanos no estén totalmente indefensos, nadie se merece soportar la pena que corresponde a otro, ni sufrir este desamparo. 10.09.07 LA MAYOR MANIFESTACION EN ARGOÑOS LA MAYOR MANIFESTACION EN LAS HISTORIA DE ARGOÑOS Más de 1000 personas se han manifestado en Argoños desde la Urbanización de Las Llamas I hasta el Ayuntamiento de Argoños, bajo el lema: No al derribo de viviendas de inocentes. Una muchedumbre, una marea amarilla con pancartas y banderas nunca antes vista en este municipio se ha desplazó por todo el pueblo pidiendo justicia, y se podían oír los gritos de Gobierno culpable, Gobierno responsable, Revilla escucha no derribos, no derribos, Alcalde da la cara por tu pueblo. La gente salida de los comercios y bares para aplaudir el paso de la manifestación y muchos de unían a la misma. Se han desplazado afectados de Arnuero, Liendres así como muchas personas del pueblo de Argoños se han unido a esta manifestación que ha arropado y mostrado su solidaridad con los vecinos de las Llamas I, urbanización que ha visto como el Ayuntamiento ha licitado el derribo de sus vivienda, sin ser ellos culpables de nada. Al terminó de la manifestación se ha informado que la Asociación AMA va a tener el Martes reuniones con El Presidente del Tribunal Superior de Justicia Cesar Tolosa a las 11 horas, y posteriormente representantes de AMA se desplazaran al Parlamento de Cantabria para tener reuniones con los Portavoces de todos los Grupos Políticos,a las 12 con Francisco Javier Rodríguez del PP, a las 12:30 con Rafael de la Sierra PRC y por ultimo sobre la 13 con Martín Berriolope del PSC-PSOE. Un portavoz de la Urbanización Las Llamas I ha leído una comunicación de esta urbanización donde se pone de manifiesto el sufrimiento y la injusticia que con ellos se esta cometiendo. Por último, el presidente de AMA ha manifestado que seguirán las manifestaciones hasta que se haga justicia y que están dispuestos a llegar hasta las ultimas consecuencias para defender las viviendas de gente inocente, así se informó que se organizará una nueva movilización que se denominará el Tren de la Injusticia en octubre y que no descartan huelgas de hambre, y todas la medidas posibles para que se haga justicia con este colectivo. Así mismo ha pedido al Ayuntamiento de Argoños, al Gobierno de Cantabria y a la actual responsable del juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Santander cuya responsable es Mª Dolores de los Rios que tomen medidas para que no se consume los que es un disparate, un despropósito, y una gran injusticia, el derribo de viviendas de inocentes. 05.09.07 MIRIAM GARCIA Decía un viejo amigo que “la política es el arte de estar y que no te vean demasiado”, para así poder durar en los puestos de responsabilidad. En un Gobierno donde la noticia es el cambio de alguno de sus miembros, sorprende la marcha de Miriam García. Quizás sea por lo que decía el viejo amigo, ya que a Miriam se la veía y mucho, tenía opinión y no la ocultaba detrás de farragosos discursos, sino que era clara y la entendíamos todos. Me parece un lujo perder gestores de la categoría de Miriam García, ya ex-Directora General de Urbanismo, sobre todo en una Comunidad donde no estamos sobrados de buenos administradores públicos. Comentan que incomodaba a ciertos sectores del poder, que están acostumbrados a la mansedumbre y al halago fácil o, vaya usted a saber, igual simplemente es víctima de una carambola de competencias entre las Consejerías de Presidencia y Vivienda, que la dejó descansar después de cuatro duros años al frente del urbanismo en nuestra Comunidad. Para AMA (Asociación de Maltratados por la Administración), a pesar de que seguimos con los mismo problemas con nuestras viviendas, no dudamos en valorar su gestión en la Dirección General de Urbanismo como positiva, destacando su capacidad de trabajo, pero valorando sobre todo que siempre ha sido accesible. Además, hay propuestas suyas como los aprovechamiento urbanísticos, que son uno de los activos para solucionar el grave problema de las sentencias de derribo que condenan a la Administración. Con Miriam hemos discutido y mucho, nos hemos llevado decepciones, pero hay que reconocer que siempre dio la cara y que siempre estaba y no se escondía detrás del “está reunida”, “deje su teléfono que ya le llamaremos". ¿Que tenemos la espina clavada de no haber solucionado el sufrimiento de tantas familias?, pues claro que si, pero también estamos convencidos de que si en el Gobierno y en el Parlamento de Cantabria se trabaja con su entusiasmo seguro que entre todos encontraremos soluciones. Miriam nos ha demostrado, a los que con ella hemos compartido horas de su trabajo, que es una buena gestora, pero sobre todo una gran persona. Ha pasado mucho tiempo y el problema de cientos de familias cuya vivienda puede ser derribada sigue ahí. Por ello los pequeños gestos, la amabilidad, incluso la comprensión hacia nosotros la valoramos, aunque más que comprensión necesitamos soluciones reales. Nuestro Presidente ya nos dijo en su día que “se ponía en nuestro lugar y que era un situación muy difícil, que nosotros no tenemos culpa de nada, ni estamos condenados por nada y que ponía su Gobierno a trabajar para dar una solución”. Esperamos que el nuevo equipo siga con el entusiasmo que Miriam ha demostrado para solucionar los problemas, como este del derribo de viviendas de inocentes, y se cumpla la palabra del Presidente Miguel Ángel Revilla. Compartimos la valoración positiva que realiza ARCA sobre el trabajo de Miriam y que habla por si misma de su capacidad de entendimiento con los diferente grupos de nuestra comunidad. Desde esa capacidad de entendimiento con todos demostrada por Miriam pedimos a ARCA que trabajemos conjuntamente todos, con el objetivo de buscar soluciones para nuestra Comunidad y para estas más de 1.000 familias que están pagando una pena que no les corresponde. Los vecinos de Las Llamas I cuentas las horas para el derribo de sus hogares ¿quién hace justicia? pedimos ayuda, por ello hoy más que nunca nos acordamos de los que han intentado buscar soluciones. Gracias por las horas que nos has dedicado y suerte, Miriam 01.08.2007 Palacio aboga por «no dejar desamparados» a los afectados por sentencias de derribo Los representantes de AMA se reunieron ayer con Gorostiaga y Mazón R. ALONSO/ AGENCIAS/SANTANDER El presidente del Parlamento de Cantabria, Miguel Ángel Palacio, comprometió su ayuda a los miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) sobre cuyas casas pesan sentencias de derribo y afirmó que «lo que hace falta es hacer lo posible por no dejar desamparados a unas familias que resultaron gravemente perjudicados en aquellos años de desconcierto urbanístico». Palacio, que mantuvo ayer una reunión con una delegación de AMA, consideró que el Gobierno autónomo y cada uno de los Ayuntamientos con este problema tienen en sus manos los únicos resortes que caben para tratar de solucionar un problema «a todas luces, muy difícil y que no admite planteamientos simplistas». La Asociación de Maltratados por la Administración, que ayer finalizó en Santander su tercera marcha en protesta por la corrupción urbanística, mostró su apoyo a la petición de la fiscal jefe de Cantabria, Pilar Martín Nájera, formulada al Fiscal General del Estado, para que se puedan paralizar las obras de aquellas construcciones que puedan ser ilegales. El presidente de este colectivo, Antonio Vilela, añadió que esta iniciativa se debió tomar hace quince años cuando surgió el conflicto por la urbanización El Encinar, en Arnuero, y de esta manera «se hubiese evitado el sufrimiento de las familias y los otros casos de ilegalidad que luego se han producido». Una delegación de este colectivo se reunió ayer con el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio, quien se comprometió a reunirse con su homónimo en el Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, para intentar crear un grupo de trabajo y buscar una solución a su situación. Reunión con Gorostiaga La vicepresidenta regional, Dolores Gorostiaga, también recibió a los representantes de AMA. «Ha sido costoso, pero muy grato, y se ha comprometido a iniciar una vía de comunicación con el portavoz del PSOE en el Parlamento, Martín Berriolope, para estudiar una solución al problema», indicó Vilela. La jornada de ayer también sirvió para celebrar la primera entrevista con el nuevo consejero de Urbanismo, José María Mazón. con quien los representantes de los afectados por sentencias de derribo se volverán a reunir en septiembre, «dado que todavía no ha nombrado a su equipo de trabajo y todavía se está poniendo al día». En su entrevista con Mazón, Antonio Vilela le recordó que existen dos vías para legalizar las viviendas: la primera, por medio de la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana y la segunda, a través de la figura de los aprovechamientos urbanísticos. Gran respaldo Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), destacó ayer la «ilusión» de la entidad por el «gran respaldo» recibido en la marcha de este fin de semana en protesta por la corrupción urbanística, aunque se han obtenido «muchas promesas» que todavía se tienen «que reflejar en soluciones reales», indicó. Vilela señaló que en estos años AMA «ya ha escuchado muchas promesas», por lo que la asociación no espera que la solución a las viviendas con sentencias de derribo llegue «a concretarse» en un futuro próximo. «Lo de confiar (en ello) ya no; llevamos muchos años, hemos visto muchas cosas y muchas promesas», apostilló. No obstante, destacó que sí se percibe «una sensibilidad» por parte de diversas instituciones (ayuntamientos, Parlamento, Gobierno regional y sectores de la Administración de Justicia), que «genera ilusión» sobre la posibilidad «de que esta injusticia se pueda acabar». La marcha, que según Vilela ha contado con un «gran apoyo», partió el domingo de Argoños y, tras hacer noche en Ribamontán al Mar, llegó a Santander en la mañana de ayer. Como conclusión, el presidente de la AMA declaró que la respuesta a esta marcha ha sido muy importante, incluso han participado personas con 86 años y algunos se han desplazado desde Valladolid en el día para estar presentes y añadió que «espero que el esfuerzo tenga la recompensa que se merece». Fuente: El Correo Los afectados por los derribos en Cantabria exigen «menos gestos y más medidas institucionales» Homenajearon a 3 fallecidos «que ya no verán que será de sus casas» en una marcha hasta Santander para exigir una solución «definitiva» JOSÉ DOMÍNGUEZ Están cansados de palabras y palmaditas en la espalda. Quieren que las instituciones se dejen de promesas y den los pasos para garantizar que sus viviendas no sean derribadas. Más de 300 miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) finalizaron ayer en la capital de Cantabria una marcha de dos días para exigir la solución definitiva a un problema que, desde hace más de una década, afecta a 4.000 personas. Entre ellos los tres propietarios fallecidos en el último año de litigio, que fueron homenajeados en el recorrido porque «ellos ya no verán que será de sus casas». Los 40 kilómetros a pie entre Argoños y Santander han supuesto una dura prueba física para los participantes en la marcha. «Muchos tienen ya una edad avanzada e incluso nos ha acompañado una persona en silla de ruedas», reconocía el presidente de la agrupación, Antonio Vilela. Pero, por encima del agotamiento, los afectados por los derribos se confesaban «tocados moralmente» con la «eternización» del proceso. Tras años de esfuerzos, han removido los cimientos de las administraciones. Pero la realidad es que, a pesar de todo, cada día está más cerca la amenaza de la piqueta. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ya ha ordenado que 22 casas en Arnuero y 20 en Argoños sean reducidas a escombros. Casi otro medio millar espera sentencias similares. Ayer representantes de AMA se reunieron con el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio. Le propusieron crear una comisión mixta entre los ayuntamientos afectados, el Gobierno de Cantabria y la propia cámara regional. «Aunque no debe ser posible, se ha comprometido a reunirse con Miguel Ángel Revilla para buscar alternativas», explicó Vilela. Contactos en septiembre La asociación estuvo con la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Dolores Gorostiaga, y con el consejero de Vivienda, José María Mazón. Ambos emplazaron a los vecinos a retomar los contactos en septiembre. Entonces analizarán juntos las vías de solución. Entre ellas, el dirigente de Urbanismo retomó la idea de estudiar los aprovechamientos urbanísticos de los planeamientos de los pueblos afectados. «Eso está muy bien, pero necesita el respaldo financiero suficiente», matizaron desde AMA Están cansados de palabras y palmaditas en la espalda. Quieren que las instituciones se dejen de promesas y den los pasos para garantizar que sus viviendas no sean derribadas. Más de 300 miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) finalizaron ayer en la capital de Cantabria una marcha de dos días para exigir la solución definitiva a un problema que, desde hace más de una década, afecta a 4.000 personas. Entre ellos los tres propietarios fallecidos en el último año de litigio, que fueron homenajeados en el recorrido porque «ellos ya no verán que será de sus casas». Los 40 kilómetros a pie entre Argoños y Santander han supuesto una dura prueba física para los participantes en la marcha. «Muchos tienen ya una edad avanzada e incluso nos ha acompañado una persona en silla de ruedas», reconocía el presidente de la agrupación, Antonio Vilela. Pero, por encima del agotamiento, los afectados por los derribos se confesaban «tocados moralmente» con la «eternización» del proceso. Tras años de esfuerzos, han removido los cimientos de las administraciones. Pero la realidad es que, a pesar de todo, cada día está más cerca la amenaza de la piqueta. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ya ha ordenado que 22 casas en Arnuero y 20 en Argoños sean reducidas a escombros. Casi otro medio millar espera sentencias similares. Ayer representantes de AMA se reunieron con el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio. Le propusieron crear una comisión mixta entre los ayuntamientos afectados, el Gobierno de Cantabria y la propia cámara regional. «Aunque no debe ser posible, se ha comprometido a reunirse con Miguel Ángel Revilla para buscar alternativas», explicó Vilela. Contactos en septiembre La asociación estuvo con la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Dolores Gorostiaga, y con el consejero de Vivienda, José María Mazón. Ambos emplazaron a los vecinos a retomar los contactos en septiembre. Entonces analizarán juntos las vías de solución. Entre ellas, el dirigente de Urbanismo retomó la idea de estudiar los aprovechamientos urbanísticos de los planeamientos de los pueblos afectados. «Eso está muy bien, pero necesita el respaldo financiero suficiente», matizaron desde AMA
FUENTE DIARIO MONTAÑÉS 2 DE ABRIL DE 2007 400 VIVIENDAS
El TSJC anula el plan parcial del Alto del Cuco
Estima así el recurso interpuesto por la asociación ecologista ARCA
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha estimado el recurso planteado por la asociación ecologista Arca y ha anulado el Plan Parcial del Alto del Cuco, aprobado por el Ayuntamiento de Piélagos, por estimar que vulnera la Ley del Suelo. La empresa Fadesa está construyendo 400 viviendas en el lugar, perteneciente al pueblo de Boo. Decenas de vecinos han protestado esta tarde ante la oficina de la constructora, en la obra, protegida por la Guardia Civil.
EP/SANTANDER
Así lo recoge una sentencia hecha pública hoy por el TSJC, que estima el recurso de Arca contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Piélagos de fecha 23 de marzo de 2004, por el que se aprobó definitivamente el Plan Parcial del Sector 2, Alto del Cuco, el cual anula el Tribunal.
En la sentencia, el TSJC señala que dicho Plan "vulnera" la Ley de Suelo de Cantabria de 2001, conclusión a la que el Tribunal llega partiendo de "pruebas objetivas, periciales y documentales", y "huyendo de peligrosos subjetivismos y consideraciones estéticas opinables".
Destaca al respecto que la "agresiva" modificación de la topografía del Monte Picota, que forma parte del entorno paisajístico de los Montes de Liencres, y las "exageradas y forzadas" soluciones arquitectónicas previstas para poder implantar en áquel trescientas noventa y cinco viviendas, "no hacen sino quebrar una vez más" el paisaje rural existente antes de la aprobación del Plan Parcial, convirtiendo el Sector 2 en un suelo "netamente urbano", al que se llega tras una actuación "traumática" sobre la parcela donde áquel se ubica, lo que, a juicio del TSJC, "produce un importante e incontrovertido impacto paisajístico" que obliga al Tribunal a rechazar la actuación urbanística en las condiciones y con las características previstas por el Plan Parcial.
Entre las alegaciones planteadas por el Ayuntamiento al recurso de Arca, la referida a su falta de legitimación activa, y a que su acción se haya acotado al sector dos, mientras la actividad urbanística desarrollada en la linde Sur del mismo, afectada por el Plan Parcial del sector Tres no haya merecido el reproche de la recurrente, el TSJC destaca que resulta "cuando menos sorprendente" que el propio Ayuntamiento de Piélagos "pueda plantearse la ilegalidad del Plan Parcial del sector tres, y la falta de impugnación del mismo, cuando es dicha Corporación municipal la que ha procedido a su aprobación".
Ello --agrega-- supondría "cuestionar la legalidad de sus propios instrumentos de planeamiento urbanístico, y que aquéllos no hayan sido impugnados" y destaca que "nada obliga a la recurrente a interponer recursos contenciosos-administrativos contra la totalidad de las normas de planeamiento urbanístico sobre las que pudieran recaer sospechas de ilegalidad".
IRREVERSIBLE
Abundando en esta cuestión, y en la negativa del Ayuntamiento y de la empresa Fadesa a considerar la zona en litigio como un lugar de "paisaje abierto y natural", ante la consolidada urbanización del entorno, especialmente en lo que al vecino municipio de Bezana se refiere, el TSJC indica que aunque las precedentes actuaciones urbanísticas hayan generado un impacto paisajístico "ya irreversible", no es razón "de peso" para "santificar" el Plan impugnado, porque ello supondría "consentir" que, producidas una o varias actuaciones urbanísticas que degraden progresivamente el paisaje en los terrenos colindantes, las restantes "se verían justificadas, pues ello supondría una imparable degradación medioambiental".
Así, la Sala concluye que la existencia de paisaje abierto deviene de la contemplación del macizo de La Picota "en su totalidad", con anterioridad a las actuaciones urbanísticas en su ladera Sur, e indica que, partiendo de la consideración de la zona como un "paisaje rural y abierto", se debe plantear si dicho entorno posee valores ambientales y paisajísticos "dignos de protección", a lo que también da una respuesta positiva, no solo por el informe de la CROTU, sino por la propia promotora que hace una cumplida referencia a dichos valores en su informe de impacto, así como a las medidas correctoras para amortiguar los mismos.
IMPORTANTE IMPACTO VISUAL
La sentencia, que también analiza cuáles son los impactos paisajísticos que la actuación urbanística proyectada puede producir, destaca que la misma es perceptible visualmente hasta desde cinco kilómetros de distancia, "por lo que en ningún momento puede afirmarse que pasará desapercibida" sino que produce un impacto visual "importante desde relevantes zonas de observación".
Igualmente, subraya que produciría una alteración topográfica de la ladera que "en ningún caso puede ser calificada de moderada", y añade que las soluciones arquitectónicas diseñadas "resultan ser más graves al no ubicarse exclusivamente sobre la falda de la ladera, sino que ascienden a cotas bastante altas del monte", dando como resultado "una alteración del relieve natural importante y un impacto notable sobre la percepción del paisaje, que perderá toda armonía con las demás parcelas de la ladera sur, ajando la composición y el orden de la misma y por ende, la armonía del conjunto montañoso".
En conclusión, el TSJC explica que es "la ruptura de la armonía del paisaje, en un entorno natural rural precisado de proteccion sobre el que las actuaciones urbanísticas precedentes no han hecho sino contribuir a su progresiva degradación", la que en definitiva sustenta la anulación del Plan Parcial del Sector 2 de Piélagos, por su "clara vulneración" del artículo 34 de la Ley del Suelo de Cantabria . Contra la sentencia, las partes podrán plantear recurso.
La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha estimado el recurso planteado por la asociación ecologista Arca y ha anulado el Plan Parcial del Alto del Cuco, aprobado por el Ayuntamiento de Piélagos. Dicho recurso se dirigió además de contra el Consistorio, contra Fadesa Inmobiliaria y contra el Gobierno de Cantabria, como partes codemandadas.
PIÉLAGOS
En la sala de espera de los derribos
Los 400 propietarios de la urbanización Costa Verde, en Boo, aguardan una decisión del juzgado a las peticiones de demolición presentadas por ARCA y Gobierno regional La Consejería de Medio Ambiente dio el visto bueno al proyecto, mientras que la de Urbanismo lo denunció
GONZALO SELLERS/BOO
Batallas políticas, perjuicios medioambientales, destrucción de restos arqueológicos... Son muchas las razones que se han esgrimido para explicar la coyuntura que vive la urbanización Residencial Costa Verde, en Boo, pero lo cierto es que sus propietarios, 400 vecinos en total, se han visto salpicados por un proceso judicial que no entienden. Y es que el mismo Gobierno regional que dio el visto bueno a su construcción es parte demandante en el litigio para su derribo.
El plan parcial El Cuco 1, donde se ubica la urbanización todavía en construcción, fue aprobado en pleno por el Ayuntamiento de Piélagos justo antes de que el Gobierno de Cantabria pudiese sacar adelante el Plan de Ordenación del Litoral (POL), donde esos terrenos se consideraban área de interés paisajístico.
Ya calificados los terrenos como urbanizables, la Consejería de Medio Ambiente dio el visto bueno para construir en la zona, por lo que el Ayuntamiento entregó las licencias de obra para dos urbanizaciones: El Cuco 1 (Fadesa) y El Cuco 2 (Ascán).
La primera de ellas fue denunciada en un primer momento por la Consejería de Urbanismo del Gobierno regional, que alegó un «elevado impacto paisajístico». El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) lo desestimó por entender que fue el propio Ejecutivo autonómico -en concreto su Consejería de Medio Ambiente- el que aprobó las obras en la zona. Este proceso sigue abierto por el recurso presentado ante el Tribunal Supremo (TS).
Por otro lado, la asociación ecologista ARCA ha denunciado el Plan Parcial ante el TSJC, basándose en el temor a que destruya los restos arqueológicos situados en el Alto del Cuco: una red de trincheras y búnkeres de la Guerra Civil española que la Consejería de Cultura estudia catalogar como Bien de Interés Cultural. Además, las licencias que se van concediendo en cada sector son respondidas por los conservacionistas con una nueva denuncia.
El pasado domingo, una representación de estos 400 afectados se reunió para crear una asociación y así poder defender sus intereses de forma conjunta. Muchos han recibido de Fadesa la misma respuesta («los permisos están en regla y sólo es un tema político») y casi todos han recibido la carta del Ayuntamiento para personarse en el juicio si lo desean.
Una de ellos, María Jesús Escobar, de 41 años, también opina que todo se debe a una «batalla política en la que los vecinos somos los daños colaterales. Esto no ocurriría 100 metros más allá, en Bezana, porque en ese municipio gobiernan otros». María Jesús es publicista, vive actualmente en Reocín y ha comprado en esta urbanización un chalet pareado por 300.000 euros, donde tiene previsto irse a vivir con su marido y sus dos hijos.
Esta vecina pretende cambiar de residencia para buscar más calidad de vida «después de muchos años trabajando y ahorrando este dinero». Por esa razón, se siente «engañada por una Administración corrupta, una Justicia injusta y unos sinvergüenzas que dicen defender la naturaleza».
Como muchos de los que están en su misma situación, María Jesús tiene previsto unirse al resto de afectados para defenderse. «Pagamos una millonada por cuatro ladrillos, y se dedican a convertir nuestros sueños en pesadillas y las ilusiones en preocupaciones», denuncia.
Blanca del Piñal no pudo asistir a la reunión porque vive en Canarias. Ahora, después de muchos años recorriendo España por el trabajo de su marido, banquero, quieren volver a la «tierruca», como dice. Por eso decidió invertir casi 300.000 euros en un adosado de la Residencial Costa Verde. «Además, en verano, Navidad y Semana Santa vendrán nuestras dos hijas, los nietos...», explica. Pero la ilusión ha dejado paso a la «impotencia», por eso Blanca aboga por la unión de los afectados y así «tener más fuerza».
Engañados
Luis Lobeto, de 63 años, es celador en un hospital, mientras que su esposa, Ángela Díaz, de 60 años, es ama de casa. Actualmente residen en Santander, pero han adquirido, por 230.000 euros, una vivienda en esta zona. «Mi marido se jubila y queremos irnos cerca de mi hija, que vive en Maoño», señala Ángela. Esta situación les pilló por sorpresa cuando recibieron en su casa la carta del Ayuntamiento.
Acto seguido fueron a informarse a las oficinas que Fadesa tiene en la zona de construcción. «Nos dijo que no era importante y que en dos meses estaría todo solucionado», recuerda Ángela.
Esta pareja se siente «agobiada, engañada, desprotegida y mal informada». «Si este problema no está solucionado cuando llegue el momento de firmar las escrituras no sé qué vamos a hacer, necesitamos vender nuestro piso para poder irnos», denuncia.
Más espacio
Nelida Vega, 24 años, y Rodrigo Portilla, 28 años, viven en un piso de 65 metros cuadrados que compraron hace dos años. Sin embargo, decidieron adquirir por 300.000 euros un adosado en Costa Verde para «tener en un futuro espacio para nuestros hijos». En Fadesa les dijeron que todo era una «tema político para que el actual alcalde, Jesús Ángel Pacheco (PP), no salga reelegido en las próximas elecciones».
Ellos reconocen que la urbanización rompe con el entorno, pero «cuando esté finalizada quedará muy bonita y se rellenarán todos los espacios verdes». «Lo único que pedimos es que no nos mareen, nos cuesta mucho ganar el dinero necesario para comprar esa casa», apuntaron.
En el caso de que el juzgado dictase un fallo favorable a la demolición, esta urbanización concentraría a casi la mitad (el 43 por ciento) de los afectados por sentencias firmes de derribo en toda Cantabria, que en este momento suman 536.
ARGOÑOS
Manifestación de la AMA contra la corrupción urbanística en Cantabria
Los afectados estudian interponer una querella criminal contra los culpables
ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS
Alrededor de 150 personas participaron en la manifestación convocada por la AMA en Argoños. / R. A.
Alrededor de 150 personas participaron ayer en la manifestación que tuvo lugar en Argoños contra la corrupción urbanística en Cantabria, convocada por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que integra a los afectados por las sentencias de derribo de sus viviendas.
El presidente del colectivo, Antonio Vilela, avanzó que sus abogados estudiarán interponer una querella criminal contra los posibles culpables; el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, y los alcaldes involucrados.
Así, durante la marcha que recorrió las principales calles de Argoños y concluyó en la Casa Consistorial, se pudieron escuchar gritos por parte de los participantes como 'Revilla y Gorostiaga, dimisión', 'Gorostiaga el que la hace la paga', 'Cantabria, la segunda Marbella' y 'Somos víctimas de la corrupción'.
Los afectados tampoco se olvidaron de incidir en que no se debe derribar y es posible una solución.
De hecho, respecto a la situación que viven los vecinos de El Encinar y la posible anulación de la adjudicación de la demolición a la empresa Erri-Berri, el presidente señaló tan solo que "nos oponemos a cualquier derribo".
Bosque de la AMA
Otra de las iniciativas que pretenden llevar a cabo es la creación del Bosque de AMA. El proyecto está coordinado por el doctor en Biología, Pablo Bahillo, y el objetivo es plantar veinte encinas en un terreno limítrofe entre Argoños, Noja y Arnuero. "Será nuestro homenaje a la naturaleza y al mismo tiempo se convertirá en un símbolo del sufrimiento de las víctimas", comentó Bahillo.
'Contra la corrupción urbanística' fue el nuevo lema que para esta reivindicación escogió la AMA, aunque también se pudieron ver pancartas con los rótulos 'Legalización es la solución' y 'Legalización y justicia. Somos víctimas', así como banderas amarillas y monigotes de inocentes, de color negro.
536 viviendas
El presidente de la AMA explicó que en Cantabria existen 2.500 personas, de 536 viviendas, entre Arnuero, Argoños, Escalante, Piélagos y Miengo, con sentencia firme de derribo, otras 2.000 involucrados en problemas urbanísticos en municipios como Castro Urdiales o Piélagos.
En cuanto a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Argoños, Vilela comentó que no soluciona los problemas de los afectados, a pesar de que el consejero de Urbanismo, José Vicente Mediavilla, y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, anunciaron que podía ser una solución.
"No se buscan soluciones ni se juzgan a los verdaderos culpables", recalcó Antonio Vilela, afectado por una sentencia de derribo en Argoños.
EL CORREO 22.01.07
VIZCAYA
La empresa adjudicataria rechaza derribar los pisos ilegales de Arnuero sin el consenso de los vecinos
JOSÉ DOMÍNGUEZ/BARAKALDO
PROTESTA realizada ayer por los afectados. / DIARIO MONTAÑÉS
A pesar de que lo exige el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el derribo de los pisos ilegales de Arnuero parece estar todavía lejos.
Cuatro meses después de que el Ayuntamiento adjudicara a Erri Berri la demolición de la primera fase, 22 pisos a medio construir en la promoción de El Encinar, la empresa todavía no ha cogido la piqueta. "Se niega a empezar si no hay un acuerdo previo entre las instituciones y los afectados", reconoció ayer el presidente de AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración, Antonio Vilela.
300 personas se manifestaron ayer en la localidad cántabra para denunciar la corrupción urbanística "generalizada en España".
Erri Berri siempre se ha mostrado partidaria de que se llegue a un acuerdo antes de derribar las primeras de los 144 viviendas declaradas ilegales en Arnuero. Sus responsables han reconocido la conveniencia de que se produzca una reunión entre ambas partes, "para normalizar el ambiente antes de decidir".
"A nosotros nos ha reconocido haberse sentido un tanto engañada porque desconocía la problemática social que giraba en torno a estos pisos antes de presentarse al concurso público para su demolición", explicó Vilela. Los afectados agradecieron a la firma el "tratamiento" que ha dado a la situación.
Esperanza de solución
AMA siempre ha defendido que el Parlamento de Cantabria establezca las medidas correctoras que permitan regularizar la situación de cerca de 2.000 afectados por la misma problemática en la comunidad autónoma. Otra vía posible es la modificación de los planeamientos urbanísticos de los municipios afectados. Y una tercera sería que, "con compromisos escritos y partidas presupuestarias aprobadas", se proceda a los realojos de los vecinos en nuevas casas levantadas en terrenos adecuados.
Ninguna de las tres opciones, sin embargo, ha sido aprobada por las instituciones. Al contrario, el Ayuntamiento de Arnuero ha anunciado que esta semana se abrirá el expediente para buscar una solución definitiva al derribo de los 22 pisos ilegales. El procedimiento administrativo puede concluir con sanciones a Erri Berri por no haber ejecutado los trabajos. Antes la institución local escuchará sus alegaciones. Incluso cabría la posibilidad de reiniciar el proceso de adjudicación desde el principio.
En la manifestación de ayer, AMA contó con el apoyo de vecinos no afectados por los derribos. "El pueblo se ha solidarizado con nuestro dolor", le agradeció Vilela. Según datos recabados por la propia asociación, un 1 millón de personas podrían estar afectadas por la corrupción urbanística en España. "Incluso la Unión Europea ha llamado la atención al Gobierno central por estas irregularidades", denunciaron
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La AMA dice que actúo dentro de la legalidad con Erri-Berri
R. ALONSO/SANTANDER
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que integra a los afectados por las sentencias de derribo de sus viviendas, asegura que ha actuado dentro de la legalidad vigente a la hora de dirigirse a los responsables de la empresa Erri-Berri, adjudicataria del concurso de derribo.
Desde este colectivo no comprenden «cómo se puede abrir una investigación por supuestas amenazas cuando ni siquiera la empresa implicada lo ha pedido y, sin embargo, no se procede contra quienes han actuado al margen de las normas».
El presidente de la asociación, Antonio Vilela, pide a la Fiscalía que «no convierta a las víctimas en responsables de la actuación errónea de otros organismos como el Ayuntamiento de Arnuero, que no informó a la empresa Erri-Berri del problema de injusticia social que existe con los vecinos del Encinar».
La AMA no entiende cómo la Fiscalía, en diez años, no ha abierto ninguna investigación contra la corrupción urbanística en Cantabria.
Por último, los afectados exigen a la Fiscalía que investigue el urbanismo en Cantabria y que protejan a los ciudadanos inocentes.
«Esperamos que, a la mayor brevedad posible, se esclarezca el asunto de Erri-Berri ya que la misma produce daño en la imagen de los ciudadanos», declaró a EL DIARIO MONTAÑÉS Antonio Vilela.
Vecinos de Arnuero critican que se investiguen las amenazas a la adjudicataria de los derribos
S. ZUBELDIA/CASTRO
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) calificó ayer de «increíble» que la Fiscalía haya decidido investigar las supuestas amenazas vertidas contra la empresa Erri Berri por parte de los afectados de los derribos de Arnuero. No comprenden que el Ministerio Público haya abierto diligencias «cuando ni siquiera la entidad implicada lo ha pedido y, sin embargo, no procede contra quienes han actuado al margen de las normas establecidas», razonaron en un comunicado emitido ayer.
Cabe recordar que la Fiscalía inició sus pesquisas en base a la denuncia que presentó hace unas semanas la asociación ecologista Arca, responsable de las demandas que propiciaron el fallo de demolición contra los apartamentos de Arnuero.
Un portavoz de Erri Berri reconoció hace dos meses que la entidad había recibido «treinta o cuarenta anónimos» en tono amenazante por parte de los afectados, en los que se les instaba a no llevar a cabo la demolición. No obstante, los vecinos siempre han desmentido haber presionado a la constructora.
«Es increíble que además de sufrir durante tantos años la injusticia por las actuaciones de los poderes públicos, la primera actuación que conozcamos de la Fiscalía sea una investigación a las víctimas», se duele la AMA.
En opinión del colectivo, el Ayuntamiento de Arnuero tendría una mayor responsabilidad sobre el problema porque «no informó a la empresa del conflicto de injusticia social que sufren los vecinos de El Encinar», aducen.
La Asociación, que ha convocado una manifestación contra la corrupción urbanística el próximo 21 de enero a las 12.00 horas en Argoños, no comprende «cómo es posible que con 21 sentencias de derribo, cuatro resoluciones que condenan al Gobierno regional y a varios Consistorios por daños morales a los ciudadanos y más de 2.500 afectados, el ministerio público no haya abierto ninguna investigación contra la corrupción urbanística en Cantabria».
Erri-Berri no se pronunció sobre el derribo de El Encinar
Según el alcalde, el plazo para que la empresa se decidiese concluyó ayer El secretario municipal abrirá un expediente para seguir el proceso
ROBERTO ALONSO/ARNUERO
La empresa navarra Erri-Berri, adjudicataria del concurso del derribo de los 24 primeros apartamentos de la urbanización El Encinar, en Isla, no se pronunció ayer sobre la demolición.
Asi lo aseguró el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual (PP), quien señaló hace unos días que el plazo para decidirse sobre esta actuación finalizaba ayer, miércoles, día 27 de diciembre.
El máximo responsable municipal indicó que el secretario municipal deberá abrir ahora un expediente para seguir con el proceso. La empresa perderá la fianza inicial presentada, que ascendió a 3.000 euros, y se deberá determinar sí se convoca un nuevo concurso público o la segunda oferta más ventajosa es la beneficiaría del derribo.
Sin embargo, el secretario también estudiará la posible incompatibilidad de esta segunda oferta a la hora de ejecutar la demolición, ya que Cenavi fue quien construyó esta urbanización y también presentó la segunda oferta más ventajosa en la UTE formada con Excavaciones Bedia.
El presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración, Antonio Vilela, que incluye a los afectados por los derribos, aseguró que «no sabemos nada sobre la decisión de Erri-Berri».
Vilela explicó que la semana pasada envió un correo electrónico a los responsables de la empresa para reconocer su sensibilidad y su reflexión sobre la situación de los afectados, y al mismo tiempo les pidió que renunciasen al derribo.
SENTENCIAS DE DERRIBO
El Ayuntamiento de Argoños y el Gobierno regional deberán indemanizar a los propietarios de otra urbanización por daños morales
Los vecinos percibirán 12.000 euros si se trata de la primera vivienda y 9.000 si es la segunda residencia
El Ayuntamiento de Argoños y el Gobierno de Cantabria deberán de indemnizar conjuntamente a los propietarios de la urbanización 'Pueblo del Mar I', en Argoños, sobre los que pesa una sentencia firme de derribo sin ejecutar, con 12.000 euros en concepto de daños morales si se trata de la primera vivienda y de 9.000 euros si es la segunda residencia, eso sí, en cualquiera de los casos si la propiedad se adquirió antes del 23 de mayo de 2000, fecha en que se anuló la licencia de la urbanización.
EP / SANTANDER
Así lo ordena la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en una sentencia hecha pública hoy, que recoge jurisprudencia en la línea de otro fallo judicial de marzo de 2005, que también condenaba al Ayuntamiento de Arnuero y al Gobierno regional a idénticas indemnizaciones por daños morales a los propietarios de la urbanización 'El Encinar' de Arnuero.
La sentencia, remitida íntegramente por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), explica que de las 78 familias que reclaman indemnizaciones, tienen derecho a recibir contraprestaciones por daños morales unas 70, dejando a otros ocho fuera porque adquirieron la vivienda "asumiendo el riesgo de que se trataba de inmuebles litigiosos", es decir, después del 23 de mayo de 2000.
Así, el TSJC estima que los propietarios de la urbanización 'Pueblo del Mar I', promovida por la empresa 'Satec SL', vienen padeciendo a cuenta de la sentencia de derribo "zozobra, inquietud, inseguridad y amenaza cierta de la pérdida de sus viviendas", reconociendo su derecho a un "resarcimiento económico" por daños morales.
INDEMNIZACIÓN POR LA PÉRDIDA DE LA VIVIENDA
En cuanto a las indemnizaciones por la pérdida propiamente de las viviendas, la Sala, presida por María Teresa Marijuán, concluye que dado que las demoliciones no se han producido todavía, "será en el momento en que se lleve a cabo la orden de demolición cuando podrán determinarse en su integridad los perjuicios causados".
El Ayuntamiento de Argoños otorgó la licencia de construcción a dicha urbanización el 4 de noviembre de 1997, siendo revocada "en primera instancia" el 23 de mayo de 2000, si bien la Sala también condena al Gobierno de Cantabria a pagar solidariamente las indemnizaciones porque dicha nulidad de licencia se basaba también en la "aprobación de un estudio de detalle que territorialmente afecta a tres municipios diferentes y de lo cual es responsable también la Administración regional".
INDEMNIZACIONES "TREMENDAMENTE BAJAS"
Ante esta nueva sentencia dictada por el TSJC sobre urbanizaciones con sentencia de derribo firmes, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha remitido un comunicado en el que valora "positivamente" tanto la condena al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Argoños, como la concesión de indemnizaciones morales, aunque "sean tremendamente bajas".
Además, critican que las indemnizaciones morales se limiten hasta la fecha del 23 de mayo de 2000, "ya que los compradores lo hicieron de buena fe después de esa fecha".
Desde AMA se lamenta también que se considere que el daño material no es efectivo hasta el derribo de las viviendas, "cuando no podemos disponer de nuestro patrimonio y las viviendas hipotecariamente no tienen valor".
"No entendemos cómo puede haber una situación de irregular tan clara y que no haya ningún responsable de la misma por ninguna parte", afirma AMA, pues "se condena al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Argoños, y nadie es responsable de esas actuaciones no ajustadas a derecho".
Es por ello que la asociación, constituida mayoritariamente por ciudadanos vascos, pide al Gobierno de Cantabria que "con esta nueva sentencia en su contra tiene que tomar decisiones rápidas para solucionar este grave problema, y la más adecuada es invertir en las diferentes urbanizaciones para que cumplan la legalidad vigente y hacer posible su legalización".
Investigan por construirse chalés en suelo rústico a ecologistas que piden derribos en Cantabria
Afectados por las sentencias de demolición llevan a los tribunales a miembros de Arca al construirse tres casas cerca de Noja sin respetar en su opinión las normas urbanísticas
HELENA RODRÍGUEZ/CASTRO
BAJO SOSPECHA. La vivienda del responsable del grupo ecologista se encuentra en Ribamontán al Monte. / D. M.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander investiga la construcción de tres casas en un terreno rústico de la localidad cántabra de Ribamontán al Monte, cerca de Noja. El proceso no dejaría de ser uno más de los muchos abiertos en la comunidad vecina de no ser porque los dueños de las viviendas son la esposa del presidente de la asociación ecologista Arca, Gonzalo Canales, una de las procuradoras que trabaja habitualmente para el grupo y un familiar de ésta.
La denuncia fue interpuesta por varios afectados por las sentencias de derribo que pesan sobre 16 urbanizaciones de la costa cántabra. Da la casualidad de que fue precisamente Arca el colectivo que promovió las decisiones de demoler las viviendas por haber sido construidas bajo graves irregularidades urbanísticas. El pasado septiembre, los demandantes pusieron en conocimiento del juez la existencia de tres edificios edificados «con dudosa legalidad» en terreno rústico.
Marcos Campos, promotor de la demanda, relató que los tres implicados «adquirieron hace años una finca rústica de 21.469 metros cuadrados en una zona conocida como Riocueva y en pleno monte». El anterior dueño del terreno había intentado segregarlo en distintas parcelas. Esta operación permitiría eludir el apartado 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística de 1978, vigente hasta finales de los 90 y que rige la operación del miembro de Arca, por el cual se permite edificar una vivienda en una parcela rural siempre y cuando no haya más en la misma finca.
La reparcelación de la zona, sin embargo, nunca fue aprobada por el Ayuntamiento de Ribamontán. «Aun así, Canales y los otros dos implicados solicitaron en un breve plazo de tiempo y de forma consecutiva permisos para construir tres casas en otras tantas parcelas de entre 5.000 y 6.800 metros cuando legalmete sólo existía una finca», detalló Campos.
Actuación «fraudulenta»
«Primero pidió la autorización el presidente de Arca, y se la dieron. Luego, los otros dos consiguieron el visto bueno, dado que no había pasado el tiempo suficiente para que la primera casa estuviese levantada. De esa forma burlaron el artículo 44.2», advirtió el demandante, afectado por una sentencia de derribo en Liencres. Según el despacho de abogados que tramita la querella, «los propietarios actuaron fraudulentamente afirmando en el proyecto que no había vivienda alguna, cuando sabían que se estaban gestionando las tres suyas».
La denuncia también refleja otras irregularidades, como «la diferencia entre el proyecto presentado en el Ayuntamiento y el resultado final». Los demandantes llevan «dos años investigando este asunto», que reconocen no habrían «movido de no estar implicada la asociación que exige que se derriben nuestras casas». En ese tiempo, «el Consistorio se ha negado a facilitarnos documentación, por lo que el juez se la acaba de exigir de forma oficial», desveló Campos.
Un portavoz de Arca tachó ayer de «sarta de mentiras» todas estas acusaciones. «Esta denuncia es consecuencia de estar al frente de la lucha contra la corrupción urbanística en Cantabria. Llevamos tiempo sufriendo amenazas y ésta es una más. No tenemos que dar explicaciones sobre cómo se han comprado nuestras casas. ¿Faltaría más!», exclamaron los dirigentes del grupo ecologista.
H. RODRÍGUEZ/CASTRO
A LA ESPERA. Vista panorámica de la urbanización El Encinar de Arnuero. / F. GÓMEZ
La empresa Erri Berri, que resultó adjudicataria del derribo de los dos primeros bloques de viviendas condenadas a la piqueta en la urbanización El Encinar de Arnuero, estudia abandonar el proyecto. Según reconoció ayer un portavoz de la firma navarra, «cuando nos presentamos al concurso nadie nos informó de la historia que hay tras las demoliciones».
«Nadie nos dijo que había vecinos afectados, ni que existía una plataforma que se oponía, ni nada de eso», aseguraron. Así, ante «las presiones recibidas» la empresa «estudia» qué hacer. Erri Berri se hizo con los trabajos de demolición el pasado mes de septiembre por 111.000 euros. Entonces, la constructora compitió con otras dos firmas, una de ellas Cenavi, la misma que edificó la urbanización El Encinar. Precisamente, esa oferta fue la segunda más económica, por lo que, de abandonar Erri Berri, sería Cenavi la encargada de ejecutar el derribo.
'Ley de punto final'
Los afectados, por su parte, desmintieron haber presionado a la constructora. «Sólo nos hemos puesto en contacto con ellos para comunicarles lo que nos pasaba. Jamás les hemos amenazado», aseguraron los vecinos. Desde la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) se mostraron esperanzados ante la posibilidad de que Erri Berri anulase su compromiso.
«A ver si es verdad. Lo hemos dicho miles de veces. Lo que hay que hacer es legalizar, no echar abajo», reclamó el presidente, Antonio Vilela. El Gobierno de Cantabria llevaría a cabo esta alternativa mediante una normativa, actualmente en fase de estudio, que se ha dado en llamar 'Ley de punto final'. No obstante, ARCA, responsable de las denuncias que propiciaron las sentencias de demolición, se han mostrado en contra y ha anunciado que hará lo posible para que los dictámenes se ejecuten. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, por su parte, ya ha instado a los ayuntamientos afectados a acelerar la ejecución de los derribos.
El presidente de ARCA, implicado en un posible delito urbanístico
Canales y otras dos personas vinculadas a la organización construyeron en un terrero rústico y en pleno monte unas viviendas de segunda ocupación
DIEGO RUIZ/SANTANDER
La vivienda de Canales se encuentra en Riocueva, un lugar de Villaverde de Pontones. / DM
María Antonia Sainz Quintana -esposa de Gonzalo Canales, presidente de ARCA-; Belén de la Lastra, una de las procuradoras que habitualmente trabaja para el grupo ecologista, y José Antonio Losada Armada, cuñado de la anterior, podrían estar implicados en un asunto que 'huele' igual de mal que muchos de los llevados adelante por ARCA, relacionados precisamente con la construcción ilegal en Cantabria. Propietarios de tres viviendas unifamiliares construidas en suelo rústico -extrañamente recalificado- en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte) podrían ser autores de una infracción urbanística, tal y como ha denunciado un grupo de cántabros afectados por una orden de derribo contra sus viviendas, promovida por ARCA, y que están representados por el despacho de abogados madrileño Estudio Legal Castelló 95. La denuncia, presentada el 7 de septiembre de este año, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santander, está admitida a trámite.
Sainz Quintana -en régimen de bienes gananciales con Canales-, De la Lastra y Losada adquirieron hace algunos años tres parcelas en una finca de 21.469 metros cuadrados en el lugar conocido como Riocueva o Llanceras, en Villaverde de Pontones, en pleno monte, calificada como suelo rústico, y sin ningún tipo de servicios. Allí, los tres propietarios que se conocían perfectamente construyeron irregularmente, según la denuncia presentada, tres casas unifamiliares en parcelas de superficies de 5.191 metros cuadrados, 5.884 y 6.816, respectivamente. Se trata de viviendas de segunda ocupación, que habitan en periodos de vacaciones y los fines de semana.
La infracción
El anterior titular de la finca, según la documentación que consta en el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, había solicitado una licencia de segregación que no le fue concedida por el Ayuntamiento. A la vista de esto, los tres propietarios actuales tramitaron de forma separada pero prácticamente simultánea sendas autorizaciones para construir en suelo rústico, conforme al artículo 44.2 apartado 2 del Reglamento de Gestión Urbanística del 78, vigente en esa época. Los hechos se remontan a finales del 97 o comienzos del 98, cuando las comunidades autónomas gestionaban las nuevas normas urbanísticas.
Para el despacho de abogados madrileño que tramita el caso, "estos propietarios actuaron fraudulentamente afirmando en el proyecto que en la finca no había vivienda alguna cuando estaban gestionando las tres suyas y existía otra ya construida legalmente años antes. Si hubieran realizado la tramitación conjuntamente, la Comisión Regional de Urbanismo no les hubiera permitido construir y es que en el citado artículo 44.2 se insiste en el peligro de la formación de nuevos núcleos de población. Para ello, y sabiendo lo que hacían, falsearon además la realidad con mediciones inexactas". Con la nueva ley, tampoco podrían haber construido en este lugar y este dato lo conocían.
Durante el inicio de toda la tramitación, el proyecto tuvo siempre el informe negativo del arquitecto municipal, pero al ser cesado en su cargo y sustituido por otro técnico, al poco tiempo, se les concedió el permiso municipal, no sin cierta sorpresa.
El momento
El caso, actualmente, se encuentra sub iúdice en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander. En un principio, se puso de manifiesto en el Ayuntamiento la presunta infracción urbanística y al considerar éste que todo era legal, se interpuso una demanda por vía judicial admitida a trámite.
"Se trata de una gran incongruencia -dicen los abogados madrileños- por parte de los autores del presunto delito. De estas infracciones hay muchas en España e incluso en Cantabria, pero muchas veces no son imputables a los propietarios de las viviendas. Sin embargo, estas tres personas incurren en la infracción al ser los promotores de las obras. Además, se trata de gente que ha perseguido y denunciado actuaciones similares a la suya".
Sanciones
La sanción para esta infracción urbanística es, para los abogados de Marcos Campos y el resto de los denunciantes, la demolición de lo construido, ya que se parte de unos datos totalmente falsos.
Los vecinos de El Encinar niegan las amenazas a la empresa Erri-Berri
Responsables de la promotora adjudicataria del derribo de la urbanización han asegurado que sufren presiones por medio de cartas y llamadas telefónicas
ROBERTO ALONSO/ARNUERO
Los vecinos de El Encinar, urbanización de 144 apartamentos ubicada en Isla y afectada por una sentencia firme de derribo, negaron ayer que hayan amenazado a la empresa navarra Erri-Berri, promotora que ha ganado el concurso de adjudicación de la demolición de estas viviendas. Por su parte, responsables de la promotora han asegurado públicamente que «sufren presiones y amenazas, por medio de cartas y llamadas telefónicas».
Esteban Alday, vecino de la comunidad El Encinar, incidió en que «como colectivo no se ha amenazado a nadie y sólo se ha enviado documentación y artículos periodísticos para informarles de nuestra situación». También Alday dijo que «se ha remitido, de forma masiva y como recordatorio del problema que sufrimos, un cartel con el rótulo 'Ojo, vecinos cabreados', cuya interpretación de amenaza es muy subjetiva».
El portavoz de los vecinos de El Encinar recordó que el estudio psicológico, realizado hace unos años por la Universidad de Deusto, determinó que «los afectados lo están pasando muy mal».
El presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, que incluye a los afectados de Arnuero, indicó que «se ha enviado información a la promotora sobre nuestra situación social y problemática». Vilela señaló que no se han producido amenazas y que siempre actúan, en sus movilizaciones, dentro de la legalidad.
El alcalde de Arnuero, José Manuel Igual (PP), declaró que al Ayuntamiento llegan, desde hace seis meses, escritos anónimos con mensajes como 'Sólo nos sacarán con los pies por delante', 'El mayor atraco inmobiliario de Cantabria. El ejército de Pancho Revilla', 'Cantabria, la Marbella del Norte' y 'Esperamos el pistoletazo de salida de la legalización', pero no lo considera una amenaza.
La demolición de los 24 primeros apartamentos de El Encinar estaba previsto para octubre o noviembre, según Igual.
Responsables de Erri-Berri han visitado la urbanización y aunque han recibido, por parte del Ayuntamiento de Arnuero la notificación de la adjudicación del concurso, todavía no se han pronunciado sobre su ejecución. «Han presentado una fianza provisional de cerca de 3.000 euros, pero no han comunicado sí acometerán el derribo», comentó Igual.
El siguiente paso en la adjudicación del derribo de El Encinar pasa por la firma del contrato entre el Ayuntamiento y la promotora y la presentación de la fianza definitiva. «En el plazo de ocho o diez días les volveremos a notificar que han ganado el concurso para esperar su respuesta», explicó el alcalde.
Informe jurídico
En el caso de que Erri-Berri opte por no ejecutar el derribo, José Manuel Igual avanzó que desconoce sí se deberá convocar el concurso de nuevo o será la segunda oferta más ventajosa, la UTE formada por Excavaciones Bedia y Construcciones Eugenio Nava Viar (Cenavi).
Por este motivo, el alcalde adelantó que han encargado la redacción de un informe por parte de los servicios jurídicos municipales. Además, el informe deberá determinar si existe alguna incompatibilidad, ya que Cenavi fue la constructora de estos apartamentos.
Esta promotora cuenta con varios pisos de su propiedad y hasta que no se acometa el derribo no podrá acceder a las indemnizaciones, según la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, al argumentar que hasta que no produzca el daño no se puede cobrar.
para protestar por la última sentencia de derribo que afecta a 19 viviendas unifamiliares situadas en la Urbanización Las Llamas 1, de Argoños, UD número peqneño de entre las
El presidente de AMA, Antonio Vilela, se dirigió a los afectados pór megafonía para explicar que el apoyo de la asociación a afectados de pequeñas urbanizaciones se justifica en su desamparo y su debilidad, "para que sientan que cuentan con el apoyo del resto de víctimas de la Administración y que no están solos".
Las cuatro 'sentencias de derribo que pesan sobre Las Llamas 1, a ejecutar antes de 2007, "condenan al Ayuntamiento de Argoños y al Gobierno de Cantabria, y por esto el Gobierno debe poñer medios a los sufrimientos de los propietarios" mediante la inclusión de las partidas presupuestarias precisas para las indemnizaciones.
En opinión de Vilela, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria es la que "mira hacia otra parte ordenando los derribos" y no tiene en cuenta los acuerdos tácitos suscritos entre los demandantes, la Asociación Ecologista Arca, y los afec
256 viviendas con sentencia de derribo qne tiene este Ayuntamiento, lo que supone más del 15% de sn suelo urbano. Los afectados de la Urbaniiación Las Llamas 1 serán los primeros en ver demolidas sus viviendas de entre las 21 urbanizaciones con sentencia de derribo que existen en Cantabria emitidas por la Sala de lo Contencioso del 1iibunal Superior de Justicia y que afectan a unas 2.500 personas.
tados, Puso como ejemplo las propuestas de derribo realizadas por el Ayuntamiento de Argoños con el beneplácito de Arca,
Según Vilela, en ninguna sentencia se ha señalado responsables polfticos de la situación, como lo pueden ser a su juicio el actual presidente ?el Gobierno cántabro, Miguel Angel Revilla, que ocupaba el cargo de consejero de Obras y Urbanismo en la anterior legislatura, o la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, que era concejal en el Ayuntamiento
de Piélagos cuando se construyeron las 88 viviendas en ese municipio ahora afectadas por sentencia de derribo.
También tienen en su opinión culpa los tribunales de Justicia de la región, "porque en ninguna de las sentencias se cita como culpables a los constructores que han desaparecido con quiebras fraudulentas". "Sólo estamos pagando las vfctimas, los que hemos comprado una vivienda sin saber nada", y por eso Vilela reclamó ayer una legislación que obligue a conocer la situación legal de una propiedad antes de su adquisición.
Una de las soluciones propuestas por AMA es la legalización de las construcciones demandadas, "tal y como se ha hecho en otros supuestos", señaló Antonio Vilela, quien explicó que en los años que llevan abiertos los procesos, se han producido dos casos de suicidio entre los afectados y muchos han debido acudir a tratamiento psicológico, "aunque es muy dificil demostrar que hayan sido por la tensión y la ansiedad que nos produce esta situación de indefensión e injusticia", El próximo 25 de octubre, la Comisión Regional de Ordenación Territorial y Urbanismo (CROTU) celebrará una reunión para analizar el Plan General de Ordenación Urbana de Argoños, que se encuentra en la cuarta exposición pública y que muestra, a juicio de Vilela, "una situación ridícula al utilizarse planos de 2003 en los que no aparecen hasta diez urbanizaciones ya construidas",
Argoños
Nueva concentración de los afectados por sentencias de derribo
Está previsto que la primera urbanización sea demolida en 2007
Los vecinos de la urbanización Las Llamas I de Argoños, con 19 viviendas afectadas por una sentencia de derribo, volvieron ayer a concentrarse junto a sus casas ante la inminente llegada del plazo de demolición de las mismas, que según el auto judicial deberá realizarse a lo largo de 2007.
En esta protesta estuvieron acompañados por miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), formada por más afectados con sentencias de demolición en los barrios de Pueblo del Mar I (78 viviendas), Las Llamas II (22), Las Llamas III (16), Camino del Portillo (14), Cuetos (8), La Llana I (91) y La Llana II (8), todas ellas situadas en Argoños, uno municipios más pequeños de Cantabria y con un 15% de sus 5,5 kilómetros cuadrados envuelto en fallos judiciales.
Los portavoces de AMA denunciaron la "poca sensibilidad" de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). "ARCA, promotora de la denuncia, llegó a un acuerdo con los ayuntamientos para demorar un poco el derribo, pero la jueza instó a que se hiciera en el menor plazo posible", apuntaron.
Para ellos, el Gobierno "debe dejarse de buenas palabras y actuar. Es hora de poner dinero y hacer uso de los aprovechamientos urbanísticos", que permitirían ofrecer a los afectados una alternativa a su vivienda ilegal.
Además, los vecinos denunciaron que las constructoras de las viviendas "han desaparecido con quiebras fraudulentas" y los responsables aún no han pagado. Entre ellos, los portavoces de AMA señalan al actual portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta del Ejecutivo, Dolores Gorostiaga. Esta última, dicen, "se niega incluso a recibirnos".
"Tiene que haber una modificación legislativa para que lo que ha ocurrido aquí no vuelva a pasar, ni en Cantabria ni en España", reclamaron.
Un juez ordena adelantar a 2007 el derribo de19 viviendas ilegales en Argoños
La medida afecta por primera vez a apartamentos habitados
Alrededor de 250 miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) se concentraron ayer junto a estas viviendas para exigir soluciones. "Estamos machacados por el Gobierno, los Ayuntamientos y los jueces", protestó su presidente, Antonio Vilela. Según reiteró, las sentencias que declaran ilegales más de 530 inmuebles en Cantabria "responden a irregularidades cometidas por el Gobierno regional y las instituciones locales, no por las víctimas que destinamos a estas casas nuestros ahorros".
Impacto paisajístico
El representante vecinal exigió al presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, "que cumpla la promesa de reunirnos para buscar soluciones que nos hizo hace dos meses". "Nos dijo que pondría a trabajar a su Gobierno para solucionar esta situación", lamentó.
AMA insiste en que la legalización de estos inmuebles puede llegar con la modificación de los planes urbanísticos municipales. En Argoños podría regularizarse el 95% de las 262 casas afectadas. "Pero el juez insiste en un derribo que, para colmo, en este caso responde a viviendas condenadas por su impacto paisajístico, cuando con posterioridad se han construido otras dos urbanizaciones delante de ellas", recriminó.
El Ayuntamiento de Arnuero adjudica los primeros derribos de viviendas ilegales
La resolución afecta a 22 apartamentos a medio construir que empezarán a desmantelarse antes de que finalice el año
JOSÉ DOMÍNGUEZ/BARAKALDO
NUEVO PASO. Al fondo, las casas condenadas a la piqueta. / I. PÉREZ
El Ayuntamiento de Arnuero adjudicó ayer en una comisión de gobierno el derribo de los primeros 22 pisos del municipio declarados ilegales por estar demasiado cerca de la costa. Los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de dos meses, deben comenzar antes de final de año. Tras conocer la resolución, los afectados volvieron a exigir al Consistorio que paralice las demoliciones exigidas por el Tribunal Superior de Cantabria hasta que el Gobierno regional «adquiera un compromiso claro con nuestras viviendas, que las legalice como se hace en otras partes de España o que nos compense adecuadamente».
La promoción de El Encinar incluye 144 viviendas condenadas a la piqueta. Esta adjudicación a la empresa navarra Erri-Berri por 111.000 euros se limita a una primera promoción de 22 inmuebles a medio construir. El proyecto de derribo exige también que se regenere el suelo.
Críticas de los afectados
«La idea del Ayuntamiento es demoler el año que viene otro bloque en similares condiciones», explicó el portavoz vecinal, Esteban Alday. El representante de los afectados recordó que, «aunque sean apartamentos deshabitados, algunos ya fueron comprados, pero sus dueños no han sido indemnizados».
«Se han preocupado por eliminar las estructuras que sirven de icono a nuestra movilización», protestó Alday en referencia a los esqueletos de los apartamentos. El miembro de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que reúne a 2.000 afectados, en su mayoría vizcaínos, advirtió del precedente que sentará esta decisión, ya que «si los derribos se extienden a las casas ya habitadas hablaríamos de una situación desconocida en toda España».
A la subasta convocada por el Ayuntamiento se presentaron tres compañías. Una de ellas era la propia firma que había construido los edificios, Cenavi, que ya había manifestado tener el mismo derecho que cualquier otra constructora tras identificarse como «un afectado más». Su oferta económica se situó a medio camino entre los 120.000 euros de la más cara y los 111.000 de la más barata.
El diario Montañés 26-09-2006
ARNUERO
La empresa navarra Erri-Berri demolerá las primeras 24 viviendas de El Encinar
El Ayuntamiento rechazó el recurso de los vecinos contra el concurso al considerar que el adjudicatario puede realizar la regeneración de la zona
ROBERTO ALONSO/ARNUERO
.La empresa navarra Erri-Berri demolerá los primeros 24 apartamentos de la urbanización El Encinar, ubicada en Isla, en la zona de La Arena. La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Arnuero, presidida por el alcalde, José Manuel Igual (PP), y formada por los concejales Ignacio Ortiz y María del Carmen Pérez, decidió por el procedimiento de subasta adjudicar los trabajos a la empresa más ventajosa, por un importe de 11.852 euros. El primer teniente de alcalde, Enrique San Emeterio, no asistió por encontrarse de vacaciones.
La UTE formada por Excavaciones Bedia y Construcciones Eugenio Nava Viar (Cenavi), cuya propuesta económica es de 119.669 euros, y Fernández Rosillo, con 120.271, el mismo precio que el de licitación, fueron las otras dos ofertas que se presentaron.
La ejecución, que se podría llevar a efecto en el plazo de dos o tres meses, según indicó José Manuel Igual, contempla el derribo de 24 apartamentos de los bloques que no llegaron a construirse en su totalidad y cuya estructura continúa junto a las viviendas habitadas. También se procederá a la regeneración de la zona.
Los siguientes pasos consistirán en notificar a la empresa la adjudicación, así como a los responsables que se encargarán de la dirección de la obra, que serán los mismos que redactarán el proyecto de demolición. Después se deberá firmar el contrato, realizar el replanteo de la obra y si es necesario un plan de seguridad y salud.
El Ayuntamiento, basándose en el informe elaborado por los técnicos municipales, desestimó el recurso interpuesto por los vecinos afectados contra las bases del concurso redactado por el Consistorio. La Corporación municipal considera que la empresa Erri-Berri dispone de la cualificación K, de jardinería, lo que le permite realizar las labores de regeneración de la zona.
Una docena de vecinos de El Encinar acudieron a la Casa Consistorial para informarse de la adjudicación
La Asociación de Maltratados por la Administración pide soluciones a Revilla
Este colectivo considera urgente establecer medidas que impidan el derribo de las viviendas afectadas por las sentencias ya confirmadas
ROBERTO ALONSO/SANTANDER
Una delegación de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), compuesta por el presidente, Antonio Vilela; Mercedes Diez de Arnuero; Juan Luís Urrutia, de Argoños, y Fernando Villadangos de Piélagos, se reunió con el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, con el fin de buscar soluciones a la situación que están soportando las víctimas de las sentencias de derribo.
La AMA ha pedido al presidente del Gobierno que urgentemente se pongan medios legales que puedan parar el derribo de viviendas.
Así, reclaman que se arbitren, por vía parlamentaria, modificaciones legislativas «que hagan posible la legalidad de nuestras viviendas por medio de un cambio de la Ley del Suelo que resuelva esta situación como se ha realizado en otras comunidades». Además, se pide que ningún ciudadano pueda comprar una vivienda sin saber que sobre la misma pesa una demanda en los tribunales.
La AMA han solicitado a Revilla crear una partida presupuestaria para realizar las modificaciones urbanísticas necesarias para la adaptación de las viviendas a la legalidad vigente, así como para indemnizar a las víctimas por los daños morales y ofrecer medios a los tribunales para que puedan adoptar las resoluciones pertinentes para que las viviendas cumplan la legalidad vigente
No a los recursos
Asimismo, han reclamando que el Gobierno de Cantabria no recurra los daños morales que los tribunales conceden a las victimas, y que se aplique el derecho comparado, «actualmente la Junta de Andalucía está legalizando más de 35.000 viviendas, otras comunidades como la de Canarias más de 20.000, Murcia cerca de 12.000, y crear un organismo que ayude a los afectados, tanto en la situación legal de sus viviendas, problemas administrativos, como en los problemas de salud que este colectivo está sufriendo».
Por último, se le ha comentado al presidente «que no queda casi tiempo, y que por favor que actúe de forma rápida. Esperamos que su responsabilidad y gestión pare los derribos injustos y se encuentren soluciones rápidas y justas para todos, que nadie en nuestra comunidad pueda sufrir una situación tan triste e injusta», señaló José Vilela.
Según los representantes de dicho colectivo, el presidente del Gobierno manifestó en la reunión su preocupación por los afectados y su disposición para resolver esa situación, asegurando que su Gobierno está buscando medios dentro de la legalidad vigente para resolver el problema. También recalcó la existencia de la propuesta de su Gobierno de intercambio de aprovechamientos urbanísticos para Arnuero y el desarrollo de los PGOU en Argoños y Piélagos, así como otras medidas legales complementarias
En el plazo de una semana, Revilla convocará una reunión con los máximos responsables del urbanismo en Cantabria
La constructora de los pisos de Arnuero compite ahora por ejecutar su derribo
Puja con otras dos firmas por demoler la primera urbanización condenada a la piqueta en Cantabria
HELENA RODRÍGUEZ/CASTRO
TENSIÓN. Afectados muestran su indignación en el Ayuntamiento de Arnuero. / BORJA AGUDO
El pleno del Ayuntamiento de Arnuero, en Cantabria, hizo públicos ayer los nombres de las empresas que se han presentado al concurso para adjudicar los primeros derribos de casas en la urbanización El Encinar, condenada a la piqueta por el Tribunal Supremo. En el salón de plenos, abarrotado por más de medio centenar de afectados, la sorpresa no pudo ser mayor. La indignación se apoderó de los congregados cuando el secretario municipal desveló que Cenavi era una de las tres que presentó oferta. La firma, puntera en la región, es la misma que edificó la promoción, a principios de los 90.
«No tienen escrúpulos», «Sinvergüenzas», «Hay que ser rastreros, y todo por un puñado de míseros euros» fueron sólo algunas de las frases que gritaron los presentes, entre los que se encontraba una representación de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba a las más de 2.000 personas afectadas por las sentencias de demolición en toda la costa cántabra.
Los vecinos mantenían la esperanza de que ninguna firma se presentase. «La que resulte adjudicataria será nuestro verdugo y esa no es buena publicidad», argumentaban hace quince días. No fue así. En total, tres ofertas. La más barata: poco más de 111.000 euros, la más cara: algo más de 120.000. En medio, la de Cenavi. El Consistorio tiene ahora 20 días para decidirse por una. Según el alcalde, José Manuel Igual, los derribos se harán efectivos «a final de año».
«Es nuestro derecho»
El propio primer edil reconoció que la posibilidad de que la constructora resulte adjudicataria es «difícil», pero eso no calmó a los afectados. La firma, por su parte, argumentó que está en su «perfecto derecho» de presentarse a la subasta. «Hacemos muchos trabajos de este tipo. Es uno más», apuntó un portavoz, que, no obstante, dijo comprender la situación de los residentes. Aún así, la misma fuente recordó que «nosotros también somos afectados como reconoce la sentencia, que dice claramente que los culpables son el Ayuntamiento y el Gobierno regional».
Sea cual sea la oferta elegida, le empresa adjudicataria deberá echar abajo los dos primeros bloques de El Encinar. Ambas edificaciones se encuentran deshabitadas y a medio construir, aunque algunos de los pisos se llegaron a vender. «Si los dueños no son indemnizados antes de tirarlos, se sentará un precedente. Nosotros somos los siguientes y luego vendrá el resto de Cantabria», argumentó Mercedes Díez, portavoz de los vecinos.
ARNUERO
La empresa que construyó El Encinar concursa para derribar las viviendas
Cien vecinos afectados por la demolición acudieron a la apertura de las plicas del concurso y acusaron a la promotora de deberles dinero y de «carroñeros»
ROBERTO ALONSO/ARNUERO
Cenavi, la empresa constructora que edificó los 144 apartamentos de El Encinar, junto a la Playa de La Arena, en Isla, se ha presentado al concurso adjudicatario para derribar y regenerar la primera y la segunda fase, que comprende 24 pisos de los bloques que no llegaron a finalizarse.
El salón de plenos de la Casa Consistorial de Arnuero acogió ayer la apertura de plicas del concurso y entre las tres ofertas presentadas se encuentra la UTE formada por Excavaciones Bedia y Construcciones Eugenio Nava Viar (Cenavi), cuya propuesta económica es de 119.669 euros. Junto a ella acceden la navarra Erri Berri, con un precio de 111.852 euros, y Fernández Rosillo, con 120.271, el mismo precio que el de licitación.
Cerca de cien vecinos afectados por la sentencia de derribo del Tribunal Supremo acudieron a este acto público y no sólo mostraron su indignación con el hecho de que Cenavi se presente al concurso, sino que pidieron a los concejales, que formaban la mesa de contratación, que no firmasen el acta de la apertura de las ofertas.
«Cenavi, que nos engaño con la venta de los apartamentos, quiere derribar para cobrar la indemnización que ha reclamado al Ayuntamiento y al Gobierno de Cantabria. Son unos carroñeros, quieren una compensación y llevarse el dinero del derribo, cuando encina deben a nuestra comunidad 120.000 euros (20 millones de pesetas) por no pagar la comunidad de los pisos que son de su propiedad», declaró Esteban Alday, vecino de El Encinar.
Los concejales firmaron el acta, alegando que les obliga la ley, pero los vecinos mostraron su malestar, les descalificaron con fuertes insultos y les dijeron que «les están jodiendo sus vidas, matándoles y sufriendo un crimen psicológico que dura doce años». Además, les pidieron que sea un juez quien les obligue a firmar el acta y que paguen las indemnizaciones antes de ejecutarse el derribo.
Indemnización
El concejal del PSOE, Ángel María Abad, comentó que «yo no tengo nada que ver con esta situación, ya que cuando se originó, yo no era concejal». Abad recordó que ha sido el único que ha pedido que se les compense antes de la demolición y ha reclamado la intervención de la Fiscalía para que determine sí existe un delito penal. El concejal socialista señaló que «algunos de los ediles del equipo de gobierno estaban también presentes como gobernantes en el momento en que se permitió esta edificación».
El portavoz del PSOE declaró que «es muy triste lo que está sucediendo, la gente es inocente y no se han buscado todas las soluciones. Sí hay que derribar, debe haber dinero y que las compensaciones económicas se ajusten a los precios actuales del mercado».
El alcalde, José Manuel Igual (PP), pidió disculpas por la situación y aseguró que ha sido sensible con el problema, «intentando legalizar los apartamentos con la redacción del Plan General de Ordenación Urbana, pero el Plan de Ordenación del Litoral no lo ha permitido». Al mismo tiempo, indicó que es partidario de indemnizar antes del derribo, «sin embargo existe una sentencia que dice lo contrario».
Pancartas reclamando la legalización, culpando al Ayuntamiento y al Gobierno de Cantabria y avisando «a quien se atreva de tocar un ladrillo» se vieron ayer en el Ayuntamiento, mientras se gritaba 'No al derribo'.
Tras la fuerte discusión que tuvo lugar entre varios vecinos, el concejal socialista y el alcalde, se informó que las tres ofertas serán estudiadas por los servicios técnicos municipales y en el plazo de un máximo de veinte días se deberá debatir en un pleno la adjudicación de este concurso.
El presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), José Vilela, explicó que la licitación se podía paralizar, ya que el Gobierno de Cantabria ha presentado al Consistorio un propuesta de aprovechamiento urbanístico, para trasladar los apartamentos a otra zona del municipio, tal y como recoge el informe del Defensor del Pueblo».
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, recibirá el martes, día 12, a las 10 de la mañana, a los miembros de la AMA.
El Tribunal Superior insta a acelerar el derribo de 72 viviendas en Argoños
H. RODRÍGUEZ/CASTRO
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha instado al Ayuntamiento de Argoños a acelerar el derribo de los 74 apartamentos con sentencia de demolición que se encuentran repartidos en varias urbanizaciones de la localidad cántabra. Según el primer fallo, el Consistorio tenía hasta 2017 para llevar a cabo los trámites para reducir a escombros las casas.
Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que reúne a más de 2.000 afectados, criticó ayer esta decisión judicial. «Ni siquiera los ecologistas, que fueron los que denunciaron las construcciones, han pedido que se acelere el proceso. No entendemos por qué el tribunal actúa de esta forma», lamentó el portavoz de las familias.
«Es un palo incomprensible ya que la Sala no es ajena a los pasos que todos los implicados estamos dando para buscar soluciones», agregó Vilela. Precisamente, el martes, AMA se reunirá por segunda vez este año con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. «Esperamos algo más que promesas», adelantó el portavoz. El auto sale a la luz pocos días después de que el Ayuntamiento de Arnuero, otra de las localidades con viviendas condenadas a la piqueta, realizase la subasta de los trabajos de derribo de los primeros dos bloques
Afectados y técnicos buscan soluciones para los derribos en la costa cántabra
H. RODRÍGUEZ/CASTRO
El Gobierno de Cantabria apuesta por legalizar las viviendas condenadas al derribo en la costa cántabra. El presidente de la región vecina, Miguel Ángel Revilla, se reunió ayer con una delegación de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), para tratar el problema, que afecta a más de 2.000 personas, en su mayoría vizcaínas.
El mandatario anunció que la semana que viene se producirá un nuevo encuentro con los afectados y un grupo de expertos en urbanismo del Ejecutivo. Asimismo, Revilla insistió en que las soluciones pasan por el intercambio de aprovechamientos urbanísticos, en el caso de Arnuero, y en el desarrollo de nuevos planes generales que legalicen las viviendas de Argoños y Piélagos
El Gobierno cántabro pretende legalizar las casas de la costa y evitar los derribos
El Ejecutivo apoyará a los ayuntamientos en la elaboración de nuevos planes urbanísticos que 'salven' las viviendas Los afectados acogen la medida con escepticismo
HELENA RODRÍGUEZ/CASTRO
Tras recorrer los más de 30 kilómetros que separan Argoños de Santander, medio millar de afectados por los derribos de viviendas en la costa de Cantabria dieron ayer un pequeño paso adelante en la lucha para evitar la demolición de sus casas. Varios portavoces de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) se reunieron con el consejero de Ordenación del Territorio, José Vicente Mediavilla, en la sede del Gobierno Regional. En el encuentro, el representante del Ejecutivo se comprometió a apoyar a los ayuntamientos de los municipios afectados «para que aprueben nuevos planes urbanísticos que eviten que echen abajo nuestros apartamentos», desveló el presidente de AMA, Antonio Vilela.
Varias sentencias del Tribunal Supremo condenan a la piqueta a más de medio millar de urbanizaciones ubicadas en Argoños, Arnuero, Liencres y Escalante. Los afectados, muchos de ellos vizcaínos, luchan -en algunos casos desde hace más de doce años- para evitar que las decisiones judiciales se materialicen. El caso más apremiante es el de Arnuero. El Ayuntamiento de esta localidad costera ya ha sacado a concurso el derribo de los dos primeros bloques. Si nada lo impide, las edificaciones enclavadas en la urbanización El Encinar desaparecerán tras el verano.
«En este caso, el consejero nos ha dicho que se intentará que todos los propietarios reciban el aprovechamiento urbanístico en otra zona del municipio. Es decir, que sus casas sean construidas en otro lugar», desveló Vilela tras la reunión. Esta opción no gusta demasiado a AMA, que insiste en que «hay herramientas para evitar los derribos». «Apostamos por la legalización de las viviendas y eso se puede conseguir modificando los planes urbanísticos de los municipios afectados», argumentó.
Edificabilidad
Precisamente, esa solución, recomendada por el Defensor del Pueblo en un informe reciente, es la que tratará de impulsar el Ejecutivo Regional «en Argoños, Escalante y Piélagos, Ayuntamiento al que pertenece Liencres». En el primer caso, «la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) permitiría legalizar el 95% de las 262 casas condenadas a la piqueta», detalló el portavoz de los afectados. El Consistorio de Argoños lleva varios años intentando modificar sin éxito su planeamiento urbano.
Los apartamentos de Escalante también se salvarían si se optase por cambiar el PGOU. «Allí el problema era la edificabilidad y eso quedaría solventado con una pequeña modificación», apuntó Antonio Vilela, quien reconoció que unos de los casos más preocupantes es el de las viviendas de Liencres. «No sabemos por qué el Ayuntamiento no cambia su Plan General. Parece que a alguien le interesa mantener el que tienen, que es ilegal», denunció.
Pese al compromiso adoptado por el consejero cántabro, los afectados no se fían. «En otro momento calificaríamos la reunión de positiva, pero después de tanto tiempo... Si en dos meses no se derriban los bloques de Arnuero, entonces podremos decir que el encuentro ha dado sus frutos», advirtió el presidente de AMA.
Una marcha por el hogar de los nietos
H. R./CASTRO
La segunda marcha realizada por los afectados por las sentencias de derribo en la costa cántabra concluyó ayer en Santander. La comitiva, que quedó reducida a 500 personas por los compromisos laborales de muchos, había salido de Argoños el domingo a las 9.00 horas.
Tras hacer noche en el polideportivo de Ribamontán al Mar, la caravana recorrió casi ocho kilómetros por las calles de la capital cántabra. Un tramo final que se hizo especialmente duro por las altas temperaturas.
El agotamiento físico y mental de los propietarios apareció «en algunos momentos», reconoció el presidente de AMA, Antonio Vilela. Sin embargo, al portavoz de los afectados le bastaba echar un vistazo a su alrededor para ver que, «pese al sufrimiento que padecemos desde hace tantos años, la gente sigue dispuesta a luchar».
Es el caso de un hombre de 81 años que concluyó la gesta ante la admiración de sus compañeros. «Cuando me ha dicho su edad me he sorprendido un montón. Me decía que no pide que se paren los derribos por él, sino porque quiere que su casa sea para sus nietos, a los que ha visto crecer en ella», relataba emocionado Vilela. Todos esperan no tener que afrontar el año que viene la tercera edición de la travesía. Será señal de que «la pesadilla ha acabado».
El diario montañés 25-06-07
El Gobierno recuerda que las alternativas a los derribos pasan por los PGOU
Centenares de damnificados por las sentencias de demolición llegaron ayer a Santander tras una marcha de 40 kilómetros
GONZALO SELLERS/SANTANDER
Centenares de vecinos de Argoños, Arnuero, Piélagos y Escalante culminaron ayer en Santander una marcha de 40 kilómetros para exigir soluciones a las sentencias de derribo que pesan sobre sus viviendas.
Congregados a través de la AMA (Asociación de Maltratados por la Administración), los manifestantes recorrieron las calles de la capital, con parada obligada frente al Parlamento de Cantabria, los Juzgados y el Gobierno de Cantabria, donde los portavoces de la agrupación mantuvieron una reunión con el consejero de Presidencia, Urbanismo y Ordenación del Territorio, José Vicente Mediavilla, y la directora general de la Crotu, Miriam García.
En ese encuentro quedaron marcadas las líneas de actuación de los próximos meses, que pasan, según García, por los modelos que se recojan en los nuevos Planes Generales de los municipios.
En concreto, la inminente aprobación del nuevo PGOU de Argoños abrirá una puerta, en términos formales, para evitar el derribo de alguna de las 263 viviendas, siempre que el juzgado lo dictamine posteriormente.
En cuanto a la urbanización El Encinar de Arnuero, la alternativa propuesta, según confirmo el portavoz de AMA, Antonio Vilela, consistiría en construir en otro lugar las viviendas. «No nos satisface la medida, el Ayuntamiento debe trabajar para impedir el derribo», apuntó.
El caso de Liencres es uno de los más complejos, ya que «el Ayuntamiento no quiere que se apruebe un nuevo PGOU y manda a la Crotu modificaciones que sabe que van a ser rechazadas», explicó Vilela, quien calificó la reunión de «moderadamente satisfactoria».
El correo 25-07-06
La marcha contra los derribos en la costa cántabra reúne a mil afectados
Los caminantes llegan hoy a Santander con más de 30 kilómetros a cuestas y tras dormir en un polideportivo Casi un centenar de coches completó la caravana
HELENA RODRÍGUEZ/CASTRO
«Muertos de sed y de calor». Así llegaron ayer a la localidad cántabra de Ribamontán al Mar los casi mil componentes de la marcha para protestar por los derribos de viviendas en la costa de la comunidad autónoma vecina. Convocada por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), la travesía, que hoy concluye en Santander, había comenzado a las 9.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Argoños, la localidad en la que se enclava el mayor número de urbanizaciones condenadas al derribo por el Tribunal Supremo.
«Luego nos hemos encaminado a la plaza del Consistorio de Arnuero, donde hemos pegado algunos carteles y nos hemos concentrado unos minutos», detalló el presidente de AMA, Antonio Vilela. Allí, al ya de por sí numeroso grupo inicial, se le han unido muchas de las 144 familias que habitan 'El Encinar', la primera urbanización, ubicada en La Arena, condenada a la piqueta. Tras el verano, dos bloques de esta promoción, deshabitados y a medio construir, serán los primeros en ser echados abajo. Lejos de sucumbir al desánimo, los residentes del enclave ya han anunciado que sólo saldrán de sus casas «con los pies por delante». Ayer, Vilela reconocía que los vecinos de 'El Encinar' son un ejemplo. «Todos los afectados han tenido una actitud impecable, pero ellos serán los primeros en ver cómo los edificios son demolidos y aún así mantienen el espíritu combativo», elogió.
Cansancio y lágrimas
Bajo un sol de justicia, los caminantes, entre los que destacaba la presencia de varias personas de más de 70 años, llegaron sobre la una de la tarde a Galizano. Tras comer y descansar durante poco más de dos horas, el grupo, que se completaba con casi un centenar de coches, reemprendió la marcha hacia Ribamontán al Mar. Como ya ocurriera el año pasado, el polideportivo de la localidad abrió sus puertas para acoger a los afectados. En sus pies y sus espaldas ayer pesaban algo más que los 15 kilómetros de caminata.
«Llevamos en una situación de incertidumbre total más de doce años. Nosotros somos los que pagamos las consecuencias, los errores cometidos por las administraciones. Compramos casas legales, pero vivimos en continua tensión y preocupación», lamentó Enrique Vilela poco antes de entrar en el recinto deportivo. Aún quedaba un trago amargo antes de terminar la jornada con un merecido descanso en sus sacos de dormir.
A las 20.00 horas los expedicionarios pudieron ver por primera vez de forma íntegra el documental 'Historia de una Injusticia', que relata los avatares que han sufrido los propietarios de casas condenadas en la costa cántabra. Las imágenes hicieron aflorar más de una lágrima. Hoy completarán los más de 30 kilómetros de su recorrido por las calles de Santander.
Otro encuentro frustrado con la vicepresidenta
H. RODRÍGUEZ/CASTRO
Tras una noche de poco descanso marcada por el intercambio de experiencias, los componentes de la marcha contra los derribos de viviendas en la costa de Cantabria llegarán hoy a la capital de la región. En ella tienen tres citas importantes: a las 11.30, horas visita al Parlamento; a las 12.30, paso por el Tribunal Superior de Justicia y a las 13.00, encuentro con el consejero de Presidencia y Ordenación del Territorio, José Vicente Mediavilla.
Muy a su pesar, los portavoces de AMA no podrán encontrarse con la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga. La cita se ha suspendido ya tantas veces que ya no albergan esperanzas de ser recibidos por la secretaria de los socialista cántabros. «Es una pena. Su partido nos ha tratado muy bien, pero ella, que era concejal de Piélagos cuando se aprobó el Plan General declarado luego ilegal por el Supremo, parece que no encuentra ni un momento para hablar con nosotros», lamentó el presidente de AMA, Antonio Vilela.
Sacan a concurso el derribo de las primeras casas de Arnuero levantadas junto a la playa
Los 42 apartamentos afectados, que no están habitados, serán demolidos antes de fin de año
HELENA RODRÍGUEZ/BARAKALDO
El Ayuntamiento de la localidad cántabra de Arnuero sacará a concurso en las próximas semanas el derribo de 42 viviendas de la urbanización El Encinar, en Isla. La decisión, adoptada por el pleno, supone un paso más para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que condena a la piqueta a los 144 apartamentos de la promoción.
Los primeros pisos sacrificados forman parte de los dos bloques levantados más cerca de la playa. No están habitados, ya que nunca llegaron a terminar de construirse. Su destrucción está enmarcada en la primera de las ocho fases que llevarán a la desaparición de El Encinar. Si nada lo impide, las excavadoras derribarán los números 24 y 18 antes de que acabe el año. Una vez adjudicados los trabajos, el plazo de ejecución de las demoliciones, cuyo coste asciende a 120.000 euros, es de dos meses.
Los responsables municipales, que lamentan tener que tomar esta decisión, recordaron que "estamos obligados a cumplir la sentencia". Sin embargo, el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, cuestionó ayer la medida. "No entendemos que a estas alturas, tras los esfuerzos que hemos realizado y los contactos mantenidos con ayuntamientos y Gobierno cántabro, insistan en demoler las viviendas. Esa no es la solución", lamentó.
El Encinar no es la única urbanización de la costa cántabra condenada a la piqueta. Argoños, con diez promociones afectadas, y Liencres, también pasarán por este trámite en los próximos meses. "Arnuero ha sido el primero en actuar porque fue el primero en tener sentencia de derribo, pero los otros dos consistorios ya están dando pasos en la misma dirección", apuntó Vilela, quien recordó que hace pocas semanas el Defensor del Pueblo dio la razón a los afectados.
Compensaciones
"Las administraciones aseguraron a la oficina de Enrique Múgica que los propietarios serían compensados, con dinero o con aprovechamientos urbanísticos. Además, se comprometieron a que, en los casos que fuera posible, se legalizarían las viviendas", recordó el responsable de AMA, que anunció que los días 23 y 24 de julio se realizará una marcha a Santander en protesta por la situación de los afectados.
En el caso de Arnuero, ninguno de estos compromisos parece factible. Según el informe técnico encargado por el Ayuntamiento, las indemnizaciones -entre 9.000 y 12.000 euros- se abonarán cuando se realicen los derribos. "El Plan de Ordenación del Litoral hace inviable cualquier recalificación y las compensaciones urbanísticas son inconcebibles, dadas la cuantía y las protecciones ambientales".
El Defensor del Pueblo culpa a las instituciones de los derribos de viviendas en la costa cántabra
La oficina dirigida por Enrique Múgica logra que el Gobierno y los ayuntamientos afectados estudien «legalizar» algunas urbanizaciones
HELENA RODRÍGUEZ/CASTRO
La oficina del Defensor del Pueblo ha dado la razón a los dueños de las viviendas condenadas al derribo en varias localidades de Cantabria, agrupados en la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA). La institución ha emitido un informe en el que lamenta «la grave situación que padecen los afectados» y, en la misma línea que las sentencias del Tribunal Supremo, advierte de que «la responsabilidad debe imputarse a los ayuntamientos, que formularon los planes urbanísticos, y al Gobierno de Cantabria, que los aprobó».
AMA, que agrupa a más de 2.000 personas propietarias de casas en Arnuero y Argoños, solicitó el año pasado al Defensor del Pueblo que interviniese en un conflicto que dura ya más de doce años y que supondrá el derribo de cientos de viviendas construidas de forma ilegal, según ha dictaminado el Supremo. Tras recabar información, la oficina que preside Enrique Múgica ha instado a las administraciones cántabras «a solucionar esta situación», que a su juicio «no es responsabilidad de los afectados».
Cierre del expediente
En su contestación al Defensor del Pueblo, el Gobierno de Cantabria se muestra dispuesto a compensar a las 144 familias afectadas por los derribos de Arnuero. Para ello, los propietarios recibirían «los aprovechamientos urbanísticos en otra parte del término municipal», anuncia el documento. Asimismo, «los ayuntamientos consultados, están revisando actualmente sus planeamientos urbanísticos a efectos de legalizar las urbanizaciones en aquellos casos que sea posible». Con estas garantías, el Defensor del Pueblo ha suspendido el expediente abierto en su momento, sobre las sentencias de derribo. Eso sí, no descarta reabrirlo «en caso de que no se cumplan» las promesas de las instituciones cántabras.
AMA agradeció ayer «el apoyo y comprensión» recibido desde la oficina de Enrique Múgica. No obstante, la agrupación espera «que las demás administraciones estén a la altura para resolver la injusticia que se está cometiendo con más de 2.000 personas». Pese a la buena respuesta y, ante la alarma social suscitada por este tipo de problemática, el grupo ha solicitado al Defensor del Pueblo que abra un nuevo expediente. «Debería contemplar las modificaciones legislativas necesarias para que ningún ciudadano de ningún sitio de España pase por nuestra experiencia», reclamaron en AMA.
El Defensor del Pueblo dice que se pueden legalizar varias viviendas
Los afectados por los derribos recibieron el informe
ROBERTO ALONSO/SANTANDER
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha admitido en su informe que algunas de las viviendas de Cantabria que tienen sentencia de derribo pueden ser legalizadas por medio de la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana. Así lo anunció ayer el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, colectivo que integra a 2.000 personas cuyas viviendas deben ser derribadas, ordenado por una sentencia judicial.
En caso contrario, Múgica señaló que se pueden realizar compensaciones urbanísticas con el mismo aprovechamiento, como en el caso de los 144 apartamentos de Arnuero, de tal forma que estas viviendas se pueden construir en otra zona del municipio, una probabilidad que también admite el Gobierno de Cantabria en la contestación que la remitido al Defensor del Pueblo.
Asimismo, en un último caso, Enrique Múgica considera oportuno que se indemnice a los propietarios de forma justa por la pérdida de su patrimonio.
La AMA solicitará a Múgica la creación de un registro nacional obligatorio de demandas para que los ciudadanos estén informados sobre la situación de una vivienda antes de adquirirla y evitar así que luego los interesados se encuentren con la existencia de una ilegalidad. Además, Antonio Vilela demanda modificaciones legislativas para que «no se vuelvan a producir más casos de indefensión, al igual que el sufrido por la AMA».
En España han detectado 121.900 viviendas con problemas de legalidad y 548.550 afectados.
CONSIDERACIONES REALIZADAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO en su informe enviado a AMA (Asociación de Maltratados por la Administración).
SOBRE LAS VIVIENDAS CON SENTENCIAS DE DERRIBO QUE AFECTAN A MÁS DE 2000 PERSONAS
Todas estas conclusiones quedan reflejadas en el Informe del Defensor del Pueblo, donde repasa la situación de las diferentes urbanizaciones con los informes remitidos por los Ayuntamientos y del Gobierno de Cantabria, y con sus propias aportaciones.
El Defensor del Pueblo, después de haber obtenido garantías de las distintas Administraciones de que se hará justicia con los afectados de las sentencias de derribo, suspende el expediente sobre las sentencias de derribo. Las garantías consisten en:
a) Legalización de la viviendas que sea posible.
Caso de que no se cumplieran estas garantías se podrá volver a abrir el expediente.
Por otra parte AMA, ante al alarma social creada, (AMA en su informe sobre la situación en España ha detectado más 121.900 viviendas con problemas de legalidad y 548.550 afectados) pedirá la apertura de un nuevo expediente para que el Defensor del Pueblo pueda proponer las modificaciones legislativas necesarias para que ningún ciudadano pueda pasar la pesadilla que hemos pasado las víctimas de las sentencias de derribo, ya que según el Asesor Jurídico del Defensor del Pueblo D. Carlos Luna con el tipo de expediente actual no pueden actuar sobre este tema.
Por cual AMA SOLICITARÁ:
1.- Creación de un Registro Nacional Obligatorio de Demandas para que todo ciudadano cuando compre su vivienda sepa si la misma afectada por una demanda.
AMA HACE UNA VALORACIÓN POSITIVA DEL INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, AGRADECE SU APOYO Y COMPRENSIÓN Y ESPERA QUE LAS DEMÁS INSTITUCIONES ESTÉN A LA ALTURA PARA RESOLVER ESTE GRAVE PROBLEMA Y LA INJUSTICIA QUE SE ESTA COMETIENDO CON MAS DE 2.000 PERSONAS.
AMA pide soluciones al Parlamentarios de Cantabría
A través de los portavoces de los grupos parlamentarios, con lo que se ha reunido este viernes, así mismo les ha trasladado sus iniciativas para solucionar el grave problema que vive este colectivo de más de 2000 personas afectadas por las sentencias de derribo.
Entre las que destacan:
• Petición de soluciones consensuadas al parlamento que se complementen iniciativas legislativas.
• Petición de un registro de las demandas, para que ningún ciudadano de Cantabria pueda pueda sufrir una indefensión como la este colectivo.
• Solicitud de una Oficina de Atención a los Afectados, que pueda atender los graves problemas que tiene las victimas de las sentencias de derribos.
Los Portavoces de los grupos parlamentarios han trasmitido AMA:
1.- El apoyo total de sus grupos a las victimas de las sentencias de derriba.
2.- La preocupación y sensibilidad por la situación actual.
3.- La búsqueda de medidas legislativas y/o pronunciamientos del parlamento de Cantabria para de una solución real.
4.- Reuniones periódicas con seguimiento de las actuaciones a realizar.
AMA solicita apoyo a la Fiscal Jefe del Tribunal Supremo de Justicia de Cantabria
Por otra parte AMA se ha reunido con la Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria Maria del Pilar Martín Nájera.
A lo que ha solicitado:
1.- El apoyo de la fiscalía para la defensa de los derechos de los ciudadanos víctimas de las sentencias de derribo que condenan a la Administración.
2.- Las actuaciones pertinentes, para que los posibles faltas, delitos... no prescriban y se pueda hacer justicia con los que sufren esta situación
3.- información sobre la creación de la nueva fiscalía para delitos urbanísticos.
Respuesta de la Fiscal Jefe del TSJC
1.- Mostrar su sensibilidad y comprensión por la situación que están viviendo el colectivo representado por AMA
2.- Encauzar todos las acciones a través de los fiscales que llevan los temas especializados en urbanismo y medio ambiente (en la actualidad dos fiscales), desde donde se estudiarán las actuaciones, prescripciones y demás actuaciones según la documentación aportada y siguiendo los criterios de la Fiscalía.
3.- Información sobre la creación de los nuevos fiscales para delitos urbanísticos que espera que estén totalmente operativo para finales del año actual.
Protesta de AMA en Santander
La concentración se celebró en Santander. / SE QUINTANA
Más de un centenar de personas convocadas por la Asociación Maltratados por la Administración (AMA) se concentraron ayer en la Plaza del Ayuntamiento de Santander para pedir la legalización de las aproximadamente 500 viviendas afectadas en Cantabria por sentencias de derribo. El portavoz de AMA, Antonio Vilela expuso las propuestas que la asociación quiere plantear a responsables políticos, entre ellas que se lleven a cabo modificaciones legislativas que hagan posible la legalización de dichas viviend |
