Diputado Alejandro Navarro
PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA
Diputado Alejandro Navarro y radicalización
de situación en la IX Región:
"Conadi camina sin rumbo en el conflicto
mapuche"
Parlamentario dijo que inexistencia de
puentes de diálogo agravarán el conflicto en las
VIII y IX regiones. Agregó que "militarización
del conflicto tensiona a Carabineros, ocasiona fuertes gastos
y daña la imagen internacional más gravemente
que el caso Pinochet"
Su convicción de que no es posible abordar
soluciones al conflicto indígena "con una Conadi partida
en dos" manifestó el diputado socialista Alejandro Navarro.
El parlamentario agegó que "si el Gobierno cree que habrá
diálogo en lo inmediato se equivoca, eso es un sueño,
una ilusión. Si no se abre un espacio real de diálogo
con las comunidades en conflicto, la radicalización será
inminente".
Frente a este difícil cuadro, Navarro
planteó en primer término "que el ejecutivo debe
asumir que una instancia gubernamental como la Conadi no puede
funcionar teniendo a 8 consejeros nacionales electos que apoyen
la demanda indígena –Hilario Huirilef, José Santos
Millao José Llancapán, Alberto Hotus, Sandra Berna,
Carlos Inquiltupa, Juan Maquel y Miguel Liguempi- y los otro 8
–José Weinstein, Arturo Barrera, Humberto Vega, Carolina
Tohá, Paulina Saball, Marcos Huaiquilaf, Isolde Reuque,
además del Director Nacional Edgardo Lienlaf, sean consejeros
incondicionales, por sus funciones gubernamentales, del Ejecutivo
y sus políticas, o de la falta de ellas".
"Claramente –agregó- la Conadi partida
por la mitad no es el espacio adecuado, al igual como tampoco
lo es el gobierno regional, para abrir el diálogo que se
requiere. Además, duele decirlo, pero la situación
de esta repartición es más grave que en los gobiernos
de Aylwin y Frei, especialmente si sólo consideramos a
los directores nacionales de ancestros mapuches, la postura de
Lienlaf, está muy lejos de lo mostrado en su gestión
por Huenchulaf y Namuncura. Esta deplorable situación en
que se encuentra hoy la Conadi hace que las condiciones para cualquier
diálogo sean más difíciles hoy".
"Lamentablemente –dijo el diputado- el gobierno
pudo haber aprovechado el cambio de gabinete y el reacomodo de
otros cargos en el aparato del Esado para crear un nuevo escenario
modificando la composición de la Conadi. Es una lástima
que haya desperdiciado esa oportunidad, porque mientras la Conadi
siga anteponiendo su incondicionalidad funcionaria a cualquier
otro objetivo, se aleja cada día más del sustento
que le dio sentido a su creación. Subestimar los alcances
de este conflicto ha sido un gran error".
El legislador señaló además
su preocupación por las posturas intransigentes que "cada
vez más cierran paso al entendimiento y a la generosidad,
ya que por una parte tenemos comunidades en posturas duras que
se enfrentan a forestales que siguen intentando sostener que este
es un problema sólo entre el Ejecutivo y las comunidades,
y por otra parte una Intendente que actúa con mano dura
a través de la represión policial convertida en
guardias privadas de los terrenos privados. Es esta situación
en su conjunto lo que ha ido radicalizando cada vez más
el conflicto".
El parlamentario del PS dijo a propósito
de lo anterior que le preocupa "que siga también insistiendo
en la tesis de militarizar a través de Carabineros y judicializar
a través de la acción de los tribunales esta problemática,
que a todas luces revela que ambos caminos están agotados
como fórmula de solución del conflicto.
Es preciso tener presente -indicó-
que en los últimos años el conflicto ha significado
un gasto creciente de recursos públicos a través
del accionar de Carabineros, que ha destinado centenares de funcionarios
de servicio activo como puntos fijos permanentes en la zona. Esta
situación significa la distracción de vehículos,
horas-hombre y gastos operativos que a pesar de lo planteado por
el alto mando de la institución significa reducir la presencia
de los efectivos en el cuidado de la acción de seguridad
ciudadana en varias regiones del país dado que hacia la
IX Región son movilizados efectivos de otras zonas que
significan costos totales de alojamiento, alimentación
y viáticos".
Navarro dijo que solicitará "un informe
económico oficial del gasto institucional de los últimos
5 años derivado directa e indirectamente del conflicto
mapuche. Tengo la certeza de que las cifras serán sorprendentes
para muchos".
"Carabineros –enfatizó- a diferencia
de las empresas forestales no tiene asegurada la reposición
de su material operativo y debe reponerlos sólo a costo
de su presupuesto. Las forestales en cambio, desarrollan complejos
programas de securitización total sobre sus predios, plantaciones
y bienes inmuebles"
"Por lo anterior –expresó el diputado
de la VIII Región- solicitaremos que el general Ugarte
sea citado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara
para que exponga esta situación, así como también
de cuenta de la ponderación hecha por la institución
a la carta elaborada por el General Mauricio Catalán, jefe
de la IX Zona de Carabineros, con fecha 12 de junio de 1999, dirigida
a la prefectura de Cautín, en donde reconoce los excesos
que se han cometido. en el marco de este conflicto, materializados
a través de un ‘trato grosero ofensivo, vejatorio y altanero,
tanto de los señores jefes, oficiales, personal hacia los
subvertores del orden, especialmente de la etnia mapuche. Se puede
apreciar con absoluta claridad que el personal de Carabineros
llega al lugar de los hechos con un ánimo confrontacional
predispuesto’ ".
Luego se sostiene en dicho documento ‘"que
estas actitudes hacen aparecer a Carabineros de Chile como enemigos
de la etnia mapuche en circunstancias que las acciones del pueblo
mapuche no son contra la institución"
"Si como lo señalan públicamente
están tan preocupados y han invertido en vehículos
similares a los policiales –prosiguió Navarro- no veo razón
ecónomica alguna para la ausencia para una definición
estratégica que permita que sumas similares a las que utilizan
para cubrir posibles pérdidas generadas por los incendios
forestales, que en los años pasados fue de varios millones
de dólares por cada empresa, sean asumidas como parte de
una política de cesión pactada de tierras junto
a compromisos de cuidado de las plantaciones con las propias comunidades,en
una fórmula en la que todos ganan".
"Si el Estado pudiera disponer de esos recursos
gastados en defender las tierras de las forestales –agregó-
podríamos haber comprado muchos terrenos que habrían
permitido avanzar en la solución del conflicto".
A propósito de este último tema,
el legislador recordó que "el conflicto entre las forestales
y las comunidades ha sido asociado reiteradamente a la ocurrencia
de los incendios producidos en los últimos veranos, pese
a que la comisión que investigó estos hechos a partir
de la aprobación del proyecto de acuerdo 225, en el punto
5 de las conclusiones de su informe, de fecha 26 de enero de 2000,
señala textualmente que ‘en lo atinente a la relación
que estos hechos pueda tener el conflicto de propiedad que existe
entre comunidades indígenas y privados, de los testimonios
recogidos en la investigación esta comisión no ha
podidio adquirir, hasta ahora, la convicción de que en
ellos haya habido participación o intervención directa
de miembros de comunidades indígenas. No obstante, resulta
necesario hacer presente que esta situación de conflicto
permanente puede ser causal de incendios forestales’"
El parlamentario insistió en que "además
no es justo convertir a Carabineros en el jamón del sandwich,
cuando la solución nunca va ser policial ni jurídica,
sino política. Los costos materiales cuya cuantificación
esperamos conocer con mayor precisión no son únicos,
tanto o más importante el es el costo de imagen institucional
por el accionar represivo genera una involución en el esfuerzo
constante de Carabineros por acercarse a la ciudadanía
que producto de estas acciones los percibe de manera distorsionada".
"Por otra parte –prosigió Navarro-
es necesario tener presente que la institución al interior
de sus filas manteniendo una proporción superior a la del
país en materia indígena, posee a lo menos un 17%
de funcionarios que reconocen antepasados pertenecientes a alguna
etnia".
Para el legislador otro aspecto que se ha
dejado de considerar a la hora de las evaluaciones sobre el conflicto
"tiene que ver con los costos políticos y económicos
que se generan hacia la imagen de Chile en el exterior, que aunque
para algunos parezca exagerado, son mayores que los eventualmente
generados por el caso Pinochet".
"Más aún –dijo- para la mayoría
de los países que apoyó el avance de la justicia
y la consolidación de la democracia en Chile, resulta impresentable
sea el mismo que reprime a sus indígenas al reclamar derechos
ancestrales. Además no hay que olvidar que Chile ya ha
sido objeto de denuncia en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, al considerarse que no se les ha brindado las condiciones
de un justo proceso a los indígenas enfrentados a la justicia.
Y eso todavía no ha sido resuelto".
"A diferencia del caso Pinochet –dijo el diputado-
en el conflicto indígena no hay leyes de amarres, ni situaciones
institucionales que presionen dificultando la labor del Ejecutivo.
Aquí la solución política se entiende debe
estar única y exclusivamente en manos del gobierno, por
eso no se entiende que no se avance más. Si esto sigue
así de estancado -sólo marcado por la militarización
y judicialización del conflicto- lo que entonces debiéramos
hacer, es incluir a las empresas forestales entre los llamados
poderes fácticos que en función de sus intereses
aún obstaculizan el alcanzar la plena democracia, en este
caso oponiéndose a una solución concesiones y entregas
frente a las comunidades mapuches".
"Son urgentes e impostergables –concluyó
el parlamentario- las siguientes medidas:
- La designación de
un ministro consejero con facultades especiales, que se aboque
pública, única y exclusivamente a este tema dejando
de lado la actuación de asesores reservados que claramente
han fracasado. Concentrando así el trabajo de las intendencias,
Conadi, Mideplán y Carabineros
- La reestructuración
inmediata de la Conadi, que no pase sólo por cambios
de nombre, sino por definiciones estratégicas para el
accionar de esta institución estatal
- Un llamado inmediato al cese
de las movilizaciones en las comunidades a través de
la conformación de un Comité de Crisis que permitan
la creación de un Parlamento permanente que como en los
siglos XVI, XVIII y XVIII, se convierta en el espacio esencial
de diálogos y acuerdos para, en este caso, construir
un itinerario justo y certero de devolución de tierras
y ampliación de derechos autonómicos.
Ya se han hecho todas la evaluaciones y
estudios posibles. Hay que dejar de leer y escribir y actuar,
antes que el conflicto se desborde, porque si eso llega a ocurrir,
puede convertirse en el principal problema social del gobierno,
aún mayor que el desempleo".
Diputado Alejandro Navarro
PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA
