1.- Modificaciones legislativas que hagan posible la legalidad de nuestras viviendas tal y como las adquirimos. Todas las viviendas en el momento de compra eran legales, las Administración que las convirtió en ilegales, por ello debe tomar las medidas necesarias para no timar a los ciudadanos y que sean legales ya que las mismas se adquirieron de buena fe y con buen derecho.

2.- Pronunciamiento del Parlamento de Cantabria del reconocimiento de la situación de injusticia que vive este colectivo como consecuencia de las actuaciones de la Administración con más de 20 sentencias firmes que condenan a la misma con muy graves consecuencias tanto físicas, como morales y en su patrimono para más de 2000 ciudadanos inocentes.

3.- Que ningún ciudadano puede ser engañado en la compra de su vivienda, ni por la Administración ni por particulares, para ello se realicen las modificaciones necesarias, para que nadie pueda comprar una vivienda sin saber que sobre la misma pesa una demanda o vicio oculto.

Desde el Gobierno de Cantabria, a través de su Presidencia y de las diferentes Consejerías

4.- Conceder el “status” de víctimas a los ciudadanos que de buena fe hemos comprado una vivienda, a los efectos de adoptar las siguientes medidas:

4.1 Creación de un organismo que ayude a los afectados, tanto en la situación legal de sus viviendas, problemas administrativos..., como en los problemas de salud que este colectivo está sufriendo.

4.2 Reuniones periódicas Administración - afectados e información detallada e individualizada de la situación jurídica de cada vivienda y las medidas para su posible legalización.

5.- Agilizar los procesos que actualmente están pendientes en organismos del Gobierno de Cantabria.

6.- Aplicar el derecho comparado. Actualmente la Junta de Andalucía está legalizando más de 25.000 viviendas en Marbella y otras 3.000 en Jaén, en otras comunidades como las de Murcia, Cataluña, Madrid y Castilla-León se han realizado actuaciones que han permitido resolver este tipo de problemas, así como en la Comunidad Valenciana donde el Parlamento ha actuado resolviendo conflictos similares.

7.- Asumir responsabilidades de Urbanismo de aquellos Ayuntamientos que han demostrado sobradamente su incompetencia en el citado campo, incumplimiento reiteradamente sus propias normas, las autonómicas y las estatales.

8.- Dotar de un mayor presupuesto y de personal suficiente a la Dirección General de Urbanismo para que pueda desarrollar su trabajo con mayor agilidad para el beneficio de todos los ciudadanos.

9.- Requerir a los Ayuntamientos implicados el desarrollo de medidas que hagan posible la resolución de la actual situación, sea a través de los Planes Generales de Ordenación Urbana o de otros instrumentos útiles.

10.- Dar medios a los distintos tribunales para que puedan adoptar las resoluciones pertinentes que hagan posible que nuestras viviendas cumplan la legalidad vigente.

Por último, las víctimas de esta situación, le pedimos al Parlamento de Cantabria y a su Gobierno una voluntad política para solucionar este problema y para que nadie en nuestra comunidad pueda sufrir una situación tan triste e injusta. Queremos hacer entre todos una Cantabria más justa y esperamos de su actividad un apoyo activo que haga posible la desaparición de estas injusticias en nuestra Comunidad.