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CONFLICTO,
DIALOGOS Y PROCESO AUTONÓMICO EN EL WAJMAPUCE
Luego del periodo de "domesticación política"
en que cayó gran parte del movimiento mapuce, desde 1997 se iniciaron
una serie de movilizaciones para enfrentar la imposición de proyectos
públicos y privados en distintas regiones del Wajmapuce, destacando
el conflicto generado por la imposición del Proyecto Hidroeléctrico
Ralko en la Región Pewence del Alto Bío Bío y la invasión de las
empresas forestales. En el transcurso de estos años, mucho se
ha hablado de "conflicto" para caracterizar este proceso movilizador,
pero la más de las veces sólo para destacar los supuestos rasgos
violentos y de desobediencia de las acciones mapuce, tratándolas
además de actitudes minoritarias. Pero el conflicto existe, y
es de naturaleza política y global. Más allá de quien toma la
iniciativa en la movilización y las formas y rasgos que adopta
esta, así como lo selectivo que han sido la represión hacia algunas
comunidades y parte del movimiento, la contienda de fondo confronta
a dos sujetos; el Estado Chileno y la Nación Mapuce, situación
que deriva de la negación, por parte del Estado, de la sociedad
mapuce como sujeto colectivo depositario de derechos políticos.
Lo que ha variado en los últimos años en la
dinámica del conflicto de fondo es la concepción con la cual parte
del movimiento mapuce ha logrado develar su naturaleza, transmitiendo
a la sociedad que la confrontación con el Estado tiene una base
política, criticando el carácter negador de este Estado, cuestionando
su legitimidad y legalidad en el Wajmapuce, y sobre todo promoviendo
los derechos que le corresponden a la sociedad mapuce en tanto
Nación; el derecho a autoafirmarse como tal, a reivindicar y poseer
un territorio, el derecho a la autodeterminación, y a expresar
este derecho por medio de una fórmula de autonomía. Si bien esta
concepción no es homogénea en discurso y en propuestas, ha logrado
crear un nuevo escenario, que junto con generar nuevas perspectivas
en el proceso de liberación mapuce, ha hecho que las medidas de
las últimas administraciones estatales sean cada vez más insuficientes.
Es un escenario en que comienzan a delimitarse y ha confrontar
con mayor nitidez dos opciones estratégicas. Por un lado, la consolidación
del modelo unitario del Estado y la economía neoliberal, por medio
de la reformulación del integracionismo institucional y una mayor
intensidad de la asistencia social y económica que viene promoviendo
la Concertación en los últimos diez años. Por otro, la autonomía
política-territorial de la Nación Mapuce, sobre la base del ejercicio
de sus derechos políticos. En este escenario de confrontación,
hay que ubicar la estrategia político-represiva aplicada por los
gobiernos de la Concertación; las iniciativas jurídicas, como
el reconocimiento constitucional de pueblo y la ratificación del
Convenio 169; las medidas represivas como la aplicación de la
Ley de Seguridad del Estado y las operaciones policiales; las
medidas y los majaderos llamados al diálogo, son las parte de
un todo, que busca desarticular el proceso político autonomista
mapuce o en el mejor de los casos neutralizarlo.
A la luz de los acontecimientos, si bien se
han dado algunos golpes represivos y el gobierno ha logrado imponer
sus fórmulas, mirada en la globalidad de sus resultados, esta
estrategia sigue caracterizada por el fracaso. En este contexto
hay que considerar la constitución de la Comisión de "Verdad y
Nuevo Trato". Esta iniciativa se concretó el 18 de enero y en
ella participarán políticos, académicos, empresarios, representantes
de las iglesias y dirigentes indígenas. A ella se restaron el
Consejo de Todas las Tierras, Identidad Lafkenche y la Asociación
Ñankuchew de Lumako, argumentando la falta de participación previa
y las ambigüedades en torno a sus objetivos y alcances. Esta nueva
medida adoptada por el gobierno confirmó la esterilidad y fracaso
del "Plan de Desarrollo Indígena", anunciado en el gobierno de
Eduardo Frei, como culminación de los "Diálogos Comunales", y
lo inútil y sin sentido político de la propia "Mesa de Diálogo"
establecida al inicio del tercer gobierno concertacionista. Además
reafirma el agotamiento de las vías jurídicas y políticas que
diseño la Concertación hace una década para resolver la "problemática
mapuce"; la ley indígena 19.253 y la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena (Conadi), que en los últimos años han sido ineficaces
para responder a las características, necesidades y aspiraciones
de la sociedad mapuce contemporánea. De esta nueva iniciativa
¿Se pueden esperar otros o mejores resultados para los intereses
mapuce?. No, si nos detenemos aunque brevemente a analizar los
verdaderos objetivos y contexto de las anteriores así como de
la actual.
En el caso de los "Diálogos Comunales Mapuce",
sólo se promovieron cuando la represión jurídica y policial contra
las comunidades no rendía fruto alguno y por el contrario generaba
repulsión general. Por lo tanto, esta medida no significó un cambio
serio de actitud del gobierno frente a la situación mapuce, sino
que pretendió desactivar las movilizaciones, como paso táctico
para encausar estas en la estrategia integracionista del gobierno,
la cual protege intereses políticos y económicos en el Wajmapuce.
Respecto a la "Mesa de Diálogo", el "nuevo estilo" que Ricardo
Lagos quiso otorgarle a la dirección del gobierno, requería en
este y otros temas, formas de trabajo que lo distancie de manera
clara de la política mediocre, intolerante y represiva aplicada
por el gobierno de Frei. Lagos no deseaba atesorar esa herencia,
pero tampoco pretende modificar el marco doctrinario de la Concertación
frente a la "problemática mapuce" y sobre todo los objetivos estratégicos
integracionistas de carácter político y económico que promueve
el Estado. Esta definición se refleja en la continuación de la
estrategia represiva para detener las fuertes movilizaciones que
han comenzado nuevamente en los últimos meses. Respecto a la actual
Comisión de "Verdad y Nuevo Trato", si bien se venía trabajando
desde la finalización de la "mesa de diálogo", sólo se lanzó de
modo oficial en momentos en que la movilización mapuche nuevamente
arreciaba, como una clara forma de contrarrestarla, apostando
el gobierno a que la incorporación de un espectro mapuche más
amplio tendría efectos paralizantes en el proceso. Sin embargo,
el retiro del Consejo de Todas las Tierras, la Asociación Ñankuchew
y la Identidad Lafkenche, más la exclusión desde la partida de
la Coordinadora Arauko-Malleko y otro conjunto de organizaciones
de carácter local, ha generado nuevamente un escenario en que
dialogarán el gobierno, sus amigos tanto civiles como empresarios
y los mapuce concertacionista. Ante actores tan poco heterogéneos
de pensamiento y opciones política el consenso esta asegurado
como objetivo de las comisión, pero será esteril para soluciones
políticas reales.
En síntesis el "Plan de Desarrollo Indígena",
la "Mesa de Diálogo Indígena" y la Comisión de "Verdad y Nuevo
Trato", corresponden a parte de la estrategia del Gobierno y no
de los mapuche, son los mecanismos para imponer a la Nación Mapuce
un callejón en que la única salida es la asistencia social y económica
que siempre se ha ofrecido. Con ellas el gobierno sólo pretende
ganar tiempo, ocultar el fondo del conflicto y con esto mantener
la estrategia de integracionismo institucional del conjunto del
Estado, la cual viene aplicándose desde 1990 por la Concertación,
por medio de su limitada doctrina de "reconocimiento de la diversidad
de la nación chilena", que se reduce a reconocer la existencia
mapuce, pero no los derechos políticos que emanan de su realidad
colectiva.
El Estado, en particular el gobierno no tiene
opción de solución política real para el Wajmapuce, no al menos
en el marco de su actual doctrina y sin la colaboración mapuce.
Entre el indigenismo asistencial y el proyecto autonomista, no
hay espacios posibles, más allá de imponer medidas como las analizadas,
falsas e insuficientes. En este escenario, el movimiento mapuce
tiene la responsabilidad de dar pasos que permitan robustecer
el proceso autonómico y con ello desbloquear el estancamiento
actual. En primer lugar, es necesario dotar al movimiento mapuce
de un marco de tratamiento político que le permita delimitar las
condiciones y qué le corresponde al Estado y qué a la Nación Mapuce
en un escenario de solución política. Una situación como esta
le exige al movimiento mapuce clarificar mediante la confrontación
de ideas y propuestas los alcances de las reivindicaciones políticas
que se han expuesto hasta hoy de modo general. En otras palabras
se debe pasar del marco constituido por los derechos políticos
: Nación, Territorio, Autodeterminación y Autonomía, a la precisión
de los alcances de cada uno de estos derecho. Si bien estos esclarecimientos
contribuirán a una mejor conducción y avance de los derechos políticos
en el escenario que hemos esbozados, para que estos se puedan
realizar y ejercitar en el tiempo, se deben generar condiciones
materiales e ideológicas importantes. En este sentido, el mundo
organizado mapuce de aspiración autonomista debe dar pasos que
le permitan crear acuerdos programáticos internos mínimos para
que el marco general constituido por los derechos se coloque en
práctica en los distintos escenario de actuación de todos aquellos(as)
que tienen por horizonte la autodeterminación.
Por último, surge la necesidad de la fuerza
política responsable de dar una dirección al proyecto autonomista
y que se perfile como interlocutor serio, eficaz y determinante
en una solución política verdadera. En este sentido la maduración
política de diversas organizaciones distanciadas de la política
estatal pueden contribuir a articular las bases de una fuerza
importante. Este salto todavía inmaduro, pero de alcance estratégico
puede abrir mejores escenarios políticos para el proceso de liberación
mapuce. Centro de Estudios y Documentación Mapuche Liwen Temuko
Waria, Wentemapu, Wajmapuce.
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