Cartas al Director

Todos los ciudadanos deben saberlo

Felipe Pérez

Señor director:

Lo que nos ha ocurrido a nosotros, no es que podía haberle ocurrido a cualquier ciudadano de Cantabria o del resto de España, es que le puede ocurrir mañana mismo. Como nosotros, que compramos una vivienda en situación legal, por una denuncia (Arca) y posterior juicio (al que no pudimos asistir por no ser nosotros los imputados), sentencian a las correspondientes Administraciones (Ayuntamientos y Gobierno de Cantabria) a que derriben nuestras viviendas. Curioso ¿verdad?.

Pues como le decía, mañana le puede ocurrir a usted, que amparándose en los permisos y certificados de las correspondientes administraciones ha comprado su vivienda totalmente legal, que alguien, formación política, ecologista, o ciudadano (este último no suele hacerlo), denuncie a las administraciones porque la fachada, yacimientos antiguos, etc. del edificio que había antes de su vivienda, era de especial interés arquitectónico, ecológico, etc.; habrá un juicio y podrán sentenciar a las administraciones a que derriben su vivienda y dejen el solar/edificio como estaba, curioso ¿verdad?. O que denuncien la construcción por "impacto medioambiental", porque ahora no ven el mar desde su ventana, o las vacas pastando al pasar, u otras maravillas como lo hacía antes. A quien denunciarán es a la administración que otorgó los permisos correspondientes, y sentenciarán de nuevo a la administración, a que derribe la vivienda de INOCENTES ciudadanos que pagaron con dinero legal viviendas que la administración dijo que eran legales. ¿Es justo? No, pero es legal.

Si realmente queremos justicia, debemos denunciar las irregularidades, ¿por supuesto!, y que haya intervenciones, como las de Marbella, que permitan esclarecer los hechos, y que los jueces, si hay delito, castiguen a los culpables de acuerdo con la ley, pero, por favor, que no les castiguen a derribar viviendas de INOCENTES como está ocurriendo en Cantabria.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha condenado al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Argoños a indemnizar con 9.000 euros a los dueños de una de las casas condenadas al derribo en la localidad cántabra. El inmueble es uno de los 22 que forman la urbanización Las Llamas II, sobre la que pesa una sentencia del Supremo que obliga a derruir todos los inmuebles por distintos defectos urbanísticos.

Se trata de la segunda sentencia de estas características dictada por el alto tribunal, que hace un año emitió una similar relativa a otros 144 apartamentos abocados a la piqueta en Arnuero. Entonces, el juez estimó dos tipos de indemnizaciones: 12.000 euros para quienes usan los inmuebles como primera vivienda y 9.000 para los que los utilizan como segunda. Éste último sería el caso de los propietarios de la casa de Argoños, una pareja de Leioa que solicitaba 254.000 euros por los daños y perjuicios sufridos desde que se conoció la sentencia de demolición de la urbanización, en julio de 2000.

Otros 20 recursos

El TSJC reconoce que la pareja «ha sufrido zozobra, inquietud, inseguridad y amenaza cierta de la pérdida de su vivienda, lo que supone un indudable sufrimiento moral que es susceptible de ser indemnizado a la fecha presente». Asimismo, la sentencia atribuye la responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Argoños -«que fue quien otorgó el permiso de obras anulado»- y al Ejecutivo cántabro. «El Gobierno regional era consciente de la ilegalidad de la licencia, de julio de 1997, en tanto que por acuerdo de la comisión regional de Urbanismo decidió que el estudio de detalle previo tenía actuaciones que constituyen una clara degradación del entorno», reconoce el dictamen.

El portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Enrique Vilela, estimó que la sentencia «es positiva porque reconoce que los afectados padecemos daños morales y, además, responsabiliza de ello a las administraciones local y autonómica». Sin embargo, reconoció que la cuantía de la indemnización «es decepcionante». Vilela anunció, además, que ésta es sólo la primera de una larga lista de sentencias que «vendrán en breve». «Al menos otros 20 afectados han interpuesto recursos similares», recordó.

Indemnización de 9.000 euros para los dueños de una vivienda con sentencia de derribo El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria asegura que se trata de una vivienda de segunda ocupación y que sus propietarios han sufrido daños morales

ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha condenado al Ayuntamiento de Argoños y al Gobierno de Cantabria a pagar una indemnización de 9.000 euros a los propietarios de una vivienda por los daños morales que han sufrido. La pareja es propietaria de una casa en la urbanización Las Llamas, que cuenta con sentencia de derribo del Tribunal Supremo.

La Sala estima parcialmente el recurso de los afectados, una pareja que solicitó 252.427 euros por los daños y perjuicios sufridos por la sentencia de demolición, materializando sólo los morales, y dejando los materiales al cumplimiento del derribo.

La sentencia sigue la dictada en marzo de 2005 por el TSJC respecto a la urbanización El Encinar, de Arnuero, cuyos propietarios recibirán 12.000 euros, si se trata de la primera residencia, y 9.000 euros, si era segunda vivienda y que deben pagar el Ayuntamiento de Arnuero y el Ejecutivo regional.

En Argoños, los apelantes tienen su primera residencia en Lejona, Vizcaya, y adquirieron la casa con anterioridad a la publicación de la sentencia de 5 de julio de 2000, en la que se declaró la nulidad de la licencia de obras,y se acordó la demolición de las 22 viviendas de la urbanización.

Según el TSJC, desde dicha sentencia de 2000, «los propietarios han sufrido zozobra, inquietud, inseguridad y amenaza cierta de la pérdida de sus viviendas, lo que supone un indudable sufrimiento moral que ha permanecido a lo largo de todos estos años y que es susceptible de ser indemnizado a la fecha presente porque dichos daños morales están ya consumados y forma parte del padecimiento psíquico de los afectados».

Los magistrados explican que resulta «clara y evidente la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Argoños, en cuando que fue la Administración que otorgó la licencia de obras anulada.

Respecto al Gobierno cántabro, la Sala dictaminó que era «consciente de la ilegalidad de la licencia, de julio de 1997, en tanto que por acuerdo de la Comisión Regional de Urbanismo decidió que el estudio de detalle previo tenía actuaciones que constituyen una clara degradación del entorno de Argoños». Pese a que desde la Comisión Regional de Urbanismo se instó a contratar asistencia técnica, «ninguna de dichas actuaciones se llevaron a cabo».

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), formada por los afectados por las sentencias de derribo de sus viviendas, ha asegurado que en Cantabria las administraciones pendientes de mandar la documentación al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, como el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos, han enviado ya la información requerida.

El presidente de la AMA, José Antonio Vilela, señaló que «tan sólo queda el Ayuntamiento de Escalante donde su alcalde, Pedro José Jado, ha señalado que no sólo quiere mandar información, sino posibles soluciones. Debido a que se trata de una Corporación pequeña, se ha retrasado el envió y lo hará la próxima semana».

La AMA considera «muy importante la actuación de esta institución encabezada por Enrique Múgica, por su credibilidad por ser el alto comisionado de las Cortes Generales, al servicio de los ciudadanos, para defender sus derechos y libertades frente a la actuación de cualquier Administración, así como por demostrar su sensibilidad hacia las víctimas de las sentencias de derribo recibiendo a sus representantes y comprendiendo su situación de angustia».

Gorostiaga

Representantes de este colectivo se reunirán durante este mes de marzo con la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, en su camino por buscar soluciones al colectivo de más de 2.000 personas, que «después de más de 12 años sigue pendiente de poder dormir tranquilo en su vivienda, ya que la misma pueda ser derribada por las actuaciones de las Administraciones».

El Defensor del Pueblo reclama información sobre los derribos en la costa cántabra.

H. RODRÍGUEZ/CASTRO

El Defensor del Pueblo ha solicitado a las administraciones cántabras que le remitan de forma urgente toda la documentación relativa a los derribos de viviendas en la costa. Según ha denunciado la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), el organismo ha «requerido esa información urgentemente y por segunda vez».

«Es difícil entender que unos informes que esa oficina ya pidió en septiembre de 2005 no se le hayan facilitado aún», criticaron los afectados, en su mayoría familias vizcaínas. AMA acudió el año pasado a la institución, presidida por Enrique Múgica, en busca de respuestas a la grave situación en la que les dejaron las 17 sentencias que obligaban a echar abajo sus casas.

El grupo, que el pasado febrero se reunió con el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, reclamó tanto al Gobierno regional como a los ayuntamientos implicados «la mayor celeridad en la resolución de todos los trámites administrativos». De ellos depende «que se solucione la situación que padecen más de 2.000 personas», advirtieron

Compromiso de Revilla con la AMA para evitar los derribos de sus viviendas
ROBERTO ALONSO/SANTANDER

«El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, asegura que nuestra situación es un error administrativo y estudiará con los técnicos y hablará con las instituciones implicadas para resolver la situación». Así lo anunció ayer el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, que junto a Joaquín Alfageme, de Argoños, y Marcos Campo, de Liencres, se entrevistó ayer con Revilla. en la sede del Gobierno de Cantabria.

Los representantes de la AMA le indicaron al presidente cántabro que tienen mucha esperanza en los Planes Generales de Ordenación Urbana que «se están redactando con el fin de que no exista nada indebidamente construido». Vilela puso como ejemplos, que «en Escalante se intentará corregir la excesiva volumetría del edificio Las Torres, y que en Argoños se resolverá la distancia entre colindantes o el impacto visual que pueda existir».

En lo referente al municipio de Piélagos, que lleva muchos años sin aprobar su PGOU, la AMA ha pedido a Revilla que si en un plazo prudencial el Ayuntamiento y la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo no aprueban el plan, se le quiten las competencias urbanísticas. «La Junta de Andalucía, por un lado, ha resuelto casos de urbanizaciones que estaban en nuestra misma situación y por otro lado ha quitado las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella», declaró Antonio Vilela, que se mostró partidario de aplicar el derecho comparado.

Parlamento

Otro de los aspectos tratados fue que el Parlamento de Cantabria apruebe unas modificaciones urbanísticas que hagan posible la legalidad de las viviendas y que se pronuncie reconociendo la situación de injusticia que vive el colectivo y que se les conceda a los afectados el status de víctimas. Igualmente, Vilela anunció que consideran oportuno que se cree un organismo que les ayude en su sus problemas legales, administrativos y de salud.

Para trabajar en una solución que pase por evitar la demolición de sus casas, desde la AMA pidieron que se destine un mayor presupuesto y personal suficiente a la Dirección General de Urbanismo.

El encierro empezará las 20 horas y terminará el domingo, día 18, a las 10 de la mañana.

Para pasar la noche se habilitarán tiendas de campaña, y se realizarán diversos actos, como charlas y coloquios sobre temas medioambientales en la zona y cuestiones arquitectónicas de las viviendas por expertos en las distintas materias.

Durante el encierro se visionará el borrador del DVD 'Historia de una injusticia' que está realizando Ángel Macias sobre la historia del sufrimiento de las víctimas por las sentencias de derribo.

Con esta movilización, los afectados hacen un llamamiento al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos, para que trabajen, ya que «más de 12 años en esta situación es algo inaceptable».

Los vecinos consideran que están «ante un problema político, como consecuencia de decisiones de cargos públicos, ya sean del Gobierno de Cantabria o de los Ayuntamientos, y ellos tienen que soluciones jurídicamente aceptables».

La AMA reclama al Parlamento de Cantabria un pronunciamiento claro sobre esta situación con el fin de apoyar una solución. El colectivo es partidario de soluciones dialogadas, «como la estación depuradora de Vuelta Ostrera, haciendo compatible el interés general de Cantabria y las resoluciones judiciales».

CANTABRIACONFINDENCIAL.COM

Sábado 22 de octubre de 2005

ASOCIACIÓN DE MALTRATADOS POR LA ADMINISTRACIÓN SE MANIFESTÓ EN ARGOÑOS

AMA pide al Gobierno seguridad jurídica total

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), formada por 500 familias sobre cuyas casas pesan sentencias de derribo en Cantabria, se manifestaron hoy en el Ayuntamiento de Argoños, desde donde pidieron al Gobierno de Cantabria que se ponga "en la situación de las víctimas de derribo" y les otorgue "una seguridad jurídica total".

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de AMA, Antonio Vilela, manifestó que los afectados por las sentencias de derribo en Cantabria se encuentran ya "muy cansados" y mermados "anímica y psicológicamente" puesto que el proceso está avanzando "más lentamente de lo que parece de justicia".

Por ello, los integrantes de AMA solicitaron hoy al Ejecutivo regional "ante todo, seguridad jurídica" porque "es importante buscar una solución, pero también hacerlo bien". "Que nadie pueda llamar a nuestra puerta un día y decirnos que hay fuera una escavadora para tirar nuestras casas", pidió.

Para ello, "el Parlamento tendrá que legislar y que lo haga incluso si tiene que legislar urbanización por urbanización", con el objetivo de que la garantía jurídica "sea total".

Así, solicitaron al Gobierno que no les "venda humo". "Que no nos digan que está todo solucionado y mañana no sea así; no sería soportable por nosotros que hoy nos dijeran que está solucionado y dentro de tres días alguien fuera a un juzgado y nos encontrásemos con otra sentencia de derribo", explicó.

En este sentido, manifestó que al problema de los afectados por sentencias de derribo en la Comunidad Autónoma "hay que darle solución porque es de justicia y porque encima hay soluciones".

"Jurídicamente hay muchas posibilidades de legalizar la totalidad de las viviendas: se ha hecho en otras comunidades con una situación mucho peor", como por ejemplo "en Andalucía y la Comunidad Valenciana, donde se ha hecho una Ley de Punto Final". "Si eso se ha podido hacer en otras comunidades por qué en la nuestra no se puede hacer", se preguntó Vilela.

Por último, este portavoz aseguró que a pesar del cansancio, AMA seguirá manifestándose para no caer "en el olvido de las administraciones" y conseguir "una solución" a su problema.

QUE LA ASOCIACIÓN DE MALTRATADOS POR LA ADMINISTRACIÓN –AMA- TRABAJA DESDE SU CREACIÓN POR UNA CANTABRIA MEJOR, CON LA MANO TENDIDA A TODO EL MUNDO.

DONDE MEDIANTE EL DIALOGO Y EL ACUERDO BUSQUEMOS SOLUCIONES PARA TODOS, POR UNA CANTABRIA MAS JUSTA Y SOLIDARIA

¿CÓMO ES POSIBLE QUE UNA ASOCIACIÓN QUE DICE LLAMARSE ECOLOGISTA PIDA EL DERRIBO DE LAS VIVIENDAS DE CIENTOS DE PERSONAS INOCENTES?, Y ENCIMA LO HAGA A TRAVÉS DE FIGURA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. SRES. DE ARCA HAN PERDIDO UDS. EL NORTE.

ESA ASOCIACIÓN QUE UTILIZA EL ECOLOGISMO COMO ARMA CONTRA CIUDADANOS INOCENTES, QUE NO HA TENIDO NI LA SENSIBILIDAD, NI LA EDUCACIÓN DE RECIBIR A LAS VICTIMAS COLATERALES QUE HAN CREADO.

QUE SE DEDICA A INTENTAR TORPEDEAR CUALQUIER SOLUCIÓN QUE SE PUEDA CONSEGUIR MEDIANTE LA LEGALIDAD VIGENTE.

SE NOTA EL NERVISISMO DE QUIEN NO TIENE LA CONCIENCIA TRANQUILA Y ATACA AL MÁS DÉBIL Y POR LO CUAL PAGARÁ SU COSTE SOCIAL.

NOSOTROS NO CAEREMOS EN SUS PROVOCACIONES, NI NOS HAREMOS ECO DE RUMORES, SOLAMENTE QUEREMOS SEGUIR TRABAJANDO PARA DAR SOLUCIONES A LOS CIUDADANOS, QUE NO DERRIBEN SUS VIVIENDAS, NI TENGAN QUE PAGAR CUANTIOSAS INDEMNIZACIONES, SIEMPRE RESPETANDO A LAS PERSONAS, INSTITUCIONES, Y DESDE LA LEGALIDAD EN TODAS NUESTRAS ACTUACIONES.

ESE COLECTIVO LLAMÁNDOSE ECOLOGISTA SE DEDICA A PEDIR EL DERRIBO DE LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS INOCENTES EN CANTABRIA.

ARCA pide al Defensor del Pueblo que exija la demolición de las urbanizaciones ilegales

-->>[ARCA] [09-09-05]
La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) ha remitido una carta al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, solicitando que elabore un informe sobre el desastre urbanístico padecido por la región y que, entre sus conclusiones, recoja la exigencia de que Gobierno y Ayuntamientos asuman íntegramente el contenido de las sentencias de demolición y las ejecuten sin dilación de ningún tipo De este modo ARCA interviene en el procedimiento abierto con la entrevista celebrada en Santander por el Defensor del Pueblo y miembros de la denominada Asociación de Maltratados por las Administraciones (AMA).

ARCA informa a Múgica de las 16 urbanizaciones sentenciadas a demolición, pero también de la anulación de los Planes Generales de Ordenación Urbana de Camargo, Arnuero, Argoños, Alfoz de Lloredo, Udías, San Vicente de la Barquera, Camaleño y Cillorigo de Liébana, así como otras herramientas de gestión urbanística. El objetivo de ARCA es demostrar que en el urbanismo de Cantabria la ilegalidad era la norma y no una excepción.

En cuanto al rechazo de ARCA a cualquier proceso legalizador, la asociación ecologista hace suya la intervención en Santander del Magistrado del Tribunal Supremo, Fernando Ledesma, en el sentido de que es vital hacer cumplir la legalidad en el urbanismo, ya que si las sentencias de derribo no se ejecutan se crearía un precedente peligrosísimo, porque nadie respetaría la ley de saber que no ocurre nada si se infringe.

Por último ARCA comprende que los propietarios de las viviendas con sentencia de demolición se resistan a ser víctimas del desastre urbanístico sufrido por Cantabria y merecen ser indemnizados con rapidez y en la cuantía necesaria. Por el contrario, cualquier maniobra política para incumplir las sentencias judiciales solo merece el desprecio y la condena de todos los cántabros.

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MALTRATADOS POR LA ADMINISTRACIÓN

«Reivindicamos la legalización de todas las viviendas»

El grupo está formado por los vecinos que sufren sentencias de demolición. Hoy se inicia una marcha a pie hasta Santander que finalizará mañana

ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS

La solidaridad entre los afectados por las sentencias de derribo de varias urbanización existentes en Cantabria, sus ganas por luchar por la legalización de sus viviendas y su interés por expresar públicamente la situación que están padeciendo, les ha llevado a crear la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).

El colectivo engloba a 913 socios de diecisiete urbanizaciones y su presidente es Antonio Vilela Fernández, un gallego de 46 años, afincado desde los 4 en Santurce, residente habitual en la urbanización Pueblo del Mar 1, en Argoños, y que veranea en Cantabria desde el año 2000.

-¿Quién forma AMA?-

Hay 913 socios de diecisiete urbanizaciones, diez en Argoños, con 156 viviendas con sentencia firme de derribo y 100 en proceso; una en Arnuero, con 144 apartamentos; una en Escalante, con 34 pisos y bajos comerciales, donde incluso hay un bar; cuatro en Liencres, con 88 viviendas, y una en Miengo, con otros 30.

-¿Cuáles son sus objetivos?

-Buscar una solución legal a las viviendas, que no pase por el derribo, sin buscar enfrentamientos, y eliminar así la angustia que vivimos desde hace varios años.

-¿En qué consiste la movilización de hoy?

-La primera movilización fue una concentración conjunta en Liencres en junio, pero lo de hoy es un salto cualitativo. Es muy importante la marcha a pie hasta Santander por la gran participación que tendrá y la repercusión social. Superará las 300 personas caminando y mañana, lunes, tras hacer noche en el polideportivo de Latas, en Somo, casi 1.000 nos concentraremos frente al Gobierno de Cantabria.

-¿Y una vez allí?

-A las 13 horas nos recibirá el consejero de Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Vicente Mediavilla (PRC), pero también queremos entrevistarnos con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), y la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga (PSOE).

-¿Qué se persigue?

-Reivindicamos la legalización de todas las viviendas. Existen precedentes en otras Comunidades donde situaciones similares se han solventado sin esperar tanto saños. El Gobierno de Cantabria debe dar instrumentos a la justicia para solventarlo. No es un problema jurídico, es político. Los culpables son las Administraciones locales y autonómica, y el Ejecutivo regional tiene la última decisión.

-¿Qué pensáis cuando se empieza a hablar de indemnizaciones?

-No nos gusta. Tenemos nuestras viviendas con todos los permisos y sólo queremos vivir en nuestras casas. No entramos a valorar las indemnizaciones y nuestro lema es 'La solución es la legalización', que en muchos casos en fácil y no se ha realizado por la desidia del Gobierno de Cantabria que ha mirado hacia otra parte.

-¿Y cuándo se empiezan a barajar los precios de vuestras viviendas?

-Es un problema social grave y la gente está padeciendo depresiones y estrés. Sí verdaderamente se pagará lo que cuestan hoy en día, se generará un problema económico en la Administración. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Argoños estaría sin presupuesto durante 20 años.

-¿Y las consecuencias para Cantabria?

-El colapso de muchas instituciones y por este motivo el Gobierno de Cantabria, con sus técnicos, debe solventarlo. Deben fijarse en Cataluña con la situación de 'El Carmel', donde se ha dado una solución rápida y justa a los afectados.-

¿Pagarán por esta situación los culpables?

-No. Todo se ha hecho bastante mal y prescribirán los delitos. No se ha creado ninguna comisión de investigación y ni un solo responsable del Gobierno de Cantabria ha sido, por ahora, condenado. Las medidas penales se deben tomar antes para que paguen los culpables y no los vecinos inocentes.

-¿Qué imagen se está creando de Cantabria fuera de la Comunidad?

-Nos preocupa. Queremos hacer una Cantabria más justa. Nos da vergüenza ver la situación de Cantabria cuando se han resuelto hechos parecidos en otras Comunidades, Por ello, Revilla debe buscar soluciones y acercarse a los afectados. Hace falta voluntad política para solucionar este problema y la mayor laguna del presidente cántabro en su gestión ha sido la situación que está haciendo pasar a estos vecinos. Esperamos que pueda cambiar y ponga a trabajar al gobierno.

-¿Qué imagen tienes de Cantabria?

-Me siento como un cántabro más y quiero residir aquí. Lamento que en una tierra como Cantabria no se haya sabido solventar este problema vecinal.

-¿Y qué opina sobre el grupo ecologista ARCA?

-La actitud de los responsables de ARCA con las víctimas ha sido triste y pagarán un gran peaje social por ello.