Miserias, laureles y desastre en la Armada III
¡Qué siglo el
XIX! Son cien años de turbulencias. Cien años donde la Armada española
tocó fondo, salió del pozo para acabar hundida en el 1898 ante el avance
imperialista yankee. Nos barrieron en Trafalgar, luchamos contra nuestros
aliados del lado de nuestros enemigos para librarnos de la invasión
francesa. Se marcharon los territorios ultramarinos, y así les va. Nos
enfrentamos victoriosamente contra esos nuevos países. Conocimos ala
fragata Numancia y a Méndez Núñez. Y caímos como héroes ante la
indiferencia nacional. La armada tras ese desastre ya no sería la misma.
Todo se idearía en previsión de evitar un desastre de tal magnitud.
Sexenio Revolucionario
Desaparecidos O'Donnell (1867) y
Narváez (1868), únicos hombres capaces de salvar la corona, los
acontecimientos se precipitaron. Prim, decidido a terminar con tal estado
de cosas, logró el apoyo del Ejército, mientras que la escuadra y el
Departamento Marítimo de Cádiz, a impulsos del brigadier Juan Bautista
Topete, encabezaron un pronunciamiento que triunfó en toda España. Como
consecuencia inmediata, la reina Isabel II se exilió en París (26 de
septiembre de 1868), el general Serrano se hizo cargo del poder y Prim
formó el primer gobierno provisional (octubre de 1868).
Durante
dos años y tres meses, las Cortes y el Gobierno se dedicaron con ahínco a
la labor de dotar a España de un régimen político que permitiese resolver
los viejos problemas nacionales y afrontar los nuevos que se avecinaban en
Europa. La nueva Constitución, aprobada en 1869, propició la entronización
de Amadeo I de Saboya, el 2 de enero de 1871.
El monarca había llegado a
Cartagena procedente de La Spezia embarcado en la fragata Numancia,
justo el mismo día que le comunicaron el asesinato de Prim, su principal
valedor (30 de diciembre de 1870). La desaparición de este general que se
iba a encargar del nuevo gobierno, la oposición frontal de los carlistas y
de la vieja aristocracia y, sobre todo, la falta de apoyo popular,
provocaron la renuncia de Amadeo I, su salida de España y la proclamación
de la República, el 11 de febrero de 1873.
A lo largo de ese mismo año se
sucedieron en el ejercicio del poder nada menos que cuatro presidentes
(Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio
Castelar) y seis gobiernos. La Constitución muy progresista de 1869, fue
sustituida por otra de claro corte federal. A pesar de las buenas
intenciones de los gobernantes, sobre todo de Castelar, el advenimiento de
la República fue visto con reticencias en el extranjero, mientras que en
el interior, el nuevo régimen político se veía sobrepasado por el
recrudecimiento de la guerra de Cuba, agravada por el apresamiento por la
corbeta Tornado del vapor norteamericano Virginius, que
llevaba armas para los insurrectos, lo cual estuvo a punto de originar una
confrontación abierta con los Estados Unidos (28 de octubre de 1873).
En julio del mismo año, había
estallado la insurrección cantonal en el sur y levante de la Península; su
incidencia afectó principalmente a las capitales departamentales de
Cartagena y San Fernando (Cádiz). Los buques de la escuadra surtos en la
bahía de Cádiz sofocaron la de San Fernando, pero la del Mediterráneo
basada en Cartagena (cuatro fragatas blindadas y otras unidades menores),
hizo causa común con el cantón cartagenero y la guerra civil se prolongó.
La actuación de la escuadra leal al gobierno de Madrid, al mando
sucesivamente de los almirantes Lobo Malagamba y Chicarro, y del Ejército,
pusieron fin a la intentona secesionista el 12 de enero de 1874.
Anteriormente, el 14 de abril de
1872, Carlos VII, pretendiente al trono, había irrumpido en España
provocando el alzamiento de las Provincias Vascongadas, Navarra y el
Maestrazgo, lo que dio origen a otra guerra carlista. El Cantábrico se
convirtió de nuevo en el escenario de la actuación de la Escuadra, esta
vez al mando del capitán de navío de primera clase Victoriano Sánchez
Barcaíztegui. En una campaña enérgica realizada desde la base avanzada de
Santander apoyó al Ejército en los cometidos de rechazar las fuerzas
carlistas y el transporte de tropas, al mismo tiempo que establecía el
bloqueo de la costa. Para levantar el sitio de Bilbao, en febrero de 1874,
se designó al contralmirante Juan Bautista Topete como jefe de las
operaciones navales en el norte, mientras Sánchez Barcáiztegui seguía al
mando de las fuerzas de la Armada destacadas en el Cantábrico,
constituidas por dos fragatas, siete vapores, siete goletas de hélice y
otros buques menores. La Infantería de Marina tuvo una destacada actuación
a partir del 25 de marzo del mismo año, sobre todo en Somorrostro y San
Pedro Abanto. Muerto Sánchez Barcáiztegui frente a Motrico por el fuego
enemigo, le sucedió en el mando el contralmirante Polo de Bernabé, quien
prosiguió las operaciones con una agrupación naval reforzada hasta la
finalización de la contienda, el 27 de febrero de 1876, ya reinando
Alfonso XII.
Tal
cúmulo de acontecimientos provocó el fracaso de aquel proyecto de
federalismo republicano, identificado por el pueblo con el caos y el
desorden; la República sería rematada por el golpe de estado del general
Pavía (3 de enero de 1874) y el pronunciamiento del también general
Martínez Campos en Sagunto, hábilmente conducido por Antonio Cánovas del
Castillo, que puso en el trono de sus antepasados a don Alfonso XII, el 29
de diciembre de 1874. Con él se inauguró el periodo de la Restauración que
perdurará hasta la mayoría de edad de su hijo póstumo Alfonso XIII, en
1902, tras la regencia de la reina María Cristina de Austria (1885-1902).
La
restauración
Alfonso
XII regresó a España por el puerto de Barcelona, el 9 de enero de 1875,
embarcado en la fragata Navas de Tolosa. El primer objetivo de su
reinado fue conseguir la pacificación del reino, finalizando la guerra
carlista (febrero de 1876) y la de Cuba (paz de Zanjón, 12 de febrero de
1878), para posteriormente lograr una estabilidad política mediante una
nueva Constitución. Este ordenamiento fundamental proclamado en 1876,
hábilmente inspirado por Cánovas del Castillo, apoyado por el monarca y
secundado por el Ejército y la Armada, creó un turno de gobierno
bipartidista (Cánovas y Sagasta), no muy democrático, pero que permitió un
leve despegue industrial y económico de la nación.
En lo que respecta a la Armada,
la escasez presupuestaria y el continuo cambio en la cartera ministerial
de Marina, impidieron la articulación de una fuerza naval proporcionada
para paliar el riesgo de las amenazas que se cernían sobre el futuro de
España. No obstante, continuó el proceso de construcción de buques, en su
mayoría de concepción anticuada y de dudoso valor militar. En 1882 nuestra
situación naval era tan precaria, que se desató una notable campaña de
prensa para concienciar al Gobierno y las Cortes de la necesidad de
reconsiderar nuestra política a este respecto.
Sin embargo, es de justicia
reconocer, en descargo de los hombres de valía al mando de la Marina
durante el reinado de Alfonso XII, que cualquier intento de llevar a buen
término un programa naval coherente tropezaba con dificultades de
indudable trascendencia, como eran los destrozos ocasionados en los
arsenales de La Carraca y Cartagena por la revolución cantonal de 1873, el
desgaste del material naval en estos sucesos y en las campañas de Cuba y
el Cantábrico, la falta de una adecuada mentalidad marítima en las clases
políticas dirigentes, las escaseces presupuestarias, la lentitud en los
trámites administrativos de concesión de créditos y, por último, la
carencia de una tecnología avanzada, que obligaba a contratar la
construcción de los buques principales en el exterior.
La Armada también se vio
arrastrada por las teorías propugnadas por la Jeune École francesa
que sostenía la idea de abandonar la construcción de acorazados, para ser
reemplazados por buques más pequeños, veloces y dotados de torpedos, con
numerosas bases de apoyo, bien equipadas, tanto en la metrópoli como en
ultramar. Contrario a tales ideas, Juan Bautista Antequera emprendió el
camino correcto al tomar posesión del Ministerio de Marina, el 18 de enero
de 1884, ordenando la construcción del acorazado Pelayo y la
redacción de un ambicioso Programa Naval (mayo de 1884) - preveía la
incorporación de siete unidades más de este tipo, entre otras-, pero
desgraciadamente todo se vino abajo por la muerte prematura del rey don
Alfonso XII, acaecida el 25 de noviembre de 1885.
La Regencia de la reina doña
María Cristina, que transcurrirá durante la minoría de edad de Alfonso
XIII (1885-1902), se caracterizó por un deseo nacional sentido por todos
de incorporarse al ritmo marcado por Europa, en estos momentos en la cima
de su poder militar, económico y científico. No cabe duda que a ello
coadyuvó la paz interna que reinó, originada por el desengaño y el
cansancio de tantos padecimientos sufridos en un siglo de luchas
intestinas, situación que tan bien comprendieron y asumieron Cánovas y
Sagasta al firmar el "Pacto del Pardo" que aseguró la estabilidad de la
monarquía.
La
crisis de las Carolinas -intento del Imperio alemán para apoderarse de
este archipiélago del Pacífico, posesión española desde el siglo XVI-
afortunadamente abortada por el arbitraje del papa León XIII (17 de
diciembre de 1885), fue un aldabonazo a la conciencia naval del país, no
suficientemente atendido tanto por parte de los profesionales de la
Armada, como por los políticos. En efecto, el primer ministro de Marina de
la Regencia, contralmirante José María Beránger, acérrimo partidario de la
Jeune École, tuvo la iniciativa de tirar por la borda el programa
tan acertadamente elaborado por Antequera hacía tres años, y al hacerlo,
se constituyó ante la Historia y la Corporación como uno de los mayores
responsables del desastre naval que sobrevendría en 1898.
En sustitución del Plan de
Antequera, Beránger proyectó su propio plan de construcciones (1886), el
cual no contemplaba la intervención de España en un conflicto europeo, y
sí en Ultramar, por lo que propugnaba dotar a la escuadra de unidades
ligeras y veloces, muy en la línea de la Jeune École. También
fracasaría este Plan al cesar en el Ministerio y ser sucedido por Rafael
Rodríguez Arias (10 de octubre de 1886), quien, excepcionalmente, se
mantendría con la cartera de Marina durante cuatro años seguidos, hasta
1890.
En línea continuista, redactó su
programa naval, inspirado claramente en el de Beránger y plasmado en la
Ley de Escuadra de 12 de enero de 1887, que autorizaba la construcción de
once cruceros protegidos de primera clase, diez cruceros torpederos de
primera y segunda clase, ciento treinta y ocho torpederos, así como
multitud de otras unidades menores. El olvido del acorazado constituyó de
nuevo un grave error, ya advertido por parte de los oficiales más
prestigiosos de la Armada. sin embargo, el programa tuvo algunas
consecuencias positivas, como fueron un efímero despertar de la conciencia
marítima española y el asentamiento de las bases para el desarrollo de una
incipiente industria naval nacionalizada. Como los arsenales
departamentales de Ferrol, La Carraca y Cartagena no poseían la suficiente
capacidad para asumir tal cúmulo de encargos, el Gobierno hubo de recurrir
a los astilleros particulares españoles y, en parte, a la contratación
extranjera.
A este Plan de Escuadra de 1887 y
sus sucesivas modificaciones correspondieron los cruceros Infanta María
Teresa, Almirante Oquendo y Vizcaya, construidos en
Bilbao; los también cruceros Princesa de Asturias, Cardenal
Cisneros y Cataluña, encargados respectivamente a los arsenal
de La Carraca, Ferrol y Cartagena y, finalmente, el crucero Emperador
Carlos V, construido por la industria privada en Cádiz, que sería el
mayor de todos. Por minoraciones presupuestarias, de este célebre Plan
sólo se obtuvieron estos siete cruceros y diez cañoneros torpederos. A
esta lista habría que agregar otras unidades tipo crucero, construidas
como consecuencia de programas más antiguos o añadidos precipitadamente a
los efectivos de la Armada para cubrir necesidades puntuales sin tener en
cuenta su valía real, como el primer Reina Regente, botado en 1887
y trágicamente desaparecido en aguas del Estrecho de Gibraltar ocho años
después.
Tras el ministerio de Rodríguez
Arias, vinieron los de Romero Moreno, dos veces más Beránger, Cervera y
Pasquín, entre otros, para recaer la cartera de Marina de nuevo en
Beránger (1895-1897), el cual, cuando ya era tarde, esbozó un nuevo plan
que incluía, por fin, la construcción de un acorazado de 11.000 toneladas,
tres cruceros y seis torpederos, así como la modernización de las viejas
fragatas Numancia y Victoria. Fruto de este programa fue el
crucero acorazado Cristóbal Colón, encargado a Italia, que se
incorporó a la Escuadra en 1897 con el grave defecto de no llevar
instalada la artillería principal por no haber sido admitida en la
entrega, lo cual se pagaría caro en Santiago de Cuba al año siguiente.
La fundación en 1876 de la Real
Sociedad Geográfica, hizo volver los ojos de la España de la Restauración
hacia los intereses nacionales en África. Esta actividad en parte
civilizadora y en parte promotora de objetivos económicos y comerciales,
se vería frenada en Marruecos por los continuos incidentes protagonizados
por moros incontrolados que tuvieron lugar a partir de 1886. La tensión
entre España y el Imperio marroquí subió de tono progresivamente, hasta
que el 2 de octubre de 1893 fueron atacadas por los rifeños las
fortificaciones de la frontera de Melilla. La Armada colaboró en el
restablecimiento de la situación con el traslado a la plaza amenazada de
un ejército de 20.000 hombres, así como bombardeando las posiciones de los
marroquíes con la artillería de los buques de la Escuadra (1893-1894).
Mientras, los barcos sueltos enviados al Golfo de Guinea consolidaban la
presencia española en Fernando Póo (1887-1894).
CUBA Y FILIPINAS
En el Pacífico, las fuerzas
navales destacadas en Filipinas cooperaron en la ocupación de las islas
Carolinas, en particular de Ponapé y Yap (1887-1894). A partir de 1886 la
situación en el Archipiélago se hizo progresivamente más difícil, pues a
los continuos ataques de los moros de Mindanao, Joló y Borneo (1887-1896),
se unió el levantamiento de Emilio Aguinaldo y Andrés Bonifacio dirigido a
eliminar la soberanía española en su patria (agosto de 1896). Las pocas
unidades de la Armada destacadas allí colaboraron con el ejército del
general García de Polavieja -nombrado capitán general de Filipinas, el 8
de diciembre de 1896- en las operaciones iniciadas para reprimir la
sublevación.
No era mejor el estado de Cuba,
pues la insurrección iniciada el 24 de febrero de 1895 ("el grito de Baire"),
obligó al gabinete conservador presidido por Antonio Cánovas del Castillo
a enviar a las Antillas un ejército al mando de Martínez Campos, nombrado
capitán general de la isla, con amplios poderes para conseguir una paz
duradera de acuerdo con las instrucciones de Madrid. El fracaso de las
concepciones estratégicas y tácticas del general Martínez Campos, obligó a
su relevo en febrero de 1896 por Valeriano Weyler, quien sin perder tiempo
persiguió duramente las guerrillas cubanas de Maceo, Máximo Gómez y
Calixto García, empleando el procedimiento de aislarlas entre sí por medio
de trochas que dividían el país, y destruir sus recursos agrícolas
y ganaderos en el campo.
El plan emprendido por Weyler
parecía ser efectivo -Maceo moría en diciembre de 1896 al intentar romper
la presión a la que era sometido-, pero el intervencionismo de los Estados
Unidos, tanto con ayuda militar más o menos encubierta como en el campo
diplomático, neutralizaron estas expectativas de éxito. Precisamente la
misión de las fuerzas navales españolas destinadas en Las Antillas
consistió en evitar ese flujo de armas, explosivos y bastimentos que
hacían posible la supervivencia de la rebelión, sin olvidar otras de apoyo
al Ejército como eran el bombardeo de las posiciones enemigas desde la mar
y el suministro de víveres y municiones a los destacamentos aislados. Para
cubrir tantas necesidades, el gobierno reforzó durante 1896 los efectivos
navales allí estacionados y envió tropas de Infantería de Marina que
intervinieron en las operaciones colaborando con el Ejército.
En el terreno diplomático, cada
vez se mostraban más claras las intenciones norteamericanas; buena prueba
de ello fue la nota del Secretario de Estado Richard Olney (4 de abril de
1896), en la que Washington ofrecía sus buenos oficios para terminar el
asunto cubano si se concedía una gran autonomía a la isla, con lo que
España haría innecesaria la intervención de los Estados Unidos en la
guerra. Cánovas, por supuesto, rechazó la nota, confiando en la victoria
militar, y emprendió una ofensiva diplomática en Europa para lograr apoyos
a su política ultramarina, en lo cual fracasó totalmente, quedando España
sola ante el poderoso oponente americano.
En un proceso paralelo y similar
al cubano, el general García de Polavieja aplicaba en Filipinas la misma
política de mano dura de Weyler en Cuba, y para empezar fusiló a José
Rizal (30 de diciembre de 1896), acción errónea e injusta; en el campo
militar tuvo más éxito, aunque no el suficiente como para sofocar la
insurrección de la totalidad de las islas.
Las tímidas reformas
administrativas emprendidas por Antonio Cánovas a principios de 1897
derivadas de los progresos militares españoles tanto en Cuba como en
Filipinas, se vieron ensombrecidas a mediados del año por el asesinato del
estadista, el 8 de agosto; la llegada al poder de Sagasta (4 de octubre de
1897), significó un cambio radical de la política ultramarina llevada
hasta el momento: a la sustitución de Weyler por el general Blanco en
Cuba, y la de García de Polavieja por Primo de Rivera en Filipinas,
siguieron la declaración de la autonomía de Cuba, el 26 de noviembre, y el
acuerdo de Biac-Na-Bato, el 23 de diciembre, por el que Aguinaldo se
retiraba de Filipinas. Era el esfuerzo supremo de España para alcanzar la
paz y preservar sus provincias ultramarinas ante la amenaza permanente de
los Estados Unidos.
No obstante las reformas en el
status de Cuba, las intolerables exigencias de una pacificación
inmediata de la Gran Antilla habían ido en aumento a partir de la llegada
de McKinley a la presidencia norteamericana (4 de marzo de 1897), y
provocaron fuertes manifestaciones populares de protesta en La Habana. A
petición del cónsul norteamericano, se presentó en el puerto de esta
capital el crucero acorazado Maine, so pretexto de proteger los
intereses estadounidenses en la isla; pero desgraciadamente este navío
volaba el 15 de febrero de 1898 por explosión interna de las carboneras o
pañoles de municiones, sirviendo de pretexto a Estados Unidos para
declarar la guerra a España el 21 de abril siguiente, después de una
insidiosa campaña de prensa en la que se acusaba calumniosamente a las
autoridades españolas de haber provocado el siniestro, opinión corroborada
por el dictamen interesado y claramente partidista de una Comisión
americana nombrada para investigar su origen.
El tiempo transcurrido desde la
catástrofe del crucero hasta la ruptura de hostilidades fue empleado por
el gobierno de Estados Unidos en prepararse para la guerra y desplegar sus
fuerzas navales. Las primeras operaciones por su parte consistieron en
establecer el bloqueo de la costa norte de Cuba por la escuadra de Sampson,
lo que ejecutó al día siguiente de declararse la guerra, y realizar un
bombardeo indiscriminado en Matanzas (27 de abril). Mientras, el comodoro
Dewey con una escuadra de cuatro cruceros protegidos, otro más pequeño y
un cañonero, con su insignia arbolada en el crucero Olympia,
salía de Hong Kong y se dirigía a la isla de Luzón (Filipinas). El primero
de mayo de 1898, esta escuadra destruía la española que el contralmirante
Patricio Montojo había conseguido reunir en Cavite, cerca de Manila,
formada por dos cruceros sin protección, cuatro cañoneros y un aviso,
arbolando su insignia en el Reina Cristina. Días después, una
fuerza de invasión norteamericana desembarcaba y con la eficaz ayuda de
las tropas de Aguinaldo, que había regresado, ponía sitio a la ciudad de
Manila. La plaza resistió el ataque asistida por la marinería de la
escuadra hasta capitular el 14 de agosto.
Al llegar a Madrid las noticias
del combate de Cavite, el Gobierno, cediendo erróneamente a las presiones
de los que no aceptaban la pérdida de las posesiones en el Océano
Pacífico, envió a Filipinas la escuadra de reserva al mando del
contralmirante Manuel de la Cámara, constituida por el acorazado Pelayo
(insignia), el crucero Carlos V, tres cazatorpederos y diversos
buques auxiliares. Las dificultades de aprovisionamiento puestas por los
británicos en Suez y las malas noticias procedentes de las Antillas,
obligaron al Gobierno a ordenar el regreso de Cámara a la Península el 23
de julio.
En el Atlántico, la escuadra del
contralmirante Pascual Cervera -cuatro cruceros, tres cazatorpederos, tres
torpederos y un buque auxiliar- se había situado el 14 de abril en el
archipiélago de Cabo Verde, posición que abandonó el 29 del mismo mes para
entrar en Santiago de Cuba el 19 de mayo, rompiendo el bloqueo
norteamericano. Mientras duró la navegación de los buques españoles,
Sampson, ante la probabilidad de hallar en San Juan de Puerto Rico a la
escuadra de Cervera, bombardeó infructuosamente las defensas del puerto el
12 de mayo.
Un ejército norteamericano -dos
brigadas con 16.000 hombres al mando del general Shafter- apoyado por los
cubanos de Calixto García, desembarcó en Daiquiri y Siboney el 24 de
junio. A costa de fuertes pérdidas en El Caney y Las Lomas de San Juan (1º
de julio), los estadounidenses sitiaron Santiago de Cuba, donde se
encontraba Cervera bloqueado a su vez por la escuadra del almirante
Sampson. En tan críticas circunstancias para ambos bandos -Shafter tenía
grandes dudas de poder continuar el asedio de la plaza ante el importante
número de bajas sufrido por sus tropas-, el general Blanco ordenó el 2 de
julio la salida inmediata de la escuadra rompiendo el bloqueo. Cervera
obedeció aun a sabiendas que iba hacia un desastre seguro, habida cuenta
la desproporción de las fuerzas en presencia. El tres de julio de 1898, la
escuadra española -cuatro cruceros protegidos y dos torpederos-resultaba
destruida por el fuego concentrado de los cuatro acorazados, dos cruceros
protegidos y varios buques menores a las órdenes de Sampson.
Otro ejército expedicionario
americano, al mando del general Miles, desembarcó en Guánica (Puerto Rico)
el 25 de julio, y emprendió la marcha hacia San Juan, interrumpida el 12
de agosto al suspenderse las hostilidades. Tal cúmulo de desgracias
obligaron a España a firmar en París, el 10 de diciembre de 1898, un
tratado de paz que consagraba la pérdida definitiva de la soberanía
española sobre Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Con la paz llegarían años
difíciles para la Armada y el Ejército que soportaron con resignación,
pues además de haber sufrido las pérdidas más dolorosas, se les achacó
injustamente gran parte de las responsabilidades de lo ocurrido.
No a todos los estamentos
nacionales directamente afectados por el resultado adverso de la guerra de
1898, les embargó el espíritu pesimista generalizado, algunos sectores
políticos, de prensa y publicistas navales, propugnaron la reconstitución
de la Marina y la renovación de la Escuadra desde el mismo momento de
firmarse la paz. Entre ellos destacaron dos políticos de gran talla en el
sostenimiento de tales objetivos: Silvela y Sánchez de Toca, que, aunque
al principio no tuvieron éxito en sus iniciativas, plasmadas en los
proyectos de programa naval de 1900 y 1902, con su tesonera dedicación al
problema lograron promover las inquietudes políticas necesarias para
posibilitar el despegue inicial de la capacidad militar de la Armada en
los comienzos del siglo XX.
La investigación naval
La decadencia padecida por la
nación española a consecuencia del calamitoso reinado de Fernando VII
(1808-1833), que se prolongó hasta más allá de la regencia de su viuda
María Cristina de Borbón (1833-1843), tuvo notables repercusiones en la
Armada, principalmente en los campos científico y tecnológico, mantenidos
a niveles mínimos gracias a la meritoria labor desarrollada por unos pocos
supervivientes de mejores épocas, que se negaban a asistir impávidos al
derrumbamiento total del espléndido pasado reciente del siglo XVIII.
José Sánchez Cerquero (1784-1850)
tuvo el acierto de reorganizar en 1831 el Real Observatorio de San
Fernando, la institución científica más prestigiosa de la Armada,
consiguiendo acopiar un instrumental astronómico de primera calidad, lo
que le permitió realizar a partir de 1833 observaciones meridianas,
principal objetivo del Observatorio, junto con las de las ocultaciones de
estrellas por la Luna, de eclipses de los satélites de Júpiter y de
estrellas circumpolares. Desde 1856 comenzó a impartirse en esta
institución el Curso de Estudios Superiores, que nutrió de oficiales con
una alta preparación científica al propio Observatorio, al Depósito
Hidrográfico, a las comisiones científicas y al Colegio Naval.
Gracias a ellos, se reactivó la
Hidrografía, creándose la comisión de la Península (1860), encargada de
levantar la cartografìa de las costas españolas e islas adyacentes, la
cual se complementarìa con las de las Antillas y las Filipinas.
El nombramiento en 1869 del
capitán de navío Cecilio Pujazón (1833-1891) como director del
Observatorio, propició una nueva reorganización interna que tuvo como
resultado volcar el esfuerzo de la institución en las tareas más
importantes: las observaciones astronómicas, el cálculo de las efemérides
y el depósito y mantenimiento del instrumental náutico de la Armada. A
estos cometidos se añadieron, en 1877, la creación de un Centro
Meteorológico Marítimo y, en 1878, la del Centro de Agujas Magnéticas. La
extraordinaria labor de Pujazón culminó con su participación en el
levantamiento de la carta del cielo en París (1887-1891).
La Armada se nutrió a lo largo
del siglo XIX de instrumentos náuticos importados principalmente de Gran
Bretaña y Francia; no obstante, existían talleres para la fabricación y
reparación en los tres arsenales de Ferrol, Cartagena y La Carraca. Desde
1882 permaneció en actividad tan sólo este último, que en 1904 se
trasladará al Observatorio de San Fernando como sección de Instrumentos
Náuticos.
Entre los cronometristas
españoles que trabajaron para la Armada, destaca José Rodríguez de Losada
(1797-1870), una de las más prestigiosas figuras europeas del siglo XIX en
su especialidad, mientras que en el campo de la construcción de
instrumentos náuticos de reflexión (quintantes y sextantes) y de precisión
son notables los construidos por Pedro Torres (1827-1902), designado
instrumentista del Observatorio de San Fernando en 1864.
Respecto a la navegación, la
Armada continuó utilizando hasta bien entrado el siglo XX, los tratados y
tablas astronómicas de José Mendoza y Ríos, con algunas adiciones y
trabajos originales de Sánchez Cerquero (1784-1850), Fernández Fontecha
(1834-1889) y Terry y Rivas (1838-1900).
La llegada al trono de Alfonso
XII, que trajo consigo el fin de la guerra carlista y la de Cuba, originó
la ineludible necesidad de crear una fuerza naval proporcionada a nuestros
intereses europeos y ultramarinos, que en cierto modo nos liberase de la
dependencia tecnológica del extranjero; de ahí nacieron las inquietudes de
un grupo de notables oficiales de la Armada dedicados con tesón a la
investigación en las diferentes especialidades de su profesión y que
lucharon con ahínco para sacar a España del atraso científico en que la
habían sumido las convulsiones políticas y militares del siglo XIX.
Así, destacó en el campo de la
Artillería naval el brigadier de la Armada José González Hontoria
(1840-1889), autor de un sistema de cañones de acero, retrocarga y ánima
rayada de los calibres de 7 a 32 cm que fue declarado reglamentario en la
Armada, y no podemos dejar de citar la contribución en este ramo de los
trabajos de González Rueda, Guillén, Sarmiento y García-Lomas. En las
Armas Submarinas fueron apreciables los estudios de Joaquín Bustamante y
Quevedo (1847-1898), que dieron origen a una mina de orinque, declarada
reglamentaria en 1885, y sus trabajos, entre otros, sobre aparatos de
puntería para lanzamiento de torpedos. La electricidad y la telefonía
llegaron a la Armada de la mano del teniente de navío José Luis Díez
(1851-1887), fallecido prematuramente cuando poco antes había recibido el
reconocimiento internacional a su valía en la Exposición de Electricidad
de Viena.
El entonces teniente de navío de
primera Fernando Villaamil (1845-1898) fue comisionado por Pezuela,
ministro de Marina, para estudiar las especificaciones de un tipo de buque
que, al mejorar las características de los torpederos de la época, pudiese
alcanzar las necesarias para acompañar a las escuadras en toda clase de
navegaciones. fruto de sus estudios fue el proyecto del crucero-torpedero
Destructor, construído en Escocia (1886), en realidad el primer
cazatorpedero que existió, y su concepción, ampliada y desarrollada en la
Gran Bretaña, dio origen a un nuevo tipo de buque de guerra: el
destroyer, nombre adaptado tardíamente en España como destructor,
haciendo honor al prototipo concebido por Villaamil.
Precedido por las notables
aportaciones de Cosme García (1818-1874) y Narciso Monturiol (1819-1885) a
la resolución del problema de la navegación submarina, el teniente de
navío Isaac Peral (1851-1895) diseñó un prototipo de torpedero-submarino,
que construido en La Carraca en 1888, sería el primero de su tipo donde se
aplicó la propulsión eléctrica mediante baterías y que montó un tubo
lanzatorpedos para emplear estas armas en inmersión, entre otras
innovaciones.
Continuadores de la trayectoria
iniciada en el campo de la historiografía marítima por José de Vargas
Ponce (1760-1821) y Martín Fernández de Navarrete (1765-1844), destacaron
los trabajos de los capitanes de navío Luis María de Salazar (1758-1838) y
Javier de Salas (1832-1890), del vicealmirante Victor María Concas y Palau
(1845-1916), del marino y polígrafo Pedro de Novo y Colson (1846-1931) y,
sobre todo, la ingente obra del capitán de navío y académico Cesáreo
Fernández Duro (1830-1908), autor entre otros trascendentales estudios, de
la historia de la Armada española desde la unión de Castilla y de León
(1895-1903) en nueve volúmenes, y las Disquisiciones Náuticas
(1876-1881) en seis, trabajos aún no superados hoy en día.
Por último, cabe señalar las
publicaciones de Federico Ardois (1846-1891) sobre la Táctica Naval, de
Miguel Lobo Malagamba (1821-1876) y Pedro Prida y Palacio (1829-?) sobre
señales, y del polígrafo Eugenio Agacino Martínez (1852-1924), en los
campos legislativo y de Derecho Marítimo, así como los estudios del
capitán de corbeta Jaime Janer Robinson (1884-1924), impulsor de las
teorías sobre el tiro naval moderno en la Armada durante el primer cuarto
del siglo XX.
